Xóchitl Uzcanga Hernández

Expediente 665/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
665/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
27/10/2020

Partes del expediente

  • Xóchitl Uzcanga Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintisiete de octubre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta se provee. I. Auto causa estado. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal el auto de nueve de octubre del año en curso, que desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. II. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 14 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que se desechó la demanda de amparo, se determina que el presente sumario es susceptible de DESTRUCCIÓN. Destino del expediente. Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la destrucción de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado. Notifíquese mediante lista que se publique en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, nueve de octubre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta se provee. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 665/2020. Anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. DESECHAMIENTO. Vista la demanda de amparo promovida por Xóchitl Uzcanga Hernández, por propio derecho consta actos de la Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, consistentes en: El auto de quince de septiembre de dos mil veinte, pronunciado por la Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, dentro del expediente 1071/2019. Asimismo, de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad narra en su demanda se desprende que la parte quejosa el nueve de octubre de dos mil diecinueve, promovió diligencias de jurisdicción voluntaria familiar para acreditar hechos relativos al estado civil, asunto del cual le tocó conocer al Juzgado Tercero Oral Familiar, quien las registró con el número 1071/2019. El diecinueve de noviembre siguiente, se emplazó a César Augusto Acosta Jimeno, quien se opuso a las diligencias de jurisdicción voluntaria, por lo que se ordenó continuar el asunto bajo las reglas de procedimiento especial oral familiar. En cinco de marzo de dos mil veinte, tuvo verificativo la audiencia de juicio, en la cual, en la etapa de conciliación, las partes -actor y demandado-, llegaron a un convenio, comprometiéndose César Augusto Acosta Jimeno a otorgar a la aquí quejosa pensión alimenticia y acordaron que el bien inmueble que se obtuvo durante el concubinato, ubicado en la calle Pedro Rangel Calderón número 125, de la colonia Congreso Constituyente de Michoacán, perteneciente a esta ciudad, se sacaría a la venta y de ésta se daría el 40% a la quejosa, por lo que se concedió una prórroga de seis día para que desocupara dicho inmueble. El quince de septiembre de dos mil veinte, se dictó un acuerdo dentro del juicio de origen, en el que se requirió a la aquí quejosa cumpla con el convenio celebrado. Siendo este último el acto aquí reclamado. Ahora bien, como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. De lo anterior, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción IV del numeral 107 de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" (Lo resaltado es propio) Los dispositivos antes invocados, tienen su origen en el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.]. III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.]. b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y.". (Lo resaltado es propio) De la interpretación integral de los numerales citados se concluye que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen actos suscitados fuera de juicio o después de concluido que no tengan, sobre las personas o las cosas, una ejecución que sea de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos, tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese contexto, se considera que en el presente caso el acto reclamado por la parte quejosa, no constituye un acto de imposible reparación que afecte materialmente derechos sustantivos, para que como excepción pueda ser sometida a estudio constitucional, en términos de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se afirma lo anterior, en virtud de que el acto reclamado por la parte quejosa deriva del expediente especial oral familiar 1071/2019, que inició con las diligencias de jurisdicción voluntaria familiar para acreditar hechos relativos al estado civil que promovió la quejosa, en el que hubo oposición por parte de César Augusto Acosta Jimeno, y concluyó con el convenio celebrado entre las partes al momento del desahogo de la audiencia de juicio celebrada el cinco de marzo de dos mil veinte; con motivo de ello, el quince de septiembre de dos veinte, se dictó un auto en el que se requirió a la quejosa el cumplimiento del convenio en los siguientes términos: "Morelia, Michoacán, a quince de septiembre de dos mil veinte. Dada cuenta con el escrito presentado por el ciudadano César Augusto Acosta Jimeno, con el carácter reconocido dentro del presente trámite, se le tiene haciendo las manifestaciones a que refiere; la Titular queda enterada de su contenido y ordena glosarlas al presente asunto. Por lo que se ordena requerir a Xóchitl Uzcanga Hernández mediante notificación personal, a fin de que cumpla cabalmente con el convenio realizado en autos." Dela anterior transcripción se advierte que el acto reclamado, se trata de una actuación que por sí sola no tiene como consecuencia la afectación a derechos sustantivos dela quejosa como son la vida, la libertad, propiedades, posesiones, la salud, entre otros. A efecto de evidenciar lo anterior, es importante hacer las siguientes consideraciones, en principio, la causa de improcedencia que se invoca se ubica