Yanay Palacios Ramón

Expediente 94/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 14 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
94/2022
Año
2022
Actuaciones
14
Última actuación
22/06/2022

Partes del expediente

  • Yanay Palacios Ramón
  • Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, veintidós de junio de dos mil veintidós. Es un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 94/2022, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, veintidós de junio de dos mil veintidós. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que, por una parte, se SOBRESEYÓ y, por otra, se NEGÓ el amparo Y protección de la Justicia Federal en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar solicitada mediante interlocutoria de dieciocho de febrero de dos mil veintidós (fojas 28-33) respecto a todos los actos reclamados, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe.". En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe.".

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintidós de junio de dos mil veintidós. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que, por una parte, se SOBRESEYÓ y, por otra, se NEGÓ el amparo Y protección de la Justicia Federal en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar solicitada mediante interlocutoria de dieciocho de febrero de dos mil veintidós (fojas 28-33) respecto a todos los actos reclamados, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    Con esta fecha se notifica por este conducto a la parte quejosa la sentencia de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, que a la letra dice: PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el tres de febrero de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad y turnado ese mismo día a éste órgano jurisdiccional, la parte quejosa YASNAY PALACIOS RAMÓN, promovió juicio de amparo contra los actos que más adelante se precisarán (fojas 1-8). SEGUNDO. Trámite. Por auto de cuatro de febrero de dos mil veintidós (fojas 9-13) se ordenó admitir a trámite la citada demanda de amparo en los términos propuestos, solicitar su informe justificado a la autoridad responsable, dar la intervención que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional y se ordenó emplazar al tercero interesado David Vivanco Ramírez, mismo que fue emplazado el siete de marzo de dos mil veintidós (fojas 94-95). Mediante proveído de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el informe justificado de la autoridad responsable Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia con residencia en Veracruz, Veracruz (fojas 29-88). Asimismo, se hace constar, que el tercero interesado David Vivanco Ramírez no compareció a juicio. Por lo que, una vez que se encontró integrado el juicio de garantías, la audiencia constitucional se celebró en la hora y fecha prevista al efecto (foja 118). Finalmente, hasta el momento no consta que las partes hayan dado su consentimiento para la publicación de sus datos personales y, CONSIDERANDOS: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción II, inciso b) constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por la vía, al reclamarse una resolución emitida en un proceso civil, susceptible de afectar directa e irreparablemente el derecho fundamental de recibir alimentos y de fijar un régimen de convivencia con menores, impugnable en amparo indirecto. La materia (mixta) pues se actúa como órgano instructor en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y territorio, atento a que la ejecución del acto reclamado tiene lugar en la circunscripción territorial en la que este tribunal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de actos. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se fija cuál es el acto reclamado. Al analizar en su integridad la demanda de amparo, el informe justificado y las copias certificadas del juicio ordinario civil 1951/2021 se aprecia que el mismo consiste en: El auto de veintiocho de enero de dos mil veintidós, dictado en el juicio ordinario civil 1951/2021 del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia con residencia en Veracruz, Veracruz, mediante el cual se le negó, condicionó o dilató el otorgamiento de una medida provisional de pensión alimenticia en la calidad de concubina (aquí quejosa). El auto de veintiocho de enero de dos mil veintidós, dictado en el juicio ordinario civil 1951/2021 del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia con residencia en Veracruz, Veracruz, mediante el cual se ordena que se gire oficio a la fuente laboral del demandado para que exceptúe del descuento otorgado a mis menores