Yadira Oliva Vázquez Carmona
Expediente 223/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 223/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 01/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · Veracruz
Partes del expediente
- Yadira Oliva Vázquez Carmona
Actuaciones
- Principal
HA CAUSADO ESTADO; archívese como asunto totalmente concluido; susceptible de destrucción.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO QUE DICE: Xalapa, Veracruz, trece de marzo de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Yadira Oliva Vázquez Carmona, contra actos de los 1. Magistrados Integrantes de la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad y otra autoridad; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio 223/2019 que le corresponde. Ahora bien, analizada la demanda de amparo origen de este juicio, se considera procedente efectuar el siguiente pronunciamiento: ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA DE AMPARO. En primer término, debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo prevé la facultad del Juez de Distrito de examinar la demanda de amparo y, en caso que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano. Así, debe tenerse en cuenta que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto. De tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia I.1o.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, mayo de 1998, tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. En el caso, el suscrito considera que, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, éste último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, porque el acto reclamado de acuerdo a su naturaleza no es de aquellos que produzcan al agraviado una ejecución de imposible reparación. En efecto, el citado artículo 61, fracción XXIII, de la ley de la materia vigente, establece que: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Por su parte, el diverso precepto 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, prevén que: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." De los artículos transcritos se ve que el juicio de amparo indirecto será procedente contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, de donde se desprende que cuando se reclaman en amparo indirecto actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, resulta indispensable que los daños causados por éstos, no tengan reparación alguna para el gobernado, afectando materialmente sus derechos sustantivos y no los adjetivos, entendiéndose por los primeros los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, mismos que se encuentran tutelados en nuestro texto constitucional, en virtud que la afectación no se destruye con el solo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia definitiva favorable en el juicio; por el contrario, los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pues si bien inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, si el quejoso obtiene sentencia favorable, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Al caso resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2ª. L/2015 (10ª.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 19, junio de 2015, Tomo I, Materias Constitucional y Común, pagina 1069, de rubro: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE EXCLUYE LA POSIBILIDAD DE RECURRIR A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO LAS VIOLACIONES PROCESALES QUE POR VIRTUD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 PODÍAN IMPUGNARSE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD." En el presente caso, la quejosa reclama; ? La resolución de veintiuno de enero del año en curso, en la cual la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, ordena que se reponga el procedimiento dentro del auto de no vinculación a proceso, y se deje insubsistente y sin efecto legal el auto de catorce de de mayo de dos mil dieciocho, en el que se admitió el desahogo de medios de prueba y todo lo actuado con posterioridad, el cual fue dictado por el Juez de Control de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en Pacho Viejo, Veracruz, dentro del proceso penal 217/2017. Tal determinación, como se anunció, no produce la afectación cierta e inmediata de algún derecho sustantivo, reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; esto es, las consecuencias de dicho acto no implican tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio del derecho involucrado; por lo que con su dictado solo produce lesiones de naturaleza formal. Es decir, para delimitar esa irreparabilidad, se necesitan dos condiciones: 1) que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente; y, 2) que esos derechos revistan la categoría de "sustantivos", expresión que resulta antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento. Lo anterior, porque en este caso, la resolución que ordena reponer el procedimiento dentro del auto de no vinculación a proceso, tiene efectos procesales o adjetivos, porque la resolución reclamada en esta instancia no contiene pronunciamientos relacionados con el fondo del asunto, esto es, no se pronunció respecto si se acreditó o no el delito de robo agraviado. Y tampoco sobre la probable autoría de los imputados ahora quejosos. Pues en esa determinación, únicamente se ordenó al Juez de Control responsable la reposición del procedimiento, tal como lo manifiesta la impetrante de amparo, bajo protesta de decir verdad. Como se ve, la Sala responsable no emitió pronunciamiento que impida en forma actual el ejercicio de derechos sustantivos de la aquí quejosa como de la vida, patrimonio, libertad, posesión o propiedad, sino que su determinación solo ocasiona que el Juez de Control responsable deje insubsistente el auto de no