Yadira Odeth Ledesma Ruiz
Expediente 887/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 887/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/08/2018
Partes del expediente
- Yadira Odeth Ledesma Ruiz
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. En razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de DESTRUCCIÓN de conformidad con el punto segundo, fracción XVI, y vigésimo primero, fracción I, del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula....IV
- Principal
A PRIMER HORA HÁBIL DEL DOS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO SEÑALADO EN CITATORIO DE TREINTA DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO, EN CONSECUENCIA, SE NOTIFICA PERSONALMENTE POR LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO, A LA PARTE QUEJOSA YADIRA ODETH LEDESMA RUIZ, EL ACUERDO DE VEINTISIETE DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE DICE: ...Téngase por recibida la demanda promovida por ********, por propio derecho, contra actos del Instituto Queretano del Transporte y otra autoridad. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado con el consecutivo 887/2018-IV; procédase a la digitalización de las constancias existentes para la integración del expediente electrónico, bajo el entendido de que si llegase a ser imposible por causa de su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o de datos personales, quedarán a disposición de las partes en el expediente físico. Igualmente, se hace saber a las partes que el expediente electrónico está a su disposición en términos del artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo transitorio. DESECHAMIENTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, se advierte en la especie una causa manifiesta e indudable de improcedencia de la demanda, lo que impone a desechar la misma, como se explica enseguida. En ese orden, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura del ocurso. Lo indudable resulta de la certidumbre que se tenga y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción distinta, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia publicada con el número I.1o.A. J/4, en la página 890, Tomo VII, mayo de 1998 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el siguiente rubro y texto: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". ACTO RECLAMADO. En el caso, de una lectura íntegra de la demanda, se desprende que la parte quejosa reclama: La multa ********, impuesta a la quejosa, por el monto de ************************ Ahora bien, la fracción IV del artículo 107 constitucional, establece lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) IV. En materia administrativa, el amparo procede, además, contra acto u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar esos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución.-." Por su parte, el artículo 61, fracción XX, de la Ley de la Materia, dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. De lo transcrito se desprende que en materia administrativa, de manera previa a la promoción del juicio de amparo, es necesario agotar los medios de defensa procedentes contra el acto de autoridad que se estime lesivo, siempre que conforme a las leyes que los prevén, de oficio o mediante la promoción del juicio o interposición del recurso o medio de defensa legal correspondiente, se suspendan los efectos de los actos impugnados, con los mismos alcances previstos en la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que ésta consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el establecido para el otorgamiento de la suspensión provisional; independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido. Así, el principio de definitividad supone el agotamiento de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado prevea para impugnarlo, de tal suerte que, existiendo medio ordinario de defensa, sin que lo interponga el quejoso, el amparo resulta improcedente. Ese principio responde, indiscutiblemente, a la naturaleza jurídica del juicio de amparo como medio extraordinario de defensa de los derechos públicos subjetivos de los gobernados, por lo que, lógicamente, antes de promoverlo el particular debe agotar todos aquellos medios ordinarios de defensa legalmente reconocidos. Asimismo, el reconocimiento constitucional del principio en comento responde también a la necesidad de evitar el abuso de la acción de amparo, pretendiendo el Constituyente que su promoción y la consecuente activación del control constitucional encomendado a los tribunales integrantes del Poder Judicial de la Federación sólo acontezca cuando la conducta de autoridad que se reclama posea el carácter de definitiva según la ley que la rija. Ahora, el principio en comento no es absoluto; por el contrario, admite excepciones, algunas de ellas legalmente previstas y otras derivadas de la interpretación de la ley efectuada por los tribunales legalmente facultados. En ese sentido, conviene tomar en consideración la tesis 2a. LVI/2000, que dice: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 dela Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia."1 Establecido el marco referencial, en la especie, la boleta de infracción *******, emitida por el Instituto Queretano del Transporte, se estima es susceptible de cuestionarse a través del juicio de nulidad previsto por la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, pues mediante el mismo se puede modificar, revocar o nulificar, aunado que con la interposición de dicho juicio de nulidad es procedente suspender los actos que por esta vía se impugnan sin que se exijan mayores requisitos que los previstos por la Ley de Amparo para tal efecto. A fin de entender el alcance del sentido de la presente determinación, resulta conveniente abordar el siguiente marco jurídico. El artículo 34 apartado A, de la Constitución Política del Estado de Querétaro establece: "ARTICULO 34. El funcionamiento del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, se sujetará a lo siguiente: Apartado A. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo estará dotado de plena autonomía y será independiente de cualquier autoridad administrativa. Tendrá a su cargo dirimir las controversias de carácter administrativo que se susciten entre las dependencias administrativas estatales y municipales con los particulares. Residirá en la ciudad de Santiago de Querétaro y tendrá la estructura, la organización, la jurisdicción y la competencia que le atribuya la ley. Para ser Magistrado, se deberán satisfacer los requisitos que se señalan en el artículo 28 de la presente Constitución y será electo para un período de cuatro años, pudiendo ser ratificado por un periodo igual." Por su parte, los artículos 1, 2, 3, 4 y 20 del título primero, relativo a la Organización y Competencia, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro, establecen: "Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria del artículo 34, Apartado A, de la Constitución Política del Estado de Querétaro y tiene por objeto regular la organización, atribuciones y funcionamiento del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro." "Artículo 2. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro, es un órgano jurisdiccional independiente de cualquier autoridad administrativa, con autonomía para dictar sus fallos, dotado de plena jurisdicción y con el imperio suficiente para hacer cumplir sus determinaciones, en todo el territorio del Estado de Querétaro. El Tribunal forma parte del Sistema Estatal Anticorrupción de Querétaro a que se refieren los artículos 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 38 ter, de la Constitución Política del Estado de Querétaro y estará sujeto a las disposiciones aplicables en dicha materia. El presupuesto aprobado por la Legislatura del Estado al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro, se ejercerá con autonomía y conforme a lo dispuesto por la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro y las demás disposiciones legales aplicables." "Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entiende por: I. Juez Administrativo: el Juez Administrativo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro; II. Juzgado Administrativo: el Juzgado Administrativo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro; III. Magistrado: el Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro; IV. Reglamento Interior: el Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro; V. Sala Especializada: la Sala Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro; VI. Sala Superior: la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro; VII. Pleno: el Pleno de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro; y VIII. Tribunal: el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro. Las expresiones citadas podrán utilizarse en singular o plural, conservando el significado expuesto." "Artículo 4. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: I. Los decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando se controviertan con motivo de su primer acto de aplicación; II. Las dictadas por autoridades fiscales estatales y municipales, en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación; III. Las que nieguen la devolución de aprovechamientos o de algún tipo de contribución contemplada por el Código Fiscal del Estado de Querétaro, indebidamente percibidos por el Estado o el municipio o cuya devolución proceda de conformidad con las leyes fiscales; IV. Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas estatales y municipales; V. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores; VI. Las que se originen por fallos en licitaciones públicas y sobre interpretación y cumplimiento de contratos de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por las dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal; VII. Las que nieguen la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado o los municipios, declaren improcedente su reclamación o cuando, habiéndola otorgado, no satisfaga al reclamante. También las que, por repetición, impongan la obligación a los servidores públicos de resarcir al Estado o al municipio que corresponda el pago correspondiente a la indemnización, en los términos de la ley de la materia; VIII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro; IX. Las que resuelvan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones de este artículo; X. Las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en este artículo, por el transcurso del plazo que señalen el Código Fiscal del Estado de Querétaro, la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro o las disposiciones aplicables, así como las que nieguen la expedición de la constancia de haberse configurado la resolución positiva ficta, cuando ésta se encuentre prevista por la ley que rija a dichas materias. No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior en todos aquellos casos en los que se pudiere afectar el derecho de un tercero, reconocido en un registro o anotación ante autoridad administrativa; XI. Las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones a los servidores públicos en términos de la legislación aplicable, así como contra las que decidan los recursos administrativos previstos en dichos ordenamientos; XII. Las sanciones que imponga la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro; y XIII. Las demás que esta y otras leyes establezcan como competencia del Tribunal. Para los efectos del primer párrafo de este artículo, las resoluciones se considerarán definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa. El Tribunal conocerá de los juicios que promuevan las autoridades para que sean anuladas las resoluciones administrativas favorables a un particular, siempre que dichas resoluciones sean de las materias de su competencia." "Artículo 20. Los Juzgados Administrativos conocerán de los juicios que se promuevan en contra de las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos, a que se refiere el artículo 4 de esta Ley, con excepción de la prevista en la fracción XII de dicho precepto, que será de (sic) conocimiento de la Sala Especializada." Por su parte, los artículos 5 y 12 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, dicen: Artículo 5. Son partes en el juicio contencioso administrativo estatal: Serán partes en el juicio: El actor o demandante; El demandado, que podrá ser: La autoridad que dictó la resolución impugnada. En el caso del Gobernador del Estado, éste será representado por el Secretario de Gobierno. El particular a quien favorezca la resolución cuya modificación o nulidad pida la autoridad administrativa estatal o municipal; y El tercero que tenga un derecho incompatible con la pretensión del demandante. Artículo 12. Es improcedente el juicio ante el Tribunal en los casos, por las causales y contra los actos siguientes: Que no afecten los intereses jurídicos del demandante, salvo en los casos de legitimación expresamente reconocida por las leyes que rigen al acto impugnado; Que no le competa conocer a dicho Tribunal; Que hayan sido materia de sentencia pronunciada por el Tribunal, siempre que hubiera identidad de partes y se trate del mismo acto impugnado, aunque las violaciones alegadas sean diversas; Cuando hubiere consentimiento, entendiéndose que hay consentimiento si no se promovió algún medio de defensa en los términos de las leyes respectivas o juicio ante el Tribunal, en los plazos que señala esta Ley. Se entiende que no hubo consentimiento cuando una resolución administrativa o parte de ella no impugnada, cuando derive o sea consecuencia de aquella otra que haya sido expresamente impugnada; Que sean materia de un recurso o juicio que se encuentre pendiente de resolución ante una autoridad administrativa o ante el propio Tribunal; Que puedan impugnarse por medio de algún recurso o medio de defensa, con excepción de aquéllos cuya interposición sea optativa; Conexos a otro que haya sido impugnado por medio de algún recurso o medio de defensa diferente, cuando la ley disponga que debe agotarse la misma vía. Para los efectos de esta fracción, se entiende que hay conexidad siempre que concurran las causas de acumulación previstas en el artículo 36 de esta Ley; Que hayan sido impugnados en un procedimiento judicial; Contra reglamentos; Cuando no se hagan valer conceptos de impugnación; Cuando de las constancias de autos apareciere claramente que no existe la resolución o acto impugnados; Cuando la demanda se hubiere interpuesto por la misma parte y en contra del mismo acto impugnado, por dos o más ocasiones; y En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de esta Ley o de una ley fiscal o administrativa. La procedencia del juicio será examinada de oficio." Del referido cuerpo normativo si bien no establece un numeral que señale un catálogo específico respecto de los diversos tipos de actos que con el juicio contencioso administrativo se puedan combatir, antes bien, se prevé de forma genérica su procedimiento contra todos los actos administrativos de la administración pública estatal y municipal y por excepción a -contrario sentido- en lo previsto por el diverso artículo 20; se advierte claramente que contra el acto administrativo del organismo de la administración pública Estatal (Instituto Queretano del Transporte), reclamado por la parte quejosa en su demanda; procede el juicio contencioso administrativo, pues se trata de un acto proveniente de la administración pública estatal que no se ubica en los supuestos de excepción que establece el aludido artículo 20; por lo que es un medio de defensa ordinario por virtud del cual puede ser modificado, revocado o nulificado el acto reclamado y en esas condiciones, como la parte quejosa no agotó el principio de definitividad que anima el juicio de amparo, es concluyente que el mismo es improcedente. En efecto, el acto reclamado consistente en la multa impuesta es un acto administrativo, respecto del cual, la parte quejosa de manera optativa puede impugnarlo a través del recurso ordinario que prevé la legislación de la materia, o bien, a través del juicio contencioso-administrativo, empero, si decide promover el recurso ordinario, contra la determinación que lo resuelva necesariamente debe promover el referido juicio, de ahí que exista la obligación de promover el juicio de contencioso administrativo, antes de acudir al juicio de amparo. Al respecto, los artículos 222 fracción VI, 223 y 229 de la Ley de Movilidad para el Transporte Público, establece: "artículo 222. En la comisión de infracciones flagrantes a la presente ley y sus normas reglamentarias el personal de inspección tomará conocimiento levantando la boleta de infracción correspondiente, que contendrá lo siguiente: (.) Fracción VI. La mención de los medios legales que, de acuerdo con las leyes, tengan a su disposición el probable infractor , para controvertir la boleta, su contenido o efectos y, (.) Artículo 223. Elaborada la boleta de infracción, se entregará el duplicado a la persona con la que se entienda el acto, recabando su firma o huella digital por concepto de recepción. En su ausencia o negativa a firmar la boleta, ésta se fijará en su unidad, si es posible, procurando colocarla a la vista del conductor. Artículo 229. Contra los actos y resoluciones que impongan providencias precautorias o sanciones en perjuicio de los particulares, con motivo de la aplicación de la presente ley y de las normas reglamentarias que de esta emanen, procederá el recurso de revisión previsto en la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro. De los artículos en cita se desprende que la intención del legislador local fue la de establecer medios ordinarios de defensa para que el gobernado pudiera a través de los mismos, nulificar actos o resoluciones dictadas en las materias administrativa o fiscal, del ámbito municipal, para ello, en forma optativa previó la procedencia del recurso revisión, o bien, directamente el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro. Por tanto, si el interesado optare por interponer el recurso de revisión, una vez resuelto, si aún el fallo fuere desfavorable, debe controvertirlo a través del juicio contencioso administrativo, antes de ocurrir al juicio de amparo, precisamente porque la determinación alegada encuadra en los actos administrativos a que se refiere el numeral 20, de la Ley de Justicia Administrativa, aplicado contrario sensu, el cual mediante esta vía podía ser nulificado. De ahí que conforme a lo dispuesto por el artículo 4º, primer y último párrafo de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro, al tratarse de un acto administrativo, y ser optativo su impugnación para el quejoso, a través del recurso de revisión se estima que procede el juicio de nulidad. Ello es así, dado que la autoridad responsable es de aquellos entes a los que hace referencia el citado artículo 5 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro y, por tanto, dicho Tribunal es competente para conocer y resolver en relación con el acto que aquí se combate, en razón de que se trata de un acto administrativo dictado por autoridad perteneciente a la Administración Pública Estatal, en agravio de un particular. De esta suerte, la existencia de la instancia de justicia administrativa, tiene como fundamento teleológico el de proporcionar un sistema integral de medios de defensa contra los actos de autoridades administrativas y, por tanto, constituye un medio de defensa ordinario que debe agotarse previo al amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica sustancial, la tesis que estatuye: "JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, DEBE PROMOVERSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO. Aun cuando en la demanda de amparo formulada en contra de actos de autoridades administrativas locales sólo se invoquen como violados artículos de la Constitución General de la República y no preceptos de alguna ley secundaria, el afectado debió previamente promover ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del estado el juicio de nulidad correspondiente, a virtud de que las cuestiones de derecho que plantea se refieren a problemas de legalidad, y el tema de inconstitucionalidad es planteado indirectamente a través de la llamada garantía de legalidad, ya que aceptar lo contrario traería como consecuencia que con alegar únicamente violación a disposiciones de la propia Constitución se eludiría el agotamiento del recurso, juicio o medio de defensa ordinarios, según sea el caso, desacatándose así el requisito de definitividad que rige al juicio constitucional." (Tesis sustentada por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativas y de Trabajo del Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIV, Noviembre, página 463.) Además debe precisarse que la ley que rige el juicio de nulidad prevé la suspensión del acto en sus artículos 32 y 33, bajo condiciones idénticas a las que prevé la Ley de Amparo y sin mayores requisitos de los que ésta exige, por lo cual se trata de un medio de impugnación que debe agotarse previo al juicio de amparo. En efecto, dichos