Yanet Salas Jaime
Expediente 651/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 8 actuaciones registradas, la última del 4 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 651/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 04/02/2021
Partes del expediente
- Yanet Salas Jaime
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Mexicali, Baja California, a cuatro de febrero de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente.
- Principal
Y TODA VEZ QUE LA PARTE QUEJOSA *****, NO ATENDIO EL AVISO QUE LE FUE DEJADO EL 8 DE FEBRERO DE 2021, SE LE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO CONTENIDO EN EL MISMO Y SE LE NOTIFCICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Mexicali, Baja California, a cuatro de febrero de dos mil veintiuno. Ejecutoria. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término legal previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la resolución recaída en este juicio, motivo por el cual lo conducente es, de acuerdo con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por expresa disposición de su numeral 2°, declarar que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Documento original. Dado que obra en autos documento original; en consecuencia, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, comparezca debidamente identificada ante este Juzgado Federal en días y horas hábiles, a recibir la constancia que exhibió en el presente juicio, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, dicho documento podrá ser destruidos junto con el expediente; lo anterior con fundamento en el artículo 18, antepenúltimo párrafo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte. Por lo tanto, en cumplimiento a los Acuerdos Generales 21/2020 y 22/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, y atendiendo al nuevo esquema para evitar la propagación del virus COVID-19, deberá ingresar al Portal de Servicios en Línea del Consejo de la Judicatura Federal, www.cjf.gob.mx, con la finalidad de que agende cita para garantizar su acceso al inmueble en el que se encuentra éste Juzgado de Distrito. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción en un plazo de tres años, conforme al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Incidente. No fue solicitado. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Se ordena al Secretario certifique que la carátula del presente expediente contiene impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "destruible", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo; así como que verificó que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, fueron incorporadas cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad. Archivo y anotaciones. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese personalmente.
- Principal
VISTOS; Y, RESULTANDO Primero. Presentación del juicio de amparo. Mediante escrito presentado el veintiocho de septiembre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, recibido el mismo día en este Juzgado Sexto de Distrito, Yanet Salas Jaime, por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la justicia federal contra las autoridades y por los actos que a continuación se trascriben: "[.] III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: [.] SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. [.] DIRECTOR DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS. [.] JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIAS DE MEXICALI DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BAJA CALIFORNIA. [.] DELEGADA DE MEXICALI DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BAJA CALIFORNIA. INSPECTORA DE LA ZONA VIII DE SECUNDARIAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. DIRECTOR DEL CENTRO DE TRABAJO ESCUELA SECUNDARIA No. 26 "EMILIANO ZAPATA" DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN [.] IV.- ACTOS RECLAMADOS: Se reclama de las Autoridades señaladas como Responsables la prohibición de dejar entrar y tomar posesión como docente en el centro de trabajo, (en estos momentos y debido a la pandemia del COVID-19, de manera virtual la impartición de las horas/clase asignadas por la Dirección del Sistema para Carrera de las Maestras y los Maestros, impidiendo así a la suscrita el acceso a mi trabajo, siendo que ellos mismos fueron los que me asignaron las plazas/horas que se describen más adelante, mediante documentos fundados y motivados, asimismo a que me dedique a la profesión o trabajo que se me acomode, siendo estos lícitos y no habiendo ninguna razón o determinación judicial por medio del cual pueda vedarse el ejercicio de mi libertad de trabajo, originando así un acto de molestia y abuso de autoridad a la suscrita quejosa. [.]" En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señaló los derechos humanos que, en su concepto se violaron, siendo los contenidos en los artículos 5, 14, 16 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite. La demanda de amparo fue turnada a este Juzgado Federal. Por acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil veinte, se registró con el número 651/2020, y se ordenó la formación del expediente relativo, admitiéndose en sus términos, motivo por el cual se solicitaron los informes justificados correspondientes, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, y se dio la intervención legal que le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Seguido que fue el juicio por sus fases procesales, previo diferimiento tuvo verificativo la audiencia constitucional relativa al tenor del acta que antecede. Considerando: Primero. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en Mexicali, Baja California, es legalmente competente para conocer de este juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como del Acuerdo General 3/2013, en relación con el Acuerdo General 28/2016, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues aunado a que el acto reclamado en este juicio incumbe a la vía indirecta, tiene ejecución dentro la circunscripción territorial donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación del acto reclamado en este juicio. Para tal efecto, luego del examen integral de la demanda de amparo y de la totalidad de las constancias que integran este juicio, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa expuso sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado a través de esta vía, podemos concluir que en el caso se reclama: La prohibición de dejar entrar y tomar posesión como docente en el centro de trabajo a la quejosa (actualmente de manera virtual, dada la emergencia sanitaria). Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado, procede verificar la existencia del acto precisado, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, del rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." Tercero. Certeza del acto reclamado. Las autoridades señaladas como responsables, todos con sede en esta ciudad, al rendir informe justificado a través de Coordinadora Jurídica de Dictaminación Administrativa y Laboral de la Secretaría de Educación, negaron los actos reclamados; sin embargo, del propio informe justificado se advierten datos que involucran la existencia de los actos reclamados; de ahí que se desvirtúa la negativa de actos tanto con el propio informe, con las documentales remitidas por las autoridades señaladas como responsable, las que por tener calidad de documentos públicos se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada, emitida en la Séptima Época, con número de registro 238215, Instancia Segunda Sala, Fuente Semanario Judicial de la Federación, Volumen 91-96, Tercera Parte, Materia(s): Común, página 7, cuyo rubro y texto son los siguientes: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE TENERSE POR CIERTA, AUN CUANDO LA NIEGUEN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, SI DEL INFORME RESULTA LO CONTRARIO. Aun cuando las autoridades responsables en sus informes justificados nieguen el acto reclamado, si de los propios informes surgen datos que contradigan su negativa, no es de tomársele en cuenta, debiendo darse por cierto el acto reclamado." Por lo anterior, no hay duda de que en este juicio de amparo quedó plenamente demostrada la existencia de los actos reclamados por la parte quejosa, desde luego, en los términos de que se trata, por lo cual lo conducente ahora es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. Cuarto. Causa de improcedencia del juicio. Por imperativo del artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causas de improcedencia es de orden público y preferente, sea que las partes las aleguen o de oficio sean advertidas. En el presente caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por las consideraciones jurídicas que enseguida se exponen. Dicho precepto legal dispone literalmente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:--- (.)--- XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera, la esfera jurídica del quejoso queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de los derechos humanos. Ello genera la improcedencia del juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de los derechos humanos desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del quejoso es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia 2a./J. 9/98, visible en la página doscientos diez, Tomo VII, Febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De la lectura de la anterior jurisprudencia se arriba a la convicción que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca dicho acto, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de los derechos humanos vulnerados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, en sentido amplio, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental vulnerado. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado; es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efecto del acto reclamado, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y ocho, tomo IX, Junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, con rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." La parte quejosa se duele de la prohibición de dejarla entrar y tomar posesión como docente en su centro de trabajo por parte de las autoridades señaladas como responsables (actualmente de manera virtual dada la emergencia sanitaria). Ahora, de las constancias que obran en el presente contradictorio federal remitidas por la Coordinadora Jurídica de Dictaminación Administrativa y Laboral de la Secretaría de Educación, en representación de todas las autoridades señaladas como responsables; se aprecia que la quejosa se encuentra dada de alta en la Secretaría de Educación, así como que le fue permitido a la docente quejosa desempeñar su empleó correspondiente, por lo que se le solicitó que acudiera a las instalaciones de la escuela secundaria en la cual prestará sus servicios, a efecto de que se le otorgaran sus claves de acceso a la plataforma digital y sus funciones como maestra frente a grupo; manifestaciones estas últimas que si bien se encuentran contenidas en el informe justificado rendido por las autoridades, es importante destacar que con el mismo se dio vista a la quejosa. Igualmente, con diversa documental remitida por las autoridades, se advierte le fue realizado pago correspondiente como maestra de español adscrita a la Secretaría de Educación, esto es, la quejosa reclamó la prohibición de ejercicio como docente, empero de las constancias antes mencionadas se advierte que la agraviada se encuentra dada de alta en la Secretaría de Educación como docente, así como percibe salario por ello. Documentales que poseen valor probatorio pleno conforme lo que establecen los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en materia de Amparo, por disposición del numeral 2 de ésta, al haberse expedido por autoridad en ejercicio de sus funciones, con las cuales se acredita la causa de improcedencia en estudio. Consecuentemente, si la parte quejosa se duele de la prohibición de dejarla entrar y tomar posesión como docente en su centro de trabajo por parte de las responsables; empero, ello ya fue subsanado, por o antes razonado, entonces es evidente que las cosas vuelven al estado en el que se encontraban antes de la violación combatida; de ahí que se le restituyó en el goce del derecho fundamental que pudiera haberse violado con aquélla, lo que actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del numeral 61, de la Ley de Amparo. En congruencia con lo anterior lo procedente en este caso es, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, sobreseer en el juicio de amparo que nos ocupa, lo que imposibilita a este juzgador abordar el fondo del asunto, justamente, porque la principal consecuencia del sobreseimiento es, sin duda, poner fin al juicio sin analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado en el propio juicio de amparo. Por su aplicación, es de invocarse la tesis sustentada por la entonces integración del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y ocho del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 187-192 Primera Parte, con rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." Quinto. Anotaciones. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Por lo expuesto, y con fundamento además en los artículos 63, 74, 75, 76 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se Resuelve: Primero. Se sobresee en este juicio de amparo, promovido por Yanet Salas Jaime, por su propio derecho; contra los actos que reclamó a las autoridades que se precisaron en el considerando tercero, por las razones expuestas en el considerando cuarto. Segundo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE"; en los términos apuntados en el último considerando de este fallo. Notifíquese.
- Principal
Mexicali, Baja California, a dos de diciembre de dos mil veinte. Oficio. Agréguese a los presentes autos para que surta los efectos legales conducentes, el oficio y anexo que remite la autoridad, y en atención a su contenido, téngase a la autoridad señalada como responsable dando cumplimiento con el requerimiento de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, ya que anexa copia certificada de diversas constancias relativas al acto reclamado. Vista. Atento a lo anterior, dése vista a las partes para que se impongan del contenido de las mismas y manifiesten lo que a su derecho corresponda, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo. Al respecto resulta aplicable la tesis: XXI. 2º. 16K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. SE CONSTITUYE CON LAS CONSTANCIAS QUE LO APOYEN." Diferimiento. Atento a lo anterior, es procedente diferir la audiencia constitucional prevista para el día de hoy, por lo que se fijan las catorce horas con diez minutos del diecisiete de diciembre de dos mil veinte, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese.
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