Yaneli Palma Linares

Expediente 494/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 7 actuaciones registradas, la última del 11 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
494/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
11/02/2022

Partes del expediente

  • Yaneli Palma Linares

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, once de febrero de dos mil veintidós. Es un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 488/2021 y sus acumulados 489/2021 y 494/2021, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, once de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que concluyó el plazo otorgado a las partes quejosa y tercero interesada, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo, sin que hicieran manifestación alguna dentro del plazo que se les otorgó para ello. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no lo está, si las responsables incurrieron en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, o no exista materia para la ejecución. En primer término, cabe decir que en sentencia dictada el veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, por una parte se sobreseyó y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Zurisadai Zapata Gutiérrez, Marcos Estudillo Marinero y Yaneli Palma Linares, para los efectos siguientes: ".En consecuencia, lo que procede es conceder el amparo y protección de la justicia de la Unión, con el objeto de restituir a los impetrantes del amparo en el pleno goce de sus derechos humanos y subjetivos públicos violados, en términos de lo que dispone el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, para el efecto que el 1. Juez de Control del juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVIII Distrito Judicial con sede en Tierra Blanca, Veracruz: 1). Deje insubsistente la resolución de diecisiete de junio de dos mil veintiuno en la que dictó auto de vinculación a proceso en contra de Zurisadai Zapata Gutiérrez, Marcos Estudillo Marinero y Yaneli Palma Linares por su probable participación en la comisión de los hechos que la ley califica como los delitos de Falsedad ante la Autoridad, previsto y sancionado por el artículo 333 del Código Penal del Estado de Veracruz, y Contra la Preservación del Lugar de los Hechos, previsto y sancionado en el artículo 347 del Código Penal del Estado de Veracruz. 2). Hecho lo anterior, dicte auto de no vinculación a proceso a favor de Yaneli Palma Linares por lo que hace al delito de Falsedad ante la Autoridad, previsto y sancionado por el artículo 333 del Código Penal del Estado de Veracruz, dado que no se formuló imputación ni solicitud de vinculación a proceso en su contra por lo que hace a dicho ilícito. 3). Asimismo deberá resolver nuevamente la situación jurídica de Zurisadai Zapata Gutiérrez y Marcos Estudillo Marinero respecto del hecho que la ley califica como delito de Falsedad ante la Autoridad, así como por lo que hace a dichos imputados y a Yaneli Palma Linares respecto del hecho que la ley califica como el delito Contra la Preservación del Lugar de los Hechos, previsto y sancionado en el artículo 347 del Código Penal del Estado de Veracruz, esto con plenitud de jurisdicción, pero sin incurrir en los vicios de forma señalados con anterioridad, pudiendo resolver en el mismo sentido al anterior o en uno diverso, pero fundando y motivando su decisión. Asimismo se precisa que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 67, fracción IV, del Código Nacional de Procedimientos Penales, después de su emisión oral, el Juzgado deberá realizar la versión escrita de la misma para que conste en el proceso penal respectivo, sin que el alcance de esta última pueda exceder de la dictada en forma oral. ." En esas condiciones, mediante auto de veintiocho de diciembre del año inmediato anterior, causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente asunto y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable 1. Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVIII Distrito Judicial, con sede en Tierra Blanca, Veracruz. Seguidamente, en autos de veintiocho de enero de la presente anualidad, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesada con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior es así, toda vez que del telegrama remitido por el Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVIII Distrito Judicial, con sede en Tierra Blanca, Veracruz, de data once de enero del año en curso, se advierte que en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto, el juez responsable dejó insubsistente la resolución emitida en fecha diecisiete de junio de dos mil veintiuno, en la que dictó auto de vinculación a proceso en contra de Zurisadai Zapata Gutiérrez, Marcos Estudillo Marinero y Yaneli Palma Linares y determinó señalar nueva fecha para la celebración de la audiencia donde habrá de resolver de nueva cuenta la situación jurídica