Yaiza Paloma Filobello Contreras

Expediente 426/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
426/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
10/06/2021

Partes del expediente

  • Yaiza Paloma Filobello Contreras

Actuaciones

  1. Principal

    Xalapa, Veracruz, diez de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guarda este juicio de amparo y de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto en el que se desechó la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletoriamente aplicado, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este asunto como concluido.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO QUE DICE: "... Xalapa, Veracruz, veinticuatro de 10 mayo de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por *****, contra actos del 1. Juez Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio 426/2021 que le corresponde. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA DE AMPARO El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el Juez de Distrito, ante todo, examinará la demanda de amparo y, en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. En ese tenor, en el caso que se analiza, el suscrito juzgador considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Tal numeral establece el principio de definitividad, el cual consiste en que la parte quejosa previamente al ejercicio de la acción constitucional, debe agotar los medios ordinarios de defensa que prevén los preceptos aplicables, pues de no ser así, el mencionado juicio será improcedente. En efecto, uno de los principios que rige el juicio de amparo, denominado principio de definitividad, supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley, que regula el acto reclamado, establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la parte quejosa, el amparo es improcedente. El principio mencionado, se fundamenta en la naturaleza misma del amparo, ya que éste es un medio ordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para invalidar los actos de las autoridades, en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. Para sostener lo anterior, cobra aplicación la tesis I.6o.C. J/37, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que se localiza en la página 902, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de Mayo de 2002, Tomo XV, Novena Época, de rubro: AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. De suerte que, dicho principio implica la obligación del agraviado en agotar, previamente a la interposición de la acción constitucional, los recursos ordinarios tendentes a revocar o modificar los actos lesivos. Delimitado lo anterior, se tiene que de la lectura integral de la demanda y anexo que acompaña, se advierte que la promovente reclama en esta instancia, la resolución interlocutoria de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, dictada dentro de los autos del juicio ordinario civil *****, del índice del Juez Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, en la que se decretó procedente el incidente de cancelación de pensión alimenticia a favor de la parte quejosa. En el caso, respecto de dicho acto reclamado el juicio de amparo resulta improcedente, ya que no se observó en el mismo, el principio de definitividad. Esto es así, puesto que previo a la presentación de la demanda de juicio de garantías era necesario que la quejosa agotara en primer término la jurisdicción ordinaria, mediante la interposición del recurso de apelación que al efecto prevé el aplicable Código de Procedimientos Penales para el Estado de Veracruz. En efecto, el numeral 509 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, señala lo siguiente: ARTÍCULO 509. El recurso de apelación tiene por efecto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. Son apelables las sentencias, los autos que resuelven un incidente y los autos que causan daño irreparable en la sentencia. (.) ARTICULO 512. La apelación debe interponerse por escrito o verbalmente en el acto de notificarse, ante el Juez que pronunció la resolución; cuando sea por escrito, dentro de cinco días si se tratare de sentencia, o dentro de tres si fuere auto. (.) ARTICULO 514. Al interponerse la apelación se expresará el motivo que originó la inconformidad, los puntos que deben ser materia de la segunda instancia o los agravios que en concepto del apelante irrogue la resolución recurrida. Se aceptará como expresión de agravios la enumeración sencilla que haga la parte sobre los errores o violaciones del derecho que en su concepto haya cometido el juzgador. Se suplirá la deficiencia en la expresión de los agravios, cuando puedan afectarse derechos de menores o incapaces, así como en materia familiar. ARTICULO 515. Interpuesta una apelación el juez la admitirá sin substanciación alguna, si fuere procedente, expresando si la admite en ambos efectos o en uno sólo. ARTICULO 516. El recurso de apelación procede en un solo