numerales señalan: "Artículo 32. La solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, presentado por el actor o su representante legal, se tramitará y resolverá, de conformidad con las reglas siguientes: Se concederá siempre que: No se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. Sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado; Para el otorgamiento de la suspensión deberán satisfacerse los siguientes requisitos: Tratándose de la suspensión de actos de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, se concederá la suspensión, la que surtirá sus efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Al otorgar la suspensión, se podrá reducir el monto de la garantía, en los siguientes casos: Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del solicitante. Si se tratara de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. En los casos en que la suspensión pudiera causar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el solicitante otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que con ella se cause, si éste no obtiene sentencia favorable. En caso de afectaciones no estimables en dinero, de proceder la suspensión, se fijará discrecionalmente el importe de la garantía. En los demás casos, se concederá determinando la situación en que habrán de quedar las cosas, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal, hasta que se pronuncie sentencia firme. El monto de la garantía y contragarantía será fijado por la Sala Superior o Especializada o el Juzgado Administrativo del Tribunal que conozca del juicio o quien los supla; El procedimiento será: La solicitud podrá ser formulada en la demanda o en escrito diverso presentado ante la Sala Superior o Especializada o el Juzgado Administrativo en que se encuentre radicado el juicio correspondiente, en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia definitiva. Se tramitará por cuerda separada, bajo la responsabilidad de la Sala Superior o Especializada o de los Juzgados Administrativos del Tribunal. La Sala Superior o Especializada o el Juzgado Administrativo competente del Tribunal, deberán proveer sobre la suspensión provisional de la ejecución, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación de la solicitud. La Sala Superior o Especializada o el Juzgado Administrativo competente requerirá a la autoridad demandada un informe relativo a la suspensión definitiva, el que se deberá rendir en el plazo de cuarenta y ocho horas siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del acuerdo respectivo. Vencido el término, con el informe o sin él, la Sala Superior o Especializada o el Juzgado Administrativo resolverán lo que corresponda, dentro de los cinco días siguientes; Mientras no se dicte sentencia definitiva en el juicio, la Sala Superior o Especializada o el Juzgado Administrativo competente podrá modificar o revocar la resolución que haya concedido o negado la suspensión definitiva, cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique; y Cuando el solicitante de la suspensión obtenga sentencia favorable y ésta quede firme, la Sala Superior o Especializada o el Juzgado Administrativo ordenará la cancelación o liberación de la garantía otorgada. En caso de que la sentencia firme le sea desfavorable, a petición de la contraparte o en su caso, del tercero, y previo acreditamiento de que se causaron perjuicios o se sufrieron daños, la Sala Superior o Especializada o el Juzgado Administrativo la ordenará hacer efectiva la garantía otorgada ante la autoridad. Artículo 33. Las medidas cautelares positivas y la suspensión de la ejecución del acto impugnado podrán quedar sin efecto si la contraparte exhibe contragarantía para indemnizar los daños y perjuicios que pudieran causarse a la parte actora. Además, la contragarantía deberá cubrir los costos de la garantía que hubiese otorgado la parte actora, la cual comprenderá, entre otros aspectos, los siguientes: Los gastos o primas pagados, conforme a la Ley, a la empresa legalmente autorizada que haya otorgado la garantía; Los gastos legales de la escritura respectiva y su registro, así como los de cancelación y su registro, cuando la parte actora hubiere otorgado garantía hipotecaria; Los gastos legales acreditados para constituir el depósito; y/o Los gastos efectivamente erogados para constituir la garantía, siempre que estén debidamente comprobados con la documentación correspondiente. No se admitirá la contragarantía si de ejecutarse el acto impugnado o de no concederse la medida cautelar positiva queda sin materia el juicio o cuando resulte en extremo difícil restituir las cosas al estado que guardaban antes del inicio del juicio, lo cual deberá ser motivado por la Sala Superior o Especializada o el Juzgado Administrativo, según corresponda." Con el propósito de verificar si en el caso, los anteriores requisitos establecidos en la Ley del Procedimiento contencioso Administrativo del Estado de Querétaro para otorgar la suspensión de la ejecución del acto impugnado en el juicio de nulidad, son mayores a los establecidos en la Ley de Amparo, resulta conveniente acudir igualmente a aquellos preceptos de este ordenamiento que tienden a regular los requisitos que deben satisfacerse para el otorgamiento de la medida suspensional a favor de la parte quejosa, tratándose del juicio de amparo indirecto. Efectivamente, en cuanto al otorgamiento de la suspensión del acto reclamado en los juicios de amparo indirecto, se presentan dos formas de concederse la medida suspensional que son: a) la suspensión de plano y de oficio; b) suspensión de oficio cuando el acto es de imposible reparación; y c) la suspensión a petición de parte. Con independencia de que los actos contra los cuales se haya solicitado la medida cautelar sean ciertos y de que la naturaleza de los mismos permita su paralización, la suspensión a petición de parte está sujeta a determinados requisitos, como puede verse a continuación: En principio, debe atenderse a lo dispuesto en los artículos 128, 132 y 135 de la Ley de Amparo, los cuales disponen: Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. Artículo 132. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión concedida a los núcleos de población no requerirá de garantía para que surta sus efectos. Artículo 135. Cuando el amparo se solicite en contra de actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. El órgano jurisdiccional está facultado para reducir el monto de la garantía o dispensar su otorgamiento, en los siguientes casos: I. Si realizado el embargo por las autoridades fiscales, éste haya quedado firme y los bienes del contribuyente embargados fueran suficientes para asegurar la garantía del interés fiscal; II. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del quejoso; y III. Si se tratase de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. En los casos en que se niegue el amparo, cuando exista sobreseimiento del mismo o bien cuando por alguna circunstancia se deje sin efectos la suspensión en el amparo, la autoridad responsable hará efectiva la garantía. La satisfacción de las anteriores condiciones o requisitos, obliga al Juez de Distrito a conceder la medida cautelar que se le solicite. Pues bien, el examen comparativo de los artículos 32 y 33 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo, frente a los artículos 128, 132 y 135 de la Ley de Amparo, pone de manifiesto que los requisitos establecidos para otorgar la suspensión del acto impugnado en el juicio de nulidad no son mayores que los previstos para suspender el acto reclamado en el juicio de amparo, pues incluso los requerimientos básicamente son los mismos, ya que la suspensión puede solicitarse en cualquier tiempo; se concederá siempre que no se afecte el interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, y sean de difícil reparación los daños o perjuicios que puedan causarse con la ejecución; de ocasionarse daños o perjuicios a terceros se concederá siempre que el solicitante otorgue garantía para reparar el daño o indemnizar los perjuicios que se causen, dando la oportunidad a que el tercero exhiba contragarantía para evitar la suspensión de la ejecución del acto impugnado en nulidad; si se trata de una afectación no estimable en dinero la garantía se fijará discrecionalmente; deberá fijarse la situación en que habrán de quedar las cosas hasta que se dicte sentencia firme, pudiendo revocarse o modificarse la concesión o negativa de la medida cautelar por hecho superveniente. Asimismo, en cuanto a la forma de garantizar un crédito fiscal, se permite que se haga ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables; además, se establece que la garantía o depósito puede reducirse de acuerdo con la capacidad económica del solicitante, o si se trata de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito, lo que incluso otorga un mayor beneficio al contribuyente que la Ley de Amparo. Por tanto, los requisitos vigentes previstos para otorgar la medida cautelar en el juicio contencioso administrativo no rebasan los contemplados al respecto en la Ley de Amparo para conceder dicha medida cautelar. Es aplicable al caso concreto, por las razones que la integran la tesis de Jurisprudencia número PC.XXII. J/2 A (10a.), sustentada por el Pleno del Vigésimo Segundo Circuito, visible en la página 1014, Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. LA LEY DE ENJUICIAMIENTO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, EN RELACIÓN CON LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, AMBAS DEL ESTADO DE QUERÉTARO, QUE REGULAN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, NO PREVÉN UN PLAZO MAYOR AL ESTABLECIDO EN LA LEY DE AMPARO PARA OTORGAR DICHA MEDIDA CAUTELAR, POR LO QUE DEBE AGOTARSE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. De la interpretación conforme del marco normativo con el artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se sigue que la excepción al principio de definitividad contenido en éste, que dispone que se actualiza un motivo de excepción al principio citado cuando las leyes que rijan a los actos a que hace referencia establezcan un plazo mayor al previsto en la Ley de Amparo para otorgar la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esa ley. Ahora bien, la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, en sus artículos 44, 45 y 48, en relación con los diversos 35, fracción X, y 44, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo ambas del Estado de Querétaro, consideran la suspensión de los actos impugnados una cuestión