Yadira Flores Lozada

Expediente 224/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
224/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
17/04/2023

Partes del expediente

  • Yadira Flores Lozada

Actuaciones

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a diecisiete de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley en comento, contra el proveído de quince de marzo de dos mil veintitrés, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Por tanto, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para los efectos legales procedentes. Sin que sea el caso realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del citado recurso, en atención a que lo resuelto no les irroga perjuicio alguno. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena el archivo judicial del presente juicio de amparo, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente carece de relevancia documental, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado. Se precisa que en el presente juicio de amparo obran documentos catalogados como originales que exhibió la parte quejosa; por tanto, se le previene para que en un plazo de noventa días naturales, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acuda al local de este juzgado a recoger los documentos catalogados como originales que exhibió en el presente juicio, ya que en caso de no hacerlo, éstos podrán ser destruidos. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Notifíquese.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a quince de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Apoderado Legal de la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala y Secretaría de Educación Pública del Estado de Tlaxcala, atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su informe justificado; del informe, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga dentro del plazo de ocho días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad responsable las documentales que anexa a su informe de cuenta, consistentes en el original del oficio número DAJ/1024/2023-5, de trece de marzo de dos mil veintitrés, dirigido a la quejosa Yadira Flores Lozada y copia simple de la escritura número tres mil cuatrocientos noventa y uno, volumen cuarenta y tres, con la cual acredita su personalidad, sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la audiencia constitucional. Además, con apoyo en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que precisa la autoridad oficiante, siempre y cuando corresponda al de su oficina principal. Del mismo modo, de conformidad con el artículo 9 de la ley de la materia, se tienen por designados como delegados de su parte a los profesionistas que refiere. Asimismo, se advierte que en el informe justificado la autoridad responsable manifestó que ya se dio contestación al escrito de catorce de diciembre de dos mil veintidós, lo cual se corrobora con el original del oficio número DAJ/1024/2023-5, de trece de marzo de dos mil veintitrés, dirigido a la quejosa Yadira Flores Lozada, el cual le fue notificado el mismo trece de marzo de la presente anualidad. Ahora bien, es pertinente destacar que por imperativo del artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causas de improcedencia es de orden público y preferente, sea que las partes las aleguen o de oficio sean advertidas. En el caso concreto se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "(.) Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (...)" . La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la omisión del acto considerado violatorio de los derechos humanos. Ello genera la improcedencia del juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de los derechos humanos desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera de la parte quejosa, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica de la parte quejosa es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia 2a./J. 9/98, visible en la página doscientos diez, Tomo VII, febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De la lectura de la anterior jurisprudencia se arriba a la convicción que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca dicho acto, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce de los derechos humanos vulnerados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, en sentido amplio, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la agraviada en el pleno goce del derecho fundamental violado, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental vulnerado. Por tanto, en términos de la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Ahora, de las constancias que adjuntó a su informe justificado la autoridad responsable, Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala y Secretaría de Educación Pública del Estado de Tlaxcala, por conducto de su apoderado, se advierte que por oficio número DAJ/1024/2023-5, de trece de marzo de dos mil veintitrés, la Jefa del Departamento de Recursos Humanos de la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala, acordó el escrito cuya omisión se reclamaba, el cual se encuentra dirigido a la quejosa Yadira Flores Lozada, y le fue notificado el mismo trece de marzo de la presente anualidad. Por lo que teniendo en cuenta que en el presente juicio de amparo se reclamó el siguiente acto: [.] La omisión de no dictar acuerdo de mi escrito de fecha catorce de diciembre de dos mil veintidós [.] En tales condiciones, teniendo en consideración que la autoridad responsable informó y acreditó que por oficio número DAJ/1024/2023-5, de trece de marzo de dos mil veintitrés, la autoridad responsable, se pronunció respecto del escrito de catorce de diciembre de dos mil veintidós, mismo que se le notificó a la quejosa el trece de marzo del año en curso, es evidente que han cesado los efectos de los actos reclamados; y a consecuencia de ello, es evidente notorio, manifiesto e indudable que se actualiza de la citada causal de improcedencia. