Yadira Zulay Vilchis Sanchez
Expediente 517/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 517/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 22/05/2017
Partes del expediente
- Yadira Zulay Vilchis Sanchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
VI.- La certificación de cuenta evidencia que no fue recurrida por las partes la sentencia dictada el dos de mayo del año en curso (fojas 30 a la 32), a través de la cual se sobreseyó el juicio de amparo; por tanto, con fundamento en la fracción II del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que ha causado estado. En otro orden, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este juzgado de Distrito. Las anotaciones respectivas háganse en el libro de gobierno. Ahora, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de depuración. Lo anterior, pues encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo y cuarto del Acuerdo General Conjunto de referencia. Ello es así, pues se concedió la suspensión de plano mediante proveído de tres de abril de dos mil diecisiete; no obstante a que en sentencia de dos de mayo del año en curso, se sobreseyó el presente juicio de amparo. En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Se hace la precisión que una vez que obren la totalidad de los acuses de notificación, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa.
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vi.- Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************en los términos precisados en esta determinación.
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VI) Toluca, Estado de México; diez de abril de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimiento Civiles de aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, por recibido el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Hermosillo, a través del cual debidamente diligenciado el exhorto 169/2017, del ordinal de este juzgado; atento a lo anterior, téngase debidamente notificado al quejoso del proveído de siete de febrero del presente año, agréguese a los presentes autos para que surta los efectos legales conducentes; y acúsese recibo vía telegráfica. En consideración a la notificación remitida por el homólogo federal de cuenta, por la cual el quejoso Jesús Alejandro Leal Flores, ratifica su escrito de desistimiento; se tiene por desistido al quejoso del juicio promovido; y visto el estado de autos resérvese acordar lo conducente hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia emitida en el presente juicio de amparo. Por otra parte, visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo se advierte que no obran los acuses de recibo de los oficios 2480, 2481, 2482, 2483, 2484 y 2485, dirigidos a las autoridades responsables: Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación. Director del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano" con residencia en Toluca, Estado de México. Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano" con residencia en Toluca, Estado de México. Juez Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en Toluca Estado de México. Juez Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales con residencia en Toluca, Estado de México. Director del Centro Federal de Readaptación Social Número Once con residencia en Hermosillo Sonora. Por los cuales se les ordenó notificar la sentencia dictada en autos. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 constitucional a fin no retrasar el procedimiento en el presente juicio de amparo reexpídanse los oficios correspondientes; se comisiona al Actuario adscrito para que realice la entrega y envío de los mismos. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Carolina Denysee Villagrán Salinas que autoriza, firma y da fe.
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IV) V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 904/2016-IV, promovido por Irma Reynoso Galeana, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia de Temascaltepec, Estado de México y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el quince de junio de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, turnado ese día a este órgano jurisdiccional, Irma Reynoso Galeana solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos y autoridades precisados a continuación: Acto reclamado: "A) DE LA AUTORIDAD ORDENADORA, RECLAMO todos los autos, decretos y resoluciones, así como la sentencia o sentencias definitivas dictadas dentro del expediente relativo al Juicio Ordinario Civil promovido por la Tercero Perjudicada ERIKA H. RAMIREZ con fecha ocho de marzo de dos mil trece, en el Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Temascaltepec, Estado de México, con el número de expediente 135/2013 del índice de dicho juzgado, y la orden de ejecutar dichos actos procesales para materializarse sobre un inmueble del que la suscrita soy propietaria y poseedora que es la casa marcada con el número 63 de la Calle Juárez de la Colonia Centro, municipio de Tejupilco, Estado de México, consistente en el otorgamiento y firma de escritura en favor de dicha persona ERIKA H. RAMIREZ, esto es, la ejecución de la sentencia recaída en el juicio mencionado en ambas instancias, en