Yanely Elorza Arellanes
Expediente 799/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 799/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 21/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Yanely Elorza Arellanes
Actuaciones
- Principal
Mesa de Amparo VI-A "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de agosto de dos mil dieciocho. Atendiendo el estado procesal de los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la quejosa interpusiera recurso de queja contra el acuerdo de ocho de agosto de dos mil dieciocho, donde se desechó la demanda de amparo origen de este expediente, sin que lo haya hecho. En consecuencia, se declara que dicho auto ha causado estado. Archívese este expediente como asunto concluido. Se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción. [...]. De igual forma, se indica que, conforme a la certificación que antecede, en este expediente no existen documentos considerados originales... Hágase del conocimiento de las partes..., el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá a la Dirección de Recepción, Tratamiento y Resguardo Documental del Centro de Manejo Documental y Digitalización del Consejo de la Judicatura Federal, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.
- Principal
Mesa de Amparo VI-A "San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de agosto de dos mil dieciocho. Téngase por recibida la demanda señalada en la cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo y regístrese con el número 799/2018. Este juzgado considera que debe desecharse la demanda de amparo promovida por Yanely Elorza Arellanes. La quejosa reclama de la autoridad responsable integrantes de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, la omisión de proveer lo necesario para el cumplimiento del laudo dictado el catorce de febrero de dos mil trece, emitido en el expediente laboral 90/2010. Ahora bien, en cuanto a la admisibilidad de la demanda, el suscrito considera que debe desecharse por las razones que se exponen a continuación. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior." Dicha causa de improcedencia se impone cuando el acto reclamado en el nuevo juicio se analizó en otra contienda constitucional, promovida por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y contra el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, la cual, a la fecha de la presentación de la nueva demanda, se declaró ejecutoriada. En el caso, para este juzgador resulta un hecho notorio que ante este propio órgano jurisdiccional se tramitó el juicio de amparo 1050/2014, donde la ahora quejosa Yanely Elorza Arellanes, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra actos del presidente ejecutor de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado en esta ciudad, que hizo consistir en: [E]l cumplimiento de manera pronta, completa e imparcial del laudo de fecha catorce de febrero de dos mil trece, deducido del expediente laboral número 90/2010. La peticionaria señaló como garantías violadas las contenidas en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, se advierte que por sentencia de veintiuno de octubre de dos mil catorce, firmada y autorizada el treinta uno de octubre siguiente, se concedió a la citada quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para que: [El] [p]residente ejecutor de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado Requiera al síndico municipal representante legal del Ayuntamiento de Santa Catarina Cuixtla, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, para que dé seguimiento correspondiente y haga las gestiones necesarias para la emisión del decreto especial que autorice la erogación del pago de las cantidades a que se le condenó en el juicio laboral 90/2010, del índice de la Junta de Arbitraje al Servicio de los Poderes del Estado, acorde con lo establecido en los artículos 95, 96 y 97 de la Ley del Servicio Civil para los Empleados del Gobierno del Estado de Oaxaca, para los efectos del artículo 6º de la Ley de Bienes Pertenecientes al Estado de Oaxaca. Dicha sentencia fue confirmada por el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, en la ejecutoria dictada en el amparo en revisión 392/2014; mediante auto de siete de julio de dos mil quince, se dio vista a la parte quejosa con el cumplimiento que dio el Presidente ejecutor de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, con sede en esta ciudad a la sentencia dictada en el juicio de amparo 1050/2014; teniéndose por cumplido el núcleo esencial de la sentencia el quince de julio y se ordenó su archivo el diez de agosto de dos mil quince, sin que a la fecha se hubiere hecho valer algún medio de defensa en su contra. Así las cosas, es dable colegir que entre la demanda de amparo que dio origen al juicio de amparo 1050/2014, y la diversa demanda origen de este expediente 799/2018, existe identidad entre el promovente, autoridad responsable y actos reclamados, porque en el que ahora se intenta se reclama lo siguiente: [De los] integrantes de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado: La omisión cumplir el laudo dictado el catorce de febrero de dos mil trece, emitido en el expediente laboral 90/2010. Ello es así debido a que en ambos juicios los actos, se impugnaron en esencia a partir de un retardo en la impartición de justicia, al violentarse los plazos establecidos en la ley ordinaria, lo que de suyo implica que se tenga en cuenta en ambos asuntos, que la impetrante se duele de una afectación a la garantía de debido acceso a la justicia, específicamente en cuanto a la prontitud y expeditez con que debe impartirse, según lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional; en específico en la etapa de cumplimiento del laudo. Lo que se hace patente porque los antecedentes de la demanda de amparo origen de este juicio, revelan que a la fecha el Congreso del Estado no ha emitido el decreto especial que autorice la erogación del pago de las cantidades a que se le condenó en el juicio laboral 90/2010, como se estableció en la ejecutoria de amparo 1050/2014, en la que se le concedió la protección constitucional precisamente para dar seguimiento a los trámites tendentes a la expedición del decreto que permita al ayuntamiento perdidoso cumplir con la condena del laudo referido. Lo anterior evidencia que el quejoso cuenta con los medios legales a su alcance para promover lo conducente en el juicio de amparo 1050/2014 si considera que la ejecutoria de amparo dictada en ese juicio no se encuentra cumplida en sus términos; ello, considerando que hasta la fecha el Congreso del Estado no ha emitido la partida presupuestal relativa al pago del laudo dictado en el juicio laboral 90/2010. Por ende, como en el diverso juicio de amparo 1050/2014, se concedió el amparo, para que la junta responsable requiera al síndico municipal representante legal del Ayuntamiento de Santa Catarina Cuixtla, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, para que diera el seguimiento correspondiente y realizara las gestiones