Yadira del Socorro Tamayo Osorio

Expediente 824/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
824/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
21/08/2017

Partes del expediente

  • Yadira del Socorro Tamayo Osorio

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    MESA VI. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto dictado en este juicio el veintiocho de julio del presente año; con fundamento en los artículos, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del artículo 2o de la citada Ley de Amparo, se declara que el expresado auto que SOBRESEYÓ en estos autos fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el punto Décimo Primero del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Igualmente, en cumplimiento al Punto Vigésimo primero del Capítulo Quinto del citado Acuerdo General Conjunto, se determina que el presente juicio de garantías en el que se sobreseyó fuera de audiencia, y no se tramitó el incidente de suspensión relativo por no haberse solicitado, se ubica dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del punto referido, y por tanto, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del Primer Párrafo del Punto Vigésimo primero del acuerdo antes citado. Finalmente, en cuanto al valor jurídico, no lo tiene el presente juicio de amparo. ...

  2. Principal

    MESA VI. Visto el estado que guardan los presentes autos se Acuerda: agréguese el oficio sin número remitido por el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, por conducto de quien se ostenta su apoderada Fabiola Rubí Pérez Polanco y anexo que acompaña, en vía a su informe de ley en el presente asunto, con fundamento en el artículo 10 de la Ley de Amparo, se le reconoce el carácter de apoderada de la responsable, toda vez que lo acredita con la copia certificada del acta doscientos treinta de fecha diecinueve de julio de dos mil diecisiete, ante el abogado Carlos Alberto Gamboa y Gamboa, número veintiocho, en esta ciudad de Mérida. Es de manifiesto, que la parte quejosa en su apartado de actos reclamados señaló como tal: "La omisión y negativa injustificada de responder la solicitud que le presenté el veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, a la autoridad responsable por escrito de manera pacífica y respetuosa." Por tanto, debe decirse que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que amerita el sobreseimiento en este asunto, en términos de la fracción V del numeral 63 de la Ley de Amparo, que disponen literalmente lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. Para mayor entendimiento, es conveniente señalar que conforme a lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI, para que la actualización de esta causa de improcedencia del juicio de amparo, que consiste en la cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable anule o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, se deje sin efectos, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino el examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Con relación a lo expuesto, es ilustrativa la jurisprudencia 2ª./J.9/98, con el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Es conveniente señalar que para la actualización de esta causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable anule o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, se deje sin efectos, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino el examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Ahora, de las constancias que acompañó la autoridad responsable Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, por conducto de su apoderada Fabiola Rubí Pérez Polanco, se advierte que dio contestación a su escrito de veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, haciéndole entrega a Jorge Raymundo Cuevas Domínguez, de la documentación que solicitó consistente en el historial de las aportaciones registradas en el ISSTEY como trabajadora activa; fechas y cantidades que recibió su patrón y las que aportó como trabajador activo; copia certificada del dictamen de pensión por jubilación voluntaria y oficio de compulsa que contiene el acta de la segunda sesión ordinaria del Consejo Directivo del Instituto, celebrada el veintiséis de junio de dos mil diecisiete y constancia de vigencia otorgada por el departamento de afiliación y vigencia del instituto, el cual se tomó en consideración para otorgarle la pensión por jubilación y la antigüedad que se tomó en consideración y el patrón con el que se generó dicha antigüedad, esto es, el veintisiete de julio de dos mil diecisiete, con fecha posterior a la promoción de la demanda de amparo; documentales que obran en autos y las cuales tienen valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En mérito de lo anterior, resulta obvio que, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia, habida cuenta que la responsable entregó la documentación solicitada a la parte quejosa el veintisiete de julio del presente año, esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, que lo fue el treinta de junio de dos mil diecisiete. Por consiguiente, si el efecto jurídico de la sentencia de amparo es restituir a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado, en el caso, al haber cesado los efectos de los actos que se reclamaron, resulta ocioso examinar su constitucionalidad o inconstitucionalidad, toda vez que ya no surten efectos, ni los surtirá y por ende, no vulnera la esfera jurídica del aquí peticionario de amparo, y por tanto, no existe motivo para el análisis de la alegada violación constitucional que se reclamó de la responsable, en razón de que no puede alcanzarse el objetivo protector, dada la cesación total de los efectos de los actos reclamados. Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En tales circunstancias, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia de análisis, conforme a lo establecido en la fracción V, del numeral 63 de la Ley de Amparo. Por consiguiente, este Juzgador Federal decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL CATORCE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE. Finalmente, como lo solicita la responsable, proceda el Secretario de este Juzgado a realizar el cotejo y certificación solicitado, de la copia certificada del acta doscientos treinta de fecha diecinueve de julio de dos mil diecisiete, ante el abogado Carlos Alberto Gamboa y Gamboa, número veintiocho, en esta ciudad de Mérida, con las copias simples que acompañó a su informe de ley, para ser agregadas en el presente expediente, dígasele que se le deja a su disposición y se le será entregada cuando las labores de este Juzgado lo permitan.