hijos, los gastos de viáticos, representación y gasolina (acuerdo que fue notificado por lista de acuerdos de esa misma fecha veintiocho de enero de dos mil veintidós). La omisión de pronunciarse sobre la medida provisional de convivencia digital respecto del esposo de la quejosa con sus menores hijos, lo cual fue solicitado y a la fecha no ha habido pronunciamiento alguno. Ahora, por cuestión de método, se analiza si ésta probada o no su existencia. TERCERO. Existencia de los actos. Son ciertos los actos atribuidos a la autoridad responsable Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia con residencia en Veracruz, Veracruz, en razón que al rendir su informe justificado los reconoció (fojas 29-30). Lo que se constata en razón que dicha responsable remitió copia certificada de la determinación de veintiocho de enero de dos mil veintidós (fojas 62-64) la cual tiene valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia de rubro siguiente: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Procedencia del Juicio. Por ser de estudio preferente, se analiza ahora la procedencia del juicio constitucional, por lo que hace a los actos reclamados consistentes en: El auto de veintiocho de enero de dos mil veintidós, dictado en el juicio ordinario civil 1951/2021 del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia con residencia en Veracruz, Veracruz, mediante el cual se le negó, condicionó o dilató el otorgamiento de una medida provisional de pensión alimenticia en la calidad de concubina (aquí quejosa). La omisión de pronunciarse sobre la medida provisional de convivencia digital respecto del esposo de la quejosa con sus menores hijos, lo cual fue solicitado y a la fecha no ha habido pronunciamiento alguno. Motivo de improcedencia advertido de oficio El suscrito juzgador estima que sobreviene el motivo de improcedencia, en el caso el previsto en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, puesto que cesaron los efectos de dichos actos reclamados, como a continuación se verá. MARCO LEGAL El referido numeral y fracción disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]" La cesación a que se refiere el artículo y fracción transcritos, se da por revocación o por sustitución, la primera, implica la desaparición o destrucción del acto reclamado y, la segunda, se presenta al sobrevenir un acto nuevo que incide en la vigencia o ejecutividad del primero. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, pues la autoridad lo revoca o decreta su insubsistencia como si se hubiere concedido el amparo, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica. El segundo supuesto, en cambio, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, el cual se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Hasta aquí dichas premisas ANTECEDENTES. Para una mejor comprensión del asunto sujeto a examen constitucional, conviene destacar algunos antecedentes que se desprenden de las copias certificadas del juicio ordinario civil 1951/2021, remitidas por el juez responsable, cuyo valor probatorio ya ha sido asignado, las cuales se observan en el propio juicio de garantías. a).- Por escrito presentado el veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, YASNAY PALACIOS RAMÓN por su propio derecho y en representación de sus dos menores hijos de identidad reservada bajo las siglas D.V.P. y D.V.P., demandó en la vía ordinaria civil a David Vivanco Ramírez el pago de pensión alimenticia y la preferencia legal de la guarda y custodia de sus menores hijos (fojas 32-51). b).- En proveído de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de referencia y ordenó el emplazamiento del demandado (mismo que fue emplazado el siete de diciembre de dos mil veintiuno fojas 60-61) y decretó como medida cautelar, pensión alimenticia provisional de 20% (VEINTE POR CIENTO) para cada menor, que da un total de 40% (CUARENTA POR CIENTO) sobre el sueldo y demás prestaciones que percibe el demandado David Vivanco Ramírez como empleado de la empresa de Petróleos Mexicanos con número de clave de trabajo 3044, departamento 23700, número de ficha 00441924, RFC VIRD740419SA5 (fojas 52-55). c).