Yadira Eneida Mejía Oliva
Expediente 852/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 17 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 852/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 28/11/2022
Partes del expediente
- Yadira Eneida Mejía Oliva
- Víctor Manuel Rangel Mejía
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. I. Estado de autos. Vista la certificación que antecede, se advierte que la parte legitimada no interpuso recurso de revisión contra el auto de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Sin que obste que a la fecha se encuentra transcurriendo el plazo a la autoridad responsable, dado el sentido de la determinación, la única que pudo inconformarse fue la parte quejosa, quien no lo hizo en el término señalado. II. Archivo del expediente. Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el artículo 21 del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. III. Otras consideraciones. Se hace la aclaración que las partes no allegaron al juicio principal algún documento que por sus características amerite ser devuelto. IV. Devolución de tomo de pruebas. Finalmente, devuélvanse a la autoridad responsable las constancias que remitió para la substanciación del juicio de amparo, con las que se formaron seis tomos de prueba, previo glose de las carátulas de los cuadernos que se formaron, así como dos discos compactos; sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo, toda vez que la constancia de recepción, hace las veces del mismo. Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA. . .SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL TERCERO INTERESADO Víctor Manuel Rangel Mejía, EL CITATORIO DE 03/11/2022, QUE CONTIENE LA RESOLUCIÓN DE 27/10/2022 QUE EN LO CONDUCENTE DICE Santiago de Querétaro, Querétaro, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. I. Estado de autos. Visto el estado de autos y atendiendo a las constancias que obran en el juicio en que se actúa, como lo impone el precepto 62 de la Ley de Amparo, se advierte la improcedencia del juicio constitucional, en virtud de que ha cambiado la situación jurídica de la parte quejosa. Esto en virtud de que la parte quejosa señaló como acto reclamado lo siguiente: "[.] Acuerdo de fecha 30 de junio de 2022, publicado al día siguiente, dictado por el Juez Primero Civil de Primera Instancia de San Juan del Río, Querétaro, en el expediente principal, ***, relativo al juicio sumario civil sobre custodia y alimentos y demás prestaciones promovida en su momento por el C. *** representación del entonces menor de edad ***, quien ahora tiene la mayoría de edad y a su vez, actúa por propio derecho, en contra de la que suscribe. [.]" Al respecto, se estima que el juicio que nos ocupa es improcedente porque por auto de diecinueve de octubre del presente, el Juez Primero de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de San Juan del Río, Querétaro, informa que la parte quejosa dio cumplimento voluntario a la sentencia de siete de septiembre de dos mil veintiuno. Ahora bien, se advierte que en dicha sentencia se le condenó al pago de la Garantía Alimentaria a favor del tercero interesado ********* por la cantidad de ******************, apercibida de que no hacerlo se procedería al embargo de bienes de su propiedad. Inconforme con la resolución, la aquí quejosa interpuso recurso de apelación, no obstante lo anterior en fecha treinta de junio de dos mil veintidós, auto del que deriva el acto reclamado en el presente juicio de amparo, se requirió a la parte quejosa diera cumplimiento voluntario a dicho resolutivo, apercibida que de ser omisa se le embargarían bienes de su propiedad y ante ello, se actualiza la causal prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, mismo que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica" Respecto de dicha causal de improcedencia la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 51 con número de registro 918214, consultable en la página número 39, del Apéndice 2000, Novena Época, estableció lo siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Del precepto legal y criterio reproducidos, se colige que para que se actualice la causal de improcedencia por cambio de situación jurídica, se requiere necesariamente de los siguientes elementos: A) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de uno administrativo seguido en forma de juicio. B) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, se pronuncie una resolución procesal que venga a cambiar la situación jurídica en que se encontraba el quejoso en virtud del acto que reclamó en el amparo. C) Que en virtud de esa nueva determinación sobrevenida, se genere una situación en la cual no sea posible decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, que no es motivo de análisis en el juicio constitucional, o bien, que la declaratoria de inconstitucionalidad del acto reclamado a nada práctico conduzca en virtud de que la nueva situación creada, al no ser motivo de impugnación en el amparo, en nada cambie el estado general de las cosas. D) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de manera que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Atento a lo anterior, debe decirse que ha cambiado la situación jurídica de la quejosa, esto en virtud, de que la parte quejosa de manera voluntaria acudió ante el Juez de origen a fin de realizar el pago de la Garantía Alimentaria, mismo que al realizarlo, se entiende que deja sin efectos el apercibimiento conminado en dicho auto. Por ende, es claro que en la especie, ha habido un cambio de situación jurídica, al haber dado cumplimiento de manera voluntaria la parte quejosa el pago de la Garantía Alimentaria. II. Sobreseimiento fuera de audiencia. En consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. De tal manera, al actualizarse la causal de improcedencia aludida, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la multicitada ley, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo, incluso sin esperar la celebración de la audiencia. Lo anterior, atendiendo a que el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, prevé que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando durante el juicio se materialice un supuesto de improcedencia, y conforme a la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que puede sobreseerse en el juicio fuera de audiencia cuando la causa de improcedencia sea manifiesta (cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara, de forma que con alguna prueba se desvirtúe) e indudable (cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio). Al respecto, resulta ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, marzo de 2003, página 386, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En las relatadas consideraciones, al haberse actualizado en la especie la causa de improcedencia en el presente juicio, se impone necesario sobreseer fuera de audiencia en el juicio de amparo, con fundamento en los artículos 61, fracción XXI y 63 fracción V de la Ley de Amparo. III. Audiencia constitucional sin efectos. Por tanto, se deja sin efectos las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y comuníquese a la autoridad responsable. Cabe resaltar, que el análisis de la causa de improcedencia que se estima actualizada, no deja en estado de indefensión a la parte quejosa, al haberse omitido darle vista con ésta, en términos de lo establecido en el artículo 64 de la Ley de Amparo, a efecto de que realizaran las manifestaciones que a su derecho conviniera, y en su caso, aportara los elementos necesarios para desvirtuar el impedimento técnico que deriva en el sobreseimiento del juicio, por cuanto hace a los actos en cuestión, pues dicha omisión no controvierte el derecho al acceso a la justicia con que cuenta, dado que el derecho que se tutela por el citado numeral, se encuentra privilegiado al quedar expedito su derecho para hacerlo valer en contra de esta determinación ante el Tribunal de Alzada al momento de promover, en su caso, recurso de revisión, razón por la cual, no queda inaudito; a más de que, al referirse a un "órgano inferior", se concluye válidamente que la obligación corresponde a los Tribunales Colegiados de Circuito y no a los Juzgados de Distrito, ya que estos últimos no tienen un órgano inferior, aunado a que la finalidad de tal disposición es que la parte quejosa esté en aptitud de alegar y probar en contra, y ello se cumple con la existencia del recurso de revisión, tal y como lo resolvió el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de dieciocho de septiembre de dos mil catorce, al resolver la contradicción de tesis 426/2013. Por tanto, este Juzgado de Distrito no es órgano terminal a diferencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, por lo que la finalidad de dicha disposición es que los peticionarios no queden inauditos ante las resoluciones de estos últimos, motivo por el cual, se reitera, se estima que esa obligación no corresponde a los Juzgados de Distrito en el amparo indirecto en primera instancia. Sustenta esta consideración, la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 51/2014 (10ª.), sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el libro 12, noviembre de dos mil catorce, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO. De la interpretación del citado precepto legal que indica: "Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga", se concluye que la vista a la que se refiere debe darse, en principio, cuando la causa de improcedencia que se advierte de oficio no haya sido alegada por una de las partes y, además, no se haya analizado por un órgano jurisdiccional que hubiere conocido de la primera instancia del juicio de amparo respectivo, ante la imposibilidad de impugnar lo que al efecto se determine por el órgano de alzada de amparo, por lo que deberán actuar en esos términos tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como los Tribunales Colegiados de Circuito, según sea el caso, en razón de las facultades de revisión y de última instancia que les dota el artículo 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otro lado, en aras de velar por el derecho de audiencia