Yanely Elorza Arellanes
Expediente 1286/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1286/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 16/08/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Yanely Elorza Arellanes
Actuaciones
- Principal
Mesa V-B * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, dieciséis de agosto de dos mil dieciséis. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, en auto de tres de agosto del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Yanely Elorza Arellanes, se hizo a la citada parte promovente el cuatro siguiente (foja 57), notificación que surtió efectos el cinco de agosto de esta anualidad; de ahí que el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja transcurrió del ocho al doce del actual, sin que interpusiera dicho recurso. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Con fundamento en el artículo décimo primero, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, archívese este expediente, como asunto concluido. En cumplimiento a lo señalado en los puntos cuarto y vigésimo primero fracción I, del citado Acuerdo General Conjunto número 1/2009, toda vez que en este expediente se desechó la demanda de amparo, se estima que es susceptible de destrucción. Se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que en el mismo el acto reclamado por la parte quejosa, no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo vigésimo primero, párrafo último del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni se trata de resolución que haya sido impugnada ante algún organismo público internacional, ni relativo a conflicto laboral colectivo trascendente, o que por el sentido de la resolución adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se indica que, conforme a la certificación de cuenta, en este expediente no existen documentos considerados originales en términos del punto segundo fracción XVIII, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, ni billete de depósito o garantía que devolver o remitir a la Tesorería de la Federación. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto Décimo, fracción I, del referido acuerdo, este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese...
- Principal
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, tres de agosto de dos mil dieciséis. Vista la demanda de amparo que promueve Yanely Elorza Arellanes, contra actos del presidente ejecutor de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado en esta ciudad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1286/2016 que le corresponde. Se considera que dicha demanda debe desecharse con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, porque existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior." Dicha causal de improcedencia se impone cuando el acto reclamado en el nuevo juicio se analizó en otra contienda constitucional, promovida por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y contra el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, la cual, a la fecha de la presentación de la nueva demanda, se declaró ejecutoriada. En el caso, para este juzgador resulta un hecho notorio que ante este propio órgano se tramitó el juicio de amparo 1050/2014, donde la ahora quejosa Yanely Elorza Arellanes, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra actos del presidente ejecutor de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado en esta ciudad, que hizo consistir en: ". el cumplimiento de manera pronta, completa e imparcial del laudo de fecha catorce de febrero de dos mil trece, deducido del expediente laboral número 90/2010" La peticionaria señaló como garantías violadas las contenidas en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, se advierte que por sentencia de veintiuno de octubre de dos mil catorce, firmada y autorizada el treinta uno de octubre siguiente, se concedió a la citada quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: Autoridad Efectos 1.- Presidente ejecutor de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, con sede en esta ciudad. 1. Requiera al síndico municipal representante legal del Ayuntamiento de Santa Catarina Cuixtla, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, para que dé seguimiento correspondiente y haga las gestiones necesarias para la emisión del decreto especial que autorice la erogación del pago de las cantidades a que se le condenó en el juicio laboral 90/2010, del índice de la Junta de Arbitraje al Servicio de los Poderes del Estado, acorde con lo establecido en los artículos 95, 96 y 97 de la Ley del Servicio Civil para los Empleados del Gobierno del Estado de Oaxaca, para los efectos del artículo 6º de la Ley de Bienes Pertenecientes al Estado de Oaxaca. Dicha sentencia fue confirmada por el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, en la ejecutoria dictada en el amparo en revisión 392/2014; mediante auto de siete de julio de dos mil quince, se dio vista a la parte quejosa con el cumplimiento que dio el Presidente ejecutor de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, con sede en esta ciudad a la