vinculación a proceso dictado a favor de la ahora quejosa y, en su lugar, en el momento procesal oportuno, resuelva su situación jurídica, con la obligación de tomar en cuenta lo expuesto por la Sala en la resolución reclamada. Por lo tanto, será hasta el momento en que el Juez de Control resuelva la situación jurídica de la aquí quejosa cuando, en su caso, resienta algún perjuicio en sus derechos públicos subjetivos, pues hasta ahora, se desconoce el sentido en que se pronunciará. Por las razones que se contienen, resulta aplicable la jurisprudencia P./J 17/91 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 25, Tomo VII, Mayo de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. PARA LOS EFECTOS DE SU PROCEDENCIA CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO QUE DEJA INSUBSISTENTE LA DE PRIMERA INSTANCIA Y ORDENA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, DEBE DETERMINARSE SI LAS CONSECUENCIAS DE LA INSUBSISTENCIA DEL FALLO Y DE LA REPOSICIÓN, SON O NO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN." En ese orden de ideas, es claro que en el acto que se reclama en este asunto, no se actualizan los supuestos para considerarlo como de imposible reparación, pues no afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, cuya afectación o sus efectos no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado de manera irreversible la violación de la garantía individual. Sino que únicamente tiene efectos formales o intraprocesales, derivados de la eventual infracción a derechos adjetivos o procesales que no necesariamente va a ocasionar que al momento que el Juez de Control resuelva la situación Judicial de los impetrantes de amparo, tal determinación sea desfavorable a sus intereses, sino que únicamente incide en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable. Por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en sus derechos públicos subjetivos. En caso contrario, si la violación que señala como acto reclamado en la demanda que se provee, trasciende al resultado del fallo, habiendo dejado sin defensa a la parte promovente, podrá hacer valer en el juicio de amparo directo que se promueva contra la respectiva resolución, atento a lo dispuesto por los artículos 171 y 172 de la Ley de la Materia, en ese tenor, el aspecto que reclama en su demanda de amparo constituyen propiamente cuestiones intraprocesales. Por ende, este acto no puede ser calificado como de imposible reparación para la parte quejosa, con el fin de reconocer la procedencia del amparo indirecto, pues no se surte ninguno de los supuestos determinados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, la anterior determinación no se contrapone a la jurisprudencia 1ª./J. 64/2016 (10a), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable en el libro 37, tomo I, página 356, diciembre de 2016, de rubro: "REPOSICIÓN DEL PROCESO PENAL. LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE ALZADA QUE LA ORDENA OFICIOSAMENTE RESPECTO DE UN IMPUTADO QUE SE ENCUENTRA EN RECLUSIÓN PREVENTIVA, CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, CONTRA EL CUAL PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Por otra parte, de la lectura integral de la demanda no se advierte que la quejosa se encuentre privada de su libertad, pues además refirió que el Juez de Control no impuso como medida cautelar la prisión preventiva, por lo que el acto que por esta vía reclama, al no contener pronunciamiento respecto del fondo del asunto, no le constituye un acto de imposible reparación, toda vez que no cuenta con una restricción a la libertad personal, que haya sido pospuesta con la emisión del acto reclamado. Por lo tanto, toda vez que el acto que por esta vía se reclama no causa a la solicitante de amparo un daño jurídico que no sea reparable, que produzca afectación directa e inmediata en sus derechos sustantivos, sino que atiende a aspectos adjetivos ya que tiene como objeto dilucidar cuestiones de carácter meramente procesal. En consecuencia, es evidente que en la especie se actualiza la causal de improcedencia contemplada en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, interpretada a contrario sensu y 113 de la Ley de Amparo, por lo tanto, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA. Además, con el objeto que la promovente tenga conocimiento, desde el inicio, del resultado de su pretensión y así, evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional; y permitirle, en su caso, que acceda en tiempo a la instancia correspondiente. Consérvese por separado en la Secretaría de este juzgado, las copias de la demanda de amparo que acompañan para mejor manejo del expediente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Así mismo, como autorizados en términos del artículo 12, párrafo segundo de la Ley de Amparo, a Oliverio Valencia Cancela y José Miguel González Tirado, debido a que no cuentan con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo en vigor, así como en capítulo tercero, del Acuerdo General Conjunto 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, procédase a la digitalización del expediente. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS Finalmente, con fundamento en el artículo 282 del Código de Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los Actuarios Judiciales de la adscripción puedan efectuar las actuaciones y diligencias que deriven de este juicio de amparo, incluso, fuera del horario que para tal efecto dispone la Ley de Amparo. Notifíquese como corresponda. Así lo proveyó y firma José Ezequiel Santos Álvarez, Juez Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, ante Guadalupe Domínguez Lagunes, Secretaria de Juzgado con quien actúa. Doy fe.
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