y atendiendo al sistema proteccionista ampliado de la Ley de Amparo, la disposición respectiva también es aplicable para el caso de que en el trámite del juicio de amparo directo, como instancia terminal, se estime de oficio que se actualiza una causa de improcedencia, por lo que en tal caso, igualmente los referidos Tribunales Colegiados de Circuito deben dar vista a la quejosa para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el propósito de darle oportunidad de expresar argumentos tendentes a favorecer su situación jurídica en relación con la posible causa de improcedencia." Robustece a lo determinado, la Jurisprudencia 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386 del Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 184572, de rubro y contenido siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Asimismo, tampoco el sentido de lo anteriormente determinado, implica detrimento al derecho de acceso a la justicia de la parte solicitante del amparo, toda vez que la obligación constitucional de procurar la existencia de un recurso judicial efectivo respecto de la cuestión intentada, en modo alguno constriñe que deba ser resuelta de manera favorable a su pretensión, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, en términos del artículo 1º Constitucional, ya que en modo alguno se puede dar cabida a una interpretación más favorable que lo permitido en el marco constitucional, pues ello se ve condicionado al cumplimiento de los requisitos de idoneidad y procedencia de éstos, que si no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, no pueden hacerse jurídicamente viables cuando no lo son. Es aplicable al caso, la jurisprudencia1a./J. 104/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 906, del Libro XXV, Octubre de 2013 Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 2004748, que dice: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes". Asimismo, es ilustrativa la tesis CXCVIII/2014 sustentada por la citada Primera Sala, publicada el 23 de mayo de 2014, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro: 2006472, que dice: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE LAS ACCIONES INTENTADAS POR LOS GOBERNADOS NO SE RESUELVAN FAVORABLEMENTE A SUS INTERESES NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos, lo que, como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conlleva a que ese recurso sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido o no en una violación a los derechos humanos y, en su caso, proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el hecho de que las acciones intentadas por los gobernados no se resuelvan favorablemente a sus intereses, no significa que no tuvieron acceso a un recurso efectivo para proteger sus derechos, pues si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, para resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los tribunales deban resolver el fondo del asunto planteado, favorablemente, sin que importe verificar la procedencia de sus pretensiones". IV. Captura de proveído. En ese sentido, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación la presente determinación, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa, tercero interesada; y, mediante oficio a la autoridad responsable.
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SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA. . .SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL TERCERO INTERESADO Víctor Manuel Rangel Aleman EL CITATORIO DE 03/11/2022, QUE CONTIENE LA RESOLUCIÓN DE 27/10/2022 QUE EN LO CONDUCENTE DICE Santiago de Querétaro, Querétaro, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. I. Estado de autos. Visto el estado de autos y atendiendo a las constancias que obran en el juicio en que se actúa, como lo impone el precepto 62 de la Ley de Amparo, se advierte la improcedencia del juicio constitucional, en virtud de que ha cambiado la situación jurídica de la parte quejosa. Esto en virtud de que la parte quejosa señaló como acto reclamado lo siguiente: "[.] Acuerdo de fecha 30 de junio de 2022, publicado al día siguiente, dictado por el Juez Primero Civil de Primera Instancia de San Juan del Río, Querétaro, en el expediente principal, ***, relativo al juicio sumario civil sobre custodia y alimentos y demás prestaciones promovida en su momento por el C. *** representación del entonces menor de edad ***, quien ahora tiene la mayoría de edad y a su vez, actúa por propio derecho, en contra de la que suscribe. [.]" Al respecto, se estima que el juicio que nos ocupa es improcedente porque por auto de diecinueve de octubre del presente, el Juez Primero de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de San Juan del Río, Querétaro, informa que la parte quejosa dio cumplimento voluntario a la sentencia de siete de septiembre de dos mil veintiuno. Ahora bien, se advierte que en dicha sentencia se le condenó al pago de la Garantía Alimentaria a favor del tercero interesado ********* por la cantidad de ******************, apercibida de que no hacerlo se procedería al embargo de bienes