Yamilet del Valle Yepez Arevalo

Expediente 435/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 16 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
435/2022
Año
2022
Actuaciones
16
Última actuación
06/09/2022

Partes del expediente

  • Yamilet del Valle Yepez Arevalo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, seis de septiembre de dos mil veintidós. Estado procesal del sumario. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiese recurrido la sentencia definitiva dictada el once de agosto de dos mil veintidós, en la que, en su único punto resolutivo, se negó el amparo solicitado. Firmeza del fallo definitivo. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el dispositivo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la misma, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar. Notificación a las partes y anotaciones respectivas. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes y efectúense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Se decreta archivo del presente juicio. En virtud de lo antes expuesto y en atención a que no se encuentra escrito o promoción pendiente por acordar, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido. Del incidente de suspensión. En ese sentido, glósese a los presentes autos únicamente el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio y destrúyase el duplicado, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, párrafo primero, fracción II, inciso a) y párrafo tercero, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte). Valoración documental. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente y el original del incidente de suspensión relativo se ubican, respectivamente, en las hipótesis previstas en el artículo 18, párrafo primero, fracción I, incisos a) y b), del acuerdo general citado; por tanto, ambos son susceptibles de depuración. Transferencia del expediente principal y del original del incidente de suspensión. En virtud de lo anterior, de conformidad con el numeral 18, párrafos tercero y cuarto, del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años, contado a partir de que se ordenó el archivo del presente expediente como asunto concluido, y terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia del presente expediente principal y del original del incidente de suspensión a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Asunto carece de relevancia documental, jurídica e histórica. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. De la información reservada, documentos originales y de la exhibición de garantías. Además, el presente asunto no contiene información reservada ni documentos originales, además no se exhibió billete de depósito, póliza o fianza alguna, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Devolución de un anexo. Finalmente, hágase la devolución de los anexos formados con motivo de las constancias allegadas por las autoridades responsables Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial y Tercera Sala de lo Familiar del Poder Judicial de la Ciudad de México, al resultar innecesaria su conservación, en el entendido que el sello de recepción del oficio correspondiente hará las veces de acuse. Notifíquese.

