Yahayra Vanessa Bates Castillo

Expediente 540/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
540/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
31/05/2023

Partes del expediente

  • Yahayra Vanessa Bates Castillo

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia de doce de mayo de dos mil veintitrés, que sobreseyó el presente juicio, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA la citada sentencia que en su único resolutivo, sobreseyó en el presente juicio de amparo, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Amparo, archívese el presente juicio como asunto concluido. Con apoyo en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que en el mismo se sobreseyó el presente juicio. Asimismo, se hace notar que no se tramitó incidente de suspensión y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente de la fecha en que se ordena el archivo y que se trata de un asunto destruible. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL ... Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las documentales que la parte quejosa adjuntó a su demanda de amparo y las remitidas por la juez responsable con su informe justificado; en mérito de lo anterior, la Jueza acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas documentales citadas debido a que ya obran en autos, las cuales se tienen por desahogadas en virtud de su naturaleza jurídica, con lo cual, se cierra dicha etapa. Abierto el período de alegatos, no se da cuenta con promoción alguna, por lo que se decreta la conclusión de esta etapa de la audiencia. A continuación, no habiendo diligencias pendientes por desahogar, la Juez declara visto el expediente y procede a dictar la siguiente resolución. Vistos, para resolver el juicio de amparo 540/2023-VI, promovido por ******************** contra los actos que reclamó del Juez Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida, por violación a los artículos 8º, 14º, 16º y 17° Constitucionales; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito presentado el treinta de marzo de dos mil veintitrés, ******************** promovió el presente juicio de amparo indirecto, mismo que por razón de turno, el mismo día, a este órgano de control constitucional, reclamando del Juez Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida, la omisión de acordarle sus escritos presentados el diez y veinticuatro de noviembre, ambos del año dos mil veintidós. SEGUNDO. El treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo; se registró en el Libro de Gobierno con el número de expediente 540/2023-VI; se le solicitó su informe con justificación a la autoridad señalada como responsable; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal que le compete; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Integrado el juicio de amparo, se celebra la audiencia constitucional la cual, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Juzgadora Federal es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, Constitucionales, 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 03/2015, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de una demanda de amparo promovida contra actos de una autoridad que tiene ejecución dentro de la circunscripción territorial en que esta Juzgadora ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y con el criterio sustentado en la tesis P.VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.", resulta necesario fijar claramente el acto reclamado, para lo cual debe estudiarse íntegramente la demanda de amparo, incluso la totalidad de las constancias existentes en el expediente, pues constituye un todo, con la finalidad de determinar lo que el quejoso quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señaló como tal. De manera que la quejosa reclamó de la autoridad responsable la omisión de acordar sus escritos presentados el diez y veinticuatro de noviembre, ambos del año dos mil veintidós, dentro del procedimiento de guarda y custodia ********************, de su índice. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. La Juez Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida, al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto que se le reclama; sin embargo, posterior a dicha negativa, indicó que el veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, acordó lo relativo a las promociones presentadas por la parte quejosa. De ahí que esas manifestaciones, demuestren que a la fecha de presentación de la demanda de amparo, existía el acto de omisión que se le atribuye y por tal motivo deba desvirtuarse su negativa y tener por existente el acto reclamado. CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. En el caso a estudio, esta Juzgadora estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reclama la omisión atribuida a la Jueza Quinto de Oralidad Familiar responsable, de no acordar los escritos presentados por la parte quejosa el diez y veinticuatro de noviembre, ambos del año dos mil veintidós, dentro del procedimiento de guarda y custodia ********************. Sin embargo, como se mencionó, de las constancias que el Juez responsable adjuntó a su informe con justificación, se desprende que el veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, la Jueza responsable proveyó sobre las promociones de la parte quejosa. Dichas documentales, por su naturaleza pública, gozan de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que la Jueza responsable acordó los escritos de la parte quejosa, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque la parte quejosa reclamó la violación al derecho de prontitud en la impartición de justicia a partir de la inactividad de la autoridad responsable que no acordar sus escritos dentro del plazo que la ley establece, lo que en el caso se subsana con el dictado del laudo pronunciado por tal autoridad. Por consiguiente, esta Juzgadora de Distrito decreta el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los artículos 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido ******************** contra los actos que reclamó de la Jueza Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida, consistente en la omisión de acordar sus escritos presentados el diez y veinticuatro de noviembre, ambos del año dos mil veintidós, por los motivos expuestos en el último considerando de esta resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, tres de mayo de dos mil veintitrés. Agréguense a estos autos el informe justificado rendido por la Juez Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida, con anexo que adjunta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y hágase relación del mismo al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, se acuerda: Téngase por recibido y agréguese el oficio 220, signado electrónicamente por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, al que adjunta la copia certificada de la resolución pronunciada en el toca ********************, del índice del Cuerpo Colegiado de este Circuito, formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por el Subdirector de Recursos Administrativos adscrito a la Oficina de la Oficina de la Abogada General de la Secretaría de Salud, en representación del Secretario de Salud, contra la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional en el presente asunto; ejecutoria de cuyo primer punto resolutivo se advierte que confirmó la resolución recurrida; en su segundo punto resolutivo amparó y protegió a la infante de