de su propiedad. Inconforme con la resolución, la aquí quejosa interpuso recurso de apelación, no obstante lo anterior en fecha treinta de junio de dos mil veintidós, auto del que deriva el acto reclamado en el presente juicio de amparo, se requirió a la parte quejosa diera cumplimiento voluntario a dicho resolutivo, apercibida que de ser omisa se le embargarían bienes de su propiedad y ante ello, se actualiza la causal prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, mismo que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica" Respecto de dicha causal de improcedencia la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 51 con número de registro 918214, consultable en la página número 39, del Apéndice 2000, Novena Época, estableció lo siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Del precepto legal y criterio reproducidos, se colige que para que se actualice la causal de improcedencia por cambio de situación jurídica, se requiere necesariamente de los siguientes elementos: A) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de uno administrativo seguido en forma de juicio. B) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, se pronuncie una resolución procesal que venga a cambiar la situación jurídica en que se encontraba el quejoso en virtud del acto que reclamó en el amparo. C) Que en virtud de esa nueva determinación sobrevenida, se genere una situación en la cual no sea posible decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, que no es motivo de análisis en el juicio constitucional, o bien, que la declaratoria de inconstitucionalidad del acto reclamado a nada práctico conduzca en virtud de que la nueva situación creada, al no ser motivo de impugnación en el amparo, en nada cambie el estado general de las cosas. D) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de manera que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Atento a lo anterior, debe decirse que ha cambiado la situación jurídica de la quejosa, esto en virtud, de que la parte quejosa de manera voluntaria acudió ante el Juez de origen a fin de realizar el pago de la Garantía Alimentaria, mismo que al realizarlo, se entiende que deja sin efectos el apercibimiento conminado en dicho auto. Por ende, es claro que en la especie, ha habido un cambio de situación jurídica, al haber dado cumplimiento de manera voluntaria la parte quejosa el pago de la Garantía Alimentaria. II. Sobreseimiento fuera de audiencia. En consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. De tal manera, al actualizarse la causal de improcedencia aludida, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la multicitada ley, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo, incluso sin esperar la celebración de la audiencia. Lo anterior, atendiendo a que el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, prevé que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando durante el juicio se materialice un supuesto de improcedencia, y conforme a la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que puede sobreseerse en el juicio fuera de audiencia cuando la causa de improcedencia sea manifiesta (cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara, de forma que con alguna prueba se desvirtúe) e indudable (cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio). Al respecto, resulta ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, marzo de 2003, página 386, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En las relatadas consideraciones, al haberse actualizado en la especie la causa de improcedencia en el presente juicio, se impone necesario sobreseer fuera de audiencia en el juicio de amparo, con fundamento en los artículos 61, fracción XXI y 63 fracción V de la Ley de Amparo. III. Audiencia constitucional sin efectos. Por tanto, se deja sin efectos las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y comuníquese a la autoridad responsable. Cabe resaltar, que el análisis de la causa de improcedencia que se estima actualizada, no deja en estado de indefensión a la parte quejosa, al haberse omitido darle vista con ésta, en términos de lo establecido en el artículo 64 de la Ley de Amparo, a efecto de que realizaran las manifestaciones que a su derecho conviniera, y en su caso, aportara los elementos necesarios para desvirtuar el impedimento técnico que deriva en el sobreseimiento del juicio, por cuanto hace a los actos en cuestión, pues dicha omisión no controvierte el derecho al acceso a la justicia con que cuenta, dado que el derecho que se tutela por el citado numeral, se encuentra privilegiado al quedar expedito su derecho para hacerlo valer en contra de esta determinación ante el Tribunal de Alzada al momento de promover, en su caso, recurso de revisión, razón por la cual, no queda inaudito; a más de que, al referirse a un "órgano inferior", se concluye válidamente que la obligación corresponde a los Tribunales Colegiados de Circuito y no a los Juzgados de Distrito, ya que estos últimos no tienen un órgano inferior, aunado a que la finalidad de tal disposición es que la parte