en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo la cual a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento. Por tal motivo, uno de los supuestos de improcedencia establecidos en la hipótesis genérica de la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, deriva de la interpretación, en sentido contrario, de lo previsto en el artículo 107, fracción IV, de la legislación de la materia. En efecto, la fracción IV del citado precepto establece la procedencia del amparo indirecto contra tres tipos de actos a saber: I. Actos ejecutados fuera de juicio -medios preparatorios a juicio, interdictos, providencias precautorias o diligencias de jurisdicción voluntaria, notificaciones para la prosecución del juicio, entre otros-; II. Ejecutados después de concluido el juicio aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria -pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a preparar su ejecución, como lo es el incidente de liquidación de sentencia-; y, III. De ejecución de sentencia propiamente dichos -que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo-. En tales circunstancias, la interpretación en contrario del precepto normativo citado nos lleva a concluir que el juicio de amparo es improcedente contra aquellos actos que no se ubiquen en las tres fracciones antes enlistadas. Ahora, a fin de brindar claridad en torno a la causa de improcedencia en estudio, es conveniente señalar que la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, permite al gobernado la posibilidad de impugnar todos aquellos actos que sean emitidos por autoridades jurisdiccionales en etapas procesales que se ubican fuera del juicio o después de que éste ha concluido. Sin embargo, la procedencia de dicho medio extraordinario de defensa se encuentra sujeto a reglas que derivan de los principios que rigen al juicio de amparo, y que dependen del contexto procesal en que surge el acto de autoridad [fuera de juicio o después de concluido éste]; las cuales se encuentran íntimamente ligadas al propio artículo 107 de nuestra Carta Magna que establece como elemento necesario para la procedencia del juicio de amparo contra actos de autoridades judiciales, administrativas o del trabajo emitidos dentro de juicio, fuera de juicio o después de concluido es que la ejecución de cualquiera de estos actos sea de imposible reparación. Esto es, si el acto que se reclama se emitió fuera del juicio o después de que éste concluyo, para que sea objeto de estudio en sede constitucional es indispensable que produzca ejecución irreparable, es decir, que afecte derechos sustantivos del ciudadano quejoso. Ahora bien, dado que el acto aquí reclamado lo es un proveído en el que se ordena notificar personalmente a la aquí quejosa, a fin de que cumpla cabalmente con el convenio realizado en autos del expediente 1071/2019, el cual si bien implica como lo narra la propia quejosa en sus antecedentes la entrega de la casa ubicada en la calle Pedro Rangel Calderón número 125, de la colonia Congreso Constituyente de Michoacán, para sacarla a la venta, como fue establecido en el convenido; en dicho auto, el requerimiento que se le formuló no trae implícito algún apercibimiento por su incumplimiento; lo cual desde luego no constituye un ataque a los derechos sustantivos de la quejosa, en atención a que no conllevó algún otro efecto positivo o negativo que incidiera en forma directa en la esfera jurídica de la promovente del amparo. Lo anterior se explica dado que el acto reclamado en comento no afecta algún derecho sustantivo de la parte quejosa, reconocido en la Constitución o en los Tratados Internacionales, como la libertad, propiedad, el derecho a la salud, el derecho de tránsito, etcétera; lo cual lleva a concluir que el acto reclamado en este juicio no puede impugnarse conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. En ese contexto, como se dijo, en el caso que nos ocupa, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, esta última interpretada a contrario sensu, y 113 todos de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por lo que se desecha la demanda de amparo. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. Asimismo, desde este momento se instruye al actuario para que todas las notificaciones personales que resulten necesarias dentro del presente juicio, se realicen con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para Resguardar la Integridad y Salud de Quienes Realicen la Notificación y de las Personas Justiciables. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los artículos 8 y 18, fracción II, de la propia ley, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, al momento de allegarlos al juicio, en la inteligencia que de no hacerlo se publicara dicha sentencia íntegramente, con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, de igual forma siguiendo el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgado de Distrito, este acuerdo se publicará con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones el que precisa en su demanda. ATENCIÓN A LAS PARTES. Con fundamento en el artículo 5 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, considerando el riesgo sanitario, se procurará encausar el procedimiento de manera que, tratándose de comunicaciones no procesales, se pueda brindar atención a las personas justiciables vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos. Por tanto, se les requiere para que proporcionen número telefónico y correo electrónico con el propósito de establecer contacto y generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten eficientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. Asimismo, se pone a disposición de las partes el número telefónico 44 31 86 57 61, para brindar atención telefónica en el horario de 9:00 a 