de importancia en la que no debe existir dilación, por lo que disponen que las determinaciones sobre su otorgamiento deben tomarse de forma inmediata, es decir, de manera muy cercana a la presentación de la solicitud respectiva; de donde se obtiene que no prevé un plazo mayor al de 24 horas establecido en la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión; pues a partir del momento en que el secretario da cuenta al Juez con la solicitud de suspensión de los actos impugnados, existe la posibilidad de que de inmediato se ordene la paralización de los actos enjuiciados; motivo por el cual, no se actualiza el supuesto de excepción al principio de definitividad que rige en el juicio y, por tanto, la promoción del juicio contencioso administrativo resulta obligatoria previo a la del juicio de amparo, pues atiende el propósito del mandato constitucional de que se actúe con una celeridad semejante a la que exige la Ley de Amparo, lo cual permite el eficaz funcionamiento del sistema jurisdiccional especializado en materia administrativa del Estado de Querétaro, creado precisamente para resolver las controversias entre la administración pública estatal y municipal con los particulares, pues con ello se privilegia el acceso efectivo a la impartición de justicia administrativa local, y además, se reconoce al juicio de amparo como un medio de defensa de tipo extraordinario garante de los derechos humanos. De ahí que, al no haberse demostrado que la norma que regula el medio ordinario de defensa ya explicado exija mayores requisitos para obtener la suspensión del acto en relación de los que prevé la Ley de Amparo, se tiene que las dos posibles excepciones esenciales en torno al principio de definitividad no se surten, sin que en el caso de trato el acto reclamado se refiera a violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; se hubiese impugnado una norma de carácter general con motivo de su primer acto de aplicación; o que el acto reclamado importe peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, se debe llegar a la conclusión de que en la especie se surte la improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo; y sin que tampoco se surta la excepción relativa a que el acto carezca de total fundamentación y motivación, ya que la lectura de los mismos pone de manifiesto que la autoridad no incurrió en ello, pues en la boleta de infracción combatida, se cita el fundamento por el cual se levantó la misma, lo que permitía al gobernado enderezar defensa mediante el juicio contencioso administrativo local. Igualmente, es necesario señalar que en la especie no se surte el supuesto de excepción al referido principio que exige sólo la existencia de conceptos de violación tendientes a evidenciar la violación directa del texto constitucional, como así lo exige la Jurisprudencia 449 de la Segunda Sala de la SCJN, visible en la página 298 del tomo VI, Séptima Época del SJF, de rubro siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN", así como la tesis 2ª.LVI/2000, página 156 del tomo XII, julio de 2000, Novena Época del SJF, de rubro: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO", ya que de la lectura al texto del primero de los criterios citados, así como del correspondiente a la ejecutoria de la que derivó el segundo, se pone de manifiesto que la excepción al principio de definitividad cuando se alegan sólo violaciones directas a la Constitución Federal sólo puede operar de acuerdo a las dos premisas siguientes, a saber: a). Cuando el derecho fundamental infringido carezca de reglamentación secundaria para defenderlo, por ejemplo el derecho de petición y respuesta (art 8), el de expedites en la impartición de justicia (art. 17), entre otros casos; o, b). Cuando el gobernado se encuentre en un estado fáctico de desconocimiento que le impida enderezar defensa por los medios ordinarios, verbigracia, cuando el acto de autoridad carezca totalmente de fundamento y motivo (art. 16), o cuando el justiciable no sea parte en un procedimiento de donde derive el acto de autoridad. En realidad, con exclusión de los supuestos relativos a la violación a los artículos 16, 19, 20 y 22 de la Constitución, en materia penal, así como del amparo contra leyes, todos los restantes supuestos establecidos como casos de excepción al principio de definitividad (de terceros extraños al procedimiento; que la ley que rige el acto y establezca el recurso no prevea la suspensión o que lo haga exigiendo mayores requisitos que la Ley de Amparo o que el recurso no se prevea en la ley sino en un reglamento), redundan en la segunda premisa anotada, esto es, que por las circunstancias normativas o fácticas -desconozca el marco normativo que rija el acto porque la autoridad no fundó ni motivó totalmente; que la ley no prevea recurso; lo prevea pero sin suspensión del acto; lo prevea pero exigiendo mayores requisitos- el gobernado no pueda enderezar defensa por la vía ordinaria. Lo anterior es así, puesto que con el principio de definitividad se persigue mantener el carácter extraordinario del juicio de amparo, esto es, que sólo cuando por las circunstancias que rodearon al gobernado e hicieron imposible su defensa -sea por causa fáctica o por diseño irregular del marco normativo ordinario-, se vea imposibilitado a defenderse, el juicio de amparo cobra su eficacia para salvaguardar el derecho fundamental del particular. En ese sentido, en el texto de la Jurisprudencia citada en primer lugar en el segundo párrafo que antecede, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, explicó que no se surtirá la excepción relativa a "violación directa a la constitución" cuando el quejoso además de alegar la infracción a un artículo de la Constitución Federal aduzca irregularidades del acto relacionadas con alguna norma secundaria; y es que, como ya se explicó, tal limitación que señaló la corte encuentra su razón precisamente en lo ya apuntado, esto es, que si el gobernado alega que el acto de autoridad infringe disposiciones de normas secundarias, como en el caso lo son los artículos 207 y 209 de la Ley de Movilidad para el Transporte del Estado de Querétaro, se debe entender que no desconoce el marco normativo que lo rige y, por ende, que tampoco ignora los medios ordinarios que a su alcance tuviera para enderezar su defensa. De ahí que, por ello, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concluyó que aun y cuando el quejoso reclame violaciones de preceptos constitucionales y a la vez infracción al marco normativo secundario, ello no lo releva de "la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca". Luego, con independencia de que -como lo propuso el quejoso- (en el capítulo de actos reclamados) en el aspecto de que la autoridad responsable emitió la sanción respecto de la cual no se tiene la certeza jurídica que dicho servidor pudiera emitir la misma, se traduce en un reclamo de la naturaleza de legalidad que precisamente se conoce en razón a la pretendida indebida fundamentación, lo cual sería materia de queja o impugnación en el medio ordinario de defensa, esto es, en el juicio contencioso administrativo local, ya que no por lo propuesto y dicho por la quejosa debe quedar relevada de ajustarse al agotamiento de los medios ordinarios de defensa que tiene a su alcance, además de que por medio del juicio contencioso local cobraría relevancia el respeto del derecho de audiencia y defensa previa al acto privativo de imposición y ejecución de infracción. Apoya lo anterior, en lo conducente, la tesis I.4o.A.828 A del Cuarto tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 412 del tomo XV-2, febrero de mil novecientos noventa y cinco, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "MULTAS. GARANTIA DE AUDIENCIA. En el caso de imposición de multas por parte de la autoridad administrativa, basta con que el particular tenga la posibilidad de controvertir dicha sanción a través de los medios de defensa conducentes para tener por satisfecha la garantía de audiencia consignada en el artículo 14 constitucional, y no es necesario por tanto, que dicha garantía se le dé al particular previa a la imposición de la multa." Además, por analogía, la tesis I.15o.A.148 A del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 3121 del tomo XXXII, octubre de dos mil diez, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "MULTA POR INFRACCIÓN A REGLAMENTOS DE TRÁNSITO DE VEHÍCULOS. RESPECTO DE SU DETERMINACIÓN, NO NECESARIAMENTE TIENE QUE REGIR LA GARANTÍA DE AUDIENCIA PREVIA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en diversos precedentes que la mencionada prerrogativa, consagrada en el párrafo segundo del artículo 14 constitucional, no es de carácter absoluto, sino que existen supuestos en los que por la naturaleza de la actividad administrativa y su impacto en la esfera jurídica de los particulares, el derecho fundamental de ser oído y vencido en juicio, puede otorgarse con posterioridad a la emisión del acto de autoridad correspondiente. Criterio que resulta aplicable al ejercicio de la potestad sancionadora de la administración pública establecida en el artículo 21, párrafo cuarto, constitucional, que versa sobre la aplicación de sanciones por infracción a los reglamentos gubernativos y de policía, penas que únicamente pueden consistir en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o trabajo a favor de la comunidad, dado el carácter ejecutorio de esas determinaciones, en tanto que imponen deberes y restricciones a los particulares, que deben hacerse efectivos aun contra su voluntad. En ese tenor, tratándose de la determinación de infracciones a los reglamentos de tránsito de vehículos e imposición de las sanciones correspondientes, no necesariamente debe regir la garantía de audiencia previa, por lo que el afectado puede ser escuchado en su defensa con posterioridad a la emisión del acto de autoridad; máxime que de no considerarse así, se afectarían gravemente las funciones relativas de la autoridad, al tener que instaurar, en todos los casos, un procedimiento previo, lo que incluso no sería acorde con la naturaleza ejecutoria de esos actos administrativos." Con base a lo anterior, al actualizarse de manera manifiesta e indudablemente las causales de improcedencia aquí analizadas, da lugar a DESECHAR DE PLANO la demanda de que se trata, en términos del artículo 113 ibídem. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Por otra parte, como lo solicita la parte quejosa y con fundamento en el artículo 305 del Código Adjetivo Federal, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el proemio de la demanda, y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a *************, al contar con sus cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los acredite para ejercer la profesión de licenciados en derecho y a los diversos que menciona en términos restringidos de dicho numeral, por así haberlo solicitado. Por otra parte, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación
- Principal
DEMANDA. Téngase por recibida la demanda promovida por ********, por propio derecho, contra actos del Instituto Queretano del Transporte y otra autoridad. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado con el consecutivo 887/2018-IV; procédase a la digitalización de las constancias existentes para la integración del expediente electrónico, bajo el entendido de que si llegase a ser imposible por causa de su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o de datos personales, quedarán a disposición de las partes en el expediente físico. Igualmente, se hace saber a las partes que el expediente electrónico está a su disposición en términos del artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo transitorio. DESECHAMIENTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, se advierte en la especie una causa manifiesta e indudable de improcedencia de la demanda, lo que impone a desechar la misma, como se explica enseguida. En ese orden, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura del ocurso. Lo indudable resulta de la certidumbre que se tenga y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción distinta, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia publicada con el número I.1o.A. J/4, en la página 890, Tomo VII, mayo de 1998 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el siguiente rubro y texto: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". ACTO RECLAMADO. En el caso, de una lectura íntegra de la demanda, se desprende que la parte quejosa reclama: La multa ********, impuesta a la quejosa, por el monto de ************************ Ahora bien, la fracción IV del artículo 107 constitucional, establece lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) IV. En materia administrativa, el amparo procede, además, contra acto u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar esos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución.-." Por su parte, el artículo 61, fracción XX, de la Ley de la Materia, dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. De lo transcrito se desprende que en materia administrativa, de manera previa a la promoción del juicio de amparo, es necesario agotar los medios de defensa procedentes contra el acto de autoridad que se estime lesivo, siempre que conforme a las leyes que los prevén, de oficio o mediante la promoción del juicio o interposición del recurso o medio de defensa legal correspondiente, se suspendan los efectos de los actos impugnados, con los mismos alcances previstos en la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que ésta consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el establecido para el otorgamiento de la suspensión provisional; independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido. Así, el principio de definitividad supone el agotamiento de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado prevea para impugnarlo, de tal suerte que, existiendo medio ordinario de defensa, sin que lo interponga el quejoso, el amparo resulta improcedente. Ese principio responde, indiscutiblemente, a la naturaleza jurídica del juicio de amparo como medio extraordinario de defensa de los derechos públicos subjetivos de los gobernados, por lo que, lógicamente, antes de promoverlo el particular debe agotar todos aquellos medios ordinarios de defensa legalmente reconocidos. Asimismo, el reconocimiento constitucional del principio en comento responde también a la necesidad de evitar el abuso de la acción de amparo, pretendiendo el Constituyente que su promoción y la consecuente activación del control constitucional encomendado a los tribunales integrantes del Poder Judicial de la Federación sólo acontezca cuando la conducta de autoridad que se reclama posea el carácter de definitiva según la ley que la rija. Ahora, el principio en comento no es absoluto; por el contrario, admite excepciones, algunas de ellas legalmente previstas y otras derivadas de la interpretación de la ley efectuada por los tribunales legalmente facultados. En ese sentido, conviene tomar en consideración la tesis 2a. LVI/2000, que dice: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 dela Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia."1 Establecido el marco referencial, en la especie, la boleta de infracción *******, emitida por el Instituto Queretano del Transporte, se estima es susceptible de cuestionarse a través del juicio de nulidad previsto por la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, pues mediante el mismo se puede modificar, revocar o nulificar, aunado que con la interposición de dicho juicio de nulidad es procedente suspender los actos que por esta vía se impugnan sin que se exijan mayores requisitos que los previstos por la Ley de Amparo para tal efecto. A fin de entender el alcance del sentido de la presente determinación, resulta conveniente abordar el siguiente marco jurídico. El artículo 34 apartado A, de la Constitución Política del Estado de Querétaro establece: "ARTICULO 34. El funcionamiento del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, se sujetará a lo siguiente: Apartado A. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo estará dotado de plena autonomía y será independiente de cualquier autoridad administrativa. Tendrá a su cargo dirimir las controversias de carácter administrativo que se susciten entre las dependencias administrativas estatales y municipales con los particulares. Residirá en la ciudad de Santiago de Querétaro y tendrá la estructura, la organización, la jurisdicción y la competencia que le atribuya la ley. Para ser Magistrado, se deberán satisfacer los requisitos que se señalan en el artículo 28 de la presente Constitución y será electo para un período de cuatro años, pudiendo ser ratificado por un periodo igual." Por su parte, los artículos 1, 2, 3, 4 y 20 del título primero, relativo a la Organización y Competencia, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro, establecen: "Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria del artículo 34, Apartado A, de la Constitución Política del Estado de Querétaro y tiene por objeto regular la organización, atribuciones y funcionamiento del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro." "Artículo 2. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro, es un órgano jurisdiccional independiente de cualquier autoridad administrativa, con autonomía para dictar sus fallos, dotado de plena jurisdicción y con el imperio suficiente para hacer cumplir sus determinaciones, en todo el territorio del Estado de Querétaro. El Tribunal forma parte del Sistema Estatal Anticorrupción de Querétaro a que se refieren los artículos 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 38 ter, de la Constitución Política del Estado de Querétaro y estará sujeto a las disposiciones aplicables en dicha materia. El presupuesto aprobado por la Legislatura del Estado al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro, se ejercerá con autonomía y conforme a lo dispuesto por la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro y las demás disposiciones legales aplicables." "Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entiende por: I. Juez Administrativo: el Juez Administrativo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro; II. Juzgado Administrativo: el Juzgado Administrativo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro; III. Magistrado: el Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro; IV. Reglamento Interior: el Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro; V. Sala Especializada: la Sala Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro; VI. Sala Superior: la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro; VII. Pleno: el Pleno de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro; y VIII. Tribunal: el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro. Las expresiones citadas podrán utilizarse en singular o plural, conservando el significado expuesto." "Artículo 4. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: I. Los decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando se controviertan con motivo de su primer acto de aplicación; II. Las dictadas por autoridades fiscales estatales y municipales, en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación; III. Las que nieguen la devolución de aprovechamientos o de algún tipo de contribución contemplada por el Código Fiscal del Estado de Querétaro, indebidamente percibidos por el Estado o el municipio o cuya devolución proceda de conformidad con las leyes fiscales; IV. Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas estatales y municipales; V. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores; VI. Las que se originen por fallos en licitaciones públicas y sobre interpretación y cumplimiento de contratos de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por las dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal; VII. Las que nieguen la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado o los municipios, declaren improcedente su reclamación o cuando, habiéndola otorgado, no satisfaga al reclamante. También las que, por repetición, impongan la obligación a los servidores públicos de resarcir al Estado o al municipio que corresponda el pago correspondiente a la indemnización, en los términos de la ley de la materia; VIII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro; IX. Las que resuelvan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones de este artículo; X. Las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en este artículo, por el transcurso del plazo que señalen el Código Fiscal del Estado de Querétaro, la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro o las disposiciones aplicables, así como las que nieguen la expedición de la constancia de haberse configurado la resolución positiva ficta, cuando ésta se encuentre prevista por la ley que rija a dichas materias. No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior en todos aquellos casos en los que se pudiere afectar el derecho de un tercero, reconocido en un registro o anotación ante autoridad administrativa; XI. Las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones a los servidores públicos en términos de la legislación aplicable, así como contra las que decidan los recursos administrativos previstos en dichos ordenamientos; XII. Las sanciones que imponga la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro; y XIII. Las demás que esta y otras leyes establezcan como competencia del Tribunal. Para los efectos del primer párrafo de este artículo, las resoluciones se considerarán definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa. El Tribunal conocerá de los juicios que promuevan las autoridades para que sean anuladas las resoluciones administrativas favorables a un particular, siempre que dichas resoluciones sean de las materias de su competencia." "Artículo 20. Los Juzgados Administrativos conocerán de los juicios que se promuevan en contra de las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos, a que se refiere el artículo 4 de esta Ley, con excepción de la prevista en la fracción XII de dicho precepto, que será de (sic) conocimiento de la Sala Especializada." Por su parte, los artículos 5 y 12 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, dicen: Artículo 5. Son partes en el juicio contencioso administrativo estatal: Serán partes en el juicio: El actor o demandante; El demandado, que podrá ser: La autoridad que dictó la resolución impugnada. En el caso del Gobernador del Estado, éste será representado por el Secretario de Gobierno. El particular a quien favorezca la resolución cuya modificación o nulidad pida la autoridad administrativa estatal o municipal; y El tercero que tenga un derecho incompatible con la pretensión del demandante. Artículo 12. Es improcedente el juicio ante el Tribunal en los casos, por las causales y contra los actos siguientes: Que no afecten los intereses jurídicos del demandante, salvo en los casos de legitimación expresamente reconocida por las leyes que rigen al acto impugnado; Que no le competa conocer a dicho Tribunal; Que hayan sido materia de sentencia pronunciada por el Tribunal, siempre que hubiera identidad de partes y se trate del mismo acto impugnado, aunque las violaciones alegadas sean diversas; Cuando hubiere consentimiento, entendiéndose que hay consentimiento si no se promovió algún medio de defensa en los términos de las leyes respectivas o juicio ante el Tribunal, en los plazos que señala esta Ley. Se entiende que no hubo consentimiento cuando una resolución administrativa o parte de ella no impugnada, cuando derive o sea consecuencia de aquella otra que haya sido expresamente impugnada; Que sean materia de un recurso o juicio que se encuentre pendiente de resolución ante una autoridad administrativa o ante el propio Tribunal; Que puedan impugnarse por medio de algún recurso o medio de defensa, con excepción de aquéllos cuya interposición sea optativa; Conexos a otro que haya sido impugnado por medio de algún recurso o medio de defensa diferente, cuando la ley disponga que debe agotarse la misma vía. Para los efectos de esta fracción, se entiende que hay conexidad siempre que concurran las causas de acumulación previstas en el artículo 36 de esta Ley; Que hayan sido impugnados en un procedimiento judicial; Contra reglamentos; Cuando no se hagan valer conceptos de impugnación; Cuando de las constancias de autos apareciere claramente que no existe la resolución o acto impugnados; Cuando la demanda se hubiere interpuesto por la misma parte y en contra del mismo acto impugnado, por dos o más ocasiones; y En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de esta Ley o de una ley fiscal o administrativa. La procedencia del juicio será examinada de oficio." Del referido cuerpo normativo si bien no establece un numeral que señale un catálogo específico respecto de los diversos tipos de actos que con el juicio contencioso administrativo se puedan combatir, antes bien, se prevé de forma genérica su procedimiento contra todos los actos administrativos de la administración pública estatal y municipal y por excepción a -contrario sentido- en lo previsto por el diverso artículo 20; se advierte claramente que contra el acto administrativo del organismo de la administración pública Estatal (Instituto Queretano del Transporte), reclamado por la parte quejosa en su demanda; procede el juicio contencioso administrativo, pues se trata de un acto proveniente de la administración pública estatal que no se ubica en los supuestos de excepción que establece el aludido artículo 20; por lo que es un medio de defensa ordinario por virtud del cual puede ser modificado, revocado o nulificado el acto reclamado y en esas condiciones, como la parte quejosa no agotó el principio de definitividad que anima el juicio de amparo, es concluyente que el mismo es improcedente. En efecto, el acto reclamado consistente en la multa impuesta es un acto administrativo, respecto del cual, la parte quejosa de manera optativa puede impugnarlo a través del recurso ordinario que prevé la legislación de la materia, o bien, a través del juicio contencioso-administrativo, empero, si decide promover el recurso ordinario, contra la determinación que lo resuelva necesariamente debe promover el referido juicio, de ahí que exista la obligación de promover el juicio de contencioso administrativo, antes de acudir al juicio de amparo. Al respecto, los artículos 222 fracción VI, 223 y 229 de la Ley de Movilidad para el Transporte Público, establece: "artículo 222. En la comisión de infracciones flagrantes a la presente ley y sus normas reglamentarias el personal de inspección tomará conocimiento levantando la boleta de infracción correspondiente, que contendrá lo siguiente: (.) Fracción VI. La mención de los medios legales que, de acuerdo con las leyes, tengan a su disposición el probable infractor , para controvertir la boleta, su contenido o efectos y, (.) Artículo 223. Elaborada la boleta de infracción, se entregará el duplicado a la persona con la que se entienda el acto, recabando su firma o huella digital por concepto de recepción. En su ausencia o negativa a firmar la boleta, ésta se fijará en su unidad, si es posible, procurando colocarla a la vista del conductor. Artículo 229. Contra los actos y resoluciones que impongan providencias precautorias o sanciones en perjuicio de los particulares, con motivo de la aplicación de la presente ley y de las normas reglamentarias que de esta emanen, procederá el recurso de revisión previsto en la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro. De los artículos en cita se desprende que la intención del legislador local fue la de establecer medios ordinarios de defensa para que el gobernado pudiera a través de los mismos, nulificar actos o resoluciones dictadas en las materias administrativa o fiscal, del ámbito municipal, para ello, en forma optativa previó la procedencia del recurso revisión, o bien, directamente el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro. Por tanto, si el interesado optare por interponer el recurso de revisión, una vez resuelto, si aún el fallo fuere desfavorable, debe controvertirlo a través del juicio contencioso administrativo, antes de ocurrir al juicio de amparo, precisamente porque la determinación alegada encuadra en los actos administrativos a que se refiere el numeral 20, de la Ley de Justicia Administrativa, aplicado contrario sensu, el cual mediante esta vía podía ser nulificado. De ahí que conforme a lo dispuesto por el artículo 4º, primer y último párrafo de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro, al tratarse de un acto administrativo, y ser optativo su impugnación para el quejoso, a través del recurso de revisión se estima que procede el juicio de nulidad. Ello es así, dado que la autoridad responsable es de aquellos entes a los que hace referencia el citado artículo 5 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro y, por tanto, dicho Tribunal es competente para conocer y resolver en relación con el acto que aquí se combate, en razón de que se trata de un acto administrativo dictado por autoridad perteneciente a la Administración Pública Estatal, en agravio de un particular. De esta suerte, la existencia de la instancia de justicia administrativa, tiene como fundamento teleológico el de proporcionar un sistema integral de medios de defensa contra los actos de autoridades administrativas y, por tanto, constituye un medio de defensa ordinario que debe agotarse previo al amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica sustancial, la tesis que estatuye: "JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, DEBE PROMOVERSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO. Aun cuando en la demanda de amparo formulada en contra de actos de autoridades administrativas locales sólo se invoquen como violados artículos de la Constitución General de la República y no preceptos de alguna ley secundaria, el afectado debió previamente promover ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del estado el juicio de nulidad correspondiente, a virtud de que las cuestiones de derecho que plantea se refieren a problemas de legalidad, y el tema de inconstitucionalidad es planteado indirectamente a través de la llamada garantía de legalidad, ya que aceptar lo contrario traería como consecuencia que con alegar únicamente violación a disposiciones de la propia Constitución se eludiría el agotamiento del recurso, juicio o medio de defensa ordinarios, según sea el caso, desacatándose así el requisito de definitividad que rige al juicio constitucional." (Tesis sustentada por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativas y de Trabajo del Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIV, Noviembre, página 463.) Además debe precisarse que la ley que rige el juicio de nulidad prevé la suspensión del acto en sus artículos 32 y 33, bajo condiciones idénticas a las que prevé la Ley de Amparo y sin mayores requisitos de los que ésta exige, por lo cual se trata de un medio de impugnación que debe agotarse previo al juicio de amparo. En efecto, dichos numerales señalan: "Artículo 32. La solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, presentado por el actor o su representante legal, se tramitará y resolverá, de conformidad con las reglas siguientes: Se concederá siempre que: No se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. Sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado; Para el otorgamiento de la suspensión deberán satisfacerse los siguientes requisitos: Tratándose de la suspensión