quejosa esté en aptitud de alegar y probar en contra, y ello se cumple con la existencia del recurso de revisión, tal y como lo resolvió el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de dieciocho de septiembre de dos mil catorce, al resolver la contradicción de tesis 426/2013. Por tanto, este Juzgado de Distrito no es órgano terminal a diferencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, por lo que la finalidad de dicha disposición es que los peticionarios no queden inauditos ante las resoluciones de estos últimos, motivo por el cual, se reitera, se estima que esa obligación no corresponde a los Juzgados de Distrito en el amparo indirecto en primera instancia. Sustenta esta consideración, la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 51/2014 (10ª.), sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el libro 12, noviembre de dos mil catorce, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO. De la interpretación del citado precepto legal que indica: "Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga", se concluye que la vista a la que se refiere debe darse, en principio, cuando la causa de improcedencia que se advierte de oficio no haya sido alegada por una de las partes y, además, no se haya analizado por un órgano jurisdiccional que hubiere conocido de la primera instancia del juicio de amparo respectivo, ante la imposibilidad de impugnar lo que al efecto se determine por el órgano de alzada de amparo, por lo que deberán actuar en esos términos tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como los Tribunales Colegiados de Circuito, según sea el caso, en razón de las facultades de revisión y de última instancia que les dota el artículo 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otro lado, en aras de velar por el derecho de audiencia y atendiendo al sistema proteccionista ampliado de la Ley de Amparo, la disposición respectiva también es aplicable para el caso de que en el trámite del juicio de amparo directo, como instancia terminal, se estime de oficio que se actualiza una causa de improcedencia, por lo que en tal caso, igualmente los referidos Tribunales Colegiados de Circuito deben dar vista a la quejosa para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el propósito de darle oportunidad de expresar argumentos tendentes a favorecer su situación jurídica en relación con la posible causa de improcedencia." Robustece a lo determinado, la Jurisprudencia 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386 del Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 184572, de rubro y contenido siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Asimismo, tampoco el sentido de lo anteriormente determinado, implica detrimento al derecho de acceso a la justicia de la parte solicitante del amparo, toda vez que la obligación constitucional de procurar la existencia de un recurso judicial efectivo respecto de la cuestión intentada, en modo alguno constriñe que deba ser resuelta de manera favorable a su pretensión, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, en términos del artículo 1º Constitucional, ya que en modo alguno se puede dar cabida a una interpretación más favorable que lo permitido en el marco constitucional, pues ello se ve condicionado al cumplimiento de los requisitos de idoneidad y procedencia de éstos, que si no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, no pueden hacerse jurídicamente viables cuando no lo son. Es aplicable al caso, la jurisprudencia1a./J. 104/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 906, del Libro XXV, Octubre de 2013 Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 2004748, que dice: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes". Asimismo, es ilustrativa la tesis CXCVIII/2014 sustentada por la citada Primera Sala, publicada el 23 de mayo de 2014, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro: 2006472, que dice: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE LAS ACCIONES INTENTADAS POR LOS GOBERNADOS NO SE RESUELVAN FAVORABLEMENTE A SUS INTERESES NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos, lo que, como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conlleva a que ese recurso sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido o no en una violación a los derechos humanos y, en su caso, proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el hecho de que las acciones intentadas por los gobernados no se resuelvan favorablemente a sus intereses, no significa que no tuvieron acceso a un recurso efectivo para proteger sus derechos, pues si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, para resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los tribunales deban resolver el fondo del asunto planteado, favorablemente, sin que importe verificar la procedencia de sus pretensiones". IV. Captura de proveído. En ese sentido, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación la presente determinación, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa, tercero interesada; y, mediante oficio a la autoridad responsable.