de los citados imputados. Posteriormente, mediante oficio 020/2022 de fecha dieciocho de enero del año en curso, el juez responsable remitió copia certificada de la resolución de NO VINCULACIÓN A PROCESO de la misma data, dictada en el proceso penal 130/2020 de su índice, así como un disco óptico DVD que contiene la audiencia respectiva. Entonces así, tenemos que de la audiencia celebrada el dieciocho de enero del año en curso, dentro del proceso penal 130/2020, para resolver de nueva cuenta la situación jurídica de Zurisadai Zapata Gutiérrez, Marcos Estudillo Marinero y Yaneli Palma Linares respecto de los hechos que la ley califica como delitos de FALSEDAD ANTE LA AUTORIDAD y CONTRA LA PRESERVACIÓN DEL LUGAR DE LOS HECHOS, previstos y sancionados por los artículos 333 y 347 del Código Penal del Estado de Veracruz, el juez responsable, en un principio, atendiendo a la obligatoriedad a la que el Juez responsable está sometido para emitir el acto reclamado, procedió a señalar los fundamentos de su competencia para conocer y resolver del asunto que ahora se aborda, inmediato otorgó el uso de la voz a las partes para su individualización. Una vez hecho lo anterior, el juez responsable reiteró dejar insubsistente la resolución emitida el diecisiete de junio de dos mil veintiuno dentro del proceso penal de referencia (minuto 3:26 a 3:55 video 01233 P.P.130-2020) y concedió un receso para dictar resolución. Posteriormente al reanudar la audiencia, previo consentimiento de las partes, el juez responsable procedió a dar lectura a la resolución dictada, de la cual se advierte que con fundamento en el artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dictó AUTO DE NO VINCULACIÓN A PROCESO en favor de Yaneli Palma Linares respecto del delito de FALSEDAD ANTE LA AUTORIDAD, previsto y sancionado por el artículo 333 del Código Penal del Estado de Veracruz, al considerar no quedar cumplidos los requisitos impuestos por el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que la Fiscalía no realizó imputación a la referida imputada, como probable responsable del citado ilícito. Entonces así, consideró que de un nuevo análisis de lo planteado por la Fiscalía en audiencia inicial, no se cubren los requisitos para emitir auto de vinculación a proceso en contra de Zurisadai Zapata Gutiérrez y Marcos Estudillo Marinero, como probables responsables del delito de FALSEDAD ANTE LA AUTORIDAD, así como por el diverso ilícito de CONTRA LA PRESERVACIÓN DEL LUGAR DE LOS HECHOS, que se señala a Zurisadai Zapata Gutiérrez, Marcos Estudillo Marinero y Yaneli Palma Linares, por tanto con fundamento en el artículo 19 Constitucional y 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, emitió el correspondiente AUTO DE NO VINCULACIÓN A PROCESO; lo anterior con base a los siguientes razonamientos: Por cuanto hace al delito de FALSEDAD ANTE LA AUTORIDAD, previsto y sancionado por el artículo 333 del Código Penal vigente en el Estado, el juez apuntó que es necesario acreditar que un sujeto falte a la verdad en una declaración ante autoridad competente. Seguidamente, el juez responsable puntualizó que de lo manifestado por el Fiscal respecto a que los imputados Zurisadai Zapata Gutiérrez, Marcos Estudillo Marinero y Yaneli Palma Linares omitieron detalles al verter sus declaraciones a elementos de la policía, así como lo narrado ante la Fiscalía respecto del desarrollo de los hechos de los que fueron testigos; no puede demostrarse un carácter doloso en el actuar de los entrevistados, pues los detalles omitidos por Zurisadai Zapata Gutiérrez y Marcos Estudillo Marinero, quienes se ubicaron en el lugar de los hechos, así como de Yaneli Palma Linares tanto al entrevistarse con un policía municipal así como ante la autoridad investigadora de delitos, no se trata de conductas dolosas, sino que los olvidos u omisiones señaladas por la Fiscalía en los testimonios de los imputados pueden deberse al proceso de memoria, el cual conforme a la disciplina denominada Psicología del Testimonio, no es estático ni lineal y constantemente se reestructura, entonces así, las inexactitudes e imprecisiones que pudieran detectarse en las declaraciones en un juicio penal, como las señaladas por la Fiscalía, no siempre se deben a que estén faltando a la verdad, sino a las circunstancias que antecedieron y rodearon a la emisión del testimonio. Por lo anteriormente expuesto, el juez responsable determinó que no se configura el delito de FALSEDAD ANTE LA AUTORIDAD, toda vez que la Fiscalía no manifestó de manera suficiente y motivada la razón por la que considera que los imputados faltaron a la verdad ante autoridad competente cuando en realidad no trataron de evadir la acción de la justicia sino que se prestaron a cooperar en todo momento con las autoridades para el esclarecimiento de los hechos. Ahora bien, por cuanto hace al delito denominado CONTRA LA PRESERVACIÓN DEL