de actos de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, se concederá la suspensión, la que surtirá sus efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Al otorgar la suspensión, se podrá reducir el monto de la garantía, en los siguientes casos: Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del solicitante. Si se tratara de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. En los casos en que la suspensión pudiera causar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el solicitante otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que con ella se cause, si éste no obtiene sentencia favorable. En caso de afectaciones no estimables en dinero, de proceder la suspensión, se fijará discrecionalmente el importe de la garantía. En los demás casos, se concederá determinando la situación en que habrán de quedar las cosas, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal, hasta que se pronuncie sentencia firme. El monto de la garantía y contragarantía será fijado por la Sala Superior o Especializada o el Juzgado Administrativo del Tribunal que conozca del juicio o quien los supla; El procedimiento será: La solicitud podrá ser formulada en la demanda o en escrito diverso presentado ante la Sala Superior o Especializada o el Juzgado Administrativo en que se encuentre radicado el juicio correspondiente, en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia definitiva. Se tramitará por cuerda separada, bajo la responsabilidad de la Sala Superior o Especializada o de los Juzgados Administrativos del Tribunal. La Sala Superior o Especializada o el Juzgado Administrativo competente del Tribunal, deberán proveer sobre la suspensión provisional de la ejecución, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación de la solicitud. La Sala Superior o Especializada o el Juzgado Administrativo competente requerirá a la autoridad demandada un informe relativo a la suspensión definitiva, el que se deberá rendir en el plazo de cuarenta y ocho horas siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del acuerdo respectivo. Vencido el término, con el informe o sin él, la Sala Superior o Especializada o el Juzgado Administrativo resolverán lo que corresponda, dentro de los cinco días siguientes; Mientras no se dicte sentencia definitiva en el juicio, la Sala Superior o Especializada o el Juzgado Administrativo competente podrá modificar o revocar la resolución que haya concedido o negado la suspensión definitiva, cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique; y Cuando el solicitante de la suspensión obtenga sentencia favorable y ésta quede firme, la Sala Superior o Especializada o el Juzgado Administrativo ordenará la cancelación o liberación de la garantía otorgada. En caso de que la sentencia firme le sea desfavorable, a petición de la contraparte o en su caso, del tercero, y previo acreditamiento de que se causaron perjuicios o se sufrieron daños, la Sala Superior o Especializada o el Juzgado Administrativo la ordenará hacer efectiva la garantía otorgada ante la autoridad. Artículo 33. Las medidas cautelares positivas y la suspensión de la ejecución del acto impugnado podrán quedar sin efecto si la contraparte exhibe contragarantía para indemnizar los daños y perjuicios que pudieran causarse a la parte actora. Además, la contragarantía deberá cubrir los costos de la garantía que hubiese otorgado la parte actora, la cual comprenderá, entre otros aspectos, los siguientes: Los gastos o primas pagados, conforme a la Ley, a la empresa legalmente autorizada que haya otorgado la garantía; Los gastos legales de la escritura respectiva y su registro, así como los de cancelación y su registro, cuando la parte actora hubiere otorgado garantía hipotecaria; Los gastos legales acreditados para constituir el depósito; y/o Los gastos efectivamente erogados para constituir la garantía, siempre que estén debidamente comprobados con la documentación correspondiente. No se admitirá la contragarantía si de ejecutarse el acto impugnado o de no concederse la medida cautelar positiva queda sin materia el juicio o cuando resulte en extremo difícil restituir las cosas al estado que guardaban antes del inicio del juicio, lo cual deberá ser motivado por la Sala Superior o Especializada o el Juzgado Administrativo, según corresponda." Con el propósito de verificar si en el caso, los anteriores requisitos establecidos en la Ley del Procedimiento contencioso Administrativo del Estado de Querétaro para otorgar la suspensión de la ejecución del acto impugnado en el juicio de nulidad, son mayores a los establecidos en la Ley de Amparo, resulta conveniente acudir igualmente a aquellos preceptos de este ordenamiento que tienden a regular los requisitos que deben satisfacerse para el otorgamiento de la medida suspensional a favor de la parte quejosa, tratándose del juicio de amparo indirecto. Efectivamente, en cuanto al otorgamiento de la suspensión del acto reclamado en los juicios de amparo indirecto, se presentan dos formas de concederse la medida suspensional que son: a) la suspensión de plano y de oficio; b) suspensión de oficio cuando el acto es de imposible reparación; y c) la suspensión a petición de parte. Con independencia de que los actos contra los cuales se haya solicitado la medida cautelar sean ciertos y de que la naturaleza de los mismos permita su paralización, la suspensión a petición de parte está sujeta a determinados requisitos, como puede verse a continuación: En principio, debe atenderse a lo dispuesto en los artículos 128, 132 y 135 de la Ley de Amparo, los cuales disponen: Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. Artículo 132. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión concedida a los núcleos de población no requerirá de garantía para que surta sus efectos. Artículo 135. Cuando el amparo se solicite en contra de actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. El órgano jurisdiccional está facultado para reducir el monto de la garantía o dispensar su otorgamiento, en los siguientes casos: I. Si realizado el embargo por las autoridades fiscales, éste haya quedado firme y los bienes del contribuyente embargados fueran suficientes para asegurar la garantía del interés fiscal; II. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del quejoso; y III. Si se tratase de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. En los casos en que se niegue el amparo, cuando exista sobreseimiento del mismo o bien cuando por alguna circunstancia se deje sin efectos la suspensión en el amparo, la autoridad responsable hará efectiva la garantía. La satisfacción de las anteriores condiciones o requisitos, obliga al Juez de Distrito a conceder la medida cautelar que se le solicite. Pues bien, el examen comparativo de los artículos 32 y 33 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo, frente a los artículos 128, 132 y 135 de la Ley de Amparo, pone de manifiesto que los requisitos establecidos para otorgar la suspensión del acto impugnado en el juicio de nulidad no son mayores que los previstos para suspender el acto reclamado en el juicio de amparo, pues incluso los requerimientos básicamente son los mismos, ya que la suspensión puede solicitarse en cualquier tiempo; se concederá siempre que no se afecte el interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, y sean de difícil reparación los daños o perjuicios que puedan causarse con la ejecución; de ocasionarse daños o perjuicios a terceros se concederá siempre que el solicitante otorgue garantía para reparar el daño o indemnizar los perjuicios que se causen, dando la oportunidad a que el tercero exhiba contragarantía para evitar la suspensión de la ejecución del acto impugnado en nulidad; si se trata de una afectación no estimable en dinero la garantía se fijará discrecionalmente; deberá fijarse la situación en que habrán de quedar las cosas hasta que se dicte sentencia firme, pudiendo revocarse o modificarse la concesión o negativa de la medida cautelar por hecho superveniente. Asimismo, en cuanto a la forma de garantizar un crédito fiscal, se permite que se haga ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables; además, se establece que la garantía o depósito puede reducirse de acuerdo con la capacidad económica del solicitante, o si se trata de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito, lo que incluso otorga un mayor beneficio al contribuyente que la Ley de Amparo. Por tanto, los requisitos vigentes previstos para otorgar la medida cautelar en el juicio contencioso administrativo no rebasan los contemplados al respecto en la Ley de Amparo para conceder dicha medida cautelar. Es aplicable al caso concreto, por las razones que la integran la tesis de Jurisprudencia número PC.XXII. J/2 A (10a.), sustentada por el Pleno del Vigésimo Segundo Circuito, visible en la página 1014, Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. LA LEY DE ENJUICIAMIENTO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, EN RELACIÓN CON LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, AMBAS DEL ESTADO DE QUERÉTARO, QUE REGULAN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, NO PREVÉN UN PLAZO MAYOR AL ESTABLECIDO EN LA LEY DE AMPARO PARA OTORGAR DICHA MEDIDA CAUTELAR, POR LO QUE DEBE AGOTARSE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. De la interpretación conforme del marco normativo con el artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se sigue que la excepción al principio de definitividad contenido en éste, que dispone que se actualiza un motivo de excepción al principio citado cuando las leyes que rijan a los actos a que hace referencia establezcan un plazo mayor al previsto en la Ley de Amparo para otorgar la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esa ley. Ahora bien, la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, en sus artículos 44, 45 y 48, en relación con los diversos 35, fracción X, y 44, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo ambas del Estado de Querétaro, consideran la suspensión de los actos impugnados una cuestión de importancia en la que no debe existir dilación, por lo que disponen que las determinaciones sobre su otorgamiento deben tomarse de forma inmediata, es decir, de manera muy cercana a la presentación de la solicitud respectiva; de donde se obtiene que no prevé un plazo mayor al de 24 horas establecido en la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión; pues a partir del momento en que el secretario da cuenta al Juez con la solicitud de suspensión de los actos