específico, LA ORDEN DE CUMPLIMENTAR el RESOLUTIVO TERCERO de la sentencia definitiva de fecha tres de septiembre del año dos mil catorce, POR PARTE DEL JUZGADOR PRIMARIO, consistente en que la C. Licenciada en Derecho MARIA DEL LOURDES ZENIL ARANDA, Notario Interina de la Notaria Pública Número 78 de Temascaltepec, Estado de México, está requiriendo la comparecencia de los CC. GUADALUPE REYNOSO VIVERO y MA. LUISA GALEANA MACEDO a efecto de que firmen la escritura a favor de la C. ERIKA H. RAMIREZ, en virtud de que así lo está ordenando la sentencia emitida por el C. Juez Mixto de Primera Instancia de Temascaltepec, Estado de México, acto este que es totalmente ilegal puesto que la C. ERIKA H. RAMIREZ, en su calidad de extranjera, no reúne los requisitos a que hacen referencia los artículos 27 Constitucional en su Noveno Párrafo, Fracción I, por cuanto a la prohibición de los extranjeros para adquirir el dominio de tierras y aguas, así como los artículos 1 y 10 A de la Ley de Inversión Extranjera esto es, que esta persona, en el supuesto contrato privado de compraventa, jamás expresó su condición de extranjera aun cuando lo es, ni tampoco que se encontraba en el país en calidad de turista ni demostró tener una estancia legal de residencia en nuestro país, ni se comprometió en el mencionado contrato apócrifo a convenir ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES EN CONSIDERARSE COMO NACIONAL RESPECTO DEL INMUEBLE QUE SUPUESTAMENTE ADQUIRÍA y EN NO INVOCAR, POR LO MISMO, LA PROTECCIÓN DE SU GOBIERNO POR LO QUE SE REFIERE AL MISMO ni mucho menos acreditó la procedencia legal del dinero con el cual dice, pagó el precio del bien inmueble que supuestamente adquirió por parte de los vendedores GUADALUPE REYNOSO VIVERO y MA. LUISA GALEANA MACEDO, por tanto, si dicho bien inmueble fue adquirido con dinero de procedencia ilícita, la operación de compraventa supuestamente celebrada entre los CC. GUADALUPE REYNOSO VIVERO y MA. LUISA GALEANA MACEDO, en su carácter de vendedores y la C. ERIKA H. RAMIREZ, en su calidad de compradora, respecto del bien inmueble ubicado en la calle de Juárez número 63 sesenta y tres, Colonia Centro, municipio de Tejupilco, Estado de México, ES TOTALMENTE NULA. Pero fundamentalmente reclamo el no haber sido oída y vencida en juicio conculcando mi derecho al debido proceso consagrado en la constitución. B) DE LA AUTORIDAD EJECUTORA, señalo como acto reclamado de esta autoridad el cumplimiento que pretenda dar a lo que ordena la autoridad ordenadora, es decir, el requerimiento que está haciendo a los CC. GUADALUPE REYNOSO VIVERO y MA. LUISA GALEANA MACEDO para el efecto de que comparezcan ante su Despacho para firmar la Escritura Pública a favor de la C. ERIKA H. RAMIREZ, circunstancia que es totalmente contraria a derecho, si tomamos en consideración la prohibición constitucional que impone a los extranjeros para adquirir el dominio de tierras y aguas, independientemente de la procedencia dudosa del dinero con el cual pago el precio de la operación de compraventa respecto del bien inmueble ubicado en la calle de Juárez número 63 sesenta y tres, Colonia Centro, municipio de Tejupilco, Estado de México." Autoridades responsables: "C. Juez Mixto de Primera Instancia con sede en Temascaltepec, Estado de México. C. Notaria Interina de la Notaría número 78 con residencia en Temascaltepec, Estado de México." SEGUNDO. Derechos fundamentales invocados. La impetrante señaló como derechos fundamentales transgredidos los contenidos en los artículos 1°, 14, 16 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Auto preventivo. Mediante proveído de diecisiete de junio de dos mil dieciséis, se formuló prevención a la accionante constitucional (foja 21). CUARTO. Admisión de la demanda. El uno de julio de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda constitucional, además, se solicitó informe justificado a la autoridad responsable, se otorgó intervención al Representante Social de la adscripción, y se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados Erika H. Ramírez, Guadalupe Reynoso Vivero y María Luisa Galeana Macedo (foja 33). QUINTO. Audiencia constitucional. Notificadas las partes de lo anterior, se llevó a cabo la audiencia constitucional respectiva, en términos del acta precedente. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37, 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; 48, en relación con el 54, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el punto cuarto del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, pues la consecuencias del acto reclamado surten efectos donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. Por su aplicación al caso, se cita la tesis publicada en la página 3290, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXII, Materia Común, Quinta Época, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de registro 808655, con el rubro y texto: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO, AMPARO PEDIDO POR EL. Si una persona promueve un amparo como tercero extraño a un juicio, no está obligado a agotar los recursos ordinarios establecidos contra el acto de que se queja." SEGUNDO. Precisión de actos. Previo a ponderar sobre