Yani Orta Rodríguez

Expediente 1046/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 25 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1046/2021
Año
2021
Actuaciones
25
Última actuación
06/12/2021

Partes del expediente

  • Yani Orta Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Incidental

    VILLAHERMOSA, TABASCO, SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que en esta data se dictó un proveído en el juicio de amparo del que deriva este incidente, en el que se ordenó su archivo, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales En términos del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en relación con el artículo 7.1.1. punto 2, del Manual para la Organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se indica que toda vez que en el presente expediente se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva solicitadas, los cuadernos incidentales son susceptibles de destrucción y carecen de relevancia documental, motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el punto Vigésimo Segundo, del propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse trascurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurrido dicho plazo de archivado el incidente, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el cuaderno original distintas a las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar o su violación. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Finalmente, agréguese a los autos sin mayor pronunciamiento la pieza postal devuelta por Correos de México, con sede en esta ciudad, relativa al oficio 29243/2021, dirigido al Comandante de la Guardia Nacional, con residencia en la Ciudad de México, toda vez que el veintiuno de octubre del presente año, se resolvió en definitiva respecto de dicha autoridad. Notifíquese.

  2. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el doce de noviembre de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por 1. Marlenys Mendoza Mendoza, 2. Yani Orta Rodríguez, 3. Juan Alejandro Martínez Linares, 4. Eyleen Yanet Rodríguez Hernández, 5. Yander Lázaro Hernández Mendoza, 6. Yosmeli Galano Salas, 7. Ailen Mejías Travieso, 8. Julio César López Suchite y 9. Erick Oswaldo Ávila Vega; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en relación con el artículo 7.4 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que en el presente asunto se concedió la suspensión de plano, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su depuración, previa formulación del acta y relación correspondiente de su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que de la certificación de cuenta se aprecia que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, por tanto, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el citado artículo 21, párrafo segundo del referido acuerdo general para recuperarlos. Por otra parte, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Finalmente, de autos se advierte que por auto de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, se dejó de tener con el carácter de responsable a la Coordinación Operativa Interinstitucional de la Guardia Nacional de la Ciudad de México; asimismo, que el doce de noviembre del presente año, se sobreseyó en el presente asunto y con esta fecha se está ordenando su archivo definitivo. Por tanto, en atención a lo antes expuesto, agréguense a los autos sin mayor pronunciamiento las piezas postales relativa a los oficios 29101/2021 y 29102/2021, dirigidas a las autoridades señaladas como responsables. Notifíquese.