- En proveído de veintiocho de enero de dos mil veintiuno, a petición de la parte actora, se decretó una medida provisional de emergencia con base al derecho de la mujer de una vida libre de violencia, consistente en la prohibición al señor David Vivanco Ramírez de realizar conductas de intimidación o violencia a la señora YASNAY PALACIOS RAMÓN y a sus menores hijos. Por otra parte, en cuanto a la solicitud de la actora de que se pronuncie respecto de la pensión alimenticia a su favor en su calidad de concubina, el juez responsable, agregó el escrito signado por la licenciada de la actora, y tuvo por hechas sus manifestaciones, refiriendo sin que con ello se cumpla con lo previsto por el artículo 139 del Código Civil, ni siquiera de manera indiciaria, lo que se hizo notar en el auto de inicio y por lo que se previno para que exhibiera copia del convenio de divorcio, pero además adujo que tomando en cuenta la narrativa del escrito de inicio, a fin de tener por justificada la relación de hecho, posterior al divorcio, resultaba necesario a criterio del juez responsable contar con elementos de prueba, por lo menos indiciarios de esa relación de hecho durante el lapso posterior al divorcio. Finalmente, a solicitud del demandado, David Vivanco Ramírez el juez responsable ordenó librar oficio a la fuente pagadora para informarle que el porcentaje indicado en el oficio 8460 de fecha veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, debe realizarse sobre aquellas prestaciones ordinarias y extraordinarias, que obtenga el demandado por conducto de su trabajo, a excepción de Viáticos y Gastos de Representación, y gasolina, siempre que este último concepto no se pague en términos de la cláusula 182 del Contrato Colectivo de Trabajo de Pemex (fojas 62-74) (acuerdo que constituye el acto reclamado). d).- En diligencia de cercioramiento de la necesidad de la medida de depósito de persona, de cuatro de marzo de dos mil veintidós, realizada en el domicilio de la actora YASNAY PALACIOS RAMÓN ubicado en Hacienda de las Animas número 157 B, manzana 54, lote 09, Fraccionamiento Hacienda Paraíso de Mata de Pita, Veracruz, el juez responsable después de desahogar la diligencia, acordó favorable el depósito de los menores de apellido Vivanco Palacios, a favor de su progenitora y depositaria YASNAY PALACIOS RAMÓN, aceptando el cargo conferido. En esa misma diligencia, el juez responsable acordó convivencia provisional ordinaria de los menores con su padre no custodio David Vivanco Ramírez fijando: ".los días domingos de cada semana de diez de la mañana a las siete de la noche, por lo que deberá de pasar al domicilio en que se actúa por sus menores hijos y reincorporarlos al mismo; asimismo podrá el padre no custodio pasar a buscar a su menor hijo D.V.P. en donde practica Triatlón, ello en el Club Deportivo Britania, que se encuentra en el Fraccionamiento Costa de Oro de esta ciudad los días lunes, miércoles y viernes de las dieciséis horas con treinta minutos a las dieciocho horas con treinta minutos.". Finalmente, decretó como medida cautelar, pensión alimenticia provisional de 10% (DIEZ POR CIENTO) a favor de la actora en su calidad de concubina YASNAY PALACIOS RAMÓN sobre el sueldo y demás prestaciones que percibe el demandado David Vivanco Ramírez como empleado de la empresa de Petróleos Mexicanos con número de clave de trabajo 3044, departamento 23700, número de ficha 00441924, RFC VIRD740419SA5 (fojas 102-106). Hasta aquí los antecedentes que informan el presente asunto. SUBSUNCIÓN Así pues, la hipótesis que en el presente asunto se actualiza es la segunda, por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del acto reclamado, el cual se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituida, que es la materia del amparo. Se sostiene lo anterior, en virtud de que como se anticipó los actos reclamados por el quejoso son: El auto de veintiocho de enero de dos mil veintidós, dictado en el juicio ordinario civil 1951/2021 del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia con residencia en Veracruz, Veracruz, mediante el cual se le negó, condicionó o dilató el otorgamiento de una medida provisional de pensión alimenticia en la calidad de concubina (aquí quejosa). La omisión de pronunciarse sobre la medida provisional de convivencia digital respecto del esposo de la quejosa con sus menores hijos, lo cual fue solicitado y a la fecha no ha habido pronunciamiento alguno. Ahora, en proveído de doce de abril de dos mil veintidós, se tuvo al juez responsable remitiendo diversas constancias relativas al juicio ordinario civil 1951/2021 (fojas 101-116). Y del análisis de las constancias que remitió el Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Veracruz, Veracruz, se desprende que en diligencia de cercioramiento de la necesidad de la medida de depósito de persona de cuatro de marzo de dos mil veintidós, realizada en el domicilio de la actora YASNAY PALACIOS RAMÓN ubicado en Hacienda de las Animas número 157 B, manzana 54, lote 09, Fraccionamiento Hacienda Paraíso de Mata de Pita, Veracruz, el juez responsable después de desahogar la