la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo; al realizar para tal efecto, un análisis de la demanda constitucional, como lo ha dispuesto nuestro máximo Tribunal de la República. Por ende, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se hace la indicación que Irma Reynoso Galeana, en su carácter de tercera extraña a juicio tilda de inconstitucional: Todo lo actuado en el juicio de otorgamiento y firma de escritura 135/2013, de la estadística del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Temascaltepec, Estado de México, instado por Erika H. Ramirez, contra Guadalupe Reynoso Vivero y María Luisa Galeana Macedo, así como los actos tendentes a materializar la sentencia dictada en ese contradictorio, en el inmueble ubicado en la calle Juárez, número sesenta y tres (63), colonia Centro, municipio de Tejupilco, Estado de México. En este sentido, con apoyo en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo resulta aplicable la jurisprudencia 40/2000, publicada en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2000, Tomo XI, Novena Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de registro 192097, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De igual forma, es aplicable por las razones que la contienen, la tesis P. VI/2004, publicada en la página 255 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2004, Tomo XIX, Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de registro 181810, cuyos epílogo y sinopsis son: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir la quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." TERCERO. Existencia del acto reclamado. Previo al análisis de la constitucionalidad del acto controvertido, resulta oportuno pronunciarse sobre su certeza, pues por razón de método, en toda sentencia de amparo dicha situación debe ocurrir previamente. A lo anterior es aplicable la jurisprudencia 10, publicada en la página 68, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, Tomo 76, Abril de 1994, Octava Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, número de registro 212775, cuyos rubro y texto son los siguientes: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Al rendir informe justificado, el Juez Mixto de Primera Instancia de Temascaltepec, Estado de México aceptó la existencia del acto reclamado (foja 55). Certeza corroborada con las constancias que adjuntó a dicho informe, consistentes en copia certificada del juicio de otorgamiento y firma de escritura 135/2013, instado por Erika H. Ramírez contra Guadalupe Reynoso Vivero y María Luisa Galeana Macedo; constancias que por tratarse de actuaciones judiciales adquieren pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, y con las que se demuestra la existencia de los actos reclamados. A lo expuesto resulta aplicable la jurisprudencia publicada en la página 231, Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, número de registro 917812, cuyo contenido es: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por su parte, la Notaria Interina número 78 con residencia en Temascaltepec, Estado de México omitió precisar la certeza o inexistencia de los actos reclamados, pues solo realizó diversas manifestaciones con el fin de justificar la actividad desplegada con motivo de los actos impugnados. En tal virtud, como el informe justificado debe ser coherente con la demanda de amparo origen del juicio constitucional, y en el caso, ello no aconteció, es evidente que se está en presencia similar a una falta de informe respecto de la Notaria responsable; por tanto, debe presumirse cierto el acto a ella atribuido, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Se estima aplicable, en lo conducente la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página setenta y cuatro, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo CXX, Tercera Parte, cuyos rubro y texto son: "INFORME JUSTIFICADO. DEBEN PRESUMIRSE CIERTOS LOS ACTOS SI EN EL NO SE EXPRESA SI SON O NO CIERTOS. De acuerdo con lo establecido por el artículo 149 de la Ley de Amparo, deben presumirse ciertos los actos reclamados cuando la autoridad responsable no rinde informe justificado, lo que no sólo se presenta cuando materialmente no se rinde dicho informe, sino también cuando, habiéndose presentado, en él simplemente se transcriben los actos reclamados en la demanda, sin manifestarse si los mismos fueron o no ciertos." CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Las constancias remitidas como anexo al informe justificado evidencian los antecedentes siguientes: 1) Mediante escrito presentado el ocho de marzo de dos mil trece, ante la Oficialía de Partes del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Temascaltepec, Estado de México, Erika H. Ramírez demandó de Guadalupe Reynoso Vivero y María Luisa Galeana Macedo, el cumplimiento y pago de diversas prestaciones, entre ellas, el otorgamiento y firma de escritura respecto del inmueble ubicado en la calle Juárez, número sesenta y tres (63), colonia Centro, Distrito de Temascaltepec, Estado de México (foja 1 del legajo de copias certificadas del juicio 135/2013). 