Yadira Ineth Mares Gómez
Expediente 894/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 894/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 22/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Y. O. M. y Otros.
- Yadira Ineth Mares Gómez
- Yadira Ineth Mares Gómez y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintidós de septiembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee: 1. Causa estado. En virtud de que no fue impugnado el auto que desechó de plano la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 97 fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo de este expediente, para lo cual se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. De conformidad con el artículo 21, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. 3. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la secretaria Janette Pérez García, quien da fe.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA YADIRA INETH MARES GÓMEZ, POR PROPIO DERECHO Y EN REPRESENTACIOÓN DE SUS MENORES HIJAS DE INICIALES Y.O.M. Y P.RO.M. LA DETERMINACION DE VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDOS, toda vez que no acudió dentro de los días hábiles a notificarse personalmente ante este órgano jurisdiccional, no obstante haberle dejado el citatorio respectivo en el domicilio señalado para recibir notificaciones, cuyo contenido es del tenor literal siguiente: Morelia, Michoacán, veintinueve de agosto de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. En atención al contenido del Acuerdo General 16/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por la enfermedad COVID-19, se provee lo siguiente: 1. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO. Estas son las que se toman enseguida: 1.1. Cumple prevención. Agréguese el escrito signado por la quejosa Yadira Ineth Mares Gómez, por medio del cual cumple con la prevención formulada mediante proveído de diecinueve de agosto de dos mil veintidós, por tanto, en términos de los artículo 8 y 11 de la Ley de Amparo, se le tiene promoviendo por propio derecho y en favor de los menores de iniciales Y.O.M. y P.R.O.M., pues de las constancias que anexa se advierte que dicha representación le fue reconocida ante la autoridad responsable. 1.2. Desechada. Previo a proveer sobre la admisión de la demanda, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención al análisis integral del escrito inicial se precisa que el acto reclamado se hace consistir en: El auto de nueve de agosto de dos mil veintidós, por medio del cual se admitió el incidente sobre reducción de pensión alimenticia provisional promovida por Rey Gilberto Ortiz Alvarado, dentro del juicio especial oral familiar 618/2021. 1.2.1. Desechamiento por violación procesal. Con fundamento en los preceptos 103 y 107 constitucionales 1°, en relación con el 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda promovida por Yadira Ineth Mares Gómez, por propio derecho y en favor de los menores de iniciales Y.O.M. y P.R.O.M., contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Hidalgo, Michoacán. Ahora bien, para una mejor comprensión del presente asunto, resulta necesario resaltar que la parte quejosa al cumplir con la prevención formulada, manifestó bajo protesta de decir verdad que con la emisión del acto reclamado no se realizó ninguna modificación, alteración o suspensión a los alimentos provisionales que fijó la autoridad responsable, por lo que, a la fecha, subsiste dicho proveído. Tal como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, la demanda de amparo debe analizarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia que lleve a su desechamiento de plano. Del escrito de demanda, se advierte que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, ambas de la Ley de Amparo que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [.]." [.]." Así, de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, se advierte que el amparo indirecto procede contra actos dentro de juicio que tengan efectos de imposible reparación. Por lo que si se aplica esta última disposición en sentido contrario, se concluye que el juicio de amparo indirecto no procede contra actos emanados dentro de una contienda jurisdiccional, que no tengan efectos de imposible reparación. El concepto de irreparabilidad está definido por la propia norma e interpretado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la siguiente manera: a) Los actos procesales dentro del juicio solo tienen ejecución de imposible reparación, cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos fundamentales, de modo tal que esa afectación no es susceptible de reparar con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio por haberse consumado irreparablemente la violación del derecho fundamental de que se trate; b) En contraposición, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, aun cuando puedan calificarse como de grado predominante o superior, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. En ese contexto, un acto intraprocesal tiene una ejecución de imposible reparación cuando causan un perjuicio material a los derechos fundamentales del quejoso de forma tal que el daño no puede enmendarse aunque se obtenga una decisión favorable; como ejemplo se citan el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos, arresto, entre otros, sujetos también a las reglas previstas para el principio de definitividad. Así se advierte de la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) IV.2o.C. J/2, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. " En el presente caso el acto reclamado por la parte quejosa, no constituye un acto de imposible reparación que afecte materialmente derechos sustantivos, para que como excepción pueda ser sometida a estudio constitucional, en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, en