Yadira Briones Hernández
Expediente 410/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 9 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 410/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 14/06/2019
Partes del expediente
- Yadira Briones Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a catorce de junio de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, con fundamento en los artículos 86, de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la citada Ley, se acuerda: Como la parte quejosa no recurrió dentro del término legal el auto de veintitrés de mayo de dos mil diecinueve (foja 101 a 104), en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio, se declara que ha causado estado para los efectos legales procedentes. Atento al dispositivo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del diverso punto Vigésimo Primero, ambos del Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se reitera, se trata de un asunto que se sobreseyó fuera de audiencia; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; diez de junio de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el escrito de ********* autorizado de la quejosa; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de la materia, expídanse las copias certificadas a que hace referencia, previa identificación y razón de recibo que se deje en autos, haciendo de su conocimiento que para tal efecto deberá acudir a este Juzgado en día hábil, preferentemente dentro del horario de diez a trece horas. Notifíquese.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE VEINTITRÉS DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, QUE DICE :... Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintitrés de mayo de dos mil diecinueve. Agréguese al juicio de amparo en que se actúa, el informe justificado rendido por la autoridad responsable Secretaría de Educación del Estado de Chiapas, a través del Director de Asuntos Jurídicos, con domicilio en esta ciudad, y anexos que acompaña. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de lo que establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. Ahora, de un análisis integral de la demanda de amparo y el escrito de ampliación, se advierte que la quejosa reclama: La omisión de las autoridades responsables de realizar los trámites correspondientes para lograr el pago de la cantidad de *********** por concepto la indemnización de la cual es beneficiaria respecto del seguro de vida institucional del finado ********** quien en vida fuera su concubino, solicitado por la quejosa el veintisiete de enero de dos mil dieciocho (fojas 10 a 11). En ese contexto, se toma en cuenta el contenido de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamadoEl numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional, respecto de un acto que ya no afecta a la peticionaria de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos de dicho acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención, no es sólo la paralización del acto de autoridad, además es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del tomo IX-Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo expuesto se desprende que, para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de cuatro extremos, a saber: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Por otro lado, resulta indispensable acudir al contenido del artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107 de la Constitución General de la República, que a la letra señala: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija". Del precepto transcrito se obtiene que los efectos que genera la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, tratándose de actos de carácter omisivo, es obligar a la autoridad responsable a respetar la prerrogativa de que se trate y exigir de la misma su cumplimiento. Esto es, tratándose de actos omisivos de autoridades responsables, se entiende que han dejado de surtir sus efectos una vez que la autoridad lleva a cabo el acto que destruye la violación al derecho reconocido por la Constitución General. En la especie, la parte quejosa se duele de la omisión por parte de las autoridades responsables Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas y Secretaría de Educación del Estado de Chiapas, residentes en esta ciudad, de realizar los trámites correspondientes para lograr el pago de la cantidad de ************ por concepto la indemnización de la cual es beneficiaria respecto del seguro de vida institucional del finado ******** quien en vida fuera su concubino, solicitado por la quejosa el veintisiete de enero de dos mil dieciocho (fojas 10 a 11). Ahora bien, de las constancias remitidas por la citada autoridad, se advierte que mediante oficio ********** de seis de mayo de dos mil diecinueve, el Director de Recursos Financieros de la Secretaría de Educación, le hizo del conocimiento a la parte quejosa que se había realizado una transferencia interbancaria a su cuenta bancaria ********** de la institución bancaria BBVA Bancomer, por la cantidad de *********** correspondiente al pago del seguro institucional del finado ********** es decir, en fecha posterior a la presentación de la demanda, las autoridades responsable subsanaron la omisión que se les reclamaba. En ese sentido, deviene inconcuso que los efectos del acto reclamado, ha cesado en sus efectos, quedado insubsistente en forma total e incondicional el citado acto tildado de inconstitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí ninguna huella. Cobra aplicación, por identidad jurídica, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Además, cabe mencionar que lo anterior se corrobora con lo dicho por la quejosa en escrito de ocho del mes en curso, en el cual manifestó que habían cesado los efectos del acto reclamado, dado que la responsable restituyó el goce de sus garantías violadas (foja 90). Luego, al haberse acreditado que cesaron los efectos del acto que por esta vía se reclamó, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que por su aplicación relacionada con la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento, obliga a SOBRESEER EN ESTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA. Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas del dieciocho de junio de dos mil diecinueve. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, al agente del Ministerio Público adscrito a este juzgado; y por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintidós de mayo de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que ya transcurrió el término otorgado a la parte quejosa en proveído de nueve de mayo de dos mil diecinueve, para que manifestara si era su deseo o no desistir de este juicio de amparo (foja 91). En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado y se continúa con el procedimiento en este asunto; asimismo, respecto de las manifestaciones vertidas por la quejosa en escrito de ocho del mes en curso (foja 90), ténganse las mismas como alegatos en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, con los cuales se ordena dar nueva cuenta al momento de celebrar la audiencia constitucional. Notifíquese.
Quedan 5 actuaciones en este expediente
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