2) Admitida la demanda y seguido el trámite del juicio, el tres de septiembre de dos mil catorce, se emitió sentencia definitiva en la cual se condenó a Guadalupe Reynoso Vivero a otorg ar a su contraparte la firma de la escritura pública solicitada (foja 343 del legajo de copias certificadas del juicio 135/2013). 3) Esa sentencia fue confirmada por la Primera Sala Regional Civil de Toluca, Estado de México, y posteriormente el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito negó la protección de la Justicia de la Unión a las partes que se inconformaron contra el fallo de segunda instancia (fojas 367 y 369 del legajo de copias certificadas del juicio 135/2013). 4) Después de diversas diligencias, mediante proveído de cinco de abril de dos mil dieciséis, el Juez Mixto de Primera Instancia de Temascaltepec, Estado de México designó la Notaría Pública que se encargaría de materializar la sentencia dictada en ese contradictorio (foja 401 del legajo de copias certificadas del juicio 135/2013). QUINTO. Causa de improcedencia. Previo el estudio del fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causas de improcedencia o sobreseimiento invocadas por las partes o advertidas de oficio por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, cuyo contenido es: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Asimismo, de acuerdo a la jurisprudencia II.1o. J/5, publicada en la página 95 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Mayo de 1991, Materia Común, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con el registro 222780, del contexto siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Y la tesis publicada con la clave I.7o.P.11 K, en la página 1200 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Agosto de 2008, Tomo XXVIII, Materia Común, Novena Época, emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, del registro 169036, cuyo contenido es: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ESTUDIO POR EL JUZGADOR DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE LA MATERIA TIENE UN ORDEN PREFERENTE EN CASO DE CONCURRENCIA. Del artículo 74 de la Ley de Amparo se advierte la exigencia a los órganos jurisdiccionales de realizar el análisis de las causas de sobreseimiento previo a la sustanciación del juicio; sin embargo, éstas deben estudiarse en un orden preferente si fuesen concurrentes, en atención a la naturaleza de su fundamento, esto es, primero debe analizarse el supuesto previsto en la fracción II, relativo a la muerte de la quejosa durante el juicio, si la garantía reclamada sólo afecta derechos estrictamente personales del agraviado, es decir, inseparables de su persona, como la libertad o la vida, pues sin duda la extinción del juicio de amparo se actualiza al quedar sin parte agraviada y sin garantía que tutelar y, por el contrario, no provocan el sobreseimiento en el juicio los actos que lesionan derechos o intereses jurídicos, generalmente de carácter patrimonial o económico, que no sean inseparables de la persona del agraviado. En segundo lugar debe verificarse la hipótesis prevista en la fracción IV que previene la inexistencia de los actos reclamados, ya que el amparo únicamente puede sustanciarse contra los existentes y concretos, no probables o eventuales, pues el análisis es jurídicamente imposible ante la ausencia de ellos. En tercer lugar resulta preferente el análisis de la fracción I, consistente en que el agraviado desista expresamente de la demanda, en atención al principio básico de que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada y atender a su intención de no preservar su propósito de concluir el procedimiento de garantías, esto es, la facultad irrestricta que tiene el agraviado para desistir de su demanda de garantías armoniza perfectamente con el principio de iniciativa o instancia de parte agraviada que rige el ejercicio de la acción de amparo. En cuarto lugar deben verificarse los supuestos previstos en la fracción V que regulan la caducidad de la instancia por inactividad procesal y, finalmente, atender a la fracción III, relativa a las causales de improcedencia previstas en el artículo 73 de la Ley de Amparo." En el caso particular, la tercero interesada Erika H. Ramírez, aduce que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, la cual establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de la quejosa, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." Lo anterior, pues sostiene que la quejosa carece de interés jurídico, ya que su pretensión no se encuentra reconocida por la ley; es decir, no tiene derecho para demandar el juicio de amparo, pues los actos que reclama no le causan ningún perjuicio ni de manera inmediata ni de manera directa, ya que el contrato de donación puro y simple que exhibió, no se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad de la ubicación del inmueble. La causa de improcedencia planteada debe desestimarse, por las consideraciones a continuación expuestas. La quejosa reclama todo lo actuado en el juicio de otorgamiento y firma de escritura 135/2013, de la estadística del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Temascaltepec, Estado de México, instado por Erika H. Ramirez, contra Guadalupe Reynoso Vivero y María Luisa Galeana Macedo, así como los actos tendentes a materializar la sentencia dictada en