Yadira Del Río Larios
Expediente 153/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 153/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- Yadira Del Río Larios
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Recepción de oficio y constancias. Agréguese a los autos para que obre como corresponde el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, por el cual remite telegrama y oficio que contienen el informe rendido por la Directora del Centro Federal de Readaptación Social número 16 "CPS Femenil Morelos", respecto de la suspensión de plano decretada por auto de diecinueve de enero de dos mil veintidós por la autoridad oficiante, de igual forma remite la constancia de notificación relativa al exhorto 9/2022, orden 11/2022, del índice de la oficiante, del cual se advierte que le fue notificado a la quejosa ********* el auto referido el pasado uno de febrero de dos mil veintidós. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Informes suspensión de plano. Se tiene a la responsable rindiendo su informe respecto de la suspensión de plano decretada por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, mediante acuerdo de diecinueve de enero de dos mil veintidós, informando los actos realizados a efecto de cumplir con la suspensión de plano decretada en el presente juicio, de lo cual se toma nota para los efectos legales correspondientes. Respecto a la solicitud formulada por la oficiante en el sentido de que se le haga saber el estado procesal que guardan los autos en el presente sumario, hágase de su conocimiento que por auto de nueve de febrero de dos mil veintidós, este órgano aceptó la competencia declinada por la oficiante, de igual forma en el referido auto se desechó la demanda de plano por las razones ahí expuestas. Estado procesal. Visto el estado procesal y la certificación de cuenta, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa ********, hubiese recurrido el auto de nueve de febrero de dos mil veintidós, dictado por este Juzgado Federal, por medio del cual se desechó de plano la demanda de amparo. Firmeza del auto de desechamiento. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31, de la ley antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho acuerdo ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. Notificación a la parte quejosa y anotaciones respectivas. Lo anterior, hágase del conocimiento de la parte quejosa y efectúense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Se decreta archivo del presente juicio. En virtud de lo antes expuesto y en atención a que no se encuentra escrito o promoción pendiente por acordar, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido. Valoración documental. Se hace constar que el presente expediente se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, párrafo primero, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte); por tanto, dicho cuaderno es susceptible de destrucción. Destrucción del expediente principal. En virtud de lo anterior, de conformidad con el numeral 21, párrafo tercero del citado acuerdo general, una vez que transcurra el plazo de tres años, contados a partir de que se ordenó el archivo del presente expediente como asunto concluido, y terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, asimismo, no se trata de un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito ni se estableció jurisprudencia, no versa sobre materia agraria, además en el presente asunto no se emitió una sentencia en la que se haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. De la información reservada, documentos originales, incidente y billete de depósito, póliza o fianza alguna. Además, el presente asunto no contiene información reservada, no existen documentos originales exhibidos por las partes, no se formó incidente de suspensión, ni se exhibió billete de depósito, póliza o fianza alguna, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, nueve de febrero de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio signado por la Jueza Primero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, Coahuila, por medio del cual remite el original del juicio de amparo 48/2022, promovido por ******, por propio derecho, en virtud de que ese órgano federal se declaró incompetente por razón de territorio, para conocer de la demanda de amparo y ordenó remitir los presentes autos a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito del Estado de Morelos para su debido turno, por lo que tocó a este juzgado de distrito conocer de la presente demanda. Al respecto acúsese el recibo de estilo correspondiente. Registro de la demanda. Fórmese el expediente tanto físico como electrónico y regístrese en el libro de gobierno con el número 153/2022, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por el punto segundo del Acuerdo General 28/2001 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Homologación de actuaciones. En ese sentido, este Juzgado Décimo de Distrito en esta entidad federativa continúa con la tramitación de este juicio, validándose las actuaciones practicadas por el juzgado oficiante, para todos los efectos legales a que haya lugar. Autoridades responsables. Director General en el Centro Federal de Readaptación Social Número dieciséis "CPS Femenil Morelos". Transcripción de los actos reclamados. "1) La negativa y omisión de brindar atención Médica de urgencia en gastroenterología. La negativa y omisión consistente, Negárseme mi llamada TELEFÓNICA, se me Incomunicó, con mis FAMILIARES a los teléfonos 44-34-38-69-40, de BERENEICE CORTÉS LARIOS. Teléfono: 44-32-45-17-98, de PABLO CORTÉS LARIOS. Sin causa justificada." Desechamiento de la demanda de amparo. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 113 de la Ley de Amparo, esta sede constitucional desecha la demanda de amparo de que se trata, toda vez que, de su estudio integral, se advierte que existe una causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo establecido en el numeral 61, fracciones XX y XXIII, de la Ley de Amparo, esta última en relación con los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los referidos preceptos constitucionales establecen que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del trabajo, capacitación, educación, salud y deporte, como medios para lograr la reinserción de la sentenciada a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley respecto de los sentenciados, en los casos y condiciones que ésta establezca, podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social, beneficio que no aplicará en caso de delincuencia organizada y respecto de otros internos que requieran medidas especiales de seguridad. Asimismo, se prevé que la imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. Por su parte, la Ley Nacional de Ejecución Penal, publicada mediante decreto en el Diario Oficial de la Federación de dieciséis de junio de dos mil dieciséis, establece los procedimientos a observar en tratándose de peticiones de los internos, así como las autoridades competentes para conocer de ellos. Así, en el Capítulo III, denominado "Procedimiento Administrativo de la Ley Nacional de Ejecución Penal", se encuentran los artículos 107 a 115 los cuales disponen: "Artículo 107. Peticiones administrativas Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta Ley podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento.". "Artículo 108. Legitimación Se reconoce legitimidad para formular las peticiones ante las direcciones de los Centros a: I. La persona privada de la libertad, a nombre propio o de manera colectiva; II. Los familiares hasta el cuarto grado de parentesco por consanguinidad de la persona privada de la libertad, su cónyuge, concubinario o pareja de hecho; III. Los visitantes; IV. Los defensores públicos o privados; V. El Ministerio Público; VI. Cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo de protección de los derechos humanos en el orden federal o de las entidades federativas, que tengan dentro de suman dato la protección de las personas privadas de la libertad o de grupos o individuos que se encuentren privados de la misma, y VII. Las organizaciones de la sociedad civil que tengan dentro de su objeto la protección de los derechos de las personas privadas de la libertad y que se encuentren debidamente acreditadas.". "Artículo 109. Sustanciación de las peticiones Las peticiones se sustanciarán conforme a las reglas establecidas en esta Ley, a fin de que la Autoridad Penitenciaria se pronuncie sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación. Los solicitantes podrán desistir de su petición en cualquier momento, salvo que el tema planteado se refiera al interés general del Centro o de un sector de su población. El desistimiento no implica la pérdida del derecho a formular una petición sobre la misma materia con posterioridad.". "Artículo 110. Formulación de la petición Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el director del Centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión. La autoridad administrativa del Centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular el escrito. En caso de que la petición sea formulada por persona distinta a la privada de la libertad, ésta deberá señalar nombre, domicilio, teléfono y, en su caso, correo electrónico, para que le sean practicadas las determinaciones respectivas.". "Artículo 111. Acuerdo de inicio Una vez recibida la petición, la Autoridad Penitenciaria, por y dentro de las veinticuatro horas siguientes, admitirá la petición e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa. Esta determinación deberá notificarse personalmente al promovente. En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla. En caso de no hacerlo, la Autoridad Penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y oral aclare su petición. Hecho lo anterior, se emitirá la resolución sobre el fondo de la cuestión planteada. En caso de no acudir a la citación, se tendrá por desechada la petición formulada.". "Artículo 112. Trámite del procedimiento Una vez admitida la petición, el director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando siempre la que, en su caso, hubiese aportado el peticionario, y con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en caso de que así procediera. "Artículo 113. Acumulación de peticiones Las peticiones administrativas que tengan un mismo objeto, total o parcialmente, serán acumulables, cuando así proceda, para ser resueltas en un solo acto conjuntamente, continuándose la substanciación por separado de la parte que no se hubiese acumulado.". "Artículo 114. Resolución de peticiones administrativas El director del Centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución.". Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. La Autoridad Penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito.". "Artículo 115. Casos urgentes Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega.". En adición a dichos preceptos, en el Capítulo IV, denominado "Controversias ante el Juez de Ejecución", del mismo cuerpo de leyes invocado, se encuentran los artículos 116 y 117, del tenor siguiente: "Artículo 116. Controversias Los jueces de ejecución conocerán controversias relacionadas con: I. Las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas; II. El plan de actividades de la persona privada de la libertad y cuestiones relacionadas con el mismo, que impliquen violación de derechos fundamentales; III. Los derechos propios de quienes soliciten ingresar o hayan ingresado al Centro como visitantes, defensores públicos y privados, defensores en los tribunales de amparo, y observadores por parte de organizaciones de la sociedad civil; IV. La duración, modificación y extinción de la pena y de sus efectos, y V. La duración, modificación y extinción de las medidas de seguridad.". "Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: I. Las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa; II. La impugnación de sanciones administrativas impuestas a las personas privadas de la libertad, que podrá hacerse valer en el acto de notificación o dentro de los diez días siguientes; III. Los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados. Esta acción podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente, y IV. Los derechos de las personas que soliciten ingresar o hayan ingresado al Centro como visitantes, defensores públicos o privados, los defensores en los tribunales de amparo, y observadores por parte de organizaciones de la sociedad civil. En relación a la facción II, en tanto no quede firme la sanción administrativa no podrá ejecutarse. Por cuanto hace a la fracción III, los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad o bien, por cuestiones de seguridad del Centro, no requerirán autorización previa del Juez de Ejecución, sin perjuicio de que dicha determinación pueda ser recurrida y en su caso, confirmada o revocada.". Del estudio armónico y sistemático de dichos dispositivos legales, se colige lo siguiente: Las personas privadas de la libertad podrán formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento. Las referidas peticiones tendrán como finalidad que la autoridad penitenciaria resuelva si existió o no una afectación a las condiciones de vida digna y en su caso subsanar dicha afectación. Si la resolución es en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución. Si la petición no fue resuelta en el término establecido para ello -cinco días-, el promovente podrá demandar dicha omisión ante el Juez de Ejecución. En casos urgentes, se podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución a plantear la petición, caso en el que dicha autoridad suspenderá el hecho que motivó la petición, hasta en tanto resuelva en definitiva. Los jueces de ejecución conocerán de las controversias relacionadas con las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas. Para la ejecución de esta acción constituye un requisito indispensable que se haya agotado previamente la petición administrativa. Mecanismo que, cumple con los requisitos de un medio de defensa sencillo rápido y eficaz, tal como lo determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 57/208, quien concluyó que previo a acudir al juicio de amparo, las personas que se encuentran privadas de la libertad en un centro de reclusión y reclamen las condiciones de internamiento en éste, deben agotar la petición ante la autoridad administrativa, toda vez que su sustanciación no requiere excesivos formalismos; durante ella el peticionario puede ofrecer medios de prueba y la autoridad oficiosamente puede allegarse de los que estime necesarios; prevé la suspensión del acto o cesación de la omisión, de ser urgente, y, además, prevé la posibilidad de recurrir ante el juez de control la resolución que recaiga a la petición, y a su vez la apelación de dicha determinación. De lo anterior, se advierte que el trámite señalado en los anteriores preceptos legales constituye la existencia de todo un sistema de impugnación de los actos, hechos u omisiones que se generen durante el tiempo de internamiento (incluso una instancia); esto porque tal procedimiento que inicia con una petición, cuyo objetivo es atender, un hecho u omisión relacionado con las condiciones de internamiento (entre las que se encuentra la atención médica, tratamientos médicos, omisión de