diligencia, acordó favorable el depósito de los menores de apellido Vivanco Palacios, a favor de su progenitora y depositaria YASNAY PALACIOS RAMÓN, aceptando el cargo conferido. En esa misma diligencia, el juez responsable acordó convivencia provisional ordinaria de los menores con su padre no custodio David Vivanco Ramírez fijando: ".los días domingos de cada semana de diez de la mañana a las siete de la noche, por lo que deberá de pasar al domicilio en que se actúa por sus menores hijos y reincorporarlos al mismo; asimismo podrá el padre no custodio pasar a buscar a su menor hijo D.V.P. en donde practica Triatlón, ello en el Club Deportivo Britania, que se encuentra en el Fraccionamiento Costa de Oro de esta ciudad los días lunes, miércoles y viernes de las dieciséis horas con treinta minutos a las dieciocho horas con treinta minutos.". Finalmente, decretó como medida cautelar, pensión alimenticia provisional de 10% (DIEZ POR CIENTO) a favor de la actora en su calidad de concubina YASNAY PALACIOS RAMÓN sobre el sueldo y demás prestaciones que percibe el demandado David Vivanco Ramírez como empleado de la empresa de Petróleos Mexicanos con número de clave de trabajo 3044, departamento 23700, número de ficha 00441924, RFC VIRD740419SA5 (fojas 102-106). De lo anterior se desprende, que los actos reclamados fueron sustituidos, por la diligencia de cuatro de marzo de dos mil veintidós, en el que el juez responsable decretó convivencia provisional ordinaria de los menores con su padre no custodio David Vivanco Ramírez y pensión alimenticia provisional de 10% (DIEZ POR CIENTO) a favor de la actora en su calidad de concubina YASNAY PALACIOS RAMÓN sobre el sueldo y demás prestaciones que percibe el demandado David Vivanco Ramírez como empleado de la empresa de Petróleos Mexicanos Por ende, es claro que cesaron los efectos de los actos reclamados, al haberse fijado un régimen de convivencia del padre no custodio con los menores y al haberse decretado pensión alimenticia a favor de la actora (aquí quejosa) en el juicio de origen. Sirve de apoyo la jurisprudencia 59, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se lee: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." CONCLUSIÓN En esas condiciones, sobre el contexto anteriormente narrado, es claro que se actualiza el motivo de improcedencia aquí analizado, respecto de los aludidos actos reclamados. Por tanto, al haber cesado los efectos de los actos reclamados, es evidente que el juicio de amparo resulta improcedente en términos de los numerales 61, fracción XXI, de la ley de la materia, por lo que procede sobreseer en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sin que sea necesario analizar los argumentos alegados por la impetrante de amparo por dichos actos reclamados, pues al actualizarse de manera indudable la causa de sobreseimiento invocada, ello impide entrar al estudio del fondo del asunto, puesto que éste sólo puede estudiarse de resultar procedente el juicio de amparo, según la jurisprudencia del rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." QUINTO.- Constitucionalidad del acto reclamado.- Por otra parte, con respecto al diverso acto reclamado consistente en: El auto de veintiocho de enero de dos mil veintidós, dictado en el juicio ordinario civil 1951/2021 del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia con residencia en Veracruz, Veracruz, mediante el cual se ordena que se gire oficio a la fuente laboral para que exceptúe del descuento otorgado a mis menores hijos, los gastos de viáticos, representación y gasolina. Se anticipa, que los conceptos de violación hechos valer por la quejosa en su respectiva demanda, aun suplidos ante su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, son infundados. Sirve de apoyo la jurisprudencia de Tribunales Colegiados de Circuito, cuyo rubro y contenido se leen: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA FAMILIAR. OPERA EN FAVOR DE CUALQUIERA DE LAS PARTES EN EL LITIGIO, CUANDO SE INVOLUCREN DERECHOS ALIMENTARIOS. En la contradicción de tesis 148/2012, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los alimentos tienen como fundamento "la solidaridad que debe manifestarse entre las personas con algún vínculo familiar"; en ese entendido, para comprender a mayor detalle a qué se refiere el concepto de familia, es necesario indicar que el Pleno del Máximo Tribunal del País, al resolver la acción de inconstitucionalidad 2/2010, afirmó que la Constitución Federal tutela a la familia entendida como "realidad social", lo que significa que debe cubrir todas sus formas y manifestaciones existentes en la sociedad, a