ese contradictorio, en el inmueble ubicado en la calle Juárez, número sesenta y tres (63), colonia Centro, municipio de Tejupilco, Estado de México. Mientras que los argumentos vertidos por la tercero interesada, son cuestiones que están relacionados con la forma en que se resolverá el fondo del presente juicio, de ahí que deba desestimarse la causal de improcedencia formulada. Se encuentra apoyo en la Jurisprudencia P./J. 135/2001, visible en la página 5, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Enero de 2002, tomo XV, Novena Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse." SEXTO. Conceptos de violación. Establecido lo anterior, tanto las consideraciones que sustentan el acto reclamado, como los argumentos vertidos a manera de conceptos de violación por la parte quejosa, se tienen por reproducidos en este apartado como si a la letra se insertaran, pues no existe precepto alguno en la Ley de Amparo que establezca la obligación de transcribirlos. A lo anterior, sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, con número de registro 164618, publicada en la página 830, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 2010, Tomo XXXI, Materia Común, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que precisa: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Así como la jurisprudencia 68/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XII, Agosto de 2000, página 38, registro 191384, cuyo rubro y texto dicen: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe abandonarse la tesis jurisprudencial que lleva por rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICOS Y JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR.", en la que, se exigía que el concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas, demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones de la separación de ese criterio radican en que, por una parte, los artículos 116 y 166 de la Ley de Amparo no exigen como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo." Y la tesis con el número de registro 219558, publicada en la página 406, del Semanario Judicial de la Federación, Abril de 1992, Tomo IX, Octava Época, que advierte: "ACTO RECLAMADO. NO ES NECESARIO TRANSCRIBIR SU CONTENIDO EN LA SENTENCIA DE AMPARO. De lo dispuesto por el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, sólo se infiere la exigencia relativa a que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo contengan la fijación clara y precisa de los actos reclamados, y la apreciación de las pruebas conducentes para tener o no por demostrada su existencia legal, pero no la tocante a transcribir su contenido traducido en los fundamentos y motivos que los sustentan, sin que exista precepto alguno en la legislación invocada, que obligue al juzgador federal a llevar a cabo tal trascripción, y además, tal omisión en nada agravia al quejoso, si en la sentencia se realizó un examen de los fundamentos y motivos que sustentan los actos reclamados a la luz de los preceptos legales y constitucionales aplicables, y a la de los conceptos de violación esgrimidos por el peticionario de garantías". No obstante lo anterior, en atención al principio de congruencia y exhaustividad que toda sentencia debe reunir, es pertinente señalar en síntesis los conceptos de violación. a) Con la emisión del acto reclamado las responsables transgreden lo establecido en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 14, 16 y 27 de ese mismo ordenamiento, pues emiten un acto que carece de su forma escrita, así como de la fundamentación y motivación exigida a todo acto de autoridad. b) Las responsables violan en su perjuicio las garantías de legalidad y seguridad jurídica tuteladas en los artículos 14 y 16 Constitucionales, ya que pretenden privarle de la propiedad que detenta respecto del inmueble ubicado en calle Juárez, número sesenta y tres (63), colonia Centro, municipio de Tejupilco, Estado de México, en virtud de que no se siguieron las formalidades esenciales del procedimiento, puesto que no fue oída ni vencida en juicio. Establecido lo anterior, a criterio de este juzgador los motivos de disenso expuestos por la promovente del amparo se estiman infundados, mismos que serán analizados de manera conjunta en razón de su estrecha vinculación, de conformidad con las facultades otorgadas en el artículo 76 de la Ley de Amparo, sin que exista materia para suplirlos en cuanto a su deficiencia, por no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 79 de la ley de la materia, en atención a las siguientes consideraciones. Sobre el particular resulta aplicable el criterio sustentado por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicado en la 1710 del Tomo XVIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Agosto de 2003, Novena Época, con número de registro 183588, que establece: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SU ANÁLISIS PUEDE HACERSE DE MANERA CONJUNTA, SIEMPRE QUE EL JUZGADOR SE OCUPE DE TODOS LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 79 de la Ley de Amparo, el análisis de los conceptos de violación expresados por el quejoso puede hacerse de manera conjunta, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada; en donde resulta que no interesa la forma en que se emprenda el examen de tales argumentos, esto es, de manera individual, conjunta, o por grupos, o bien, en el propio orden de su exposición o en uno diverso, sino el hecho de que el juzgador se ocupe de todos esos argumentos, es decir, que no deje alguno sin estudiar, independientemente de la forma que utilice; por lo que ningún perjuicio irroga al quejoso la circunstancia de que el Juez Federal no haya hecho un estudio concreto de cada uno de los conceptos de violación contenidos en la demanda de garantías, si del estudio conjunto se advierte que sí se observó el punto cuestionado." En ese sentido, debe señalarse que el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es del tenor siguiente. "Artículo. 