sentencia dictada en el juicio de amparo 1050/2014; teniéndose por cumplida el quince de julio y se ordenó su archivo el diez de agosto de dos mil quince, sin que a la fecha se hubiere hecho valer algún medio de defensa en su contra. Así las cosas, es dable colegir que entre la demanda de amparo que dio origen al juicio de amparo 1050/2014, y la diversa demanda origen de este juicio 1286/2016, existe identidad entre el promovente, autoridad responsable y actos reclamados en ambos juicios, porque en el que ahora se intenta se reclama lo siguiente: "Del presidente ejecutor de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca: a). El cumplimiento de manera pronta, completa e imparcial del laudo de fecha catorce de febrero de dos mil trece, deducido del expediente laboral 90/2010. Ello porque en ambos juicios los actos, se impugnaron en esencia a partir de un retardo en la impartición de justicia, al violentarse los plazos establecidos en la ley ordinaria, lo que de suyo implica que se tenga en cuenta en ambos asuntos, que la impetrante se duele de una afectación a la garantía de debido acceso a la justicia, específicamente en cuanto a la prontitud y expeditez con que debe impartirse, según lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional; en específico en la etapa de cumplimiento del laudo. Por ende, como en el diverso juicio de amparo 1050/2014, se concedió el amparo, para que la junta responsable requiera al síndico municipal representante legal del Ayuntamiento de Santa Catarina Cuixtla, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, para que dé seguimiento correspondiente y haga las gestiones necesarias para la emisión del decreto especial que autorice la erogación del pago de las cantidades a que se le condenó en el juicio laboral 90/2010, del índice de la Junta de Arbitraje al Servicio de los Poderes del Estado, acorde con lo establecido en los artículos 95, 96 y 97 de la Ley del Servicio Civil para los Empleados del Gobierno del Estado de Oaxaca, para los efectos del artículo 6º de la Ley de Bienes Pertenecientes al Estado de Oaxaca. De ahí, que resulta inconcuso, el acto que aquí se reclama fue materia de la ejecutoria de amparo que se dictó en el mencionado juicio 1540/2014 de este juzgado, pues, se encuentra comprendido dentro de los efectos de la sentencia concesoria del amparo, puesto, aún no se emite el laudo en el expediente laboral 90/2010. En esa tesitura, al ser el acto reclamado en esta instancia constitucional materia de la ejecutoria dictada en otro juicio de amparo, promovido por la citada quejosa, contra la misma autoridad responsable; es indudable que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente, de PLANO SE DESECHA la demanda de amparo de que se trata; pues los actos que reclama la promovente en este expediente, fueron materia del diverso juicio de amparo 1050/2014. No obsta a lo anterior que por auto de quince de julio de dos mil quince, dictado en el diverso juicio de amparo 1050/2016, se haya tenido por cumplido el núcleo esencial de la concesión del amparo, sin perjuicio de que la autoridad responsable incurriera en repetición del acto reclamado; lo cual sucedió porque la responsable mediante oficio 2768, firmado por la secretaria de acuerdos de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, se recibió transcripción del auto dictado el veinticuatro de junio del año en curso, en el expediente 90/2010 de su índice, en el que ordenó notificar a la parte perdidosa presidente municipal del ayuntamiento de Santa Catarina Cuixtla, Oaxaca, así como al titular del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, el laudo de catorce de febrero de dos mil trece, requiriéndolos para que realicen las gestiones necesarias para la emisión del decreto especial que autorice la erogación del pago de las cantidades a que se condenó a la parte perdidosa en el juicio laboral 90/2010, del índice de la Junta de Arbitraje al Servicio de los Poderes del Estado; y por diverso oficio 2025, remitió las constancias de notificación correspondientes, con lo cual, se ordenó vista a la parte quejosa, para que hiciera valer el medio de defensa que estimara conveniente; de ahí que, al ser parte en el diverso juicio de amparo, tiene expeditas sus facultades para hacer valer sus derechos en la vía y forma que estime conducentes. Es importante destacar que por el hecho de desechar la demanda, no se impide el acceso a la justicia a Yanely Elorza Arellanes, pues, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura denegación de justicia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada III.2o.C.3 K (10a.), bajo el rubro y texto siguientes. "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), consagra como un derecho humano de toda persona el de la protección judicial, al establecer el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los Jueces o tribunales competentes, que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención; en tanto que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual, los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formas