iniciales ********************en contra de los actos que reclamó del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y del Secretario de Salud en el Juicio de amparo indirecto ******************** del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. Acúsese recibo vía interconexión para los efectos legales correspondientes y háganse las anotaciones de rigor en el libro respectivo. Ahora bien, en ese sentido, resulta un hecho notorio para este resolutor, que el dieciséis de junio del año en curso, se abrió el registro de vacunación contra coronavirus para los menores de cinco a once años, sin comorbilidades, siendo que la Secretaría de Salud informó que se les aplicaría la vacuna Pfizer/BioNTech. Incluso, para ese efecto, era menester ingresar al sitio oficial mivacuna.salud.gob.mx e introducir la Clave Única de Población del respectivo menor, así como seleccionar la entidad y municipio donde se encuentra y un número telefónico de contacto; con lo que, una vez hecho lo anterior, es factible descargar e imprimir el expediente de vacunación. Esto, tal y como se advierte del link https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php, el cual aparece en la página oficial del Gobierno de México, en el que obran los requisitos necesarios para que los menores de entre cinco a once años de edad, sin comorbilidades, se registren y sean candidatos a ser inoculados con la vacuna antes referida. Siendo que, en lo que corresponde a esta entidad federativa, a partir del veintiocho de junio del dos mil veintidós, comenzó a aplicarse la primera dosis de vacuna contra el COVID-19 a menores de cinco a once años de edad, en un horario de las ocho horas a las dieciocho horas; ello, de conformidad con el calendario propuesto por el Gobierno Federar en coordinación con el Gobierno del Estado. Ello, como es dable advertir del link https://coronavirus.yucatan.gob.mx, el cual deriva de la página oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, en el cual aparece el comunicado de prensa de la Secretaría de Salud de Yucatán, mismo en el que se señala que, como se asentó supralíneas, a partir del veintiocho de junio en curso, inició en el Estado de Yucatán la vacunación de menores de entre cinco y once años de edad. E incluso, en las redes sociales tanto de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, como del Delegado Estatal de Programas para el Desarrollo en el Estado de Yucatán, se advierte informan el calendario inicial en que los citados menores habrían de ser vacunados en la entidad, iniciando el veintiocho de junio de dos mil veintidós en esta Entidad. Debiéndose destacar que la información contenida en las citadas páginas de Internet, constituye un hecho notorio, por formar parte del conocimiento público a través de tales medios, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Lo anterior, cuenta habida que el acceso al uso de Internet para buscar información sobre cualquier dato publicado en redes informáticas, forma parte de la cultura normal de sectores específicos de la sociedad dependiendo del tipo de información de que se trate; máxime que se trata de información difundida por páginas oficiales de entidades gubernamentales, por lo que es evidente que cuenta con total credibilidad en cuanto a lo en ellas expuesto Por lo anterior, no es el caso requerir cumplimiento a las autoridades responsable como lo establece el artículo 192 de la Ley de Amparo, ni dar vista a la parte quejosa como lo establece el artículo 196 del citado ordenamiento lega, en virtud de que como se advierte en los párrafos que anteceden, el dieciséis de junio en curso, se abrió el registro de vacunación contra coronavirus para los menores de cinco a once años, en el cual se encuentra el menor quejoso. En virtud de lo anterior, este Juzgado resolverá lo que legalmente corresponda respecto al cumplimiento de la resolución de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2ª./J.26/2000 bajo el rubro: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." En este sentido es importante asentar que, por sentencia definitiva dictada en este juicio de amparo, se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a ********************con motivo del amparo promovido por ******************** y ******************** misma que en el veintisiete de julio de dos mil veintidós, fue recurrida por el Subdirector de Recursos Administrativos adscrito a la Oficina de la Oficina de la Abogada General de la Secretaría de Salud, en representación del Secretario de Salud, con sede en la Ciudad de México. Ahora, se aprecia que, por ejecutoria emitida por el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, en el toca ********************, confirmó la sentencia recurrida, y en su segundo punto resolutivo la Justicia de la Unión, se decretó que la Justicia de la Unión ampara y protege al menor de edad antes aludido. Debe destacarse que la autoridad responsable estaba obligada a acatar la resolución referida en el párrafo que antecede, en los términos siguientes: "SEPTIMO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN. A efecto de restituir a la niña quejosa en el goce de sus derechos fundamentales las autoridades responsables y las que se vinculan al cumplimiento de conformidad con el artículo 197 de la Ley de Amparo, deberán: El Titular de la Secretaría de Salud de los Estados Unidos Mexicanos, dentro de su ámbito de facultades, gestione a la mayor brevedad y utilizando el máximo de recursos de que disponga el Estado mexicano adquieran la formulación de 10 microgramos de la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 (tapa naranja). Por su parte la Secretaría de Servicios y/o Servicios de Salud del Estado de Yucatán y el Coordinador Estatal de Estrategia Operativa de Vacunación vs Covid-19 Operativo Correcaminos, y Coordinador de Brigadas Especial del Estado de Yucatán deberán, previo dictamen médico de resultar viable y mediante consentimiento por escrito de los padres del menor quejoso, aplicar el esquema completo de vacunación apropiado para su edad conforme los estándares internacionales reconocidos y expuestos en esta sentencia." Así, como se mencionó, constituye un hecho notorio que desde el dieciséis de junio de dos mil veintidós, se abrió el registro de vacunación contra coronavirus para los menores de cinco a once años, sin comorbilidades, siendo que a partir del veintiocho de junio del año en curso, comenzó a aplicarse la primera dosis de la citada vacuna a los menores de referencia, en un horario de las ocho horas a las dieciocho horas; de ahí que en el caso deba considerarse que las responsables dieron cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo dictada en el presente juicio. Por tanto, es evidente que, con ello, se le restituyó a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales por cuya infracción se concedió el amparo; en virtud de que, las autoridades responsables abrieron el registro de vacunación contra coronavirus para los menores de cinco a once años, en el cual se encuentra el aquí menor quejoso, siendo que el veintiocho de junio del año en curso, se comenzó con la aplicación de la vacuna Pfizer-BioNTech, con lo cual se da cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto; motivo por el cual, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, ha cumplido en su totalidad la sentencia de amparo, sin exceso ni defecto. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

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