14. (.) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. (.)." De lo expuesto se concluye que el párrafo segundo de dicho precepto legal establece la garantía de audiencia, que se refiere a la ineludible obligación a cargo de las autoridades para que, de manera previa al dictado de un acto de privación, cumplan con una serie de formalidades esenciales, necesarias para oír en defensa a los afectados. Lo anterior tiene como finalidad de brindar al gobernado la seguridad de que los actos privativos se emitan con total y en estricto acatamiento a normas legales y no en modo anárquico o autoritario. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el respeto a la garantía de audiencia consiste en otorgar al justiciable la posibilidad de defensa previo al acto de privación de sus propiedades, posesiones o derechos, para lo cual tendrán que seguirse las formalidades esenciales del procedimiento, y las cuales se traducen en notificar el inicio del procedimiento y sus consecuencias; la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; la oportunidad de alegar; y el dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. En caso de que las autoridades no llevaran a cabo lo referido se incumpliría con la garantía de audiencia al dejarse en estado de indefensión a los gobernados. Sirve de apoyo la jurisprudencia P./J. 47/95, publicada en la página ciento treinta y tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, diciembre de mil novecientos noventa y cinco, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado". Establecido lo anterior, la quejosa aduce que no fue oída ni vencida en juicio, por lo que acude al presente juicio de amparo en su carácter de tercera extraña, según lo establece el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo que dispone que el juicio de amparo procede contra actos que afecten a personas extrañas a él. Ahora, para efectos del amparo por persona tercera extraña a juicio debe entenderse como aquella que sin ser parte material en un juicio resiente una afectación en su esfera jurídica con la ejecución de las resoluciones dictadas dentro de aquel, y puede encuadrar en dicha figura aquel individuo que no fue emplazado o fue emplazado incorrectamente. En ese tenor, se dan dos supuestos de persona extraña a juicio: el propiamente dicho o stricto sensu y el equiparado, en los que cada uno de éstos presenta diversas particularidades que los distinguen, pues mientras en el primer supuesto su posición es la de ser una persona distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, el segundo es aquella persona que debiendo ser sujeto de la relación procesal, por ser demandado no fue llamado a juicio. Se encuentra apoyo en la jurisprudencia 331, visible en la página 280 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, sustentada por del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." En la especie, la quejosa se ostenta como persona tercera extraña en stricto sensu, pues aduce que aun cuando no es parte en el juicio de otorgamiento y firma de escritura 135/2013, de la estadística del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Temascaltepec, Estado de México, no ha sido oída ni vencida en dicho procedimiento. En esa tesitura, si en una demanda de amparo la quejosa se ostenta como tercera extraña poseedora de un inmueble en calidad de propietario, es necesario que pruebe su interés jurídico con la plena demostración de la propiedad de dicho bien, pues de lo contrario, se le tendrá como simple detentadora por falta de causa legal que la apoye, sin que dicha posesión sea susceptible de ser protegida a través del juicio de amparo. En efecto si bien, el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece cual es el tipo de posesión que debe protegerse mediante el juicio de amparo; esto es, si la posesión que se funda en un título sustentado en alguna figura jurídica prevista en la ley o la simple detentación material de las cosas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando los quejosos se ostentan como personas extrañas al juicio de origen, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que la promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tienen derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión, sin que ello implique decidir sobre el derecho sustantivo, pues el pronunciamiento que se haga sobre la eficacia del título solo tendrá efectos en el juicio de amparo ya que el derecho a la posesión del