necesarias para la emisión del decreto especial que autorizara la erogación del pago de las cantidades a que se le condenó en el juicio laboral 90/2010, del índice de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, acorde con lo establecido en los artículos 95, 96 y 97 de la Ley del Servicio Civil para los Empleados del Gobierno del Estado de Oaxaca, para los efectos del artículo 6º de la Ley de Bienes Pertenecientes al Estado de Oaxaca. De ahí, que resulta inconcuso, el acto que aquí se reclama fue materia de la ejecutoria de amparo que se dictó en el mencionado juicio 1540/2014 de este juzgado, pues, se encuentra comprendido dentro de los efectos de la sentencia concesoria del amparo. En esa tesitura, al ser el acto reclamado en esta instancia constitucional materia de la ejecutoria dictada en otro juicio de amparo, promovido por la citada quejosa, contra la misma autoridad responsable; es indudable que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente, de plano se desecha la demanda de amparo de que se trata; pues los actos que reclama la promovente en este expediente, fueron materia del diverso juicio de amparo 1050/2014. No obsta a lo anterior que por auto de quince de julio de dos mil quince, dictado en el diverso juicio de amparo 1050/2014, se haya tenido por cumplido el núcleo esencial de la concesión del amparo, sin perjuicio de que la autoridad responsable incurriera en repetición del acto reclamado; lo cual sucedió porque la responsable mediante oficio 2768, firmado por la secretaria de acuerdos de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, acreditó haber dictado el auto de veinticuatro de junio del año en curso, en el expediente 90/2010 de su índice, en el que ordenó notificar a la parte perdidosa presidente municipal del ayuntamiento de Santa Catarina Cuixtla, Oaxaca, así como al titular del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, el laudo de catorce de febrero de dos mil trece, requiriéndolos para que realizaran las gestiones necesarias para la emisión del decreto especial que autorizara la erogación del pago de las cantidades a que se condenó al referido ayuntamiento en el juicio laboral 90/2010, del índice de la Junta de Arbitraje al Servicio de los Poderes del Estado; y por diverso oficio 2025, remitió las constancias de notificación correspondientes, con lo cual, se ordenó dar vista a la parte quejosa, para que hiciera valer el medio de defensa que estimara conveniente; de ahí que, al ser parte en el diverso juicio de amparo, tiene expeditas sus facultades para hacer valer sus derechos en la vía y forma que estime conducentes. Es importante destacar que por el hecho de desechar la demanda, no se impide el acceso a la justicia a Yanely Elorza Arellanes, pues, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura denegación de justicia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada III.2o.C.3 K (10a.), bajo el rubro y texto siguientes. "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), consagra como un derecho humano de toda persona el de la protección judicial, al establecer el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los Jueces o tribunales competentes, que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención; en tanto que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual, los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formas o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. Sobre esa base, se tiene que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia". Así como la tesis aislada XI.1o.A.T.3 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo Del Décimo Primer Circuito, visible en la página 1494, libro XII, septiembre de 2012, Tomo 3, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguientes: "ACCESO A LA JUSTICIA. ES UN DERECHO LIMITADO, POR LO QUE PARA SU EJERCICIO ES NECESARIO CUMPLIR CON LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA, ASÍ COMO DE OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Todos los Jueces mexicanos deben partir de los principios de constitucionalidad y convencionalidad y, por consiguiente, en un primer momento, realizar la interpretación conforme a la Constitución y a los parámetros convencionales, de acuerdo con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluso de oficio. En función de ello, y conforme al principio pro personae (previsto en el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos conocida como Pacto de San José de Costa Rica), que implica, inter alia, efectuar la interpretación más favorable para el efectivo goce y ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, de conformidad con los artículos 17 constitucional; 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el derecho humano de acceso a la justicia no se encuentra mermado por la circunstancia de que las leyes ordinarias establezcan plazos para ejercerlo, porque tales disposiciones refieren que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un Juez o tribunal competente; sin embargo, ese derecho es limitado, puesto que para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual, además, brinda certeza jurídica. De igual forma, no debe entenderse en el sentido de que puede ejercerse en cualquier tiempo, porque ello se traduciría en que los tribunales estarían imposibilitados para concluir determinado asunto por estar a la espera de saber si el interesado estará conforme o no con la determinación que pretendiera impugnarse, con la consecuencia de que la parte contraria a sus intereses pudiera ver menoscabado el derecho que obtuvo con el dictado de la resolución que fuera favorable, por ello la ley fija plazos para ejercer este derecho a fin de dotar de firmeza jurídica a sus determinaciones y lograr que éstas puedan ser acatadas. De ahí que si el gobernado no cumple con uno de los requisitos formales de admisibilidad establecidos en la propia Ley de Amparo, y la demanda no se presenta dentro del plazo establecido, ello no se traduce en violación a su derecho de acceso a la justicia, pues éste debe cumplir con el requisito de procedencia atinente a la temporalidad, por lo que resulta necesario que se haga dentro de los términos previstos para ello, ya que de no ser así, los actos de autoridad que se impugnen y respecto de los cuales no existió reclamo oportuno, se entienden consentidos con todos sus efectos jurídicos en aras de dotar de firmeza a dichas actuaciones y a fin de que los propios órganos de gobierno puedan desarrollarse plenamente en el ámbito de sus respectivas competencias, sin estar sujetos interminablemente a la promoción de juicios de amparo". La quejosa puede no estar de acuerdo con esta determinación, pero debe reconocer que anteriormente ya se le desechó otra demanda en los mismos términos, se trata del juicio de amparo 1286/2016 del índice propio. Téngase a la promovente señalando como domicilio para recibir notificaciones los estrados de este Juzgado de Distrito. Notifíquese personalmente.
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