LUGAR DE LOS HECHOS, previsto y sancionado por el artículo 347 del Código Penal en vigor, el elemento a demostrar para acreditar tal ilícito, es que un sujeto activo altere, modifique, cambie, obstruya o destruya los objetos que se encuentran en el lugar de los hechos. Tenemos que los imputados dijeron ser conocedores de que su conocido Gilberto Facundo Cabrera, fue privado de la vida la noche del siete de abril de dos mil dieciocho al ser herido por un proyectil de arma de fuego; haber escuchado la detonación; que momentos antes, una persona de sexo masculino apuntó a su conocido con un arma, pues le querían robar la motocicleta; que después del disparo vieron correr a dos personas de la Unidad Deportiva de Tierra Blanca, que fue fijado como el lugar de los hechos. Así mismo, la acción atribuida a Marcos Estudillo Marinero y Yaneli Palma Linares, es que del lugar en donde se encontraba Gilberto Facundo Rivera, herido por proyectil de arma de fuego, lo trasladan a un lugar diverso, aún con vida, y en ese lugar que se dice, es una salida de la Unidad Deportiva de Tierra Blanca, comienzan a despojarlo de objetos personales, que se dice entregaron a familiares del hoy finado, quien falleció en ese nuevo sitio. Ahora bien, que en el lugar de los hechos, siendo éste el lugar donde resultó herido Gilberto Facundo Rivera, mismo sitio en que estaba con su motocicleta, se le acercó una persona y posteriormente, los testigos dijeron escuchar una detonación y ver dos persona corriendo, ello no implica que se haya alterado el lugar, pues los testigos solo indicaron que una persona armada se acercó a dialogar con el hoy finado; que se dice que trataron de quitarle su motocicleta sin haber mayor dato de que la motocicleta hubiera sido agarrada o movilizada por aquella persona armada. Que la circunstancia de que lo hubieran trasladado a otro punto en donde perdió la vida, no fue alterar la escena de los hechos; que no hubo alteración, modificación, cambio, obstrucción, destrucción, movimiento o manipulación de vestigios, huellas, objetos, instrumentos o cadáveres que se hubiesen encontrado en la escena del crimen, pues solo se tiene conocimiento de que a Gilberto Facundo Rivera le dispararon con un arma de fuego, que se encontraba vivo cuando los inculpados lo intentaron auxiliar pero falleció en otro lugar, por lo que se puede colegir que no actuaron con dolo, sino que trataron de brindarle auxilio. Así mismo, el juez señaló que no se tenía dato de que efectivamente hubieran intentado robar aquella motocicleta, que a la persona que disparó en contra del hoy finado se le señala que salió corriendo junto a otra persona, sin que se marque que intentó mover aquella unidad motora y haber tenido contacto con la misma, para de esa forma hubiese dejado algún vestigio o huella en la superficie de la motocicleta que hubiera sido borrada con la posterior manipulación que realizó Marcos Estudillo Marinero, y en cuanto hace a la acción de que el citado imputado junto con Yaneli Palma Linares de sacar objetos personales del hoy finado para entregarlos a los familiares de éste, tampoco constituye alteración de la escena de los hechos, ya que dichos objetos no tuvieron relación con la acción previa en que resultara herido. Dicho esto, el juez responsable, señaló que los elementos que integran el delito CONTRA LA PRESERVACIÓN DEL LUGAR DE LOS HECHOS, no se encuentran acreditados, y consideró estar ante la presencia de una excluyente del delito, prevista por el artículo 23, fracción II, en relación con el 24, párrafo segundo, del Código Penal vigente, toda vez que las conductas atribuidas a Zurisadai Zapata Gutiérrez, Marcos Estudillo Marinero y Yaneli Palma Linares, no llegar a ser típicas; por tanto debe prevalecer en beneficio de los aquí quejosos, los principios de presunción de inocencia, pro homine e indubio pro reo, que constituye el derecho de recibir la consideración y el trato de "no autor o no partícipe" en un hecho delictivo. De lo anteriormente expuesto, se advierte que la autoridad responsable dio cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, esto es, dejó insubsistente la resolución emitida el diecisiete de junio de dos mil veintiuno dentro del proceso penal 130/2020, dictó AUTO DE NO VINCULACIÓN A PROCESO en favor de Yaneli Palma Linares respecto del delito de FALSEDAD ANTE LA AUTORIDAD y, resolvió nuevamente la situación jurídica de Zurisadai Zapata Gutiérrez y Marcos Estudillo Marinero respecto del hecho que la ley califica como delito de Falsedad ante la Autoridad, así como por lo que hace a dichos imputados y a Yaneli Palma Linares respecto del hecho que la ley califica como el delito Contra la Preservación del Lugar de los Hechos, emitiendo AUTO DE NO VINCULACIÓN A PROCESO en favor de Zurisadai Zapata Gutiérrez y Marcos Estudillo Marinero, al no acreditarse la conducta imputada de Falsedad ante la Autoridad, que se dice cometieron en agravio de la Procuración y Administración de Justicia, así como el correspondiente AUTO DE NO VINCULACIÓN A PROCESO, en favor de Zurisadai Zapata Gutiérrez, Marcos Estudillo Marinero y Yaneli Palma Linares, al no haberse acreditado el delito denominado CONTRA LA PRESERVACIÓN DEL LUGAR DE LOS HECHOS. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafo de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General . Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión del acto reclamado, con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido del secretario Miguel Gastón Manzanilla Hernández, con quien actúa y da fe." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva Notifíquese en términos de ley.