efecto y en ambos efectos. En el primer caso no se suspende la prosecución del juicio, y en el segundo, se suspende la ejecución de la sentencia, hasta que ésta cause ejecutoria, o la tramitación del juicio cuando se haya interpuesto contra un auto. Para la tramitación de la apelación que proceda sólo en el efecto devolutivo, se compulsará y remitirá al tribunal, dentro de tres días, testimonio de las constancias que señalen las partes. ARTICULO 521. Si se confirma la calificación y no hay motivo para desechar el recurso, se convocará a las partes a una audiencia para el octavo día de los siguientes a la declaración anterior. En esta audiencia se oirá el alegato de las partes, procediéndose enseguida conforme al primer párrafo del artículo 60. A los tres días de pronunciada la resolución, se devolverán los autos. Si las partes no concurrieren a la audiencia ni enviaren sus alegatos, la sentencia se pronunciará dentro de tres días." Lo resaltado es propio. Como se puede observar de la redacción de los numerales transcritos, el recurso de apelación tiene el propósito que el superior jerárquico del resolutor judicial de que se trate, revise el acto que se impugna para determinar si el mismo fue dictado de acuerdo a lo dispuesto en la ley a efecto de confirmarlo, revocarlo o modificarlo. Medio de impugnación que, como se indicó, debe ser resuelto por el superior jerárquico del juzgador de origen, al que deberá remitirse copias certificadas de las constancias que las partes señalen como necesarias para la sustanciación del mismo. Asimismo, recibida y calificada de legal la admisión del citado recurso, el tribunal de segunda instancia citará a una audiencia dentro de los ocho días siguientes, en la cual se oirá el alegato de las partes y se resolverá lo que en derecho proceda en los tres días siguientes. De esta forma, se advierte que, de acuerdo a la legislación procesal civil vigente en el Estado de Veracruz, existe recurso eficaz y de tramitación en un plazo razonable para recurrir los autos dictados que resuelven un incidente (como en el presente caso) con lo que la citada legislación cumple con el derecho humano de existencia de recurso idóneo. De lo anterior, resulta claro que en su calidad de parte actora en la controversia civil original y demandada en el citado incidente, la aquí quejosa estuvo en posibilidad de hacer valer previamente a la interposición del amparo biinstancial, el recurso de apelación, mismo que conforme al artículo 61, fracción XVIII, de laLey de Amparo, constituye el medio ordinario de defensa idóneo para que pueda ser combatida dicha resolución. De ahí que cualquier consideración relativa a la legalidad del citado proveído podía ser revisada por la superioridad del juez responsable para en su caso, con base en los agravios expresados por la recurrente, ser modificados, revocados o nulificados. Finalmente, debe puntualizarse que quien esto resuelve no advierte que se actualice alguno de los casos de excepción señalados en los incisos a), b) y c) de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco se trata de una orden de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la quejosa, sino que se trata, como se dejó señalado de una resolución dictada dentro de una controversia civil, además, la quejosa no tiene el carácter de persona extraña al procedimiento. Por último, debe señalarse que la procedencia del medio de defensa que debía agotar, esto es, recurso de apelación no requiere de una interpretación pues el propio numeral 509 del código procesal civil del estado ya transcrito, establece claramente que la apelación es procedente contra .los autos que resuelven un incidente.. Por ello, si de la lectura de los conceptos de violación formulados por la quejosa, queda claro que en todo momento estuvo consciente que la interlocutoria de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, resolvió una cuestión planteada en vía incidental en los autos del citado juicio ordinario civil, resulta evidente que en todo caso debió impugnar el auto que resolvió la misma a través del citado recurso ordinario, previo a acudir al juicio de garantías, ello aun cuando la materia del mismo se refiera a la modificación de un aspecto resuelto previamente en una sentencia que puso fin al juicio. Guarda relación, por las razones que la informan, la jurisprudencia 1a./J. 57/2015 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publica en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo I, página 736, materia(s): Común, Décima Época, con número de registro: 2010472, se rubro y texto: INCIDENTE DE CESACIÓN DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA PROMOVIDO EN EL EXPEDIENTE DEL JUICIO CONCLUIDO EN EL QUE SE CONDENÓ AL DEUDOR ALIMENTARIO A SU PAGO. CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE LO RESUELVE, PROCEDE EL AMPARO EN LA VÍA INDIRECTA. En los casos en los que en un juicio se emita una sentencia