o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. Sobre esa base, se tiene que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia". Así como la tesis aislada XI.1o.A.T.3 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo Del Décimo Primer Circuito, visible en la página 1494, libro XII, septiembre de 2012, Tomo 3, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguientes: "ACCESO A LA JUSTICIA. ES UN DERECHO LIMITADO, POR LO QUE PARA SU EJERCICIO ES NECESARIO CUMPLIR CON LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA, ASÍ COMO DE OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Todos los Jueces mexicanos deben partir de los principios de constitucionalidad y convencionalidad y, por consiguiente, en un primer momento, realizar la interpretación conforme a la Constitución y a los parámetros convencionales, de acuerdo con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluso de oficio. En función de ello, y conforme al principio pro personae (previsto en el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos conocida como Pacto de San José de Costa Rica), que implica, inter alia, efectuar la interpretación más favorable para el efectivo goce y ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, de conformidad con los artículos 17 constitucional; 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el derecho humano de acceso a la justicia no se encuentra mermado por la circunstancia de que las leyes ordinarias establezcan plazos para ejercerlo, porque tales disposiciones refieren que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un Juez o tribunal competente; sin embargo, ese derecho es limitado, puesto que para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual, además, brinda certeza jurídica. De igual forma, no debe entenderse en el sentido de que puede ejercerse en cualquier tiempo, porque ello se traduciría en que los tribunales estarían imposibilitados para concluir determinado asunto por estar a la espera de saber si el interesado estará conforme o no con la determinación que pretendiera impugnarse, con la consecuencia de que la parte contraria a sus intereses pudiera ver menoscabado el derecho que obtuvo con el dictado de la resolución que fuera favorable, por ello la ley fija plazos para ejercer este derecho a fin de dotar de firmeza jurídica a sus determinaciones y lograr que éstas puedan ser acatadas. De ahí que si el gobernado no cumple con uno de los requisitos formales de admisibilidad establecidos en la propia Ley de Amparo, y la demanda no se presenta dentro del plazo establecido, ello no se traduce en violación a su derecho de acceso a la justicia, pues éste debe cumplir con el requisito de procedencia atinente a la temporalidad, por lo que resulta necesario que se haga dentro de los términos previstos para ello, ya que de no ser así, los actos de autoridad que se impugnen y respecto de los cuales no existió reclamo oportuno, se entienden consentidos con todos sus efectos jurídicos en aras de dotar de firmeza a dichas actuaciones y a fin de que los propios órganos de gobierno puedan desarrollarse plenamente en el ámbito de sus respectivas competencias, sin estar sujetos interminablemente a la promoción de juicios de amparo". Téngase a la parte promovente del amparo, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el que indica y por autorizados en los términos que refiere a las personas que menciona. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma el licenciado José Luis Evaristo Villegas, juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad de Oaxaca de Juárez, ante la secretaria licenciada Alfa Orquídea Monterrubio Valencia, que autoriza y da fe. Oaxaca de Juárez, Oaxaca, tres de agosto de dos mil dieciséis. Vista la demanda de amparo que promueve Yanely Elorza Arellanes, contra actos del presidente ejecutor de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado en esta ciudad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1286/2016 que le corresponde. Se considera que dicha demanda debe desecharse con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, porque existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior." Dicha causal de improcedencia se impone cuando el acto reclamado en el nuevo juicio se analizó en otra contienda constitucional, promovida por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y contra el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, la cual, a la fecha de la presentación de la nueva demanda, se declaró ejecutoriada. En el caso, para este juzgador resulta un hecho notorio que ante este propio órgano se tramitó el juicio de amparo 1050/2014, donde la ahora quejosa Yanely Elorza Arellanes, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra actos del presidente ejecutor de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado en esta ciudad, que hizo consistir en: ". el cumplimiento de manera pronta, completa e imparcial del laudo de fecha catorce de febrero de dos mil trece, deducido del expediente laboral número 90/2010" La peticionaria señaló como garantías violadas las contenidas en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, se advierte que por sentencia de veintiuno de octubre de dos mil catorce, firmada y autorizada el treinta uno de octubre siguiente, se concedió a la citada quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: Autoridad Efectos 1.