  2. Incidental

    Vistos, para resolver sobre la suspensión definitiva, los presentes autos incidentales relativos al juicio de amparo 494/2021; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. YANELI PALMA LINARES, promovió amparo contra actos de las autoridades responsables que enseguida se enuncian, junto al sentido de su informe previo y la foja en la que se ubican en autos: AUTORIDADES RESPONSABLES FOJA SENTIDO 1. Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral en Tierra Blanca, Veracruz (Juan Carlos González Hernández) 35 CIERTO Tierra Blanca, Veracruz De la que reclama. La resolución dictada en el proceso penal 130/2020 del índice de la responsable, del diecisiete de junio del presente año, por medio del cual se dicta auto de vinculación a proceso y la ficha signaléctica en contra de la quejosa por los delitos de falsedad ante la autoridad y contra la preservación del lugar de los hechos. En auto de treinta de junio pasado, este Juzgado concedió la suspensión provisional de los referidos actos, solicitó informe previo a las autoridades responsables, y fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental. Ahora, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, este juzgador procede a resolver; C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción X, de la Constitución General de la República; 1°, 6°, 37, 128 y 144 de la Ley de Amparo, por ser aplicable, en virtud que este órgano jurisdiccional está conociendo del juicio de amparo indirecto del que deriva el presente incidente. SEGUNDO. Fijación clara y precisa de los actos reclamados. De la lectura total de la demanda de amparo y constancias de autos, se advierte que los actos reclamados en esta instancia son los que han quedado precisados en líneas anteriores. TERCERO. Valoración de las pruebas admitidas y desahogadas. Al no existir pruebas ofrecidas por las partes, el presente asunto se resolverá con base en las constancias que integran este expediente. CUARTO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable 1. Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Octavo Distrito Judicial en el Estado de Veracruz, con residencia en Tierra Blanca, Veracruz, reconoció la existencia de los actos reclamados, como se advierte de su informe previo. QUINTO. Pronunciamiento de la suspensión. Cabe destacar que para determinar la procedencia de la suspensión provisional, se debe tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 128 de la Ley de Amparo, en el sentido que para conceder la suspensión deben cumplirse los siguientes requisitos: a). Que el acto reclamado, de acuerdo con su naturaleza, sea susceptible de suspenderse; b). Que exista la solicitud del agraviado (interés jurídico y afectación, o interés legítimo con una afectación real, actual e inminente a la esfera jurídica de la parte quejosa); y, c). Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Conviene señalar que la parte quejosa solicita la suspensión provisional, y con base en lo manifestado en la demanda de amparo, el suscrito provee: En relación con el acto reclamado consistente en la resolución dictada en el proceso penal 130/2020 del índice de la responsable, del diecisiete de junio del presente año, por medio del cual se dicta auto de vinculación a proceso y la ficha signaléctica en contra de los quejosos por los delitos de falsedad ante la autoridad y contra la preservación del lugar de los hechos, es de atenderse lo dispuesto en el artículo 163 de la Ley de Amparo, precepto que establece, para lo que aquí interesa que los imputados quejosos (vinculados a proceso) deben quedar, bajo la jurisdicción del juez de control para la continuación del procedimiento. Así pues, en el caso a examen, de la narrativa de la demanda se revela, que a la parte quejosa el diecisiete de junio de la presente anualidad, le fue notificado el auto de vinculación a proceso del que se adolece; asimismo, el juez responsable informó que la quejosa se encuentra en libertad al habérsele impuesto la medida cautelar prevista en la fracción I del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistente en la presentación periódica ante ese Juzgado de Control los días