saber: familias nucleares compuestas por padres con o sin hijos (biológicos o adoptivos) que se constituyan mediante el matrimonio o uniones de hecho; familias monoparentales compuestas por un padre o una madre e hijos; familias extensas o consanguíneas que se extienden a varias generaciones, incluyendo ascendientes, descendientes y parientes colaterales; así como las uniones de todos los estilos y maneras. En ese sentido, se considera que el concepto de familia se funda, esencialmente, en la afectividad, el consentimiento y la solidaridad libremente aceptada con la finalidad de llevar a efecto una convivencia estable. En este orden de ideas, es claro que al ser los alimentos un derecho de familia, todo lo relacionado con aquella institución afecta indudablemente el orden y desarrollo de todos los que son o hayan sido sus miembros; por ello, cuando el motivo de la litis involucre derechos alimentarios procede la suplencia de la queja a favor de cualquiera de las partes en el litigio conforme al artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, por alterarse y/o afectarse el orden y desarrollo de la familia; suplencia que consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de validar cada una de las determinaciones de la autoridad aun cuando no le reporten utilidad alguna al quejoso o recurrente o por el contrario le perjudique, sino sólo implicará el pronunciamiento para aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, el amparo resulte procedente." MARCO LEGAL Los artículos 82 y 84 de la Ley Federal del Trabajo establecen lo siguiente: "Artículo 82.- Salario es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo." "Artículo 84.- El salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo." Interés Superior del Menor Ahora es importante señalar el criterio reiterado de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a la noción judicial de "interés superior del niño", con relación al cual se ha establecido que: 1. El interés superior del menor es un principio de rango constitucional que se encuentra expresamente previsto en la regulación de los derechos de los menores contenidos en el artículo 4o. constitucional, y en correspondencia con el ánimo del Estado Mexicano de adecuar el marco normativo constitucional a los compromisos internacionales contraídos en el ámbito mundial. 2. El interés superior del niño es una expresión que "implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño". Además, acorde con el artículo 3.1. de la Convención Sobre los Derechos del Niño, en todas las medidas que tomen los tribunales, concernientes a los niños, será de atención primordial el interés superior del niño. 3. En armonía con lo anterior, ha sostenido que en el ámbito jurisdiccional, el interés superior del niño es un principio orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un niño en un caso concreto o que pueda afectar los derechos humanos de algún menor, y que para dar sentido a la norma, se deben tomar en cuenta los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de éstos previstos en la Constitución, tratados internacionales y leyes de protección de la niñez. 4. Se ha sostenido que una expresión del alcance que tiene el interés superior del menor en la labor jurisdiccional, emerge en el ámbito procesal, pues con independencia de que la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio constituye uno de los aspectos más relevantes que amerita una especial atención de los juzgadores, en los asuntos que inciden sobre derechos humanos de menores, el Juez cuenta con un amplísimo abanico de facultades constitucionales para recabar de oficio todas las pruebas que sean necesarias para conocer la verdad de los hechos involucrados a fin de resolver la cuestión planteada, siempre de la manera que resulte de mayor cobertura para los derechos humanos del o los menores justiciables. Así las cosas, en un juicio de alimentos -como en la especie acontece- en el que un menor figura como actor material y acreedor, el planteamiento o solicitud de incremento de la pensión alimentaria correspondiente, revela que el derecho a percibir alimentos del menor no se encuentra, cuando menos desde un punto de vista jurídico, en un estado de desamparo total, a partir de que existe una determinación judicial que ha fijado una pensión alimenticia en favor del menor con el propósito de hacer frente a las necesidades básicas del niño o de la niña, que se encuentran comprendidas en el rubro de alimentos. Sin embargo, la ausencia de desamparo jurídico total en materia de alimentos para un menor, no puede interpretarse como una condición que releve al juzgador