Yadira Flores Lozada
Expediente 102/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 102/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 23/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Yadira Flores Lozada
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos el escrito de Yadira Flores Lozada, en atención a su contenido, devuélvasele la documental que indica para los efectos legales procedentes, previa identificación y toma de razón que obre en autos. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante la Secretaria de Juzgado Damayanty Rojas Huerta, que autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja que prevé el artículo 97, fracción I, inciso a), de la ley en comento, contra el proveído de treinta de enero de dos mil veintitrés, que desechó de plano la demanda de amparo. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para los efectos legales procedentes. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente carece de relevancia documental, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado. No se omite señalar que tal como se precisó en la certificación de esta fecha, obran documentos aportados por la parte quejosa, los cuales se ponen a su disposición si así lo solicita, en el entendido que de no hacerlo en el plazo de noventa días hábiles, se procederá a su destrucción, como lo establece el artículo 21 del Acuerdo General en cita. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula del expediente. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante la Secretaria de Juzgado Damayanty Rojas Huerta, que autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a nueve de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos el escrito de la quejosa Yadira Flores Lozada, mediante el cual solicita la devolución del documento que anexó a su demanda de amparo; en consecuencia, dígasele que no ha lugar a acordar favorable su petición; en razón de que se encuentra transcurriendo el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, a fin de que cause estado el presente juicio. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante la Secretaria de Juzgado Damayanty Rojas Huerta, que autoriza y da fe.
- Principal
***Apizaco, Tlaxcala, a treinta de enero de dos mil veintitrés. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Yadira Flores Lozada, por propio derecho, contra actos del Secretario de Educación Pública del Estado de Tlaxcala y Director General de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala y otras autoridades, por violación a sus derechos fundamentales. RADICACIÓN DE DEMANDA. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, fórmese expediente en su versión escrita y electrónica y regístrese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 102/2023. En el entendido de que las constancias inherentes a los cuadernillos auxiliares, o bien que, por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan, ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso. DESECHAMIENTO. Con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones. Como premisa debe destacarse que la parte quejosa reclama la omisión de no dictar acuerdo respecto del escrito de catorce de diciembre de dos mil veintidós, a través de las cuales solicita se le haga la restitución de la plaza de docente. En ese sentido, se estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1, fracción I, y 5, fracción I, todos de la Ley de Amparo, que estatuyen que para que el juicio constitucional sea procedente, es necesario que se enderece contra actos de autoridad, o bien, de particulares en los casos señalados por la propia ley, pues por su naturaleza jurídica las garantías constitucionales constituyen en la generalidad de los casos, limitaciones al Poder Público. En ese orden de ideas, el acto reclamado, en general, consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implica una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituye un acto concreto de efectos particulares imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. De esa definición se desprende que el acto reclamado produce una afectación o lesión a cualquier derecho del gobernado, ocasionándole un agravio que puede provenir, indistintamente, de una ley o de un acto de índole decisoria, ejecutiva u omisiva que le otorgue la naturaleza de autoritario al ser coercitivo, unilateral e imperativo, formas o maneras como se realiza la mencionada afectación. Conforme al artículo 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, la quejosa es quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo, individual y colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º, de la Ley de la materia, y con ello se producirá una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por su parte, la autoridad responsable es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas, en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Ahora bien, como quedó precisado, en la especie la quejosa señaló como omisión reclamada, la falta de contestación al escrito presentado el catorce de diciembre de dos mil veintidós, razón por la cual a la fecha en que promovió la demanda de amparo tiene certeza de que las autoridades responsables no han atendido su derecho de petición. Sin embargo, es de considerar lo establecido en el artículo 19, fracción IV, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, el cual establece lo siguiente: "Artículo 19. (.). Fracción IV. Ejercer ante las autoridades estatales y municipales, el derecho de petición, en los términos y condiciones establecidos en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los titulares y encargados de las dependencias de los poderes del Estado, organismos autónomos y municipios deberán en un término que no exceda de treinta días hábiles contados a partir de la fecha en que un particular ingrese su petición por escrito, de responder en la misma forma el acuerdo derivado de su petición." (Lo resaltado es propio) Del precepto invocado se advierte que la Constitución del Estado de Tlaxcala, prevé que el término para la contestación al derecho de petición es de treinta días hábiles, lo cual resulta relevante para evidenciar que la autoridad responsable a la fecha de presentación de la demanda no han incurrido en la omisión reclamada. En el caso, la petición cuya respuesta reclama la parte quejosa, se realizó el catorce de diciembre de dos mil veintidós, ante la autoridad responsable que se rigen por lo establecido en la constitución estatal; mientras que la demanda de amparo que nos ocupa fue presentada el veintisiete de enero de dos mil veintitrés; por lo que es de concluirse que no han trascurrido treinta días hábiles para que la autoridad proveyera lo relativo a su solicitud, en tanto que entre las fechas apuntadas sólo han transcurrido veinte días hábiles; esto es así, toda vez que la autoridad responsable conto con el segundo periodo vacacional que abarco del diecinueve al treinta de diciembre de dos mil veintidós. Por tanto, es dable estimar que la parte quejosa no ha sufrido afectación real y actual a su derecho de petición, pues la autoridad señalada como responsable se encuentra en aptitud de dar contestación al escrito dentro del plazo previsto en la Constitución Política del Estado de Tlaxcala. En consecuencia, es dable estimar actualizada de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contemplada en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los diversos numeral 1°, fracción I y 5°, fracción I, de la ley de la materia, atento a lo cual, con fundamento en el arábigo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR la presente demanda de amparo promovida por Yadira Flores Lozada. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Por otro lado, con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Amparo se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala en su libelo, con el apercibimiento que de resultar inexacto, la notificación del presente proveído y subsecuentes, incluso las personales, le surtirán efectos mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado. AUTORIZADOS: Asimismo, se tienen por autorizadas para el solo efecto de recibir notificaciones e imponerse de autos a las personas que menciona, por haber sido designadas para tal efecto. MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se autoriza a las partes la obtención de imágenes digitales, mediante medios electrónicos de las actuaciones realizadas en el presente asunto, debiendo especificar previamente las constancias a reproducir a efecto de que se elabore la razón de entrega correspondiente. Salvo que se trate de constancias que contengan exposición de datos personales que deban salvaguardarse, así como información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a las disposiciones aplicables al caso. Los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto. A su vez, los mismos serán protegidos en términos de la mencionada ley y los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Además, este juicio también está sujeto a las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entre otras cosas, esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. OBJECIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES EN LAS LISTAS DE NOTIFICACIONES (FÍSICA Y ELECTRÓNICA). La parte quejosa no manifestó oposición a la publicación de sus datos personales en listas de notificación. Finalmente, se autoriza a cualquier Secretario o Actuario adscrito a este Juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Asimismo, se les invita a que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte. Notifíquese personalmente a la quejosa Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante la Secretaria de Juzgado Damayanty Rojas Huerta, que autoriza y da fe.
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