Yahaira Lopez Ochoa
Expediente 1276/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1276/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 13/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Yahaira Lopez Ochoa
- Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, en Veracruz, Veracruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, trece de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta se advierte que feneció el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la promovente interpusiera recurso de queja contra el auto de diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, por el cual se desechó la demanda de amparo. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme al segundo precepto de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo archívense las actuaciones como asunto concluido. En tales condiciones, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se desechó la demanda de protección de derechos fundamentales y carecer de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el trece de enero de dos mil veinticinco. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese; y háganse las anotaciones correspondientes....
- Principal
Boca del Río, Veracruz, diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el oficio de cuenta signado de manera conjunta por el Director y Directora de lo Contencioso adscritos a la Dirección General Contenciosa, en representación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en la ciudad de México, agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes, y en atención a su contenido, se les tiene comunicando que para dar cumplimiento a la sentencia amparadora autorizada en el presente juicio de amparo, es necesario que la autoridad ordenadora del aseguramiento, esto es, el Juzgado Décimo Sexto Civil de Cuantía Menor en la ciudad de México, le remita un oficio en la que instruya a las instituciones financieras el acatamiento a la citada sentencia, de lo que el suscrito toma conocimiento. En atención a lo anterior, requiérase al Juzgado Décimo Sexto Civil de Cuantía Menor en la ciudad de México, contra cuyos actos se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa Rosa María Corona López, para que dentro del término de tres días siguientes a la recepción del oficio en el que se transcribe este acuerdo, se sirva informar a este Juzgado de Distrito, sobre el cumplimiento que haya dado a la ejecutoria de amparo o bien, los actos que hubiera realizado para este efecto, con el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, dentro del término que se le señala se le impondrá una multa individualizada equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización vigente al momento de realizarse la conducta sancionada, con fundamento en el artículo 258 de la actual Ley de Amparo, y se seguirá el procedimiento previsto en el párrafo segundo del artículo 192 de la misma ley. Notifíquese....
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS Y VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 17 DE DICIEMBRE DE 2021, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN II, INCISO B: "...Boca del Río, Veracruz, diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese para que surta los efectos legales procedentes, el escrito signado por Yahaira López Ochoa, promovente de este juicio; en atención a su contenido, téngasele desahogando la prevención efectuada en autos, al anexar el acta de nacimiento de su menor hija. DESECHAMIENTO En el caso se considera actualizada, de manera manifiesta e indudable, la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, al ser necesario que la promovente, por sí y en representación de su menor hija, de quien proporciona iniciales "A.R.L., de apellidos R.L.", agote el principio de definitividad previamente a intentar este juicio. El numeral invocado establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; Precepto legal que prevé el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, consistente en la carga procesal de la parte quejosa de agotarlo, previamente al ejercicio de la acción constitucional, contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. El citado principio tiene su origen en que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos e implica que el gobernado debe acudir a las instancias impugnativas establecidas en la norma que rige el acto, antes de solicitar la protección de la justicia federal, salvo los casos de excepción previstos en la ley, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Así, el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz prevé, en lo conducente, que presentada la demanda con los documentos y copias prevenidas, se correrá traslado de ella a la persona o personas contra quienes se proponga, y se les emplazará para que contesten dentro de nueve días. Que en los casos en que se reclamen alimentos, el juez podrá en el auto en que dé entrada a la demanda, a petición de parte y atendiendo a las circunstancias, fijar una pensión alimenticia provisional y decretar su aseguramiento, cuando los acreedores justifiquen, con las correspondientes copias certificadas de las actas del estado civil, el vínculo matrimonial o su parentesco con el deudor alimentista, o tratándose de concubinato, con algún medio de prueba que acredite tal hecho, sin perjuicio de lo que se resuelva en la sentencia definitiva. Así como que cualquier reclamación sobre la medida indicada en el párrafo que antecede, se podrá formular dentro del escrito de contestación a la demanda, y previa vista que se dé a la parte contraria de la reclamante, el juez la resolverá dentro del término de tres días, tomando en cuenta los documentos que se hubieren aportado; y que contra esta resolución no procede recurso ordinario. En tanto, de la lectura integral de la demanda que origina este asunto consta que la parte quejosa reclama de la autoridad señalada como responsable: Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, residente en Veracruz, Veracruz, el auto de inicio fechado el veintiséis de