Yanier Salvio Montoya Zapata
Expediente 441/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 8 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 441/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 28/06/2022
Partes del expediente
- Yanier Salvio Montoya Zapata
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Mexicali, Baja California, a veintiocho de junio de dos mil veintidós. Firmeza. Visto lo de cuenta, se advierte que ya transcurrió a las partes el término legal previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que hubiera recurrido el proveído en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; en consecuencia, de acuerdo con el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por expresa disposición de su numeral 2, declarar que dicho auto ha quedado firme para todos los efectos legales. Incidentes. No se ordenó su apertura. Documentos originales. No hay para devolver. Constancias o actuaciones. No hay para devolver. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Depuración. Este expediente es susceptible de depuración en un plazo de tres años, conforme al Capítulo 7.4 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, así como el artículo 18, penúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, toda vez que se decretó la suspensión de plano a favor de la parte quejosa. Se ordena al Secretario certifique que la carátula del presente expediente contiene impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "depurable", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo; así como que verificó que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, fueron incorporadas cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad. Certificación de coincidencia en su totalidad entre expediente electrónico como impreso. Ahora, vista la certificación de cuenta, se advierte de conformidad con los artículos 25 y 35 del multicitado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se han incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, mismos que coinciden en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y anotaciones. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.
- Principal
Mexicali, Baja California, a treinta de mayo de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos del juicio en que se actúa, se advierte que no obran en el expediente electrónico, la notificación a la parte quejosa y al Agente del Ministerio Público del auto de once de mayo de dos mil veintidós. Se comisiona al Actuario judicial. Atento a lo anterior, se comisiona al Actuario judicial adscrito a quien corresponda la integración del presente asunto, para que de manera inmediata, realice lo siguiente: 1) En caso de que dichas notificaciones ya se encuentren practicadas, deberá integrar debidamente el expediente electrónico, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo, lo anterior dentro del término de tres días; 2) En caso de que no se hubieren llevado a cabo las notificaciones ordenadas, dentro del término con que se contaba para tal efecto, deberán practicarse en forma personal de inmediato e integrarse debidamente el expediente electrónico. Notifíquese.
- Principal
Mexicali, Baja California, a diecinueve de mayo de dos mil veintidós. Informe Justificado. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda y sin mayor proveído el informe justificado que remite el Sub Comisionado Jurídico del Instituto Nacional de Migración, con sede en la Ciudad de México, virtud que por auto de once de mayo del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. Domicilio. De acuerdo con el precepto legal 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se tienen como domicilios para oír y recibir notificaciones el que designa para tal efecto en el informe de mérito. Delegados. Conforme con el artículo 9° de la Ley de Amparo, se tienen como autorizados a las personas indicadas para ello en el informe justificado. Correo electrónico. Téngase a la autoridad proporcionando el correo electrónico juiciosdeamparoscj@inami.gob.mx, por lo que se instruye a los actuarios adscritos que tomen nota de lo anterior, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.
- Principal
Mexicali, Baja California, a once de mayo de dos mil veintidós. Informe justificado. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el informe justificado rendido por el Sub Representante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, sin que ordene dar vista con el mismos a las partes, por motivos que más adelanta se expresaran. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la documental que anexa a su informe. Domicilio. De acuerdo con el precepto legal 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el designado para tal efecto en el informe de referencia. Delegados. Conforme con el artículo 9° de la legislación aplicable, ténganse como delegados a las personas indicadas para ello en el informe justificado de mérito. Sobreseimiento fuera de audiencia. En la especie, respecto del acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de los derechos humanos. Lo anterior, genera la improcedencia del juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de los derechos humanos desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del quejoso es constitucional o no. ****De la lectura de la anterior jurisprudencia se arriba a la convicción que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca dicho acto, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de los derechos humanos vulnerados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, en sentido amplio, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental vulnerado. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. ****En el caso, el quejoso Yanier Salvio Montoya Zapata, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos que a continuación se transcriben: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES ****** Incomunicación; negativa de la autoridad migratoria a que mis representados (as) se comunique o avise o informe su situación jurídica. Ausencia de la determinación sobre la situación jurídica correspondiente a la detención por más de 36 (treinta y seis) horas. Omisión y/o negativa ficta sobre la representación legal a que tienen derecho dentro del Procedimiento Administrativo Migratorio. Negativa de la autoridad a determinar medidas alternativas a la detención, alojamiento y/o privación de la libertad. Ataques de la libertad personal de niñas, niños y adolescentes." De lo anterior, y de las constancias que obran en el presente contradictorio federal se puede concluir que la parte quejosa esencialmente, se duele de estar alojados por más de treinta y seis horas, en las instalaciones de la estación migratoria en esta ciudad, con motivo del procedimiento administrativo migratorio correspondiente, el cual puede concluir con su incomunicación y deportación y expulsión. Ahora, de la constancias enviadas por el Sub Representante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, las cuales tienen valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2°, de la Ley de Amparo, por tratarse de reproducción certificada de actuaciones expedidas por autoridad en ejercicio de sus funciones, se advierte que el trece de abril del año en curso, se otorgó al ahora gestor del amparo la condición de estancia de visitantes por permiso para realizar actividades remuneradas por una temporalidad de cuarenta y cinco días, por lo que los dejó en libertad; lo anterior, con independencia de la suspensión de plano otorgada al quejoso, ya que así lo estableció la autoridad en cita, en el oficio de cuenta al establecer: ". se le otorgo al quejoso de la presente demanda de garantías la salida de la Estación Migratoria Mexicali, vía DOCUMENTO PROVISIONAL DE VISITANTE CON PERMISO PARA REALIZAR ACTIVIDADES REMUNERADAS [.]" En las relatadas condiciones, es evidente que la parte solicitante de la protección constitucional vuelve al estado en el que se encontraba antes de la violación combatida; de ahí que se le restituyó en el goce del derecho fundamental que pudiera haberse violado con aquélla, lo que actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del numeral 61, de la Ley de Amparo. ***SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Audiencia constitucional. En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada a las doce horas con treinta minutos del dos de junio de dos mil veintidós. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE", y oportunamente archívese el presente expediente como asunto concluido. Notifíquese personalmente.
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