15:00, de lunes a viernes, exclusivamente para el trámite de su asunto, a través del mensaje de texto vía WhatsApp, para lo cual deberán proporcionar: Nombre completo y la calidad de parte; Imagen fotográfica de su identificación oficial; y, Número de expediente. La solicitud se responderá por la misma vía cuando las labores primordiales del Juzgado lo permitan. En el entendido que únicamente se atenderán los mensajes enviados por partes autorizadas para acceder a la consulta del expediente, en relación a información general del estado procesal de los autos. Cualquier otro tipo de petición no será atendida. PRESENTACIÓN DE PROMOCIONES Y OFICIOS. Las partes podrán presentar promociones y oficios sujetándose a lo siguiente: Enviando la promoción u oficio a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, utilizando para ello cualquiera de las dos firmas electrónicas válidas (FIREL o e.firma), en cualquier tipo de asunto. Enviando la promoción u oficio, debidamente firmado en forma autógrafa y digitalizado (escaneado), por medio del referido portal, aunque no se cuente con firma electrónica, siempre que el acto reclamado en el juicio se contemple en el artículo 15 de la Ley de Amparo, o se equipare a estos supuestos a juicio del órgano jurisdiccional. Enviando la promoción u oficio, debidamente firmado en forma autógrafa y digitalizada (escaneado), directamente al correo electrónico del Juzgado. En este caso, para constatar el origen de la gestión y atribuir fehacientemente a las partes la remisión del documento, personal secretarial o actuarial del Juzgado, podrá ponerse en contacto telefónico con el promovente y hacer constar mediante videoconferencia la ratificación, levantando la certificación correspondiente y dando cuenta con ello para dictar el acuerdo que corresponda. Presentando directamente ante la Oficialía de Partes Común a los Juzgados de Distrito en Morelia, de nueva creación, la promoción u oficio, la cual está ubicada en el edificio sede del Poder Judicial de la Federación. La presentación directa es obligatoria tratándose de promociones u oficios en los que se haga valer algún recurso (queja, revisión o inconformidad), salvo que se realice con firma electrónica. PUBLICACIONES EN LISTA. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, este órgano jurisdiccional remitirá por correo electrónico a la delegación administrativa las listas a publicar, las cuales serán colocadas en el lugar que permita su consulta por los interesados. ATENCIÓN EXCEPCIONAL DE MANERA PRESENCIAL Y CON PREVIA CITA. De conformidad con las reglas previstas en el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la presencia física de las partes únicamente se admitirá: Cuando el órgano jurisdiccional lo determiné; y, Cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. A fin de preservar el principio de imparcialidad, en ningún caso se obsequiará cita para exponer privadamente al titular alegatos o puntos de vista sobre los asuntos, por lo que todo lo relacionado con aspectos procesales deberá tener lugar en diligencia o audiencia a la que concurran todos los interesados. APERCIBIMIENTOS. Se apercibe a las partes que el incumplimiento a las anteriores medidas, que se fundan en razones sanitarias y tienen por objeto evitar el riesgo de contagio entre el personal judicial y las partes, además de ocasionar el retraso en la tramitación y resolución de los asuntos de su interés, dará lugar también a otras medidas, como es la denegación de acceso al órgano jurisdiccional sin previa cita, llamadas de atención en caso de incumplir la sana distancia o no usar cubrebocas y la expulsión inmediata del recinto judicial en caso de reincidencia o incumplimiento reiterado. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Vista la certificación de cuenta, se tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Reyna Alejandra Cortés Rodríguez, toda vez que tiene registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales; mientras que a las diversas personas, únicamente para oír y recibir notificaciones hasta en tanto acredite contar con la facultad para ejercer la profesión de abogado. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y, c) acuses de recibo. EXHORTA A LAS PARTES AL ESQUEMA DE JUICIO EN LINEA. Se hace del conocimiento de las partes que en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, aprobado por el Pleno del Consejo en sesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, para el caso de que así lo deseen, a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal, podrán imponerse del contenido de los presentes autos (Consulta de Expediente Electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica (notificaciones vía electrónica), quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con la Firma Electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación o aquella a que se refiere el artículo 14 de dicho Acuerdo, y realicen las promociones correspondientes; en el entendido que deberán de hacer la solicitud correspondiente a este órgano jurisdiccional, conforme lo establece el referido Acuerdo General 12/2020. Por lo que, conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es, continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como se le notifique electrónicamente las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio, que así lo ameriten y, presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido Acuerdo General 12/2020. Notifíquese; y personalmente a las partes con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para Resguardar la Integridad y Salud de Quienes Realicen la Notificación y de las Personas Justiciables. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.

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