  2. Principal

    V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 435/2022, promovido por Yamilet del Valle Pérez Arévalo, por propio derecho y en representación de los menores C.R.Z.Y. y J.E.Z.Y.; R E S U L T A N D O: I. Presentación de la demanda: El veintiocho de marzo de dos mil veintidós. II. Admisión de la demanda. El treinta de marzo de dos mil veintidós, se admitió a trámite. III. Emplazamiento del Agente del Ministerio Público de la Federación: El treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. IV. Emplazamiento al tercero interesado: El ocho de abril de dos mil veintidós. V. Preceptos constitucionales que la parte quejosa considera vulnerados. Los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. C O N S I D E R A N D O: I. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 Constitucionales, 1, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 1 fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los Acuerdos Generales 3/2013 y 26/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, vigente; en virtud de que, los actos reclamados se atribuyen a autoridades que residen dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. II. Precisión del acto reclamado. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, al estudiar íntegramente las actuaciones, se advierte que el acto reclamado a las autoridades responsables se hace consistir en: 1. De la Tercera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. a) La resolución dictada el cuatro de agosto de dos mil veintiuno dentro del toca 633/2021, en donde declaró fundada la excepción de incompetencia por declinatoria hecha valer por el demandado en la controversia familiar 688/2020 del índice del Juzgado Décimo Segundo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 2. Del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado de Morelos. a) El auto de veintidós de febrero de dos mil veintidós, en el que aceptó la competencia declinada y registro el expediente con el número 48/2022. III. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados, pues la Tercera Sala de lo Familiar del Poder Judicial de la Ciudad de México y el Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, así lo manifestaron al rendir sus informes justificados; además se corrobora con las constancias que anexaron a los mismos, consistentes en copia certificada de las actuaciones de la controversia familiar de origen; documentales que gozan de pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. IV. Causas de improcedencia. Previo al análisis de la litis constitucional, debe examinarse si en el caso, se actualiza alguna causal de improcedencia, toda vez que constituye una cuestión de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo; ya que de actualizarse alguna, se obstaculizaría el examen de los actos reclamados a la luz de los conceptos de violación propuestos. Tiene aplicación en este apartado, la jurisprudencia 814 sustentada por este tribunal, visible en la página 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Novena Época, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia el juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Al respecto el tercero interesado hizo valer la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo relativa a que la parte quejosa consintió la resolución de cuatro de agosto de dos mil veintiuno, al no haber promovido el juicio de amparo indirecto dentro del término establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Causa de improcedencia que debe desestimarse en virtud de que conforme al artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse a aquellos a los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria) porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. En ese sentido, aún cuando la resolución que determinó fundada la excepción de incompetencia hecha valer por el demandado se emitió el cuatro de agosto de dos mil veintiuno, la determinación del juzgado civil en el Estado de Morelos fue dictada el veintidós de febrero de dos mil veintidós; determinación que le fue notificada a la parte quejosa el once de marzo de dos mil veintidós, notificación que surtió efectos el catorce de marzo de dos mil veintidós. Por tanto el cómputo para promover la demanda de amparo indirecto transcurrió del quince de marzo al cinco de abril de dos mil veintidós, descontando los días diecinueve, veinte, veintiuno, veintiséis y veintisiete de marzo, así como el dos y tres de abril, todos de dos mil veintidós, por ser inhábiles de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Amparo. Por lo que si la demanda de amparo se presentó el veintiocho de marzo de dos mil veintidós, esto es, dentro del término previsto para tal efecto, es claro que su presentación es oportuna. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2009721, P./J. 17/2015, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 21, agosto de 2015, tomo I, página 5, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." V. Estudio de fondo. La parte quejosa señala que la sentencia reclamada transgrede lo dispuesto en el artículo 1º constitucional al no tomar en consideración que promovió la controversia familiar para demandar el pago de alimentos para sus hijos y decidió hacerlo en la Ciudad de México porque ahí fue el domicilio de sus hijos hasta que su progenitor decidió llevarlos a vivir al Estado de Morelos por el tema de la pandemia, cuestión que, considera, no valoró de manera adecuada la responsable pues de lo contrario habría determinado que no existe razón para retener el proceso legal en el Estado de Morelos. Lo anterior es infundado, pues contrario a lo que aduce, la responsable declaró procedente la excepción de incompetencia opuesta por el demandado al haberse demostrado que al menos durante los últimos dos años su domicilio y el de los menores se encuentra en el Estado de Morelos y es quien, además, ostenta la guarda y custodia provisional de éstos, según se desprende de la determinación de siete de abril de dos mil veintiuno, dictada en el expediente 688/2020 (foja 158 anexo I). En ese sentido, la responsable al evaluar las circunstancias determinó que resultaba más benéfico para el interés superior de los menores, que sea la autoridad jurisdiccional la del domicilio donde éstos residen la que conozca de la controversia; ello es así, en razón de que se trata de un juicio en el que la parte actora (hoy quejosa) demandó el pago de alimentos a favor de los menores, acción que también fue ejercida por el demandado y actor reconvencionista. Así, al tener los menores su domicilio en el Estado de Morelos y estar bajo la guarda y custodia provisional de su progenitor se encuentran en mejores condiciones de acceder a la justicia, en los tribunales de esta jurisdicción. También resulta infundado el argumento de la parte quejosa en el sentido de que la resolución combatida causa perjuicios a los menores y a ella al no existir un sustento legal para determinar la competencia en el Estado de Morelos y además tendrían que trasladarse fuera de la Ciudad de México, pues contrario a lo que aduce, el hecho de que hasta esta etapa procesal los menores se encuentren bajo la guarda y custodia de su progenitor y que tengan su domicilio en el Estado de Morelos, facilita su acceso a la justicia. Por lo tanto, las determinaciones de la Tercera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado de Morelos, resultan correctas, toda vez que sus determinaciones fueron basadas en el interés superior del menor, a fin de garantizar y proteger su pleno desarrollo y ejerciendo sus derechos. Lo anterior tiene apoyo en la tesis número: I.18o.A.25 K (10a.), del Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 2379, del Tomo IV, Enero de 2019, Materia Constitucional, Común, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es el siguiente: "CONFLICTOS COMPETENCIALES. LOS ASUNTOS QUE INVOLUCREN DERECHOS DE MENORES, DEBEN RESOLVERSE ATENDIENDO A LOS PRINCIPIOS DE PRIORIDAD Y DEL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. Conforme a los diversos instrumentos internacionales existentes en favor de los menores; el artículo 4o. constitucional y los artículos 17, 18 y 40 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes todas las autoridades estatales tienen la obligación de velar porque la protección de los derechos del niño se realice a través de medidas "reforzadas" o "agravadas", y en esa medida, los órganos del Poder Judicial de la Federación, deben asegurar y garantizar que en todos los asuntos y decisiones en las que estén involucrados niños, niñas y adolescentes, obtengan el disfrute y goce de todos sus derechos humanos, especialmente de aquellos que permiten su óptimo desarrollo y satisfacción de sus necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud física y emocional. De tal manera cuando en un juicio de amparo que involucre derechos de menores, se suscite un conflicto de competencia de cualquier índole (materia o territorio), los operadores jurídicos deben resolver lo conducente en forma prioritaria y atendiendo al interés superior del menor, pues cualquier dilación puede hacer nugatorios los derechos de los menores involucrados y el acceso a un recurso efectivo." Finalmente este Juzgador no advirtió causa alguna para suplir. En consecuencia, al resultar infundados los conceptos de violación, lo procedente es negar el amparo y protección solicitados. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Yamilet del Valle Pérez Arévalo, por propio derecho y en representación de los menores C.R.Z.Y. y J.E.Z.Y., en los términos de la parte considerativa de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ante Betsy Marisol Garduño Flores, secretaria que autoriza y da fe, quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, el once de agosto de dos mil veintidós, por así permitirlo las labores del órgano jurisdiccional. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiséis de mayo de dos mil veintidós. Estado procesal de autos. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para hoy, en virtud de que mediante proveído de dos de mayo de dos mil veintidós, se tuvieron por recibidas las constancias remitidas por la Presidenta de la Tercera Sala de lo Familiar del Poder Judicial, sin que se diera vista a las partes, por lo de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo por este auto se da vista con las mismas. Diferimiento de audiencia constitucional. En consecuencia, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y, en su lugar, se fijan las once horas con cincuenta minutos del veintitrés de junio de dos mil veintidós. Notifíquese.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dieciséis de mayo de dos mil veintidós. Manifestaciones en vía de alegatos. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se agrega a los autos para que obre como corresponda el escrito signado por +++ autorizado de la directa quejosa, a través del cual, realiza diversas manifestaciones a manera de alegatos, en relación a diversas constancias que obran en el juicio de origen ante la autoridad responsable. Atento a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase al promovente formulando alegatos, mismos que serán relacionados al momento de la celebración de la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese.

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