miércoles y viernes de cada semana, medida cautelar que hasta el momento de que rindió su informe previo, la quejosa ha dado cumplimiento a la misma. De lo anterior, es claro que la suspensión debe otorgarse, únicamente para el efecto de que la parte quejosa quede a disposición de este Juzgado de Distrito en cuanto a su libertad se refiere, permaneciendo sometida a la potestad del Juez de control, para que se siga con la continuación del procedimiento, el cual podrá extenderse hasta que termine de celebrarse la audiencia intermedia, se dicte auto de apertura a juicio oral y se abstenga de realizar las gestiones tendentes a fijar hora y fecha para la celebración de la audiencia de juicio oral, momento a partir del cual deberá suspenderse por lo que hace a la parte quejosa, hasta que se le notifique el auto en que cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el juicio principal del que deriva este incidente, de conformidad con lo dispuesto en la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por otra parte, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, y en concordancia con el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL respecto de la orden de identificación administrativa de la quejosa para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado que actualmente guardan, conforme al artículo 139 de ley de la materia, esto es, no sea identificada la peticionaria de amparo, hasta en tanto se notifique a la responsable el auto en que cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el juicio principal del que deriva este incidente. Lo anterior, siempre y cuando no se haya elaborado ya la ficha signalética de la quejosa, pues de ser así, esta suspensión no surtirá efecto retroactivo alguno, dado que se estaría frente a un acto ejecutado, y considerando que del análisis integral de autos, el suscrito no advierte los datos necesarios para determinar en un grado mayor de proximidad la eventual inconstitucionalidad del acto reclamado, y así poder darle un efecto restitutorio a la medida cautelar, por virtud de la apariencia del buen derecho y del interés social, conforme lo establece el artículo 107, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, porque de no decretarse la medida cautelar solicitada se provocaría a los inconformes daños y perjuicios de difícil reparación, puesto que quedarían registrados esos datos en los archivos respectivos con o sin las anotaciones de libertad que se hicieran. MEDIDAS DE SEGURIDAD Ahora, sin que haya necesidad de fijarle nueva garantía a la referida quejosa, toda vez que el siete de julio pasado, se le tuvo por exhibido el billete de depósito N908116, por la cantidad de $2,688.60 (dos mil seiscientos ochenta y ocho pesos 60/100 Moneda Nacional) expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo en el presente incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 494/2021 del índice de este juzgado y se le tuvo por garantizada la suspensión provisional mediante el billete de depósito número N908116, la cual se estima suficiente para satisfacer lo dispuesto en el artículo 124 bis de la Ley de Amparo, por lo que dicha garantía se hace extensiva a esta suspensión definitiva, a más de que al rendir su informe previo el Juez de Control responsable informó que se encuentra cumpliendo con la medida cautelar impuesta consistente en comparecer los días miércoles y viernes de cada semana. Sin embargo, signifíquesele a la parte quejosa que, para que siga surtiendo efectos la medida cautelar aquí decretada, además de la garantía ya constituída, en términos de lo dispuesto en el artículo 163 de la Ley de Amparo, tiene la obligación la quejosa de comparecer ante el Juez de Control y de Procedimiento Penal Oral en Tierra Blanca, Veracruz, tantas y cuantas veces está lo requiera, en el entendido que en caso de no hacerlo así, dejará de surtir efectos la suspensión concedida, quedando expeditas las facultades de la autoridad responsable para ejecutar el acto reclamado y se hará efectiva la garantía que haya otorgado la parte quejosa a favor del erario federal. Asimismo, se requiere a la autoridad responsable para que informe si la aquí quejosa da cumplimiento a la medida cautelar impuesta, a fin de que la impetrante de amparo no se sustraiga de la acción de la justicia y que la concesión de la suspensión no constituya un obstáculo para la continuación del procedimiento penal; apercibido que de no hacerlo se le impondrá multa de cien hasta mil días de acuerdo al valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) según sea el caso, de conformidad con la fracción II, del artículo 260 de la Ley de Amparo. REQUISITOS DEL DEPÓSITO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del Acuerdo General 17/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por el que se regula la organización y funcionamiento del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, cuando