proporcionar medicamentos, así como el hecho que refiere como incomunicación, el cual lo hace consistir en la negativa de comunicarse vía telefónica con sus familiares); y por tanto, genera la obligación para la parte quejosa de acudir ante el Juez de Ejecución. Así, es dable señalar que en el caso se actualiza la causa de improcedencia de referencia, toda vez que la promovente acude a esta instancia constitucional a solicitar el amparo y protección de la justicia federal, respecto del actuar impugnado en esta vía por parte de la autoridad señalada como responsable consistentes en la falta de atención médica por síntomas de gastritis, así como el acto de incomunicación que refiere, el cual lo hace consistir en la negativa de comunicarse vía telefónica con sus familiares, actos que constituyen cuestiones inherentes a su internamiento. Dicho de otro modo, en los casos que una persona privada de su libertad pretenda formular petición u objeción ante el actuar de las autoridades del lugar de su reclusión, el o los interesados deben previamente a la promoción de la acción constitucional, promover las acciones tendentes a atender el acto lesivo a sus intereses; por lo que, al no haberlo hecho así la quejosa, es que se actualizan las citadas causas de improcedencia. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el numeral 61, fracciones XX y XXIII, de la Ley de Amparo, esta última en relación con los artículos 18 y 21 constitucionales, procede desechar la demanda de amparo respecto de los acto reclamados consistentes en la abstención de proporcionar atención médica, así como el acto de incomunicación consistente en la negativa de comunicarse vía telefónica con sus familiares, en términos del diverso 113 de la ley de la materia. Robustece las consideraciones antes vertidas, en lo que interesa, la jurisprudencia número 1a./J. 79/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Materia Común, Diciembre 2018, Núm. de Registro 20188548, que establece al rubro y texto: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad." Finalmente, no pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional que el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, Coahuila, si bien al momento de pronunciarse sobre la suspensión de plano, concedió la misma respecto del acto consistente en atención médica, lo cierto es que respecto del acto consistente en la incomunicación de la que se duele la parte quejosa, la cual refiere se constituye al existir una negativa y omisión de negarse a realizar una llamada telefónica a sus familiares sin causa justificada, el juzgador determinó negar respecto de este último acto, toda vez que no se encuentra comprendido dentro de los actos a que se refieren los artículos 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como tampoco en los supuesto establecidos en el artículo 15 de la ley de Amparo, ya que dicho acto obedece a cuestiones de internamiento del lugar en que se encuentra recluida. Transparencia y acceso a la información pública. Con fundamento en los artículos 1 al 23; 113; 68, fracción I y 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, se comunica a las partes que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona; en la inteligencia que de existir alguna oposición, este órgano jurisdiccional como sujeto obligado realizará el trámite respectivo para determinar si dicha oposición puede surtir efectos y se omitirá la publicación de los datos personales en las listas de notificación que se publiquen. Asimismo, se hace del conocimiento a las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo del año antes citado, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Consulta del expediente vía internet. Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx en el apartado "SERVICIOS", elegir la liga "CONSULTA DE EXPEDIENTES", a continuación elegir el 18º Circuito-Morelos; seleccionar el Órgano Jurisdiccional "Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos" y, finalmente, ingresar el número de expediente. Adicionalmente, se les informa que pueden consultar las actuaciones judiciales vía electrónica a través de la página del Consejo de la Judicatura Federal, sin tener que acudir al órgano jurisdiccional, únicamente necesitan un nombre de usuario. Para obtener el nombre de usuario, deben realizar lo siguiente: Registrarse en el sitio de internet https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ y seguir estos pasos: 1. Llenar el formulario, proporcionar nombre completo, domicilio, correo electrónico y contraseña preferida. 2. Revisar su correo electrónico y confirmar el registro dando click al enlace que aparecerá en el mensaje. 3. Imprimir la solicitud para consultar el expediente electrónico. 4. Presentar la solicitud ante el órgano jurisdiccional federal que conozca del expediente de amparo y esperar que la solicitud se acuerde favorablemente. 