bien relativo será resuelta por la instancia común. En ese sentido, cabe resaltar que el interés jurídico a que se hace alusión consiste en la existencia de un derecho tutelado legítimamente por el ordenamiento jurídico objetivo, que al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculta al agraviado para acudir ante el órgano jurisdiccional y demandar la reparación de dicha trasgresión. Asimismo, tal interés jurídico debe entenderse como aquél que las partes tienen en relación con los derechos o las cosas materia del juicio en que intervienen. Al caso sirve de apoyo la jurisprudencia VI. 2o. J/8, publicada en la página 364 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre de 1990, Octava Época, registro 224803, del contenido siguiente: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." Así como la jurisprudencia por contradicción P./J. 1/2002, publicada en la página 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común". Para acreditar su interés jurídico en el presente juicio de amparo, la quejosa ofreció como prueba, el contrato de donación pura y simple de doce de diciembre de dos mil once, celebrado entre Guadalupe Reynoso Vivero y Ma. Luisa Galeana Macedo como donantes e Irma Reynoso Galeana, como donataria del inmueble ubicado en calle Juárez, número sesenta y tres (63), colonia Centro, municipio de Tejupilco, Estado de México. Con base en lo señalado, la causa generadora de la propiedad de la quejosa deriva de un título que se sustenta en una figura jurídica prevista por la ley, en este caso, el derecho de propiedad de la peticionaria del amparo tiene como base el título derivado del contrato de donación pura y simple previsto en el artículo 7.610 del Código Civil del Estado de México, celebrado entre Guadalupe Reynoso Vivero y Ma. Luisa Galeana Macedo como donantes y la ahora quejosa Irma Reynoso Galeana, como donataria, respecto del bien inmueble materia de la litis. En el caso particular, el contrato de donación exhibido por la quejosa con el cual pretende demostrar la afectación a su interés jurídico, es de fecha cierta ya que si bien éste constituye un contrato entre particulares sin que en dicho acto jurídico intervenga autoridad alguna del Estado; sin embargo, de autos queda acreditado que la testigo Oliva Hernández Ramírez falleció el diecisiete de diciembre de dos mil once, tal como se acredita con la copia certificada del acta de defunción ARC1385453, con data posterior a la suscripción del contrato de donación que nos ocupa, circunstancia con la cual dicho documento contractual adquirió certeza en su contenido, al haberse ubicado en el presupuesto señalado en segundo término marcado con el inciso b), por lo que, a partir de esa fecha el referido acto traslativo de dominio adquirió certeza jurídica. Al respecto resulta aplicable el criterio jurisprudencial sustentado por la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal del País, visible en la página 768 del Tomo II, Libro 33 de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Agosto de 2016, Décima Época, que establece: "DOCUMENTO PRIVADO DE COMPRAVENTA. PARA EFECTOS DE ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO DE QUIEN SE OSTENTA COMO PROPIETARIO DE UN INMUEBLE EN UN JUICIO DE AMPARO, ADQUIERE FECHA CIERTA CON EL FALLECIMIENTO DE CUALQUIERA DE SUS TESTIGOS FIRMANTES. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 52/97, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 46/99, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO.",¹ determinó que los documentos privados, no objetados, en los que constan actos traslativos de dominio de bienes inmuebles, surten plenos efectos probatorios cuando sean de fecha cierta, lo que ocurre: 1) a partir del día en que se celebran ante fedatario o funcionario público autorizado; 2) desde que se inscriban en el Registro Público de la Propiedad; y, 3) a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. Ahora bien, esta última expresión no debe interpretarse en sentido restrictivo, esto es, como referente sólo a las partes que con su firma manifestaron su voluntad de transmitir y adquirir la propiedad de un bien raíz, sino que también abarca a quienes lo suscribieron exclusivamente en su calidad de testigos, pues el concepto de "fecha cierta" de un documento privado por fallecimiento de quien lo suscribió, deriva de la imposibilidad física de que puedan suscribirlo en fecha posterior a su deceso y anterior al acto de autoridad reclamado en amparo; por lo que dada la mayor certeza que ese aspecto aporta sobre la fecha de celebración del acto traslativo del inmueble que obre en un documento privado, este último es apto para acreditar el interés jurídico de quien se ostente como su propietario en un juicio de amparo". En consecuencia, el medio probatorio señalado y aportado por la peticionaria del amparo, adquiere fecha cierta al haberse acreditado el fallecimiento de la testigo Oliva Hernández Ramírez, no obstante lo anterior, debe precisarse que dicha circunstancia es insuficiente para acreditar que el derecho real que ostenta, surte efectos frente a terceros, pues tratándose de inmuebles, es necesaria la inscripción ante el Registro Público de la Propiedad correspondiente, circunstancia