noviembre dos mil veintiuno, dictado en el juicio ordinario civil 2129/2021-II, originado con motivo de la demanda que presentó por sí y en representación de su hija, de quien proporciona iniciales "A.R.L., de apellidos R.L.", a fin de obtener pensión alimenticia sobre los ingresos del demandado José Antonio Rodríguez Vivanco. Refiere que mediante acuerdo o resolución de veintiséis de noviembre de este año, el juzgador "dictó auto de inicio" y decretó provisionalmente pensión del 25% a favor de su menor hija y del 20% para ella como acreedora, sobre el sueldo y demás prestaciones del demandado, pero refiere que el porcentaje debió ser mayor. Conclusión De lo expuesto anteriormente se concluye que es necesario que la parte quejosa agote el recurso de reclamación en contra del auto inicial en el cual el Juez responsable fijó pensión alimenticia de manera provisional. En efecto, acorde con el numeral 210 referido, la fijación de una pensión alimenticia provisional (medida cautelar surgida a la par del procedimiento) tiene como presupuesto básico que quien pretende obtenerla pruebe la necesidad de la medida y el derecho para que se le conceda, es de naturaleza accesoria y sumaria, no constituye un fin en sí misma, se tramita en plazo breve y su objetivo es suplir internamente la falta de una resolución sobre el fondo de la controversia, asegurando la eficacia de la sentencia y previniendo los peligros de la dilación; y está destinada a cubrir necesidades impostergables de quienes se encuentran en situación de desamparo, las cuales son una prioridad de orden público, con el fin de asegurar su subsistencia mientras el juicio respectivo se resuelve. Ahora bien, la fijación de la pensión alimenticia provisional en el auto de inicio puede impugnarse a través de la reclamación prevista en el citado artículo 210, toda vez que su trámite se desarrolla con un escrito de cada una de las partes, teniendo mayor oportunidad para impugnar, pues el término es más amplio, idéntico a aquel con que cuenta el demandado para contestar la demanda -9 días-, además de que lo resuelve la misma autoridad que conoce del asunto, lo que da seguridad jurídica, al permitir al juzgador contar con los elementos para pronunciarse acerca de los intereses alimentarios tanto del acreedor como del deudor. Al respecto, es importante señalar que desde el año dos mil quince, el Pleno en Materia Civil del Séptimo Circuito emitió jurisprudencia que expresamente establece que tanto el actor como el demandado están en condiciones de formular la reclamación prevista en el artículo 210, párrafo tercero, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, contra el auto inicial que la fija. Dicha jurisprudencia, de observancia obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de este circuito, es la marcada con el número PC.VII.C. J/3 C (10a.) sustentada por el Pleno en Materia Civil de este Séptimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo III, Décima Época, página 2221, registro 2010523, de rubro y texto siguientes: PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. TANTO EL ACTOR COMO EL DEMANDADO PUEDEN FORMULAR LA RECLAMACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 210, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE VERACRUZ, CONTRA EL AUTO INICIAL QUE LA FIJA. Atento a lo dispuesto por el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, la fijación de una pensión alimenticia provisional (medida cautelar surgida a la par del procedimiento) tiene como presupuesto básico que quien pretende obtenerla pruebe la necesidad de la medida y el derecho para que se le conceda, es de naturaleza accesoria y sumaria, no constituye un fin en sí misma, se tramita en plazo breve y su objetivo es suplir internamente la falta de una resolución sobre el fondo de la controversia, asegurando la eficacia de la sentencia y previniendo los peligros de la dilación; y está destinada a cubrir necesidades impostergables de quienes se encuentran en situación de desamparo, las cuales son una prioridad de orden público, así como de naturaleza urgente e inaplazable, con el fin de asegurar su subsistencia mientras el juicio respectivo se resuelve. Ahora bien, la fijación de la pensión alimenticia provisional en el auto de inicio puede impugnarse a través de la reclamación prevista en el citado artículo 210, toda vez que su trámite se desarrolla con un escrito de cada una de las partes, teniendo mayor oportunidad para impugnar, pues el término es más amplio, idéntico a aquel con que cuenta el demandado para contestar la demanda -9 días-, además de que lo resuelve la misma autoridad que conoce del asunto, lo que da seguridad jurídica, al permitir al juzgador contar con los elementos para pronunciarse acerca de los intereses alimentarios tanto del acreedor como del deudor. Y si bien el tercer párrafo del artículo 210 aludido dispone que cualquier reclamación contra dicha medida se podrá formular dentro del escrito de contestación a la demanda, lo que interpretado gramaticalmente da lugar a entender que sólo el demandado puede interponerla, desde un punto de vista funcional, y atendiendo a los alcances de la norma adjetiva, pero sobre todo por tratarse de una medida cautelar que surge a la par del procedimiento, se concluye que ambas partes están en igualdad de condiciones durante el proceso, por lo que la reclamación contra el auto inicial relativo a la fijación de los alimentos provisionales pueden formularla tanto el actor como el demandado, sean éstos concedidos o no. Sin que sea obstáculo a lo anterior que el párrafo indicado establezca que contra la resolución que recae a la reclamación no procede recurso ordinario, pues debe entenderse que se refiere al que interponga el demandado, pues si se trata de la que haga valer el actor, es evidente que el demandado tendrá expedito su derecho para impugnarla en términos del artículo citado. En ese sentido, si en el caso existe jurisprudencia de observancia obligatoria que prevé que tanto el actor como el demandado pueden cuestionar el auto