- Presidente ejecutor de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, con sede en esta ciudad. 1. Requiera al síndico municipal representante legal del Ayuntamiento de Santa Catarina Cuixtla, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, para que dé seguimiento correspondiente y haga las gestiones necesarias para la emisión del decreto especial que autorice la erogación del pago de las cantidades a que se le condenó en el juicio laboral 90/2010, del índice de la Junta de Arbitraje al Servicio de los Poderes del Estado, acorde con lo establecido en los artículos 95, 96 y 97 de la Ley del Servicio Civil para los Empleados del Gobierno del Estado de Oaxaca, para los efectos del artículo 6º de la Ley de Bienes Pertenecientes al Estado de Oaxaca. Dicha sentencia fue confirmada por el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, en la ejecutoria dictada en el amparo en revisión 392/2014; mediante auto de siete de julio de dos mil quince, se dio vista a la parte quejosa con el cumplimiento que dio el Presidente ejecutor de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, con sede en esta ciudad a la sentencia dictada en el juicio de amparo 1050/2014; teniéndose por cumplida el quince de julio y se ordenó su archivo el diez de agosto de dos mil quince, sin que a la fecha se hubiere hecho valer algún medio de defensa en su contra. Así las cosas, es dable colegir que entre la demanda de amparo que dio origen al juicio de amparo 1050/2014, y la diversa demanda origen de este juicio 1286/2016, existe identidad entre el promovente, autoridad responsable y actos reclamados en ambos juicios, porque en el que ahora se intenta se reclama lo siguiente: "Del presidente ejecutor de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca: a). El cumplimiento de manera pronta, completa e imparcial del laudo de fecha catorce de febrero de dos mil trece, deducido del expediente laboral 90/2010. Ello porque en ambos juicios los actos, se impugnaron en esencia a partir de un retardo en la impartición de justicia, al violentarse los plazos establecidos en la ley ordinaria, lo que de suyo implica que se tenga en cuenta en ambos asuntos, que la impetrante se duele de una afectación a la garantía de debido acceso a la justicia, específicamente en cuanto a la prontitud y expeditez con que debe impartirse, según lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional; en específico en la etapa de cumplimiento del laudo. Por ende, como en el diverso juicio de amparo 1050/2014, se concedió el amparo, para que la junta responsable requiera al síndico municipal representante legal del Ayuntamiento de Santa Catarina Cuixtla, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, para que dé seguimiento correspondiente y haga las gestiones necesarias para la emisión del decreto especial que autorice la erogación del pago de las cantidades a que se le condenó en el juicio laboral 90/2010, del índice de la Junta de Arbitraje al Servicio de los Poderes del Estado, acorde con lo establecido en los artículos 95, 96 y 97 de la Ley del Servicio Civil para los Empleados del Gobierno del Estado de Oaxaca, para los efectos del artículo 6º de la Ley de Bienes Pertenecientes al Estado de Oaxaca. De ahí, que resulta inconcuso, el acto que aquí se reclama fue materia de la ejecutoria de amparo que se dictó en el mencionado juicio 1540/2014 de este juzgado, pues, se encuentra comprendido dentro de los efectos de la sentencia concesoria del amparo, puesto, aún no se emite el laudo en el expediente laboral 90/2010. En esa tesitura, al ser el acto reclamado en esta instancia constitucional materia de la ejecutoria dictada en otro juicio de amparo, promovido por la citada quejosa, contra la misma autoridad responsable; es indudable que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente, de PLANO SE DESECHA la demanda de amparo de que se trata; pues los actos que reclama la promovente en este expediente, fueron materia del diverso juicio de amparo 1050/2014. No obsta a lo anterior que por auto de quince de julio de dos mil quince, dictado en el diverso juicio de amparo 1050/2016, se haya tenido por cumplido el núcleo esencial de la concesión del amparo, sin perjuicio de que la autoridad responsable incurriera en repetición del acto reclamado; lo cual sucedió porque la responsable mediante oficio 2768, firmado por la secretaria de acuerdos de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, se recibió transcripción del auto dictado el veinticuatro de junio del año en curso, en el expediente 90/2010 de su índice, en el que ordenó notificar a la parte perdidosa presidente municipal del ayuntamiento de Santa Catarina Cuixtla, Oaxaca, así como al titular del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, el laudo de catorce de febrero de dos mil trece, requiriéndolos para que realicen las