  3. Principal

    En Villahermosa, Tabasco, a las doce horas con veinte minutos del doce de noviembre de dos mil veintiuno, en audiencia pública Rocío de los Ángeles Pérez Pérez, secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, en funciones de Jueza de Distrito, autorización que le fue otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el nueve de agosto de dos mil veintiuno, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2840/2021, a partir del dieciséis de agosto del mencionado año y hasta en tanto dicha Comisión lo determine o el Pleno del Consejo adscriba titular en el referido órgano jurisdiccional, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, quien actúa asistida de Teo Eleacer Martínez Herrera, secretario que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, relativo al juicio de amparo indirecto 1046/2021-8, promovido por ************************* RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, la secretaria en funciones de Jueza de Distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y el Secretario da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Al respecto, la secretaria en funciones de Jueza de Distrito acuerda: Con fundamento en los artículos 117, 119 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las ofrecidas por la parte quejosa, consistentes en copia simple de los pasaportes con números J696663, K533559, J711530, K419443, K906803, K360540 y I522680, así como los documentos personales de identificación 3440 01946 1904 y 3362 17099 1904, respectivamente, a nombre de los impetrantes, expedida por el registro nacional de las personas, de la República de Cuba. Al respecto la secretaria en funciones de Jueza de Distrito acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. PERÍODO DE ALEGATOS Cerrada dicha fase y abierta la de alegatos se da cuenta que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. Sobre el particular, la secretaria en funciones de Jueza de Distrito acuerda: de conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho a las partes en hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 1046/2021-8, promovido por ***********************, contra los actos que reclama del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Tabasco y otras autoridades, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 11, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el tres de septiembre de dos mil veintiuno, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado en la Oficina de Correspondencia Común y turnado a este órgano jurisdiccional en la misma fecha, ******************** solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS haber emitido una orden de APREHENSION, DETENCIÓN, PRIVARNOS DE NUESTRO DERECHO DE TRANSITO TERRETRE EN MOVILIDAD HUMANA Y CON fines DE DEPORTACION, sin perder de vista en HABER CONCEDIDO UNA ALERTA DE CAPTURA sin que seamos oídos, vencidos y en no contar con una adecuada defensa o se nos haya hecho del conocimiento previo de un procedimiento de un procedimiento de juicio administrativo o judicial (..)" sic AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Comisionado del Instituto Nacional de Migración. 2 Delegado del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Coahuila. 3 Delegado del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Nuevo León. 4 Titular de Oficina de Representación del Instituto Nacional en el Estado de Tabasco. 5 Comandante de la Guardia Nacional. 6 Coordinación Operativa Interinstitucional de la Guardia Nacional. 7 Coordinación Estatal Titular Comisario en Turno en Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El tres de septiembre de dos mil veintiuno, se radicó y admitió a trámite la demanda de que se trata, la cual fue registrada con el expediente 1046/2021-8; se otorgó la suspensión de plano de los actos reclamados; se requirió a las autoridades responsables para que rindieran su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción; por separado, se ordenó la apertura del incidente de suspensión, toda vez que fue solicitado conforme a lo previsto en el artículo 125 de la ley de la materia; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. INTERRUPCIÓN DE COMUNICACIÓN CON DIVERSA AUTORIDAD. Mediante auto de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, se requirió a la parte quejosa para que precisara la denominación correcta de la autoridad que designó como Coordinación Operativa Interinstitucional de la Guardia Nacional, apercibida que de no desahogar lo solicitado se dejaría de tener como responsable. Luego, el cinco de noviembre de dos mil veintiuno, dado el incumplimiento del requerimiento citado, se hizo efectivo el apercibimiento y se ordenó interrumpir toda comunicación con la autoridad en comento. CUARTO. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. La audiencia constitucional tuvo verificativo conforme al acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 741, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD".2 Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como actos reclamados: ? La posible detención y/o privación de la libertad fuera de procedimiento, la orden de deportación que se emita en su contra y el impedimento al libre tránsito por territorio mexicano. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. La encargada de la Jefatura de Departamento de Asuntos Jurídicos "B" en la Oficina de Representación en Tabasco del Instituto Nacional de Migración [Foja 63]; el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación en Coahuila del Instituto Nacional de Migración [Foja 70]; la Jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación en Nuevo León del Instituto Nacional de Migración [Foja 84]; el Director General de Amparos y Contencioso de la Guardia Nacional [Foja 141] y el Subcomisionado Jurídico del Instituto Nacional de Migración con sede en la Ciudad de México [Foja 156] al rendir su informe con justificación, negaron el acto que se les reclama, toda vez que los quejosos no se encuentran a su disposición y por ende tampoco no han realizado actos relativos a su deportación, privación de la libertad o de la libertad de tránsito; sin que los peticionarios de amparo desvirtuaran lo contrario, no obstante la vista que se les otorgó en auto de seis, nueve y veintidós de septiembre, así como en proveídos de veinte y veintiuno de octubre de dos mil veintiuno. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 284, publicada en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 2000, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Documentos públicos a los que se le concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su segundo numeral. En ese orden de ideas, se tienen por inexistentes los actos reclamados de las referidas autoridades responsables. Máxime, que no existe prueba alguna en autos, de la que se advierta la existencia por lo que respecta a la orden de deportación un procedimiento en contra de los quejosos para resolver su situación migratoria, ni tampoco la existencia de algún acuerdo de presentación emitido por el Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Tabasco, en términos del artículo 107 de la Ley de Migración, o en su caso que se encuentren privados de su libertad, pues como se precisó las responsables manifestaron que los quejosos no se encontraban a su disposición. De ahí que los actos reclamados no existen. Sumado a que los promoventes no aportaron prueba alguna apta que desvirtuara el contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, por lo que es patente la inexistencia de los actos reclamados en comento. No obsta a lo anterior, que la parte quejosa, haya exhibido copias simples en copia simple de los pasaportes con números J696663, K533559, J711530, K419443, K906803, K360540 y I522680, así como los documentos personales de identificación 3440 01946 1904 y 3362 17099 1904, respectivamente, a nombre de los impetrantes, expedida por el registro nacional de las personas, de la República de Cuba. Sin embargo, dichos documentos constituyen un indicio que solo tienden acreditar la nacionalidad e identidad de los promoventes, pero no su situación migratoria. En consecuencia, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la sustancia del mismo. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Sin que con tal determinación se viole derecho humano alguno de la parte quejosa, dado que como lo estimó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.)3, si bien la reforma al artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. Es ilustrativa la tesis de jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 325, libro 4, marzo de dos mil catorce, tomo I, materia constitucional, correspondiente a la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del siguiente rubro y texto: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental". CUARTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de tres de septiembre de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por **************** por las razones y fundamentos establecidos en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.

  4. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, CINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistos; la certificación de cuenta se advierte que en auto de veintiuno de octubre del presente año, se dio vista a la parte quejosa para que precisara la denominación correcta de la autoridad que designó como Coordinación Operativa Interinstitucional de la Guardia Nacional, sin que haya hecho la aclaración correspondiente, y como el término concedido para ello, transcurrió del veintinueve de octubre último al tres del presente mes y año; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se deja de tener con el carácter de responsable a la autoridad citada con antelación, interrumpiéndose toda comunicación con la misma. Notifíquese.

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