inicial que fija la pensión provisional, vía recurso de reclamación; es incuestionable que en el caso se actualiza la causa de improcedencia antes señalada, puesto que la parte quejosa, previamente a promover este juicio constitucional, omitió hacer valer el medio de impugnación ordinario que la ley que rige el acto establece, de tal forma que inobservó el principio de definitividad. Cabe señalar que este juzgador no advierte alguna de las causas de excepción al principio de definitividad, pues el acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; tampoco consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; quien promueve amparo no se trate de persona extraña al procedimiento, sino que es parte formal (actora); no se reclama un auto de vinculación a proceso; ni la procedencia del recurso o medio de defensa se sujeta a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. No se inadvierte el contenido de la jurisprudencia 1a./J. 77/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, página 990, Décima Época, registro digital 2004677, de rubro y texto: DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO. En términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad y, particularmente, otorgar una protección especial a los derechos de la infancia por las circunstancias de vulnerabilidad en que se hallan. Por lo anterior, y en términos de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la propia Constitución y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se sigue que se actualiza una excepción al principio de definitividad en el juicio de amparo indirecto en aquellos casos en los que esté involucrado un menor de edad, cuando, de acuerdo con la legislación aplicable al caso, el recurso ordinario que deba agotarse no admita suspensión y cualquiera de las partes alegue un riesgo para el menor en caso de ejecutarse la resolución impugnada, pues en ese supuesto el recurso es inadecuado o ineficaz para alejarlo de la situación de vulnerabilidad en que pueda encontrarse. Lo anterior es así, pues el principio de definitividad supone la existencia de recursos idóneos, efectivos, oportunos y aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes cometidas en el acto o resolución impugnada. Sin embargo, este juzgador considera que dicha jurisprudencia no es aplicable en la especie, porque al margen de que la misma emanó de la interpretación de la Ley de Amparo abrogada, y no de la vigente; lo relevante es que no se materializan las condiciones que dicho criterio establece para su aplicabilidad, puesto que, por un lado, la parte quejosa Yahaira López Ochoa, promueve por sí y en representación de su hija, lo que implica que se encuentra involucrada una mayor de edad, aunado a que de la lectura de la demanda no se advierte que haya alegado de manera clara y expresa que de ejecutarse el acto reclamado se produciría un riesgo para la menor de diecisiete años con cuatro meses. Incluso, acorde a las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad formuló la parte quejosa, en el auto reclamado la autoridad responsable decretó provisionalmente una pensión en su favor por 45% (cuarenta y cinco por ciento) sobre el sueldo y demás prestaciones del demandado, esto es, 25% a favor de su hija y 20% para ella como acreedora. De esta manera, con independencia de que el medio de impugnación ordinario admita o no la suspensión, se considera que (a diferencia de los asuntos resueltos por los tribunales colegiados cuyos criterios fueron analizados por el Alto Tribunal en la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis de la que emanó la jurisprudencia transcrita) en este caso no existe un riesgo para la menor de diecisiete años con cuatro meses en caso de ejecutarse la resolución impugnada, pues el acto reclamado es el que decreta provisionalmente la fijación de los alimentos en su favor; de ahí que, como se adelantó, la jurisprudencia aludida no es aplicable y, por ende, se estima actualizada la causa de improcedencia señalada. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de cuenta. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS Y VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 06 DE DICIEMBRE DE 2021, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN II, INCISO B: "...Boca del Río, Veracruz, seis de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el escrito de demanda presentada por Yahaira López Ochoa, cinco copias y sin anexos; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno con el juicio de amparo indirecto 1276/2021-I; y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. PREVENCIÓN Antes de proveer sobre la admisión de la demanda, es conveniente precisar que en la demanda se señala como autoridad responsable al Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, residente en Veracruz, Veracruz, al cual se le reclama el auto de inicio fechado el veintiséis de noviembre dos mil veintiuno, dictado en el juicio ordinario civil 2129/2021-II, originado con motivo de la demanda que presentó Yahaira López Ochoa, por sí y en representación de su menor hija, de quien proporciona iniciales "A.R.L., de apellidos R.L.", a fin de obtener pensión alimenticia sobre los ingresos del demandado José Antonio Rodríguez Vivanco. En ese orden, los artículos 110 y 114 de la Ley de Amparo otorgan la facultad de prevenir a quien promueve amparo a efecto de que aclare su demanda cuando se incurra en las deficiencias, irregularidades u omisiones que se detallan, para lo cual deberá hacer las aclaraciones que correspondan o presentar las copias faltantes. Así, requiérase a la promovente del amparo para que dentro del término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, por escrito, bajo protesta de decir verdad y con copia para la autoridad responsable, tercero interesado y fiscal del ministerio público federal adscrita, así como para el incidente de suspensión, acredite la calidad con que comparece, adjuntando las copias o constancias que demuestren que cuenta con la representación de la menor para promover