  3. Principal

    MESA VI. Visto el estado que guardan los presentes autos se Acuerda: agréguese el oficio sin número remitido por el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, por conducto de quien se ostenta su apoderada Fabiola Rubí Pérez Polanco y anexo que acompaña, en vía a su informe de ley en el presente asunto, con fundamento en el artículo 10 de la Ley de Amparo, se le reconoce el carácter de apoderada de la responsable, toda vez que lo acredita con la copia certificada del acta doscientos treinta de fecha diecinueve de julio de dos mil diecisiete, ante el abogado Carlos Alberto Gamboa y Gamboa, número veintiocho, en esta ciudad de Mérida. Es de manifiesto, que la parte quejosa en su apartado de actos reclamados señaló como tal: "La omisión y negativa injustificada de responder la solicitud que le presenté el veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, a la autoridad responsable por escrito de manera pacífica y respetuosa." Por tanto, debe decirse que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que amerita el sobreseimiento en este asunto, en términos de la fracción V del numeral 63 de la Ley de Amparo, que disponen literalmente lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. Para mayor entendimiento, es conveniente señalar que conforme a lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI, para que la actualización de esta causa de improcedencia del juicio de amparo, que consiste en la cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable anule o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, se deje sin efectos, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino el examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Con relación a lo expuesto, es ilustrativa la jurisprudencia 2ª./J.9/98, con el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Es conveniente señalar que para la actualización de esta causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable anule o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, se deje sin efectos, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino el examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Ahora, de las constancias que acompañó la autoridad responsable Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, por conducto de su apoderada Fabiola Rubí Pérez Polanco, se advierte que dio contestación a su escrito de veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, haciéndole entrega a Jorge Raymundo Cuevas Domínguez, de la documentación que solicitó consistente en el historial de las aportaciones registradas en el ISSTEY como trabajadora activa; fechas y cantidades que recibió su patrón y las que aportó como trabajador activo; copia certificada del dictamen de pensión por jubilación voluntaria y oficio de compulsa que contiene el acta de la segunda sesión ordinaria del Consejo Directivo del Instituto, celebrada el veintiséis de junio de dos mil diecisiete y constancia de vigencia otorgada por el departamento de afiliación y vigencia del instituto, el cual se tomó en consideración para otorgarle la pensión por jubilación y la antigüedad que se tomó en consideración y el patrón con el que se generó dicha antigüedad, esto es, el veintisiete de julio de dos mil diecisiete, con fecha posterior a la promoción de la demanda de amparo; documentales que obran en autos y las cuales tienen valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En mérito de lo anterior, resulta obvio que, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia, habida cuenta que la responsable entregó la documentación solicitada a la parte quejosa el veintisiete de julio del presente año, esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, que lo fue el treinta de junio de dos mil diecisiete. Por consiguiente, si el efecto jurídico de la sentencia de amparo es restituir a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado, en el caso, al haber cesado los efectos de los actos que se reclamaron, resulta ocioso examinar su constitucionalidad o inconstitucionalidad, toda vez que ya no surten efectos, ni los surtirá y por ende, no vulnera la esfera jurídica del aquí peticionario de amparo, y por tanto, no existe motivo para el análisis de la alegada violación constitucional que se reclamó de la responsable, en razón de que no puede alcanzarse el objetivo protector, dada la cesación total de los efectos de los actos reclamados. Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En tales circunstancias, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia de análisis, conforme a lo establecido en la fracción V, del numeral 63 de la Ley de Amparo. Por consiguiente, este Juzgador Federal decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL CATORCE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE. Finalmente, como lo solicita la responsable, proceda el Secretario de este Juzgado a realizar el cotejo y certificación solicitado, de la copia certificada del acta doscientos treinta de fecha diecinueve de julio de dos mil diecisiete, ante el abogado Carlos Alberto Gamboa y Gamboa, número veintiocho, en esta ciudad de Mérida, con las copias simples que acompañó a su informe de ley, para ser agregadas en el presente expediente, dígasele que se le deja a su disposición y se le será entregada cuando las labores de este Juzgado lo permitan.

  4. Principal

    III. Agréguese a estos autos el oficio número 2029/2017, suscrito por el Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que mediante oficio OR03-160314-04, del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, que determino que las funciones del Juzgado Cuarto Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, el Juez oficiante, asumió la competencia para conocer del asunto y para tal efecto le asigno el número 2144/2012, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil y acusa de recibo las copias certificadas remitidas mediante oficio III-18919/2017, del índice de este Juzgado, lo anterior se comunica para los efectos legales correspondientes.

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