Yair Soto Aguilar y Otros.

Expediente 1471/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1471/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
02/10/2018

Partes del expediente

  • Yair Soto Aguilar y Otros.
  • Yair Soto Aguilar

Actuaciones

  1. Principal

    VI) Toluca, Estado de México; dos de octubre de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio remitido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE, por la Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de México con residencia en Naucalpan de Juárez, mediante el cual acusa recibo del oficio 26297/2018, a través del cual se le remitió el original del juicio de amparo indirecto 1471/2018-VI, asimismo, comunica que aceptó la competencia y se avocó el conocimiento del mismo, el cual registró con el número de amparo 1515/2018-I. Por tanto, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Las anotaciones respectivas háganse en el libro de gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: El presente asunto es susceptible de destrucción (punto vigésimo primero, inciso I, del Acuerdo General Conjunto referido), pues se resolvió mediante un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes en el punto segundo de las disposiciones generales, inciso XVIII del Acuerdo citado; a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadran en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Finalmente, se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante Notifíquese.

  2. Principal

    VI) Toluca, Estado de México; veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho. RECEPCION DE LA DEMANDA. Por recibida la demanda de amparo promovida por Gabriel Elías García Hernández, quien se ostenta con el carácter de abogado particular de Yair Soto Aguilar, Luis Fernando Hernández Saldaña, Luis Ángel Jiménez Zúñiga y Enrique Velázquez Orta, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Jilotepec, Estado de México y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE, con el número 1471/2018-VI. INCOMPETENCIA. En otro orden de ideas, cabe precisar que la competencia del Juez de Distrito para avocarse al conocimiento del asunto, se finca principalmente en tres factores: el territorio, la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado y la índole especial de la autoridad responsable; por tanto, para establecer la competencia el Juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de amparo, sino que es necesario analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Bajo esa tesitura, apreciada íntegramente la demanda de amparo de que se trata, se advierte que el acto reclamado en esta vía se hace consistir en: La resolución de trece de septiembre de dos mil dieciocho, emitida por el Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, México, al resolver el toca de apelación 480/2017, mediante la cual revocó el auto de no vinculación emitido por el Juez de Control de Jilotepec, México, en la carpeta administrativa 62/2017. Como consecuencia de lo anterior: El auto de veinticuatro de septiembre del año en curso por el cual se ordenó la reaprehensión dictada en contra de ellos. Su ejecución. Ahora, el artículo 37 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." En ese sentido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 96/2005-PS, determinó que la resolución que en un toca de apelación penal confirma un auto de formal prisión, es un acto que requiere ejecución material, toda vez que entre los efectos de la misma se encuentran: a. Que el procesado permanezca privado de su libertad cautelarmente, a disposición del Juez de primera instancia. b. Ya sea recluido en prisión preventiva o como consecuencia de las obligaciones que conlleva el beneficio de la libertad bajo caución, las cuales se traducen en una afectación a su libertad al consistir, entre otras, en comparecer periódicamente ante el órgano jurisdiccional. c. No poder hacer uso de su libertad de tránsito sin autorización del juzgador bajo cuya jurisdicción quede sometido. Lo que señaló, repercute directamente en la libertad personal del inculpado, quien continuará privado o restringido de ella, no sólo en virtud del auto de formal prisión dictado en primera instancia, sino también como consecuencia positiva de su confirmación en segunda instancia. Por lo que el Juez competente para conocer de un amparo será a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el juzgado de primera instancia que conoce del proceso penal. Por lo que si en el presente caso, el Juez de origen que conoce de la carpeta administrativa de la que deriva el acto apelado, lo es el Juez de Control de Jilotepec, Estado de México; de conformidad con el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, si los actos reclamados se ejecutan o se ejecutaran en dicho lugar, debe conocer de dicha demanda el Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan, en turno, en términos del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, que en la parte que interesa establece: "(.) II. SEGUNDO CIRCUITO: (.) Los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los siguientes Municipios: Aculco, Apaxco, Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Coyotepec, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chapa de Mota, Ecatepec de Morelos, Huehuetoca, Hueypoxtla, Huixquilucan, Isidro Fabela, Jaltenco, Jilotepec, Jilotzingo, Melchor Ocampo, Naucalpan de Juárez, Nextlalpan, Nicolás Romero, Polotitlán, Tonanitla, Soyaniquilpan de Juárez, Teoloyucan, Tepotzotlán, Tequixquiac, Timilpan, Tlalnepantla de Baz, Tultepec, Tultitlán, Villa del Carbón y Zumpango. (.)" (Lo subrayado no es de origen). Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 147/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 174, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Enero de 2006, Novena Época, del rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, CUANDO SE IMPUGNE EL FALLO QUE, EN APELACIÓN, CONFIRMA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. La resolución que en un toca de apelación penal confirma un auto de formal prisión, es un acto que requiere ejecución material, toda vez que entre los efectos de la misma se encuentran el que el procesado permanezca privado de su libertad cautelarmente, a disposición del Juez de primera instancia, ya sea recluido en prisión preventiva o como consecuencia de las obligaciones que conlleva el beneficio de la libertad bajo caución, las cuales se traducen en una afectación a su libertad al consistir, entre otras, en comparecer periódicamente ante el órgano jurisdiccional y no poder hacer uso de su libertad de tránsito sin autorización del juzgador bajo cuya jurisdicción quede sometido. Así, dicho fallo repercute directamente en la libertad personal del inculpado, quien continuará privado o restringido de ella, no sólo en virtud del auto de formal prisión dictado en primera instancia, sino también como consecuencia positiva de su confirmación en segunda instancia. Ahora bien, el artículo 36 de la Ley de Amparo prevé que el Juez competente para conocer de un amparo será el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; de ahí que al permanecer el procesado a disposición del Juez de primera instancia, la ejecución material del fallo confirmatorio será en el lugar de residencia de éste -que, en caso de que el inculpado esté recluido, coincide con el del centro de reclusión para la prisión preventiva- y, consecuentemente, la competencia para conocer del amparo interpuesto contra la resolución que en segunda instancia confirma un auto de formal prisión, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el juzgado de primera instancia que conoce del proceso penal. Asimismo, respecto a la consecuencia del acto reclamado consistente en la orden de reaprehensión dictada en contra de los quejosos, dicho acto tiene principios de ejecución precisamente en el lugar en que se encuentran recluidos los impetrantes, a saber en el Centro de Reinserción Social de Jilotepec, Estado de México. Lo anterior, toda vez que de la lectura de la demanda se aprecia que refirieron lo siguiente: "b) Domicilio: Accidentalmente recluidos en el CERESO de Jilotepec, Estado de México" En ese contexto, este órgano jurisdiccional considera que es legalmente incompetente por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo, toda vez que el acto reclamado tiene ejecución material en la circunscripción territorial en que ejerce jurisdicción el Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan, en turno, lugar en el cual las autoridades que pudieran ejecutar el mandato de captura y que señaló como responsables, tienen jurisdicción y competencia. Es aplicable al caso la jurisprudencia 1a./J. 37/2004, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 90, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Junio de 2004, Novena Época, número de registro 181369, del rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA. SI EL ACTO RECLAMADO ES UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y EL QUEJOSO SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD, LA TENDRÁ EL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN TENGA LUGAR SU EJECUCIÓN. De lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo se advierte que si el acto reclamado no requiere ejecución material será competente el Juez en cuya jurisdicción resida la autoridad que lo hubiese dictado; y que de lo contrario, es decir, si requiere de ejecución material, el Juez competente será el del lugar donde se verifique la ejecución del acto reclamado. En ese sentido, si el acto reclamado es una orden de aprehensión, la cual por su naturaleza requiere de ejecución material, y el quejoso se encuentra recluido, es indudable que el Juez competente será el de la jurisdicción donde tenga lugar la ejecución de dicha orden, esto es, aquel en cuya jurisdicción se encuentre la persona contra la cual va dirigida." De ahí que, en conformidad con el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, si los actos reclamados se ejecutan o se ejecutaran en dicho lugar, debe conocer de dicha demanda el Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan, en turno. Consecuentemente, se actualiza la hipótesis prevista en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, y por ende, a criterio de este órgano jurisdiccional la competencia para conocer del presente juicio de amparo se surte a favor del Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan, en turno, acorde con lo previsto en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Por lo que, lo procedente es declarar la legal incompetencia por territorio de este órgano de control constitucional para conocer de este juicio, declinándola en favor del Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan, en turno, para lo cual remítase el juicio de amparo, a fin de que dentro del plazo señalado en el artículo 48 de la Ley de Amparo, informe si acepta o no la legal competencia que se plantea. Ante lo expuesto, con fundamento en los ordinales 38 de la Ley de Amparo, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General número 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito y de los Juzgados de Distrito, comuníquese la presente determinación al Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan, en turno, a fin de acordar lo que en derecho corresponda. Por tanto, con las constancias respectivas fórmese cuaderno de antecedentes para los efectos legales a que haya lugar, pues con independencia de establecer la procedencia del amparo es necesario verificar primero la competencia del órgano jurisdiccional para pronunciarse al respecto; solicítese el acuse de recibo correspondiente y en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente, realícensele las anotaciones correspondientes. DOMICILIO. De conformidad con el artículo 26, fracción III, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, practíquense las notificaciones aun las de carácter personal, por medio de lista que se fija en este órgano de control constitucional, por así señalarlo la parte quejosa. De igual manera, se acuerda favorable la petición del promovente relativa a la autorización de la consulta del expediente electrónico; toda vez que se encontró registro del usuario de firma firel "GABRIEL1964" (Japhet), en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. AUTORIZADOS. En atención a la certificación de cuenta se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Manuel Saucedo Ortiz y Japhet Adrián Rodríguez Aguilar por tener registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y respecto a las restantes en términos del artículo 24, párrafo segundo de la Ley de Amparo por así haberse solicitado. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo señalado en el artículo 21 párrafo tercero de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA. Finalmente, con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese y por lista a la parte quejosa al ser el domicilio señalado para tal efecto.

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