este controvertido constitucional, dado que no anexó las actas de nacimiento correspondientes o algún otro documento que lo demuestre. Sirve de apoyo en la tesis VII.2º. A.T.17K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, consultable en la página 517, Tomo XIV, Noviembre de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 188395, de contenido: "MENORES DE EDAD, AMPARO PEDIDO POR. SU REPRESENTACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. Por regla general, los menores de edad sólo pueden ocurrir al juicio constitucional por conducto de sus representantes legítimos, llámese padres, tutor, curador, albacea, etcétera; sin embargo, de una correcta exégesis del artículo 6o. de la Ley de Amparo, se advierte que prevé los casos en los que, por excepción, el menor puede acudir en forma personal y directa a presentar su demanda de garantías, ya que el primer párrafo se refiere en especial a los menores de catorce años, a quienes otorga el derecho de promover su demanda por sí, cuando su representante o representantes legítimos se encuentren ausentes o impedidos para promover el juicio; en tal caso, el Juez de Distrito está obligado a nombrarles un representante especial que intervenga en el juicio a nombre del menor, sin perjuicio de que dicte las medidas necesarias o tome las providencias urgentes, a efecto de determinar tal ausencia o el impedimento del o los representantes legítimos; el segundo párrafo hace referencia a menores de edad mayores de catorce años, a quienes se autoriza para la promoción de la demanda de amparo en forma directa, facultándolos, además, para designar un representante que intervenga y gestione por ellos en el juicio de amparo; en este segundo supuesto, puede suceder que el mayor de catorce años no designe representante para efectos del juicio, en tal caso, el Juez de Distrito debe nombrarle uno especial, aun cuando sea provisionalmente, pues tratándose de un inimputable, debe estar representado en el juicio. Conforme con lo anterior, tratándose de menores de edad que no hayan cumplido catorce años, o de mayores de tal edad, que no hayan designado representante, si el Juez Federal elude su obligación de hacer el nombramiento del representante especial, o en el caso de los mayores de catorce años que hayan designado tal representante, no provee en relación con tal designación hecha por el menor, tal irregularidad constituye una violación a las normas reguladoras del procedimiento en el juicio de amparo, lo que provoca indefensión al menor quejoso". Y para el caso de que cumpliera dicho requerimiento vía electrónica deberá manifestar, bajo protesta de decir verdad, que el documento digitalizado respectivo es copia íntegra e inalterada del documento impreso para que conserve el valor probatorio que les corresponde, en términos del artículo 3, fracción VI, del Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Apercibida que de no cumplir lo requerido dentro del plazo indicado, se tendrá por no presentada la demanda, en términos del párrafo segundo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Significándole que si dicho cumplimiento no lo efectúa en línea, deberá acompañar las copias de su escrito aclaratorio, para cada una de las partes descritas con antelación, así como de las constancias o documentos donde se acredite su representación con los tantos necesarios para correr traslado a las partes. Resulta aplicable la tesis número P./J. 36/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XIII, de Abril de dos mil uno, Novena Época, página 79, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." Asimismo, signifíquese a la promovente que el artículo 261, fracción I, de la ley de la materia, establece una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientas unidades de medida a quien, con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado. En tanto se provee lo conducente, consérvense en la secretaría las copias de la demanda de amparo, sin que se estime necesario por el momento, agregarlas a los presentes autos. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el indicado en la demanda de derechos fundamentales; y por autorizados con facultades amplias en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Cristóbal Hernandez Olmos y Francisco Rafael Aja Ramírez, por encontrarse facultados para ejercer la profesión de licenciados en derecho a través del registro de su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales, asimismo para oír y recibir notificaciones a la persona que menciona al no estar registrados en el referido sistema. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan hacer uso del escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. EXPEDICIÓN DE COPIAS Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna. DÍAS Y HORAS HABILITADOS Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. AUTORIZACIÓN PARA LIBRAR OFICIOS Se autoriza a los Secretarios adscritos a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, para librar oficios derivados de este asunto. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Así también, con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a los Secretarios supervisen que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso. REQUERIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO Tomando en consideración la adopción de las medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos jurisdiccionales, con fundamento en el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, requiérase a las demás partes a fin de que se sirvan proporcionar un correo electrónico y número telefónico móvil donde puedan ser localizados, a fin de que, de ser necesario, se establezca el contacto respectivo. EXHORTO A LAS PARTES PARA QUE TRAMITEN "JUICIO EN LÍNEA" Asimismo, conforme al artículo 28, párrafo segundo, del citado Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de julio de dos mil veinte, se exhorta a las partes que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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