Yadira Azucena Meza Vivanco
Expediente 373/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 373/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 02/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Yadira Azucena Meza Vivanco
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de autos y, como se advierte de la certificación secretarial que antecede, el proveído de veinte de abril de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por *******, no fue recurrido dentro del plazo de cinco días hábiles a que se refiere el artículo 98, párrafo primero de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la ley de la materia, se declara que el acuerdo de desechamiento ha quedado firme. Devolución de documentos a la quejosa Por otro lado, visto el estado de autos, específicamente de la certificación de cuenta, se advierte que en este expediente obran agregadas documentales originales que acompañó la parte quejosa a su escrito inicial de demanda recibido en este Juzgado Federal el trece de abril del año en curso. Por ello, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días siguientes a su legal notificación, acuda a este órgano jurisdiccional en días y horas hábiles a recoger las aludidas documentales, previa foja de sustitución que se deje en autos. Con independencia de lo anterior, para el caso de no presentarse en el término concedido en el párrafo que antecede a recoger las documentales descritas, éstas quedan a su disposición por el plazo de NOVENTA DÍAS; apercibido que de hacer caso omiso dentro del término concedido, en su oportunidad serán destruidas sin ulterior acuerdo. Archivo Por tanto, toda vez que en este expediente no existe asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Destino. Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su destrucción, de conformidad con el inciso d), del artículo 21, del referido Acuerdo General y, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y la carátula. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de abril de dos mil veintitrés. Registro de demanda Con la demanda de amparo presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, el diecinueve de abril del año en curso, turnada a este órgano jurisdiccional el mismo día, que promueve *****, contra actos del Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, y otras autoridades; fórmese expediente físico y electrónico y anótese su ingreso en el libro correspondiente, con el número 373/2023. Expediente electrónico Por tanto, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y al artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para que integre este expediente de manera electrónica, conforme a los lineamientos establecidos en los acuerdos antes mencionados. Por lo cual, todas las constancias y documentos remitidos físicamente por las partes, deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico, al igual que los acuerdos, diligencias, notificaciones, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos que integran el contenido de la totalidad de las actuaciones judiciales. En el entendido que, no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del acuerdo mencionado en primer término. En el entendido que el expediente físico servirá únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente por las partes, y se formará con los documentos remitidos por esa vía y las constancias de notificación que se generen de la misma manera, por lo que, las constancias y documentos electrónicos no se incorporarán a dicho expediente físico; por tanto, serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes. De igual manera, se hace del conocimiento a las partes que en el sitio web del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación se puede realizar el trámite correspondiente, para que a través del uso de la FIREL o e.firma (antes firma electrónica avanzada o FIEL), puedan presentar promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en este juicio de amparo. Por ello, se les exhorta, para que preferentemente continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea. Análisis de la demanda y desechamiento Ahora, es pertinente señalar que el escrito inicial de demanda debe ser analizada en su integridad, a efecto de determinar lo que en derecho corresponda. Es de aplicación, la tesis emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XXXIII, Materia(s): Civil, página 716, con registro digital 363344, que establece: "DEMANDA, ADMISIÓN DE LA. Los Jueces y tribunales están facultados para normar sus actos conforme a la ley del procedimiento, y cuidar de que las demandas se formulen con la claridad, precisión y demás requisitos de ley que los códigos exigen, cuidando, también de que la acción respectiva se ejercite en la vía y forma que legalmente procede, y cuando la demanda no se entabla en la vía legal pertinente, debe desecharse de plano, sin que obste el razonamiento de que la parte contraria no alegue esa improcedencia, toda vez que esto solamente podrá hacerlo en la forma de excepción, lo cual no es posible, puesto que no se le da entrada a la demanda". Por tanto, antes de proveer respecto a la admisión de la demanda es necesario verificar que no exista motivo manifiesto e indudable que haga improcedente la instancia constitucional, tal como lo ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo, que al efecto señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del dispositivo transcrito, se advierte que el juez de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia visible en la página ochocientos noventa, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, de los Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Común, del rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En el caso, se advierte que la demanda de amparo resulta improcedente, en términos del artículo 61, fracción XIV, párrafo primero, en relación con el 17, párrafo primero, y 18 de la Ley de Amparo, que establecen: "DE LOS CASOS DE IMPROCEDENCIA: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . XIV.- Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." [ÉNFASIS AÑADIDO.] Lo anterior acontece, porque la parte quejosa comparece a juicio reclamando lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO De las autoridades responsables en su carácter de ORDENADORAS reclamo la emisión del oficio SPyDU/DCyPH/0444/2023 de fecha 15 de marzo del año en curso, mediante el cual se me notifica que "NO ES FACTIBLE EL USO DE SUELO COMERCIAL con giro de RESTAURANTE BAR en un área del 488.65 m2.", respecto de inmueble ubicado en *****, mismo que fue entregado el día 17 de abril del año en curso. Así mismo, señalo que el acto que se me atribuye como autoridades responsables en su carácter de EJECUTORAS es la notificación y entrega del oficio SPyDU/DCyPH/0444/2023 de fecha quince de marzo en curso, mediante el cual se me notifica que ".NO ES FACTIBLE EL USO DE SUELO COMERCIAL giro de RESTAURANTE BAR en un área del 488.65 m2.", respecto de inmueble ubicado en ******, mismo oficio que me fue entregado en la Dirección del Centro y Patrimonio Histórico, por parte del personal de dicha oficina, del día 17 del mes y año en curso." Sin embargo, como se advierte de la certificación de cuenta, se tiene que este Juzgado previamente radicó la demanda de amparo con el número 331/2023, promovido por la misma quejosa, contra las mismas autoridades responsables (únicamente a excepción de la Comisión de Vinos y Licores del Municipio de Oaxaca de Juárez, que agrega a la demanda que se provee), por las mismas circunstancias fácticas que ahora plantea, aunque, reclamando el diverso oficio SOPyDU/DCyPH/0254/2023 de fecha veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, cuya causa de origen es la misma que reclama en la demanda de cuenta; por lo que, en ese juicio se le requirió entre otras cuestiones que precisara la fecha de conocimiento del acto reclamado consistente en el oficio SOPyDU/DCyPH/0254/2023. Ahora, si bien es cierto que ha quedado establecido que el acto que viene reclamando en el presente juicio de amparo la parte quejosa es el oficio SOPyDU/DCyPH/0444/2023 de fecha quince de marzo de dos mil veintitrés, también es cierto que, como se advierte de los anexos exhibidos en copia certificada por la propia quejosa, concretamente las fojas 21 y 23 de autos, el acto del que se duele la parte quejosa en este asunto es una reiteración del acto que se emitió mediante el oficio SOPyDU/DCyPH/0254/2023, suscrito por la Directora del Centro y Patrimonio Histórico del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, pues al respecto, se tiene que el oficio SOPyDU/DCyPH/0444/2023, fue un pronunciamiento de la autoridad responsable con motivo de que la parte quejosa solicitó que se reconsiderara la emisión del oficio SOPyDU/DCyPH/0254/2023, cuyo contenido es el mismo, y del cual la parte quejosa confesó bajo protesta de decir verdad, en el capítulo denominado "HECHOS O ABSTENCIONES (.)" de su escrito de demanda, en específico en la foja 6 de autos, la fecha en la que le fue notificado, en los siguientes términos: ".con fecha seis de marzo del presente año dos mil veintitrés, me fue entregado por parte de la Dirección del Centro y Patrimonio Histórico, el oficio SOPyDU/DCyPH/0254/2023 de fecha 21 de febrero del año en curso, mediante el cual se me notifica que ".NO ES FACTIBLE EL USO DE SUELO COMERCIAL con giro de RESTAURANTE BAR QUE CUENTE CON MÚSICA EN VIVO (.)" [Énfasis añadido] De ahí que, le transcurrió a la parte quejosa, el plazo de quince días con que contaba para instar este juicio de amparo, a que se refiere el artículo 17 de la ley de la materia, de la manera siguiente: FECHA DE NOTIFICACIÓN SURTE EFECTOS PLAZO 06/03/2023 07/03/2023 DEL 08 AL 30 DE MARZO DE 2023 Lo dicho, sin contar los días once, doce, dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintisés de marzo de este año, por corresponder a sábados y domingos, respectivamente, así como los días veinte y veintiuno de marzo, inhábiles de conformidad con el artículo 74, fracción III de la Ley Federal del Trabajo y 19 de la Ley de Amparo, respectivamente; por lo que, al no haber instado su demanda en ese plazo, sino hasta el diecinueve de abril de dos mil veintitrés (fecha en que se recibió la demanda de cuenta) la misma resulta extemporánea. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, consultable en la página 92, del Semanario Judicial de la Federación II, Segunda Parte-1, julio a diciembre de mil novecientos noventa y ocho, Octava Época, de rubro y tenor siguientes: "AMPARO, TÉRMINO PARA LA INTERPOSICIÓN DEL. CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. Si el quejoso manifiesta en su demanda de garantías en qué fecha tuvo conocimiento del acto reclamado, tal manifestación constituye una confesión que hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en el juicio de amparo, por lo que a partir de esa fecha debe hacerse el cómputo del término que señala el artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal." Así como, la jurisprudencia con los datos de localización, rubro y texto siguientes (misma que resulta aplicable, de conformidad con el artículo "SEXTO" transitorio, de la ley de Amparo vigente): "Registro No. 163172; Localización: Novena Época; Instancia: Pleno; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; XXXIII, Enero de 2011; Página: 5; Tesis: P./J. 115/2010; Jurisprudencia; Materia(s): Común. DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Ante ello, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo; se desecha de plano, la demanda de amparo promovida por *******, contra actos del Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, y otras autoridades, por notoriamente improcedente. La actualización de la causal de improcedencia en estudio no implica negar acceso a la justicia, ya que en este asunto se interpretó de manera estricta, sin que implique vulnerar derechos humanos de acceso a la justicia consagrados en ordenamientos internacionales; pues no debe perderse de vista que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de su procedencia, lo cual de ninguna manera implica que se le esté negando el derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, se podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia; ello, conforme a la tesis 2a. CLVII/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, enero de 2010, página 324, registro 165538, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA". Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda, el cual será utilizado únicamente para el caso en que por alguna circunstancia no puedan realizarse las notificaciones vía usuario electrónico o bien, en el caso que por la relevancia de la determinación que se pronuncie, se considere necesario realizar la notificación personal en el domicilio físico, no obstante la habilitación de notificaciones electrónicas. Por otra parte, se tienen por autorizados, en términos del primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a********************, por encontrarse registradas sus cédulas profesionales ante el "Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales" y así haberse solicitado expresamente. En tanto que, las diversas personas a que se hace mención en el escrito de demanda, únicamente se les autoriza para oír y recibir notificaciones, en términos del artículo 24, segundo párrafo de la Ley de Amparo, por así haberlo solicitado, y respecto de ********************, por no encontrarse dado de alta en el mencionado "Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales", ni haber proporcionado mayores datos de los que se pueda determinar su calidad como licenciado en derecho. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al artículo 41 Bis del Acuerdo General 12/2020, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, todas las personas autorizadas para acceder a los expedientes judiciales, incluidas quienes actúen bajo el esquema físico, deberán consultarlo en su versión electrónica. Quienes carezcan de acceso al Portal o quienes no hayan solicitado el acceso para consultar el expediente electrónico, podrán hacerlo al acudir presencialmente a este órgano jurisdiccional, donde se pondrá un equipo a su disposición y asesoría para que puedan llevar a cabo la consulta respectiva, desde una clave de usuario habilitado para ello. Notificaciones vía usuario electrónico Por otra parte, téngase a la parte quejosa señalando como medio para oír y recibir notificaciones el usuario electrónico que indica. Por lo anterior, en términos del artículo 57, párrafo cuarto del Acuerdo General 12/2020, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a la parte quejosa la consulta de expediente electrónico del presente juicio a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a través del usuario "********************", a fin de que pueda realizar la consulta correspondiente; asimismo, para que se tengan por practicadas las notificaciones por ese medio. En consecuencia, se instruye al Oficial Judicial "A", para que proceda a realizar los trámites respectivos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de dar cumplimiento a lo señalado en párrafos precedentes. Habilitación de días y horas inhábiles En otro aspecto, a fin que puedan practicarse todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, se faculta a los actuarios judiciales para que una vez agotadas sin éxito las visitas correspondientes a un domicilio señalado por las partes para oír y recibir notificaciones en días y horas hábiles, realicen las diligencias conducentes en días y horas inhábiles en términos del numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2º; lo cual encuentra sustento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio. Publicación de datos personales En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desean que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Autorización de medios electrónicos Se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para obtener fotografía de las actuaciones en este asunto; lo anterior de acuerdo con la circular 12/2009, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, debiendo dejar constancia respectiva. Sin que ello comprometa a este Juzgado respecto de la posterior reproducción o edición que hagan las partes, quienes estarán obligadas a utilizar esos medios con la debida lealtad procesal, en virtud del contenido de datos personales. Ilustra a lo anterior, la tesis I.3º.C.725 C, con registro digital 167640, con el rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Notifíquese vía usuario electrónico a la parte quejosa.
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