impugnados, existe la posibilidad de que de inmediato se ordene la paralización de los actos enjuiciados; motivo por el cual, no se actualiza el supuesto de excepción al principio de definitividad que rige en el juicio y, por tanto, la promoción del juicio contencioso administrativo resulta obligatoria previo a la del juicio de amparo, pues atiende el propósito del mandato constitucional de que se actúe con una celeridad semejante a la que exige la Ley de Amparo, lo cual permite el eficaz funcionamiento del sistema jurisdiccional especializado en materia administrativa del Estado de Querétaro, creado precisamente para resolver las controversias entre la administración pública estatal y municipal con los particulares, pues con ello se privilegia el acceso efectivo a la impartición de justicia administrativa local, y además, se reconoce al juicio de amparo como un medio de defensa de tipo extraordinario garante de los derechos humanos. De ahí que, al no haberse demostrado que la norma que regula el medio ordinario de defensa ya explicado exija mayores requisitos para obtener la suspensión del acto en relación de los que prevé la Ley de Amparo, se tiene que las dos posibles excepciones esenciales en torno al principio de definitividad no se surten, sin que en el caso de trato el acto reclamado se refiera a violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; se hubiese impugnado una norma de carácter general con motivo de su primer acto de aplicación; o que el acto reclamado importe peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, se debe llegar a la conclusión de que en la especie se surte la improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo; y sin que tampoco se surta la excepción relativa a que el acto carezca de total fundamentación y motivación, ya que la lectura de los mismos pone de manifiesto que la autoridad no incurrió en ello, pues en la boleta de infracción combatida, se cita el fundamento por el cual se levantó la misma, lo que permitía al gobernado enderezar defensa mediante el juicio contencioso administrativo local. Igualmente, es necesario señalar que en la especie no se surte el supuesto de excepción al referido principio que exige sólo la existencia de conceptos de violación tendientes a evidenciar la violación directa del texto constitucional, como así lo exige la Jurisprudencia 449 de la Segunda Sala de la SCJN, visible en la página 298 del tomo VI, Séptima Época del SJF, de rubro siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN", así como la tesis 2ª.LVI/2000, página 156 del tomo XII, julio de 2000, Novena Época del SJF, de rubro: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO", ya que de la lectura al texto del primero de los criterios citados, así como del correspondiente a la ejecutoria de la que derivó el segundo, se pone de manifiesto que la excepción al principio de definitividad cuando se alegan sólo violaciones directas a la Constitución Federal sólo puede operar de acuerdo a las dos premisas siguientes, a saber: a). Cuando el derecho fundamental infringido carezca de reglamentación secundaria para defenderlo, por ejemplo el derecho de petición y respuesta (art 8), el de expedites en la impartición de justicia (art. 17), entre otros casos; o, b). Cuando el gobernado se encuentre en un estado fáctico de desconocimiento que le impida enderezar defensa por los medios ordinarios, verbigracia, cuando el acto de autoridad carezca totalmente de fundamento y motivo (art. 16), o cuando el justiciable no sea parte en un procedimiento de donde derive el acto de autoridad. En realidad, con exclusión de los supuestos relativos a la violación a los artículos 16, 19, 20 y 22 de la Constitución, en materia penal, así como del amparo contra leyes, todos los restantes supuestos establecidos como casos de excepción al principio de definitividad (de terceros extraños al procedimiento; que la ley que rige el acto y establezca el recurso no prevea la suspensión o que lo haga exigiendo mayores requisitos que la Ley de Amparo o que el recurso no se prevea en la ley sino en un reglamento), redundan en la segunda premisa anotada, esto es, que por las circunstancias normativas o fácticas -desconozca el marco normativo que rija el acto porque la autoridad no fundó ni motivó totalmente; que la ley no prevea recurso; lo prevea pero sin suspensión del acto; lo prevea pero exigiendo mayores requisitos- el gobernado no pueda enderezar defensa por la vía ordinaria. Lo anterior es así, puesto que con el principio de definitividad se persigue mantener el carácter extraordinario del juicio de amparo, esto es, que sólo cuando por las circunstancias que rodearon al gobernado e hicieron imposible su defensa -sea por causa fáctica o por diseño irregular del marco normativo ordinario-, se vea imposibilitado a defenderse, el juicio de amparo cobra su eficacia para salvaguardar el derecho fundamental del particular. En ese sentido, en el texto de la Jurisprudencia citada en primer lugar en el segundo párrafo que antecede, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, explicó que no se surtirá la excepción relativa a "violación directa a la constitución" cuando el quejoso además de alegar la infracción a un artículo de la Constitución Federal aduzca irregularidades del acto relacionadas con alguna norma secundaria; y es que, como ya se explicó, tal limitación que señaló la corte encuentra su razón precisamente en lo ya apuntado, esto es, que si el gobernado alega que el acto de autoridad infringe disposiciones de normas secundarias, como en el caso lo son los artículos 207 y 209 de la Ley de Movilidad para el Transporte del Estado de Querétaro, se debe entender que no desconoce el marco normativo que lo rige y, por ende, que tampoco ignora los medios ordinarios que a su alcance tuviera para enderezar su defensa. De ahí que, por ello, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concluyó que aun y cuando el quejoso reclame violaciones de preceptos constitucionales y a la vez infracción al marco normativo secundario, ello no lo releva de "la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca". Luego, con independencia de que -como lo propuso el quejoso- (en el capítulo de actos reclamados) en el aspecto de que la autoridad responsable emitió la sanción respecto de la cual no se tiene la certeza jurídica que dicho servidor pudiera emitir la misma, se traduce en un reclamo de la naturaleza de legalidad que precisamente se conoce en razón a la pretendida indebida fundamentación, lo cual sería materia de queja o impugnación en el medio ordinario de defensa, esto es, en el juicio contencioso administrativo local, ya que no por lo propuesto y dicho por la quejosa debe quedar relevada de ajustarse al agotamiento de los medios ordinarios de defensa que tiene a su alcance, además de que por medio del juicio contencioso local cobraría relevancia el respeto del derecho de audiencia y defensa previa al acto privativo de imposición y ejecución de infracción. Apoya lo anterior, en lo conducente, la tesis I.4o.A.828 A del Cuarto tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 412 del tomo XV-2, febrero de mil novecientos noventa y cinco, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "MULTAS. GARANTIA DE AUDIENCIA. En el caso de imposición de multas por parte de la autoridad administrativa, basta con que el particular tenga la posibilidad de controvertir dicha sanción a través de los medios de defensa conducentes para tener por satisfecha la garantía de audiencia consignada en el artículo 14 constitucional, y no es necesario por tanto, que dicha garantía se le dé al particular previa a la imposición de la multa." Además, por analogía, la tesis I.15o.A.148 A del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 3121 del tomo XXXII, octubre de dos mil diez, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "MULTA POR INFRACCIÓN A REGLAMENTOS DE TRÁNSITO DE VEHÍCULOS. RESPECTO DE SU DETERMINACIÓN, NO NECESARIAMENTE TIENE QUE REGIR LA GARANTÍA DE AUDIENCIA PREVIA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en diversos precedentes que la mencionada prerrogativa, consagrada en el párrafo segundo del artículo 14 constitucional, no es de carácter absoluto, sino que existen supuestos en los que por la naturaleza de la actividad administrativa y su impacto en la esfera jurídica de los particulares, el derecho fundamental de ser oído y vencido en juicio, puede otorgarse con posterioridad a la emisión del acto de autoridad correspondiente. Criterio que resulta aplicable al ejercicio de la potestad sancionadora de la administración pública establecida en el artículo 21, párrafo cuarto, constitucional, que versa sobre la aplicación de sanciones por infracción a los reglamentos gubernativos y de policía, penas que únicamente pueden consistir en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o trabajo a favor de la comunidad, dado el carácter ejecutorio de esas determinaciones, en tanto que imponen deberes y restricciones a los particulares, que deben hacerse efectivos aun contra su voluntad. En ese tenor, tratándose de la determinación de infracciones a los reglamentos de tránsito de vehículos e imposición de las sanciones correspondientes, no necesariamente debe regir la garantía de audiencia previa, por lo que el afectado puede ser escuchado en su defensa con posterioridad a la emisión del acto de autoridad; máxime que de no considerarse así, se afectarían gravemente las funciones relativas de la autoridad, al tener que instaurar, en todos los casos, un procedimiento previo, lo que incluso no sería acorde con la naturaleza ejecutoria de esos actos administrativos." Con base a lo anterior, al actualizarse de manera manifiesta e indudablemente las causales de improcedencia aquí analizadas, da lugar a DESECHAR DE PLANO la demanda de que se trata, en términos del artículo 113 ibídem. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Por otra parte, como lo solicita la parte quejosa y con fundamento en el artículo 305 del Código Adjetivo Federal, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el proemio de la demanda, y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a *************, al contar con sus cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los acredite para ejercer la profesión de licenciados en derecho y a los diversos que menciona en términos restringidos de dicho numeral, por así haberlo solicitado. Por otra parte, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación
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