de atender el interés superior del menor sobre cualquier asunto relacionado con ese tópico (pensión alimenticia) dado que tal interés subsiste como principio orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse al menor en materia de alimentos o que pueda afectar los derechos alimentarios del menor, como sucede en el caso de la solicitud de disminución de tal pensión; y en consecuencia, aun cuando exista una determinación judicial que haya establecido una pensión alimenticia en favor de un menor, para dar sentido a las normas aplicables en materia de alimentos, se deben tomar en cuenta los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de éstos previstos en la Constitución, tratados internacionales y leyes de protección de la niñez. Dicho en otras palabras, tratándose de un menor que figura como actor material y acreedor en un juicio sobre alimentos que versa sobre el incremento, disminución o fijación de una "pensión mayor", subsiste el deber constitucional de los tribunales de atender al interés superior del menor. En la misma línea argumentativa, si tratándose de un menor que figura como actor material y acreedor en un juicio sobre alimentos que versa sobre el incremento, disminución o fijación de una "pensión mayor", subsiste el deber constitucional de los tribunales de atender al interés superior del menor. Aunado al hecho de que una expresión del alcance que tiene el interés superior del menor en el ámbito jurisdiccional emerge en el ámbito procesal, en el sentido de que, con independencia de que la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio constituye uno de los aspectos más relevantes que amerita una especial atención de los juzgadores, en los asuntos que inciden sobre derechos humanos de menores, como es el juicio de alimentos promovidos en su favor, el Juez cuenta con un amplísimo abanico de facultades constitucionales para recabar de oficio todas las pruebas que sean necesarias para conocer la verdad de los hechos involucrados a fin de resolver la cuestión planteada siempre de la manera que resulte de mayor cobertura para los derechos humanos del menor justiciable. Entonces, es inconcuso que tratándose de un menor que figura como actor material y acreedor en un juicio sobre alimentos que versa sobre el incremento o fijación de una "pensión mayor", sí existe el deber del juzgador de la causa de recabar oficiosamente todas las pruebas y ordenar todas las diligencias que sean necesarias para conocer la verdad de los hechos involucrados a fin de resolver la cuestión planteada, siempre de la manera que resulte de mayor cobertura para los derechos alimentarios del menor justiciable. Hasta aquí el marco normativo. SUBSUNCIÓN Ahora, es de explorado derecho que para fijar la cantidad sobre la que se aplicarían los porcentajes de descuento ahí establecidos, sobre los que se trabó formal embargo respecto del monto de la pensión alimenticia, no se incluirían las cantidades correspondientes a los descuentos que procedan por imperativo legal, como son los fiscales, las de seguridad social, así como la prestación de viáticos (siendo este último el acto reclamado) sólo los ingresos directos a su patrimonio, sin importar que sean ordinarios o extraordinarios. Apoya a anterior en la jurisprudencia 1a./J. 114/2005 con registro digital 177088 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Octubre de 2005, en la página 37, que se reproduce a continuación: "ALIMENTOS. CUANDO SE FIJAN CON BASE EN LAS PERCEPCIONES SALARIALES DEL DEUDOR ALIMENTISTA, DEBEN TOMARSE EN CUENTA TODAS AQUELLAS PRESTACIONES ORDINARIAS O EXTRAORDINARIAS QUE OBTENGA COMO PRODUCTO DE SU TRABAJO QUE CONSTITUYAN UN INGRESO DIRECTO A SU PATRIMONIO, EXCLUYÉNDOSE LOS VIÁTICOS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN. El artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo, establece que el salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. En ese sentido, la interpretación literal de ese precepto, conduce a establecer que cuando la ley laboral se refiere a cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo, se debe entender en relación con todas las prestaciones ya sean ordinarias o extraordinarias, dado que objetivamente forman parte de su posibilidad económica, pues la única limitante que se impone para que las percepciones formen parte del salario, es que se entreguen al trabajador como producto de su trabajo, las cuales pueden ser generadas sólo por periodos determinados, sujetos a que se labore o no. Por tanto, para los efectos de fijar la pensión alimenticia, se deben considerar las horas extras, aguinaldo, prima vacacional, gasolina y