virtud de que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en el auto de nueve de agosto de dos mil veintidós, por medio del cual se admitió el incidente sobre reducción de pensión alimenticia provisional promovida por Rey Gilberto Ortiz Alvarado, dentro del juicio especial oral familiar 618/2021. Determinación que no es un acto que afecte material y actualmente derechos sustantivos de la quejosa tutelados por la Constitución y en los Tratados Internacionales en los que México sea parte, como sería la vida, la integridad personal, la libertad en sus manifestaciones o la propiedad; sino que se trata de un acto procesal emitido dentro de un juicio especial oral. Esto es así atendiendo a que con la emisión del acto reclamado, no se realizó ninguna modificación, alteración o suspensión a los alimentos provisionales que fijó la autoridad responsable, ya que dicha determinación únicamente admite el incidente sobre reducción de pensión alimenticia provisional; de tal suerte que la posible violación que destaca la quejosa no le irroga, de momento, un perjuicio en su esfera jurídica que afecte algún derecho sustantivo, sino que será hasta en tanto se resuelva dicho incidente que la quejosa pudiera resentir alguna afectación a sus derechos. En el entendido que, de trascender a su esfera jurídica el acto que se reclama, constituye una violación procesal susceptible de combatirse en caso de presentar el juicio de amparo indirecto contra la resolución que se dicte en el incidente de reducción. Atendiendo a que el acto impugnado en esta vía tiene una naturaleza eminentemente procesal, que no vulnera los derechos sustantivos de la parte quejosa para ser considerado como de imposible reparación, resulta improcedente su demanda de amparo. De conformidad con los razonamientos antes esgrimidos, resulta manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, por lo que SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo. 1.3 Se informa cambio de adscripción. Infórmese a las partes que a partir del veintidós de agosto de dos mil veintidós, el titular de este órgano jurisdiccional es el Juez Sergio Santamaría Chamú, en cumplimiento a lo ordenado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de tres de agosto de dos mil veintidós, comunicado mediante oficio SEADS/321/2022, de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción, para el efecto legal conducente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la secretaria Janette Pérez García, quien da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintinueve de agosto de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. En atención al contenido del Acuerdo General 16/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por la enfermedad COVID-19, se provee lo siguiente: 1. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO. Estas son las que se toman enseguida: 1.1. Cumple prevención. Agréguese el escrito signado por la quejosa Yadira Ineth Mares Gómez, por medio del cual cumple con la prevención formulada mediante proveído de diecinueve de agosto de dos mil veintidós, por tanto, en términos de los artículo 8 y 11 de la Ley de Amparo, se le tiene promoviendo por propio derecho y en favor de los menores de iniciales Y.O.M. y P.R.O.M., pues de las constancias que anexa se advierte que dicha representación le fue reconocida ante la autoridad responsable. 1.2. Desechada. Previo a proveer sobre la admisión de la demanda, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención al análisis integral del escrito inicial se precisa que el acto reclamado se hace consistir en: El auto de nueve de agosto de dos mil veintidós, por medio del cual se admitió el incidente sobre reducción de pensión alimenticia provisional promovida por Rey Gilberto Ortiz Alvarado, dentro del juicio especial oral familiar 618/2021. 1.2.1. Desechamiento por violación procesal. Con fundamento en los preceptos 103 y 107 constitucionales 1°, en relación con el 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda promovida por Yadira Ineth Mares Gómez, por propio derecho y en favor de los menores de iniciales Y.O.M. y P.R.O.M., contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Hidalgo, Michoacán. Ahora bien, para una mejor comprensión del presente asunto, resulta necesario resaltar que la parte quejosa al cumplir con la prevención formulada, manifestó bajo protesta de decir verdad que con la emisión del acto reclamado no se realizó ninguna modificación, alteración o suspensión a los alimentos provisionales que fijó la autoridad responsable, por lo que, a la fecha, subsiste dicho proveído. Tal como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, la demanda de amparo debe analizarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia que lleve a su desechamiento de plano. Del escrito de demanda, se advierte que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, ambas de la Ley de Amparo que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [.]." [.]