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo VII, abril de 1998, página 242, que establece lo siguiente: [.] CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal [.]. En consecuencia, al quedar actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, procede DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA DE ESTE JUICIO DE AMPARO, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción V de la ley de la materia. Ahora bien, en virtud de que se encuentran señaladas las diez horas con veinticuatro minutos de este día, para que tenga verificativo la audiencia constitucional, y dadas las consideraciones precisadas en el apartado que antecede, se hace del conocimiento de las partes que queda sin efectos la misma. Sin que proceda darle vista a la quejosa para que manifieste si es su deseo ampliar la demanda de amparo, respecto a la contestación que le dio la autoridad responsable; ya que dicha respuesta está vinculada con la relación laboral que los unía. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; electrónicamente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por oficio a la autoridad responsable.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio 1510/2023 signado por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, con residencia en Apizaco, Tlaxcala, por el que acusa recibo del original del juicio de amparo 848/2022 y escritos de agravios en original y copia; asimismo hace del conocimiento que con el número 53/2023, se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por las autoridades responsables, en contra del auto de diecinueve de enero del año en curso, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a uno de marzo de dos mil veintitrés. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Yadira Flores Lozada, por su propio derecho, contra actos del Secretario de Educación Pública del Estado de Tlaxcala y otras autoridades, por violación a sus derechos fundamentales. RADICACIÓN DE DEMANDA. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, fórmese expediente en su versión escrita y electrónica y regístrese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 224/2023. En el entendido de que las constancias inherentes a los cuadernillos auxiliares, o bien que, por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan, ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso. ADMISIÓN. En atención a que el escrito de demanda satisface los requisitos que establecen los numerales 108 y 110 de la Ley de Amparo, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107 fracciones VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 112, 115 y 116 de la Ley de Amparo, SE ADMITE a trámite la demanda de amparo. INCIDENTE. No se tramita incidente de suspensión por no surtirse el requisito previsto en la fracción I, del artículo 128 de la Ley de Amparo; esto es, que sea solicitado por la parte agraviada, así como tampoco se configura alguno de los supuestos establecidos por el artículo 126 del mismo ordenamiento, para que deba ser decretada de oficio. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En términos del artículo 115 de la Ley de Amparo, cítese a las partes a la audiencia constitucional que tendrá verificativo a las DIEZ HORAS CON VEINTICUATRO MINUTOS DEL QUINCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Cabe señalar que para la celebración de la audiencia debe privilegiarse su desahogo de manera virtual cuando sea procedente. INVITACIÓN A CONTINUAR EL JUICIO EN LÍNEA. Asimismo, se EXHORTA a las partes, para que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio, que así lo ameriten y, presentar promociones por ese medio; conforme lo establece el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid 19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales. De igual modo, como a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, entró en vigor el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid 19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales, podrán imponerse del contenido de los presentes autos (consulta de expediente electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica (notificaciones vía electrónica) a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal: http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx). Quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid 19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales, siempre y cuando cuenten con Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o "e.firma", antes firma electrónica avanzada o "FIEL", por lo que en este caso, deberán de hacer la solicitud correspondiente ante este órgano jurisdiccional. MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se autoriza a las partes la obtención de imágenes digitales, mediante medios electrónicos de las actuaciones realizadas en el presente asunto, debiendo especificar previamente las constancias a reproducir a efecto de que se elabore la razón de entrega correspondiente. Salvo que se trate de constancias que contengan exposición de datos personales que deban salvaguardarse, así como información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. INFORME JUSTIFICADO. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 117 de la misma ley, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del término de quince días, rinda su informe justificado, al cual deberá adjuntar las constancias necesarias legibles para apoyarlo. A su vez, deberá verificar si se actualiza alguna causal de improcedencia o bien si existe algún otro juicio de amparo tramitado en un procedimiento de origen o que tenga relación con el acto reclamado. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no hacerlo en el término que se le otorgó, se presumirá cierto el acto reclamado en términos de lo dispuesto por los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo y se le impondrá una multa por el equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. VISTA AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITO. En términos de lo previsto en el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese vista vía electrónica al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, toda vez que se cuenta con el registro de usuario CAGUILAR70, proporcionado por el fiscal federal adscrito, de conformidad con en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye a la oficial judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes a fin de que realice el registro correspondiente y para que se le notifique por dicha vía. TERCERO INTERESADO. Dada la naturaleza del acto reclamado en el presente juicio de amparo no existe tercero interesado. PRUEBAS. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene como prueba de la parte quejosa la documental que adjunta a su demanda de amparo, consistente en el original del acuse de recibo del escrito signado por la quejosa Yadira Flores Lozada, de catorce de diciembre de dos mil veintidós. NOTIFICACIÓN Y COMUNICACIONES NO PROCESALES. Requiérase a las partes para que a efecto de agilizar el asunto y privilegiar el uso de medios electrónicos, con fundamento en el artículo 257 fracción I y II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid 19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales, proporcionen un correo electrónico y/o número de teléfono celular y/o servicios de mensajería móvil instantánea, a través de los cuales se pueda entablar comunicación. NOTIFICACIÓN A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Se instruye a los actuarios adscritos que las notificaciones que deban realizarse por oficio a las responsables, las lleven a cabo, de ser posible, por medios electrónicos, a través de los correos oficiales de las responsables, mediante fax o por notificación electrónica en la modalidad del juicio en línea; por lo cual para lograr lo anterior, se les solicita proporcionen tales datos y su conformidad para que las notificaciones se realicen por alguno de dichos medios; y, en caso de no hacerlo, las comunicaciones se realizaran mediante oficio en su recinto oficial. En la inteligencia que atento al artículo 28, fracción I, segundo párrafo de la Ley de Amparo, si la autoridad se niega a recibir el oficio de notificación, por la razón que sea, como lo es que siendo el domicilio oficial, la autoridad buscada no esté en ese momento, aunque conforme a su horario o funciones deba estarlo; se encuentre de vacaciones y exista obligación atento a sus atribuciones a que diverso funcionario lo cubra o cualquier otra circunstancia injustificada legalmente, el actuario deberá informarle que, no obstante ese motivo, se tendrá por hecha la notificación, en el entendido que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos de quién atendió la diligencia, el motivo por el cual se niega a recibir y, se tendrá por legalmente practicada. A su vez, a fin de agilizar el procedimiento, las autoridades responsables podrán enviar promociones vía electrónica a través del juicio en línea, vía telegrama, o bien, en casos urgentes, por correo electrónico institucional: 1jdo28cto@correo.cjf.gob.mx, de preferencia con firmas electrónicas. Asimismo, que los posibles diferimientos de la audiencia constitucional se notifiquen a las autoridades responsables por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, con fundamento en los artículos 26, fracción I, interpretado a contrario sensu y 29 de la Ley de Amparo, pues la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada; máxime que en la nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional que se señale, puede consultarse en la lista de acuerdos que se publica en la página de internet https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene por señalado el domicilio que indica para oír y recibir notificaciones. AUTORIZADOS. Por otra parte, se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los Licenciados ********************y ********************, ya que tienen registrada su cédula profesional en el Registro Nacional de Profesionistas. Asimismo, se tienen por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a ********************, ******************** y ********************, por no contar dicho registro. PROPORCIONA CORREO ELECTRÓNICO Y TELÉFONO: Por otra parte, se tiene a la parte quejosa proporcionando los correos electrónicos ********************y ******************** y los números telefónicos ********************y********************,como una forma especial y expedita de contacto no procesal, a través de los cuales se pueda entablar comunicación, cuyo contenido deberá registrarse y de ser necesario, incorporarse al expediente, previa certificación. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a las disposiciones aplicables al caso. Los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto. A su vez, los mismos serán protegidos en términos de la mencionada ley y los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Además, este juicio también está sujeto a las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entre otras cosas, esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. OBJECIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES EN LAS LISTAS DE NOTIFICACIONES (FÍSICA Y ELECTRÓNICA). La parte quejosa no manifestó su oposición para la publicación de sus datos personales. Finalmente, se autoriza a cualquier Secretario o Actuario adscrito a este Juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Notifíquese por lista a la parte quejosa; vía electrónica al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por oficio a las autoridades responsables.

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