Yadira Briones Hernández

Expediente 276/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 7 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
276/2019
Año
2019
Actuaciones
7
Última actuación
27/11/2019

Partes del expediente

  • Yadira Briones Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    EN ESTA FECHA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA EL CONTENIDO DEL AUTO DE VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO QUE A LA LETRA DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; en veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que el proveído de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve (fojas 69 a 71), en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio, ha causado estado, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión en su contra. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído que carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. 3. Por otra parte, como existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa en la demanda de amparo, de conformidad con los puntos Segundo, fracción XVIII, Capítulo I, y Décimo Primero, párrafo último, Capítulo Tercero, y Vigésimo, fracción III, Capitulo Quinto, requiérase a la parte quejosa, a fin de que acuda al local de este Juzgado dentro del plazo de noventa días, a recoger los documentos exhibidos en autos, apercibida que en caso de no hacerlo, se glosarán al expediente y serán ser destruidos junto con las constancias judiciales. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; en veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que el proveído de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve (fojas 69 a 71), en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio, ha causado estado, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión en su contra. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído que carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. 3. Por otra parte, como existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa en la demanda de amparo, de conformidad con los puntos Segundo, fracción XVIII, Capítulo I, y Décimo Primero, párrafo último, Capítulo Tercero, y Vigésimo, fracción III, Capitulo Quinto, requiérase a la parte quejosa, a fin de que acuda al local de este Juzgado dentro del plazo de noventa días, a recoger los documentos exhibidos en autos, apercibida que en caso de no hacerlo, se glosarán al expediente y serán ser destruidos junto con las constancias judiciales. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    CON ESTA FECHA SE LE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, QUE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos, de los cuales se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado la omisión de acordar y notificar el escrito de fecha veinticinco de enero de dos mil dieciocho y recibido por la responsable el veintinueve del mismo mes pero del año dos mil diecinueve. En ese contexto, se toma en cuenta el contenido de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)". El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional, respecto de un acto que ya no afecta a la peticionaria de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos de dicho acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención, no es sólo la paralización del acto de autoridad, además es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del tomo IX-Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo expuesto se desprende que, para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de cuatro extremos, a saber: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Por otro lado, resulta indispensable acudir al contenido del artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107 de la Constitución General de la República, que a la letra señala: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: (.) II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija". Del precepto transcrito se obtiene que los efectos que genera la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, tratándose de actos de carácter omisivo, es obligar a la autoridad responsable a respetar la prerrogativa de que se trate y exigir de la misma su cumplimiento. Esto es, tratándose de actos omisivos de autoridades responsables, se entiende que han dejado de surtir sus efectos una vez que la autoridad lleva a cabo el acto que destruye la violación al derecho reconocido por la Constitución General. En la especie, la parte quejosa se duele de omisión de acordar y notificar el escrito de fecha veinticinco de enero de dos mil dieciocho y recibido por la responsable el veintinueve del mismo mes pero del año dos mil diecinueve. Ahora bien, de las constancias remitidas por la citada autoridad, se advierte que mediante oficio ***, de seis de mayo de dos mil diecinueve, el Director de Recursos Financieros de la Secretaría de Educación, le hizo del conocimiento a la parte quejosa que se había realizado una transferencia interbancaria a su cuenta bancaria ***, de la institución bancaria BBVA Bancomer, por la cantidad de $*** (***/*** moneda nacional), correspondiente al pago del seguro institucional del finado ***, es decir, en fecha posterior a la presentación de la demanda,***la autoridad responsable subsanó la omisión que en esencia se le reclamaba. Es decir, la quejosa al acudir a esta instancia constitucional, reclamaba la falta de respuesta del escrito de veinticinco de enero de dos mil dieciocho, en la cual, sustancialmente reclama la pasividad de la responsable en realizar los trámites necesarios para materializar el pago del seguro de vida institucional por la cantidad de $*** (***/*** moneda nacional), lo cual, en la especie ya aconteció, al realizarse la transferencia interbancaria a su cuenta bancaria ***, de la institución bancaria BBVA Bancomer, por lo cual, tanto su derecho de petición, así como los efectos contenidos en su escrito, quedaron satisfechos al realizarse el pago reclamado de su seguro de vida institucional. En ese sentido, deviene inconcuso que los efectos del acto reclamado, ha cesado en sus efectos, quedado insubsistente en forma total e incondicional el citado acto tildado de inconstitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí ninguna huella. Cobra aplicación, por identidad jurídica, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Luego, al haberse acreditado que cesaron los efectos del acto que por esta vía se reclamó, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que por su aplicación relacionada con la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento, obliga a SOBRESEER EN ESTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA. Sin que este juzgador considere dar vista a la quejosa a efecto de que manifieste si es su deseo ampliar la demanda de amparo en términos del artículo 111 de la ley en la materia, pues la contestación emitida por la responsable fue favorable a sus pretensiones, ya que le fue cubierto en su totalidad el pago del seguro de vida que reclamaba mismo que dio origen a su petición, de ahí que, se haya decretado el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio, al haber cesado el acto reclamado. Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las diez horas veinte minutos del doce de noviembre de dos mil diecinueve. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por oficio a la autoridad responsable.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintitrés de octubre de dos mil diecinueve. Agréguese con vista a las partes en el juicio de amparo en que se actúa el informe justificado rendido por la autoridad responsable Coordinador General de Administración de la Secretaria de Educación Pública, residente en esta ciudad; y dése nueva cuenta con el mismo en la audiencia constitucional, en términos de lo dispuesto por el numeral 117 de la ley en la materia. Ahora bien, en términos de los preceptos 119 y 123 de la ley en la materia, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada dada su propia y especial naturaleza la documental que en copia certificada remite la autoridad responsable, sin perjuicio de hacer relación de ella el día y hora señalada para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose como nueva fecha para su celebración las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DOCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Notifíquese.

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