5. Hecho lo anterior, el usuario estará listo para utilizar el portal de Consulta de Expediente Electrónico en línea del Consejo de la Judicatura Federal. Actuación electrónica como eje rector en la tramitación de expedientes. En ese sentido, se exhorta a las partes dentro del presente asunto para que, de ser posible y tomando en consideración la contingencia sanitaria, transiten a la tramitación de su asunto mediante el esquema de "juicio en línea", consultable en el portal del propio Consejo de la Judicatura Federal https://www.cjf.gob.mx/, esto para que en lugar de presentar promociones en forma física o por escrito, lo hagan electrónicamente desde el Portal de Servicios en Línea, mediante el uso de la firma electrónica que comprende la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL" y a la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), proporcionando el nombre del usuario. En la inteligencia que, quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Horario presencial de labores. Ahora bien, se informa a las partes dentro del presente juicio que, para el caso del personal adscrito a este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, la jornada laboral presencial se desempeña dentro de un horario matutino, a saber, de 8:30 a 14:30. Términos para la consulta de expedientes físicamente y Modelo de atención presencial basado en citas. De la misma forma, se comunica a las partes que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, a partir del tres de agosto del año en curso, se encuentra disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables tienen a su disposición los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, así como las listas para sesión y de acuerdos. Adicionalmente, en dicho micrositio se encuentra a su disposición el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional con la finalidad de que puedan generar citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. La generación de citas es un proceso automatizado que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un código QR que, a su vez, permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen al órgano jurisdiccional. El código de mérito podrá presentarse electrónicamente en un dispositivo móvil o podrá llevarse impreso. Para el caso de juzgados de Distrito las citas serán generadas dos cada media hora, durarán un máximo de veinticinco minutos cuando fueron solicitadas por las partes y tanto se estima necesario cuando fueron agendas por el órgano. Condiciones para el desahogo de notificaciones personales. Toda notificación de carácter personal que deba llevarse a cabo en lo subsecuente, deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Publicaciones en el portal electrónico. Por otra parte, dado que no se permite la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, los órganos jurisdiccionales remiten por correo electrónico a las administraciones de los edificios las listas a publicar, para que estos las coloquen en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita. Domicilio procesal. En otro aspecto, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el centro federal en que se encuentra recluida. Habilitación de días y horas inhábiles. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, que deriva en la obligación de cuidar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de garantía constitucional. De las notificaciones a las partes. Se instruye al Actuario Judicial para que los posibles diferimientos que se den en el presente asunto de la audiencia constitucional, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluida a la autoridad responsable, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarle por esa vía, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que este acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado. Similar razonamiento se hace en torno a la autoridad señalada como responsable, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a la parte quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se le informan en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado numeral 26, fracción I de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a la autoridad para comunicarle el diferimiento de la audiencia constitucional. Comunicación entre órganos jurisdiccionales federales e instituciones públicas con las cuales el Consejo de la Judicatura Federal haya suscrito convenios de interconexión. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto en los artículos 1 y 8 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, se instruye a los actuarios de la adscripción para que, por regla general, remitan los oficios que se libren dentro del presente asunto a Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito, Centros de Justicia Penal Federal e Instituciones Públicas con las cuales el Consejo de la Judicatura Federal haya suscrito convenios de interconexión vía electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (en uso del canal de interconexión), esto es, se optará por la remisión física de los memoriales, únicamente y por excepción, en casos estrictamente necesarios, es decir, cuando se requiera forzosamente el envío de constancias originales, voluminosas o de expedientes. Notifíquese; y personalmente a la quejosa.
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