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SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA. . .SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO, EL AVISO DE 03/11/2022, QUE CONTIENE LA RESOLUCION DE 27/10/2022 QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Santiago de Querétaro, Querétaro, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. I. Estado de autos. Visto el estado de autos y atendiendo a las constancias que obran en el juicio en que se actúa, como lo impone el precepto 62 de la Ley de Amparo, se advierte la improcedencia del juicio constitucional, en virtud de que ha cambiado la situación jurídica de la parte quejosa. Esto en virtud de que la parte quejosa señaló como acto reclamado lo siguiente: "[.] Acuerdo de fecha 30 de junio de 2022, publicado al día siguiente, dictado por el Juez Primero Civil de Primera Instancia de San Juan del Río, Querétaro, en el expediente principal, ***, relativo al juicio sumario civil sobre custodia y alimentos y demás prestaciones promovida en su momento por el C. *** representación del entonces menor de edad ***, quien ahora tiene la mayoría de edad y a su vez, actúa por propio derecho, en contra de la que suscribe. [.]" Al respecto, se estima que el juicio que nos ocupa es improcedente porque por auto de diecinueve de octubre del presente, el Juez Primero de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de San Juan del Río, Querétaro, informa que la parte quejosa dio cumplimento voluntario a la sentencia de siete de septiembre de dos mil veintiuno. Ahora bien, se advierte que en dicha sentencia se le condenó al pago de la Garantía Alimentaria a favor del tercero interesado ********* por la cantidad de ******************, apercibida de que no hacerlo se procedería al embargo de bienes de su propiedad. Inconforme con la resolución, la aquí quejosa interpuso recurso de apelación, no obstante lo anterior en fecha treinta de junio de dos mil veintidós, auto del que deriva el acto reclamado en el presente juicio de amparo, se requirió a la parte quejosa diera cumplimiento voluntario a dicho resolutivo, apercibida que de ser omisa se le embargarían bienes de su propiedad y ante ello, se actualiza la causal prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, mismo que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica" Respecto de dicha causal de improcedencia la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 51 con número de registro 918214, consultable en la página número 39, del Apéndice 2000, Novena Época, estableció lo siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Del precepto legal y criterio reproducidos, se colige que para que se actualice la causal de improcedencia por cambio de situación jurídica, se requiere necesariamente de los siguientes elementos: A) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de uno administrativo seguido en forma de juicio. B) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, se pronuncie una resolución procesal que venga a cambiar la situación jurídica en que se encontraba el quejoso en virtud del acto que reclamó en el amparo. C) Que en virtud de esa nueva determinación sobrevenida, se genere una situación en la cual no sea posible decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, que no es motivo de análisis en el juicio constitucional, o bien, que la declaratoria de inconstitucionalidad del acto reclamado a nada práctico conduzca en virtud de que la nueva situación creada, al no ser motivo de impugnación en el amparo, en nada cambie el estado general de las cosas. D) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de manera que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Atento a lo anterior, debe decirse que ha cambiado la situación jurídica de la quejosa, esto en virtud, de que la parte quejosa de manera voluntaria acudió ante el Juez de origen a fin de realizar el pago de la Garantía Alimentaria, mismo que al realizarlo, se entiende que deja sin efectos el apercibimiento conminado en dicho auto. Por ende, es claro que en la especie, ha habido un cambio de situación jurídica, al haber dado cumplimiento de manera voluntaria la parte quejosa el pago de la Garantía Alimentaria. II. Sobreseimiento fuera de audiencia. En consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. De tal manera, al actualizarse la causal de improcedencia aludida, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la multicitada ley, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo, incluso sin esperar la celebración de la audiencia. Lo anterior, atendiendo a que el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, prevé que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando durante el juicio se materialice un supuesto de improcedencia, y conforme a la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que puede sobreseerse en el juicio fuera de audiencia cuando la causa de improcedencia sea manifiesta (cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara, de forma que con alguna prueba se desvirtúe) e indudable (cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio). Al respecto, resulta ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, marzo de 2003, página 386, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En las relatadas consideraciones, al haberse actualizado en la especie la causa de improcedencia en el presente juicio, se impone necesario sobreseer fuera de audiencia en el juicio de amparo, con fundamento en los artículos 61, fracción XXI y 63 fracción V de la Ley de Amparo. III. Audiencia constitucional sin efectos. Por tanto, se deja sin efectos las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y comuníquese a la autoridad responsable. Cabe resaltar, que el análisis de la causa de improcedencia que se estima actualizada, no deja en estado de indefensión a la parte quejosa, al haberse omitido darle vista con ésta, en términos de lo establecido en el artículo 64 de la Ley de Amparo, a efecto de que realizaran las manifestaciones