la garantía se constituya a través de billete, certificado u otro instrumento análogo, el depositante deberá solicitar a la institución depositaria que lo emita, que inserte la leyenda siguiente: "El referido depósito no genera interés, rendimiento o contraprestación alguna a favor del depositante". Adicionalmente, en los términos del numeral 32 del citado Acuerdo General, en el mismo instrumento de depósito, también deberá insertarse la leyenda que dice: "El depósito otorga autorización expresa al Secretario Técnico del Fondo para que solicite y reciba de la institución crediticia depositaria la información que le permita el control de dichos depósitos."; en el entendido de que las leyendas anteriores deberán insertarse en espacios que no alteren la demás información que deba contener el documento respectivo. Del mismo modo, con fundamento en el artículo 52 fracción II, del aludido Acuerdo General, en caso de que las garantías se constituyan mediante billetes o certificados de depósito, deberá presentarse por separado, uno por cada uno de los conceptos y montos que se fijan. Además, es necesario precisar que en el documento en que se consigne la garantía requerida en autos, además de proporcionar la información requerida en el mismo, deberá aparecer como depositante el nombre correcto y completo de la directa quejosa; el concepto deberá decir: para garantizar la suspensión provisional ó definitiva (según el caso) concedida dentro del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo (número del expediente correspondiente) y, precisando como autoridad: Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, residente en Boca del Río, ya que de no estar requisitado el documento valioso de que se trate en los términos expuestos, será devuelto al depositante, sin que se tenga exhibida la garantía requerida con las consecuencias legales que conlleva. APERCIBIMIENTO AUTORIDADES En el entendido de que las autoridades responsables se encuentran obligadas a recibir los oficios que se les envían y en caso de que no correspondan a su denominación correcta o ésta sea incompleta, pero sí existe la autoridad, deberán comunicarlo por escrito a este juzgado con sus informes previos. En ese sentido, se hace saber que si una autoridad se niega a recibir un oficio, sin causa justificada, se tendrá por hecha la notificación de conformidad con el artículo 28 fracción I de la Ley de Amparo, siendo responsable de toda consecuencia legal; asimismo, con fundamento en el artículo 245 de la ley en cita, se les impondrá multa de cien hasta mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) según sea el caso, de conformidad con la fracción II, del artículo 260 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 144 y 146 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: ÚNICO. Se CONCEDE a YANELI PALMA LINARES, la SUSPENSIÓN DEFINITIVA del acto reclamado a la autoridad citada en el considerando cuarto de esta resolución, por los motivos y efectos que se exponen en el diverso considerando quinto. Notifíquese en términos de ley.

  3. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, veinte de julio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el telegrama signado por el 1. Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Octavo Distrito Judicial en el Estado de Veracruz, con residencia en Tierra Blanca, Veracruz; en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 138, fracción III, y 140 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su INFORME PREVIO; por tanto, hágase del conocimiento a las partes, y relaciónese el mismo al celebrarse la audiencia incidental respectiva, como lo establece el artículo 144 de la mencionada ley. Notifíquese en términos de ley.

  4. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, trece de julio de dos mil veintiuno. De la certificación de cuenta, se advierte que no obra en autos el informe previo o bien el acuse que acredite que se haya recibido el oficio 16243 de treinta de junio pasado, dirigido al 1. Juez de Control y de Procedimiento Penal Oral de Tierra Blanca, Veracruz, licenciado Juan Carlos González Hernández, el cual se envió con el objeto de requerirle su informe previo. Por ende, dado que se trata de autoridad foránea, resulta razonable estimar que el mismo se encuentra en tránsito de correos del Servicio Postal Mexicano, y debe darse oportunidad a que llegue a su destino para efectuar la notificación correspondiente, por lo que es procedente diferir la audiencia incidental señalada para esta fecha, a fin de tener la certeza de su emplazamiento conforme a lo establecido en el artículo 140 de la Ley de Amparo. En consecuencia, SE DIFIERE la audiencia incidental señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTISIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese en términos de ley.

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