definitiva en la que se condene al deudor alimentario al pago de una pensión alimenticia, debe considerarse que ese juicio concluyó, por lo que si con posterioridad, dentro del propio expediente, se promueve y resuelve un incidente de cesación de la pensión alimenticia decretada previamente, es inconcuso que esa resolución incidental constituye un acto dictado después de concluido el juicio que, además, no tiene como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, sino declarar la cesación de la condena respectiva. En ese sentido, del artículo 107, fracciones V y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo abrogada, así como 170 de la vigente, deriva la regla general de que las resoluciones dictadas después de concluido el juicio no pueden tener la naturaleza de sentencias definitivas, pues desde una perspectiva de lógica jurídica procesal, para aquéllas constituye un presupuesto la conclusión del juicio, o sea, que previamente exista una sentencia definitiva o alguna otra resolución que hubiere puesto fin al juicio, máxime que respecto de los actos de tribunales dictados después de concluido el juicio, las legislaciones de amparo indicadas no aportan elementos para considerar que constituya un dato relevante para la procedencia de la vía indirecta de tramitación del juicio de amparo, la condición de que en los actos dictados después de concluido el juicio se resuelva, o no, sobre algún derecho sustantivo. De ahí que si la resolución señalada no puede considerarse sentencia definitiva, sino una actuación dictada después de concluido el juicio, entonces, de conformidad con la Ley de Amparo abrogada (artículo 114, fracción III), y con la vigente (artículo 107, fracción IV), procede el juicio de amparo en la vía indirecta para intentar su impugnación constitucional; lo anterior, sin perjuicio del examen que deba hacerse en relación con la procedencia del juicio de amparo, como es el caso del análisis sobre la definitividad del acto. Lo resaltado es propio. De manera que no se está en alguno de los supuestos de excepción previstos, y en esa medida, es necesario que oportunamente se agotara el señalado medio de impugnación antes de acudir al juicio de amparo. En relatadas cuentas, al no haber observado la promovente el principio de definitividad que rige en el juicio biinstancial, arrojando como consecuencia la actualización de la hipótesis normativa prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso 113 del ordenamiento legal en cita, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE. Apoya lo anterior, la jurisprudencia número VI.3o.C. J/62, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en la página 1665, Tomo XXIII, Febrero de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: DEMANDA DE AMPARO. LA CERTEZA DE PROCEDENCIA DE UN RECURSO CONDUCE AL DESECHAMIENTO DE LA.Lo anterior, además, guarda congruencia al considerar que, admitir y dar trámite al juicio, a nada jurídicamente práctico llevaría, pues con elemento de convicción alguno se modificaría la determinación aquí adoptada. Razón por la cual, es de mayor beneficio para el quejoso que, desde ahora, tenga conocimiento, el resultado de la procedencia de su pretensión; y así, evitarle la práctica de un trámite innecesario en atención a la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional. Sirve de apoyo la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Julio de 2006, página 921, con número de registro 174737, de rubro siguiente: DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Consérvese por separado en la Secretaría de este juzgado, las copias de la demanda de amparo que acompañan para mejor manejo del expediente. DOMICILIO Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la quejosa, el que indican en el proemio de su demanda. Sin embargo, a fin de cumplir con el esquema de trabajo y las medidas de contingencia implementadas por el Consejo de la Judicatura Federal en los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 13/2020, y 21/2020, para privilegiar el trabajo a distancia, exhórtese a la quejosa a que mediante promoción electrónica que presente a través del Portal de Servicios en Línea, solicite que las notificaciones que emanen de este asunto se le realice de forma electrónica. Para lo cual, únicamente podrá ofrecer un nombre de usuario, que corresponda a su persona, o bien, a una de las personas que señale como autorizados en términos amplios; pues de lo contrario, no se tendrá como válida dicha designación; o, en caso de mencionar dos o más usuarios para la práctica de las notificaciones respectivas, se utilizará al primero que señale..."

  3. Principal

    SE DESECHA LA DEMANDA DE GARANTÍAS PROMOVIDA POR LA PARTE QUEJOSA, TODA VEZ QUE NO AGOTÓ EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE MARCA LA LEY.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · 5,087 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano