Yadira Ruiz Romero

Expediente 761/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
761/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
13/10/2022

Partes del expediente

  • Yadira Ruiz Romero

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, trece de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el auto dictado el diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto ha causado estado para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, así como su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Así, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se sobreseyó el asunto y, carece de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el trece de octubre de dos mil veinticinco. Por otro lado, se establece que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, puesto que se negó en definitiva la medida cautelar solicitada, acorde con lo dispuesto en los puntos 7.5.2 y 8.1.2.3 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; por lo que, en términos del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece como fecha probable el trece de octubre de dos mil veinticinco. Igualmente, en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo general, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido; por lo que, se establece como fecha probable el trece de abril de dos mil veintitrés. Insértese el presente acuerdo en los cuadernos incidentales para los efectos legales a que haya lugar, sin que sea necesario que se hagan las notificaciones correspondientes en aquéllos. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese, vía electrónica a la parte quejosa y por oficios a la autoridad responsable. Así lo proveyó y firma electrónicamente el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, Luis Rafael Bautista Cruz, asistido de Yonaji Nuria Juárez Rivas, secretaria con quien actúa y da fe, con fundamento en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, así como el Acuerdo General 21/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura que reforma el acuerdo antes citado con relación al periodo de vigencia, y en términos de la Circular DGGJ/05/2020, de catorce de mayo de dos mil veinte. Doy Fe. YNJR/maad

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que conste como corresponda el oficio signado por la Jueza de Control del Juzgado de Proceso Penal Oral del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, adscrita a la Sala "A", a través del cual rinde informe justificado en términos de lo que dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el cual se le da vista para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, de conformidad con el numeral 119 de la ley de la materia, se tiene como pruebas de la responsable las copias adjuntas al informe que ahora se recibe, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Ahora bien, del estudio efectuado a la demanda de amparo, así como a las constancias que integran el presente sumario, procede establecer con claridad y precisión los actos reclamados, atendiendo a la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, y cuyo texto es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Igualmente, sirve de fundamento para la interpretación y delimitación de los actos reclamados, la tesis número P. VI/2004, registro 181810, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a folio 255, del Tomo XIX, abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra refiere lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura integra de la demanda sin atender los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En ese tenor, es dable establecer que el acto reclamado en el presente controvertido consiste en: -La omisión de otorgar fecha y hora para llevar a cabo la audiencia inicial dentro del proceso penal 1062/2021 del índice del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, en Veracruz, Veracruz, dentro de la Sala A. En relación con lo anterior, en el presente juicio de amparo se actualiza una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún medio de prueba puede desvirtuarse, y que conduce a decretar el sobreseimiento en el presente asunto. Apoya lo anterior, la siguiente jurisprudencia 2a./J.10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, Materia común, Novena Época, visible en la página 386, registro 184572. "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En el caso, este órgano de control constitucional considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]" Del numeral transcrito se evidencia la existencia de dos hipótesis de cesación de efectos: 1. Cuando los efectos del acto reclamado desaparezcan o se destruyan inmediata, total, incondicional y materialmente; supuesto en el que con tal destrucción, el gobernado es restituido en el pleno goce de sus prerrogativas, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica (revocación). Sobre esa hipótesis, resulta ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." 2. Cuando se da la sustitución de actos procesales; es decir, un segundo acto sustituye al primero e incide sobre su vigencia y ejecutividad (sustitución). Al efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció sobre la actualización de la causa de improcedencia que se indica, por virtud de la sustitución procesal de actos, en la tesis publicada en la página 158, Volumen 145-150, Segunda Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, SOBRESEIMIENTO CUANDO SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA. Cuando en la demanda de amparo se reclame, entre otros actos, la "sentencia" pronunciada por el Juez a quo, mediante la cual se condenó al quejoso por el delito cometido, respecto de tal acto opera el sobreseimiento del juicio de amparo, en virtud de haberse también impugnado el fallo que confirmó aquélla, siendo evidente que la primera sentencia dejó de tener efectos legales propios, por haber sido sustituida procesalmente por la dictada en apelación, surtiéndose la causal de improcedencia de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En relación con la primera hipótesis, cabe precisar que la expresión cesación de los efectos del acto reclamado implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo y, por lo tanto, desaparecen los efectos de dicho acto de autoridad; es decir, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia del acto, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de derechos fundamentales, nunca se hubiese realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio, debido a que el acto no seguirá afectando la esfera jurídica de la parte quejosa haciendo innecesario entrar al examen de su constitucionalidad. La improcedencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por tanto, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En este contexto, se reitera, en la especie la quejosa reclama la omisión de la Jueza de Control del Juzgado de Proceso Penal Oral del Distrito Judicial adscrito a la Sala "A", con residencia en Veracruz, Veracruz, de señalar fecha y hora para el desahogo de la audiencia de inicial, en el proceso penal 1062/2020-A, de su índice, el cual se instruye en contra de Ángel Alberto Toscano Rubio, por su probable participación en la comisión del delito de homicidio culposo, cometido en agravio de quien en vida respondiera al nombre de Antonio Ruiz López. Al respecto, del oficio y anexos remitidos por la Jueza de Control del Juzgado de Proceso Penal Oral del Distrito Judicial adscrito a la Sala "A", con residencia en Veracruz, Veracruz, se advierte -en lo que interesa-que mediante auto de diez de agosto del año en curso, programó las once horas del veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia inicial, dentro del proceso penal 1062/2021-A, ordenándose notificar personalmente esa determinación a la parte ofendida Yadira Ruiz Romero -aquí quejosa- y al resto de las partes. Advirtiéndose de la diversa constancia de doce de septiembre del año en curso, que la Jueza de Control del Juzgado de Proceso Penal Oral del Distrito Judicial adscrito a la Sala "A", con residencia en Veracruz, Veracruz, informó que la representación social notificó por su conducto a la ofendida, así como a la Fiscal Quinto de la Sub Unidad Integral de Justicia del XVII Distrito Judicial en esta ciudad y asesor jurídico de la ofendida. Documentales que tienen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la multicitada ley de la materia. Por tanto, válidamente se puede concluir que en el caso particular cesaron los efectos del acto reclamado por la parte quejosa; por tanto, la afectación de que se dolía la impetrante de amparo desapareció, lo que da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo VII, febrero de 1998, materia común, visible a página 210, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio, conforme a lo dispuesto en el diverso artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, respecto del acto reclamado, por haber cesado sus efectos, por lo que se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia respectiva. Sin que sea obstáculo arribar a la anterior determinación, el hecho de que la autoridad responsable no haya remitido las constancias de notificación efectuada a las partes del referido auto de diez de agosto de dos mil veintidós, emitido en el proceso penal 1062/2021-A; pues el resultado de la presente determinación no trasciende, ya que aun cuando no se lo hubiese hecho saber a las partes, la quejosa conocerá la misma al momento de la notificación del presente auto, permitiéndosele hacer valer los medios de defensa correspondientes. Sirve de apoyo a la consideración anterior, aplicada por analogía, la jurisprudencia número cuarenta y nueve, visible en la página cincuenta y ocho, Tomo III, Materia Administrativa, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, mil novecientos diecisiete-dos mil, que dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. QUEDA SIN MATERIA AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA NOTIFICADO LA CONTESTACIÓN, YA QUE EL QUEJOSO TENDRÁ CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO A TRAVÉS DE LA NOTIFICACIÓN DE LA EJECUTORIA. Cuando se concede la protección federal por violación al derecho de petición consagrado en el artículo 8o. constitucional, determinándose que la autoridad responsable debe dictar el acuerdo que proceda y comunicarlo al interesado, ha de considerarse cumplida la ejecutoria si la autoridad contestó por escrito la petición que le formuló el quejoso e intentó notificarle sin éxito, o aun cuando éste haya tenido conocimiento del oficio en la etapa de ejecución del juicio de amparo por medio del Juez de Distrito, o bien, si la autoridad responsable acredita en forma directa ante la Suprema Corte de Justicia el acatamiento dado a la ejecutoria con la documentación oficial que así lo demuestre; consecuentemente debe declararse sin materia el incidente de inejecución sin prejuzgar sobre el debido cumplimiento dado a la sentencia protectora de garantías, encontrándose a salvo los derechos del quejoso para, en su caso, hacer valer los medios de defensa que tenga a su alcance. Sin que para ello sea obstáculo la circunstancia de que no obre en autos la constancia de notificación a la parte quejosa, de los oficios de las autoridades ni el acuerdo del Juez de Distrito en relación al cumplimento del amparo, toda vez que el quejoso tendrá conocimiento de su contenido al notificársele el fallo de la Suprema Corte, lo que le permite estar en aptitud de hacer valer los medios de defensa correspondientes." Notifíquese personalmente a la parte quejosa; vía correo electrónico a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y por oficio a la autoridad responsable.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, dieciocho de agosto de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por Yadira Ruiz Romero, un anexo y siete copias; fórmese expediente; regístrese en el libro de gobierno con el juicio 761/2022-1 y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. ADMISIÓN Con fundamento en lo que disponen los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, III, VII, XII y XV, de la Constitución General de la República; 1, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda presentada por Yadira Ruiz Romero, contra la autoridad y acto detallados en el escrito de demanda. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Como lo solicita la parte quejosa, tramítese por separado y duplicado el incidente de suspensión relativo. FECHA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las DIEZ HORAS DEL VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, la cual se fija atendiendo a las cargas de trabajo de acuerdo a la agenda de audiencias de este juzgado. 08/03/24 09:05:24 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.70.a9 Pedro Alberto Reyes Ochoa JUICIO DE AMPARO 761/2022. 2 En la inteligencia de que se fija la mencionada fecha para la celebración de la audiencia en comento, atento a que así lo permiten las condiciones imperantes en la actualidad, derivadas de que hasta esta data todos los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación continúan laborando bajo un esquema de trabajo de asistencia controlada, el cual se ha prorrogado, conforme a lo establecido en el Acuerdo General 16/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma la vigencia del similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, conforme al cual los órganos tienen asignado un horario presencial de labores restringido -distinto del habitual-, con un límite de personal que puede asistir a desempeñar labores presenciales; y de que existe una carga de trabajo importante generada, en parte, por el gran número de ingresos relacionados con los juicios de amparo en los que en esencia se ha reclamado la omisión de incluir a los menores de edad en el esquema de vacunación contra Covid-19. Lo anterior, aunado a que el primer periodo vacacional del año para el personal adscrito a los juzgados de Distrito, corresponde al comprendido durante los meses de julio y agosto, por lo que en adición a la dinámica laboral establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, actualmente el personal de este juzgado se encuentra disfrutando de su primer periodo vacacional de forma escalonada, lo que se traduce en la reducción del personal disponible para atender los diversos asuntos que en este órgano se tramitan. Se precisa lo anterior, en atención a lo establecido en la Circular 1/2022 de la Comisión Especial del Consejo de la 08/03/24 09:05:24 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.70.a9 Pedro Alberto Reyes Ochoa JUICIO DE AMPARO 761/2022. 3 ??A???????????? Judicatura Federal, en la que se indicó que, atento a la dinámica actual de labores en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, debía justificarse en los acuerdos respectivos las razones por las cuales no fuera posible atender a los tiempos que establecen las leyes, derivado de la disminución de las actividades presenciales. AUDIENCIA VÍA REMOTA Asimismo, hágasele saber a las partes que, de ser su deseo, pueden estar presentes, vía remota, en la audiencia respectiva; ello, tomando en cuenta el esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales con motivo del fenómeno de Salud Pública Derivado del Virus Covid-19, y atendiendo a que el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en su artículo 5, fracción II, se establece que tratándose de la práctica de diligencias, audiencias y demás comparecencias que suelan requerir la presencia física de las partes o de otros intervinientes, se puedan practicar mediante el uso de herramientas tecnológicas como las videoconferencias... Notifíquese, por correo electrónico a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita en materia de amparo, por lista a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable.

  4. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, dieciocho de agosto de dos mil veintidós. Con dos copias simples de la demanda de derechos fundamentales, como se ordena en el cuaderno principal, fórmese y tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 761/2022-1, promovido por Yadira Ruiz Romero, en contra de la autoridad y acto señalados en el escrito de demanda. INFORME PREVIO Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 138, fracción III, 139, 140, 143, 144 y 150 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe previo, quien deberá rendirlo dentro del término de cuarenta y ocho horas contadas a partir de su notificación, enviándole para tal efecto copia simple de la demanda de amparo; con el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y su actualización, con fundamento en el artículo 142 de la Ley de Amparo en relación con los diversos artículos 238 y 260 fracción I de la misma legislación. AUDIENCIA INCIDENTAL Se señalan las NUEVE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la audiencia incidental. En la inteligencia de que se fija la mencionada fecha para la celebración de la audiencia en comento, atento a que así lo permiten las condiciones imperantes en la actualidad, derivadas de que hasta esta data todos los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación continúan laborando bajo un esquema de trabajo de asistencia controlada, el cual se ha prorrogado, conforme a lo establecido en el Acuerdo General 16/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma la vigencia del similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, conforme al cual los órganos tienen asignado un horario presencial de labores restringido -distinto del habitual-, con un límite de personal que puede asistir a desempeñar labores presenciales; y de que existe una carga de trabajo importante generada, en parte, por el gran número de ingresos relacionados con los juicios de amparo en los que en esencia se ha reclamado la omisión de incluir a los menores de edad en el esquema de vacunación contra Covid-19. Lo anterior, aunado a que el primer periodo vacacional del año para el personal adscrito a los juzgados de Distrito, corresponde al comprendido durante los meses de julio y agosto, por lo que en adición a la dinámica laboral establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, actualmente el personal de este juzgado se encuentra disfrutando de su primer periodo vacacional de forma escalonada, lo que se traduce en la reducción del personal disponible para atender los diversos asuntos que en este órgano se tramitan. Se precisa lo anterior, en atención a lo establecido en la Circular 1/2022 de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se indicó que, atento a la dinámica actual de labores en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, debía justificarse en los acuerdos respectivos las razones por las cuales no fuera posible atender a los tiempos que establecen las leyes, derivado de la disminución de las actividades presenciales. AUDIENCIA VÍA REMOTA Asimismo, hágasele saber a las partes que, de ser su deseo, pueden estar presentes, vía remota, en la audiencia respectiva; ello, tomando en cuenta el esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales con motivo del fenómeno de Salud Pública Derivado del Virus Covid-19, y atendiendo a que el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en su artículo 5, fracción II, se establece que tratándose de la práctica de diligencias, audiencias y demás comparecencias que suelan requerir la presencia física de las partes o de otros intervinientes, se puedan practicar mediante el uso de herramientas tecnológicas como las videoconferencias. Por ello, de ser el deseo de las partes tener participación en la diligencia de mérito, se les requiere para que expresen su interés, como máximo, tres días antes de la fecha fijada para el desahogo de la audiencia de mérito, a efecto de realizar la organización respectiva y hacerles saber las especificaciones de los instrumentos tecnológicos que deberán emplear, para llevar a cabo vía remota la diligencia; en la inteligencia de que deberá proporcionar para ello un correo electrónico y número telefónico con la finalidad de que se le hagan llegar los datos y liga para poder enlazarse a la videoconferencia. SUSPENSIÓN PROVISIONAL La parte quejosa señala como acto reclamado la omisión del Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Veracruz (Sala A), con sede en Veracruz, Veracruz, de señalar una nueva hora y fecha para llevar a cabo al audiencia inicial en el proceso penal 1062/2021, de su índice. En ese sentido, procede negar la medida cautelar, puesto que de otorgarse se dejaría sin materia el juicio principal. Ciertamente, del artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su primer párrafo, así como de los diversos 128, 131 y 147 de la Ley de Amparo, se desprende lo siguiente: - Que la suspensión en el juicio de amparo participa de la naturaleza de las medidas cautelares, entendidas éstas como instrumentos provisionales que permiten conservar la materia del litigio y a la vez evitar que se causen daños graves o irreparables a las partes o a la sociedad durante la tramitación del asunto, por lo que tiene como objeto preservar la materia del juicio y asegurar provisionalmente la situación jurídica, el derecho o el interés de que se trate y para evitar que el acto reclamado cause daños o perjuicios a la parte quejosa hasta en tanto se decida sobre el derecho que pretende en el juicio y esto lo hace mediante medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios provisionales), dependiendo de la naturaleza y efectos del acto reclamado. - A través de la suspensión se puede impedir la ejecución de determinados actos o efectos hasta en tanto se resuelve en definitiva el expediente principal, a fin de evitar daños o perjuicios irreparables al quejoso y conservar viva la materia del juicio, para lo cual es necesario analizar: a) La apariencia del buen derecho; b) Las posibles afectaciones al interés social; y, c) La posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. - El objetivo primordial de la institución de la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo, previsto en los artículos 107, fracción X, de la Constitución General de la República y 128 de la Ley de Amparo, es mantener viva la materia de ese juicio, impidiendo que el acto que lo motiva se consume irreparablemente y haga ilusoria para el agraviado la protección de la Justicia Federal, evitándole así los perjuicios que la ejecución del acto pudiera ocasionarle. Sobre la aplicación de estos preceptos tratándose de actos de naturaleza omisiva, resulta necesario citar la jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 73, diciembre de 2019, tomo I, página 286, cuyo rubro y texto son: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) las posibles afectaciones al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior." Como se advierte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación examinó el artículo 107, fracción X, primer párrafo, constitucional Federal, así como el precepto 147 de la Ley de Amparo y señaló que esos numerales dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios). Además, precisó dicha sala que la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa, negativa, incluso "omisiva" no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues, lo primordial es atender a las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, debido a que eso es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en mantener las cosas en el estado en que en se encontraban o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. Cuidando en todo momento que el otorgamiento de la medida no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo. Bajo esa premisa, si en el caso se reclama la omisión del Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Veracruz (Sala A), con sede en Veracruz, Veracruz, de señalar una nueva hora y fecha para llevar a cabo al audiencia inicial en el proceso penal 1062/2021, de su índice; procede negarse la suspensión provisional solicitada, no solo por el hecho de que se trata de actos de índole omiso, sino porque de concederse la suspensión se agotaría la materia del juicio de amparo en lo principal. Dicho de otro modo, atendiendo a los efectos que implicaría conceder la suspensión del acto reclamado, no es material y legalmente posible su concesión, porque su otorgamiento coincidiría exactamente con lo que en su momento se resuelva en el juicio de amparo, ya que de otorgarse la medida cautelar para que el juez responsable subsane la omisión reclamada, podría agotar o dejar sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 107, fracción X constitucional y 128 de la ley de la materia, se niega a Yadira Ruiz Romero, la suspensión provisional del acto reclamado. AUTORIZADOS Téngase por autorizado con facultades amplias en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Urbano Uscanga Jiménez, ya que acreditó estar legalmente facultado para ejercer la profesión de licenciado en derecho a través del registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales y como autorizados con facultades restringidas en términos de la última parte, segunda parte del artículo en mención a las demás personas mencionadas en la demanda, por no encontrarse registrados en el mencionado Sistema ni proporcionar los números de cédulas profesionales para su búsqueda en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública y únicamente para imponerse de autos a Josué Espinosa Lagunés, por así solicitarlo expresamente la promovente. NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA, CONSULTA EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y MEDIO DE CONTACTO De conformidad con los artículos 3, 26, fracción IV, 30 y 31 de la Ley de Amparo, se autoriza al usuario MisaelUs para que las notificaciones de los acuerdos correspondientes a este expediente se realicen vía electrónica a través del portal www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx. Por tanto, se instruye a los actuarios adscritos a este juzgado, realicen las notificaciones respectivas en la vía indicada. De conformidad con los artículos 3 de la Ley de Amparo, 37 y 38 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, se autoriza la consulta del expediente electrónico vía internet mediante el portal de Servicios en línea implementado por el Consejo de la Judicatura Federal como parte del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación en la página: http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/; el cual le permite el acceso en línea a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito en toda la República Mexicana, así como a las áreas administrativas del Poder Judicial de la Federación. En razón de lo anterior, se instruye a la oficial judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita a este órgano de control constitucional, para que conforme a los lineamientos recibidos por las instancias administrativas competentes del Consejo de la Judicatura Federal, realice las acciones técnicas necesarias a fin de habilitar al usuario MisaelUs, para que pueda ingresar, consultar y notificarse vía internet el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa. Ahora, téngase a la promovente proporcionando el correo electrónico citado en la demanda de amparo, por lo que en términos del artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, dicho medio se utilizará tratándose de comunicaciones no procesales como medio de contacto. Por lo que respecta al domicilio convencional que indica para oír y recibir notificaciones, únicamente se toma conocimiento del mismo, en virtud de haberse autorizado las notificaciones por la vía electrónica. INEXISTENCIA DE AUTORIDAD RESPONSABLE Dígasele a la parte quejosa que si el Servicio Postal Mexicano o los Actuarios Judiciales de la adscripción devuelve el oficio con transcripción de este proveído en razón de que no le fue posible entregarlo a la autoridad señalada como responsable destinataria por inexistencia de la misma, se mandará suspender toda comunicación procesal posterior con ella, y en su oportunidad se tendrá por inexistente, lo anterior con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo. Lo anterior, sin perjuicio de que la parte quejosa pueda proporcionar la nueva denominación de la autoridad en el momento procesal oportuno, cuando así lo crea conveniente. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta y expedita, se autoriza al Secretario, bajo criterio limitado y hábil, para que únicamente certifique y agregue a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y, c) acuses de recibo. ASPECTOS PROCESALES Respecto al uso de medios electrónicos, expedición de copias, habilitación de horas y días inhábiles, requerimiento de correo electrónico, número telefónico y el exhorto de que en la medida de lo posible se siga el juicio en línea se pronuncia en los términos acordados en el cuaderno principal, respecto de lo cual resulta ocioso pronunciarse de nueva cuenta, en razón de que el expediente en que se actúa deriva de aquel. Notifíquese, por oficio a la responsable, por lista de acuerdos a las demás partes.

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