." Así, de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, se advierte que el amparo indirecto procede contra actos dentro de juicio que tengan efectos de imposible reparación. Por lo que si se aplica esta última disposición en sentido contrario, se concluye que el juicio de amparo indirecto no procede contra actos emanados dentro de una contienda jurisdiccional, que no tengan efectos de imposible reparación. El concepto de irreparabilidad está definido por la propia norma e interpretado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la siguiente manera: a) Los actos procesales dentro del juicio solo tienen ejecución de imposible reparación, cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos fundamentales, de modo tal que esa afectación no es susceptible de reparar con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio por haberse consumado irreparablemente la violación del derecho fundamental de que se trate; b) En contraposición, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, aun cuando puedan calificarse como de grado predominante o superior, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. En ese contexto, un acto intraprocesal tiene una ejecución de imposible reparación cuando causan un perjuicio material a los derechos fundamentales del quejoso de forma tal que el daño no puede enmendarse aunque se obtenga una decisión favorable; como ejemplo se citan el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos, arresto, entre otros, sujetos también a las reglas previstas para el principio de definitividad. Así se advierte de la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) IV.2o.C. J/2, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. " En el presente caso el acto reclamado por la parte quejosa, no constituye un acto de imposible reparación que afecte materialmente derechos sustantivos, para que como excepción pueda ser sometida a estudio constitucional, en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, en virtud de que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en el auto de nueve de agosto de dos mil veintidós, por medio del cual se admitió el incidente sobre reducción de pensión alimenticia provisional promovida por Rey Gilberto Ortiz Alvarado, dentro del juicio especial oral familiar 618/2021. Determinación que no es un acto que afecte material y actualmente derechos sustantivos de la quejosa tutelados por la Constitución y en los Tratados Internacionales en los que México sea parte, como sería la vida, la integridad personal, la libertad en sus manifestaciones o la propiedad; sino que se trata de un acto procesal emitido dentro de un juicio especial oral. Esto es así atendiendo a que con la emisión del acto reclamado, no se realizó ninguna modificación, alteración o suspensión a los alimentos provisionales que fijó la autoridad responsable, ya que dicha determinación únicamente admite el incidente sobre reducción de pensión alimenticia provisional; de tal suerte que la posible violación que destaca la quejosa no le irroga, de momento, un perjuicio en su esfera jurídica que afecte algún derecho sustantivo, sino que será hasta en tanto se resuelva dicho incidente que la quejosa pudiera resentir alguna afectación a sus derechos. En el entendido que, de trascender a su esfera jurídica el acto que se reclama, constituye una violación procesal susceptible de combatirse en caso de presentar el juicio de amparo indirecto contra la resolución que se dicte en el incidente de reducción. Atendiendo a que el acto impugnado en esta vía tiene una naturaleza eminentemente procesal, que no vulnera los derechos sustantivos de la parte quejosa para ser considerado como de imposible reparación, resulta improcedente su demanda de amparo. De conformidad con los razonamientos antes esgrimidos, resulta manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, por lo que SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo. 1.3 Se informa cambio de adscripción. Infórmese a las partes que a partir del veintidós de agosto de dos mil veintidós, el titular de este órgano jurisdiccional es el Juez Sergio Santamaría Chamú, en cumplimiento a lo ordenado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de tres de agosto de dos mil veintidós, comunicado mediante oficio SEADS/321/2022, de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción, para el efecto legal conducente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la secretaria Janette Pérez García, quien da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecinueve de agosto de dos mil veintidós. Se tramita queja. Agréguese a los autos el ocurso presentado por el Director de Asuntos Constitucionales y Legales, de la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado, en representación del Gobernador y Secretario de Gobierno del Estado de Michoacán con residencia en esta ciudad, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del proveído de nueve de agosto del año en curso, a través del cual se admitió el incidente de incumplimiento a la suspensión definitiva; por lo tanto, con fundamento en el artículo 97, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, dése trámite a dicho recurso. De conformidad con lo establecido por el artículo 101 del citado ordenamiento legal, se ordena notificar a las demás partes la interposición del recurso de queja, para que dentro del plazo de tres días contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, señalen las constancias que en copia certificada deberán remitirse al tribunal de alzada que deba resolver el citado recurso, bajo el apercibimiento que de no hacer ningún señalamiento, se rendirá el informe sobre la materia de la queja, con las constancias que éste órgano jurisdiccional considere. Por tanto, para los efectos de la tramitación del referido medio de impugnación, una vez que se encuentre debidamente integrado el presente incidente de suspensión, remítanse las copias certificadas que señalen las partes, al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, en turno, así como el escrito original de expresión de agravios y la copia correspondiente. Notifíquese; y personalmente a las partes, con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Así lo acordó y firma Maira Flor López Valencia, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargada del despacho por vacaciones de su Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2971/2022, de veintisiete de junio de dos mil veintidós, quien actúa con María del Rocío Ayala Carrizales, secretaria que autoriza y da fe.
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