demás remuneraciones que se entreguen al trabajador con motivo del trabajo desempeñado, siempre y cuando constituyan un ingreso directo a su patrimonio, independientemente de que sean ordinarias o extraordinarias, ello sin desatender que cuando no se obtengan, la obligación alimentaria necesariamente se fijará sobre la percepción que se genere en ese momento. Se excluyen del supuesto anterior, los viáticos y gastos de representación, porque si bien constituyen prestaciones extraordinarias, los mismos no son entregados al trabajador como producto de su trabajo." Como se advierte de la jurisprudencia antes citada y su ejecutoria, para el cálculo de una pensión alimenticia, y sobre todo, cuando se lleva a cabo con base en la percepción salarial de un trabajador, deben incluirse los ingresos directos a su patrimonio, sin importar que sean ordinarios o extraordinarios, pero no las cantidades que con independencia de que también se les ha denominado como prestaciones, su pago no es generado como una retribución al desempeño del servicio del trabajador, ni constituye un ingreso directo a su patrimonio, sino que representa la retribución de algún gasto generado por el mismo, como son sus gastos de transporte, hospedaje y alimentación en los casos en que tiene que desempeñar sus labores fuera de su domicilio o residencia habitual, razón por la cual, las prestaciones de viáticos y gastos de representación, no deben incluirse para tales efectos. Por lo anteriormente expuesto, es que resulta acorde y legal, la orden del Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia con residencia en Veracruz, Veracruz, el girar oficio a la fuente laboral del demandado para que exceptúe del descuento otorgado a los menores hijos de la quejosa, los gastos de viáticos, representación y gasolina. CONCLUSIÓN La determinación reclamada resulta ajustada a derecho, dado que aun analizada de manera integral a la luz de la suplencia de la queja de los conceptos de violación, los razonamientos en ella vertidos son correctos y acordes con los preceptos de la ley civil que rigen la materia de alimentos y en materia laboral a los derechos humanos. Por tanto, al no advertirse algún vicio de inconstitucionalidad que deba declararse de oficio, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada por la quejosa. SEXTO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia, y ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y con fundamento además en los artículos 61, fracción XXI, 63, fracción V, 74, fracción VI, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se; RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por YASNAY PALACIOS RAMÓN, contra la autoridad responsable y actos precisados en el considerando segundo, conforme a los razonamientos emitidos en el cuarto considerando de la presente sentencia. SEGUNDO. La Justicia Federal no ampara ni protege a YASNAY PALACIOS RAMÓN, contra el acto reclamado y por la autoridad responsable, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. TERCERO. Suprímanse los datos sensibles en la presente sentencia, de acuerdo con lo señalado en el último considerando de esta resolución.Notifíquese en términos de ley. Lo que se notifica a la parte tercero interesada por este conducto por así estar ordenado en autos.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, doce de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio y anexo signado por el 1. Juez Octavo de Primera Instancia, Especializado en Materia de Familia, con residencia en Veracruz, Veracruz; por medio del cual remite diversas constancias relativas al juicio ordinario civil 1951/2021 de su índice; por tanto, se ordena dar vista a las partes para que manifiesten lo que a derecho corresponda, por el plazo de OCHO DÍAS, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional como lo ordena el artículo 124 de la Ley de Amparo. Por otra parte, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, téngase como pruebas de la autoridad responsable, las documentales que anexó a su oficio de cuenta, sin perjuicio de hacer relación de la misma en la audiencia constitucional que al efecto se celebre. Ahora, dado que el día de hoy, se ordena dar vista a las partes con las constancias enviadas por el Juez responsable; por tanto, para dar margen a lo anterior, SE DIFIERE anticipadamente la audiencia constitucional señalada para el día diecinueve de abril de dos mil veintidós, y en su lugar se fijan LAS ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIECINUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese en términos de ley.

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