gestiones necesarias para la emisión del decreto especial que autorice la erogación del pago de las cantidades a que se condenó a la parte perdidosa en el juicio laboral 90/2010, del índice de la Junta de Arbitraje al Servicio de los Poderes del Estado; y por diverso oficio 2025, remitió las constancias de notificación correspondientes, con lo cual, se ordenó vista a la parte quejosa, para que hiciera valer el medio de defensa que estimara conveniente; de ahí que, al ser parte en el diverso juicio de amparo, tiene expeditas sus facultades para hacer valer sus derechos en la vía y forma que estime conducentes. Es importante destacar que por el hecho de desechar la demanda, no se impide el acceso a la justicia a Yanely Elorza Arellanes, pues, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura denegación de justicia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada III.2o.C.3 K (10a.), bajo el rubro y texto siguientes. "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), consagra como un derecho humano de toda persona el de la protección judicial, al establecer el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los Jueces o tribunales competentes, que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención; en tanto que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual, los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formas o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. Sobre esa base, se tiene que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia". Así como la tesis aislada XI.1o.A.T.3 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo Del Décimo Primer Circuito, visible en la página 1494, libro XII, septiembre de 2012, Tomo 3, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguientes: "ACCESO A LA JUSTICIA. ES UN DERECHO LIMITADO, POR LO QUE PARA SU EJERCICIO ES NECESARIO CUMPLIR CON LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA, ASÍ COMO DE OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Todos los Jueces mexicanos deben partir de los principios de constitucionalidad y convencionalidad y, por consiguiente, en un primer momento, realizar la interpretación conforme a la Constitución y a los parámetros convencionales, de acuerdo con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluso de oficio. En función de ello, y conforme al principio pro personae (previsto en el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos conocida como Pacto de San José de Costa Rica), que implica, inter alia, efectuar la interpretación más favorable para el efectivo goce y ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, de conformidad con los artículos 17 constitucional; 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el derecho humano de acceso a la justicia no se encuentra mermado por la circunstancia de que las leyes ordinarias establezcan plazos para ejercerlo, porque tales disposiciones refieren que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un Juez o tribunal competente; sin embargo, ese derecho es limitado, puesto que para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual, además, brinda certeza jurídica. De igual forma, no debe entenderse en el sentido de que puede ejercerse en cualquier tiempo, porque ello se traduciría en que los tribunales estarían imposibilitados para concluir determinado asunto por estar a la espera de saber si el interesado estará conforme o no con la determinación que pretendiera impugnarse, con la consecuencia de que la parte contraria a sus intereses pudiera ver menoscabado el derecho que obtuvo con el dictado de la resolución que fuera favorable, por ello la ley fija plazos para ejercer este derecho a fin de dotar de firmeza jurídica a sus determinaciones y lograr que éstas puedan ser acatadas. De ahí que si el gobernado no cumple con uno de los requisitos formales de admisibilidad establecidos en la propia Ley de Amparo, y la demanda no se presenta dentro del plazo establecido, ello no se traduce en violación a su derecho de acceso a la justicia, pues éste debe cumplir con el requisito de procedencia atinente a la temporalidad, por lo que resulta necesario que se haga dentro de los términos previstos para ello, ya que de no ser así, los actos de autoridad que se impugnen y respecto de los cuales no existió reclamo oportuno, se entienden consentidos con todos sus efectos jurídicos en aras de dotar de firmeza a dichas actuaciones y a fin de que los propios órganos de gobierno puedan desarrollarse plenamente en el ámbito de sus respectivas competencias, sin estar sujetos interminablemente a la promoción de juicios de amparo". Téngase a la parte promovente del amparo, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el que indica y por autorizados en los términos que refiere a las personas que menciona. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma el licenciado José Luis Evaristo Villegas, juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad de Oaxaca de Juárez, ante la secretaria licenciada Alfa Orquídea Monterrubio Valencia, que autoriza y da fe.
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