que en el caso no acontece, pues el documento materia de análisis nunca fue presentado ante la autoridad correspondiente para tramitar la inscripción respectiva. En tales condiciones, lo expuesto permite concluir que si la quejosa no demostró haber inscrito el inmueble que por esta vía defiende ante el Registro Público de la Propiedad correspondiente, el derecho que pretende hacer valer no surte efectos legales frente a terceras personas, pues para estimar válida la traslación del dominio como la constitución del derecho real de propiedad en su favor, resulta indispensable que se verifique su inscripción, pues de no acontecer tal supuesto el derecho subjetivo público de propiedad derivado del pacto de voluntades, no tendrá la publicidad suficiente para oponerse frente a otras personas. Consecuentemente, al centrarse la litis del juicio de origen en el otorgamiento y firma de escritura, en el que si bien se involucró el inmueble que defiende la quejosa; sin embargo, el contrato de donación pura y simple exhibido por la parte quejosa no tiene el alcance pretendido, esto es, surtir efectos frente a terceras personas por los motivos anteriormente señalados, debe precisarse que no asiste la razón a la impetrante al estimar que tal documental es suficiente para concederle el amparo a efecto de que sea respetado el derecho que ostenta, pues los derechos ventilados en relación con el inmueble en controversia solo atañen a los contendientes en el procedimiento natural, razón por la cual en el caso particular se impone negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. La negativa del amparo se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados a la Notaria Interina de la Notaría número Setenta y ocho (78) con residencia en Temascaltepec, Estado de México, en atención a que no se reclamaron por vicios propios. Resulta aplicable, la tesis publicada en la página 357, Tomo I, Primera Parte-1, Enero a Junio de 1988, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con rubro y texto siguientes: "AUTORIDADES ORDENADORAS, AMPARO CONTRA. SU NEGATIVA DEBE HACERSE EXTENSIVA A LAS EJECUTORAS, SI NO SE RECLAMARON SUS ACTOS POR VICIOS PROPIOS. Si no quedaron demostradas las violaciones aducidas en la demanda de garantías, respecto de las autoridades ordenadoras, ha lugar a negar la protección constitucional solicitada, debiéndose extender a los actos de ejecución, cuando los mismos no se impugnaron por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender de lo atribuido a la sentencia reclamada." También es aplicable, la Jurisprudencia 1328, publicada en la página 1492, del Apéndice 1917-Septiembre 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Materia Común, Quinta Época, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 1003207, cuyos rubro y texto son los siguientes: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo considera violatoria de garantías la resolución que ejecutan, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución, si no se reclaman, especialmente, vicios de ésta." De igual forma, es aplicable la jurisprudencia II.3o. J/12, publicada en la página 41, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 55, julio de 1992, octava época, emitida por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con número de registro 218867, cuyo rubro y texto son los siguientes: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE LAS, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Cuando el amparo y protección de la justicia federal se concede en contra de actos atribuidos a las autoridades ordenadoras, tal concesión debe hacerse extensiva a las ejecutoras al no existir impugnación por vicios propios." Finalmente, no existe obligación por parte de este juzgado de analizar los argumentos que vierten a manera de alegatos los terceros interesados, para que con ello diera motivo a emitir opinión diversa respecto del sentido pronunciado en el presente fallo, pues éste no depende de los argumentos que al respecto viertan las partes, sino de la existencia y naturaleza del acto reclamado. Al respecto es aplicable, la tesis visible en la página mil 748 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XCV, Materia Civil, Quinta Época, que establece: "ALEGATOS EN EL AMPARO. El escrito de alegatos formulado para la audiencia constitucional, no puede ser considerado como promoción en la que se intenten acciones o se opongan excepciones, y por lo mismo la circunstancia de que el Juez de Distrito no analice en su fallo todos los argumentos esgrimidos en aquel escrito por el tercer perjudicado, no implica la infracción del artículo 349 del Código Federal de Procedimientos Civiles." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 73, 74, 75, 76, 123, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Irma Reynoso Galeana, por los actos y contra las autoridades descritas en los considerandos segundo y tercero y por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LAS PARTES. Así lo resolvió y firma, Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, hoy cinco de abril de dos mil diecisiete, ante José Antonio Ruiz Rosales, Secretario que da fe. Doy fe.
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