que a su derecho conviniera, y en su caso, aportara los elementos necesarios para desvirtuar el impedimento técnico que deriva en el sobreseimiento del juicio, por cuanto hace a los actos en cuestión, pues dicha omisión no controvierte el derecho al acceso a la justicia con que cuenta, dado que el derecho que se tutela por el citado numeral, se encuentra privilegiado al quedar expedito su derecho para hacerlo valer en contra de esta determinación ante el Tribunal de Alzada al momento de promover, en su caso, recurso de revisión, razón por la cual, no queda inaudito; a más de que, al referirse a un "órgano inferior", se concluye válidamente que la obligación corresponde a los Tribunales Colegiados de Circuito y no a los Juzgados de Distrito, ya que estos últimos no tienen un órgano inferior, aunado a que la finalidad de tal disposición es que la parte quejosa esté en aptitud de alegar y probar en contra, y ello se cumple con la existencia del recurso de revisión, tal y como lo resolvió el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de dieciocho de septiembre de dos mil catorce, al resolver la contradicción de tesis 426/2013. Por tanto, este Juzgado de Distrito no es órgano terminal a diferencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, por lo que la finalidad de dicha disposición es que los peticionarios no queden inauditos ante las resoluciones de estos últimos, motivo por el cual, se reitera, se estima que esa obligación no corresponde a los Juzgados de Distrito en el amparo indirecto en primera instancia. Sustenta esta consideración, la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 51/2014 (10ª.), sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el libro 12, noviembre de dos mil catorce, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO. De la interpretación del citado precepto legal que indica: "Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga", se concluye que la vista a la que se refiere debe darse, en principio, cuando la causa de improcedencia que se advierte de oficio no haya sido alegada por una de las partes y, además, no se haya analizado por un órgano jurisdiccional que hubiere conocido de la primera instancia del juicio de amparo respectivo, ante la imposibilidad de impugnar lo que al efecto se determine por el órgano de alzada de amparo, por lo que deberán actuar en esos términos tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como los Tribunales Colegiados de Circuito, según sea el caso, en razón de las facultades de revisión y de última instancia que les dota el artículo 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otro lado, en aras de velar por el derecho de audiencia y atendiendo al sistema proteccionista ampliado de la Ley de Amparo, la disposición respectiva también es aplicable para el caso de que en el trámite del juicio de amparo directo, como instancia terminal, se estime de oficio que se actualiza una causa de improcedencia, por lo que en tal caso, igualmente los referidos Tribunales Colegiados de Circuito deben dar vista a la quejosa para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el propósito de darle oportunidad de expresar argumentos tendentes a favorecer su situación jurídica en relación con la posible causa de improcedencia." Robustece a lo determinado, la Jurisprudencia 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386 del Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 184572, de rubro y contenido siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Asimismo, tampoco el sentido de lo anteriormente determinado, implica detrimento al derecho de acceso a la justicia de la parte solicitante del amparo, toda vez que la obligación constitucional de procurar la existencia de un recurso judicial efectivo respecto de la cuestión intentada, en modo alguno constriñe que deba ser resuelta de manera favorable a su pretensión, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, en términos del artículo 1º Constitucional, ya que en modo alguno se puede dar cabida a una interpretación más favorable que lo permitido en el marco constitucional, pues ello se ve condicionado al cumplimiento de los requisitos de idoneidad y procedencia de éstos, que si no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, no pueden hacerse jurídicamente viables cuando no lo son. Es aplicable al caso, la jurisprudencia1a./J. 104/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 906, del Libro XXV, Octubre de 2013 Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 2004748, que dice: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes". Asimismo, es ilustrativa la tesis CXCVIII/2014 sustentada por la citada Primera Sala, publicada el 23 de mayo de 2014, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro: 2006472, que dice: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE LAS ACCIONES INTENTADAS POR LOS GOBERNADOS NO SE RESUELVAN FAVORABLEMENTE A SUS INTERESES NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos, lo que, como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conlleva a que ese recurso sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido o no en una violación a los derechos humanos y, en su caso, proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el hecho de que las acciones intentadas por los gobernados no se resuelvan favorablemente a sus intereses, no significa que no tuvieron acceso a un recurso efectivo para proteger sus derechos, pues si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, para resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los tribunales deban resolver el fondo del asunto planteado, favorablemente, sin que importe verificar la procedencia de sus pretensiones". IV. Captura de proveído. En ese sentido, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación la presente determinación, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa, tercero interesada; y, mediante oficio a la autoridad responsable.
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