Yadira Amigon de Leon

Expediente 1396/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1396/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
26/09/2022

Partes del expediente

  • Yadira Amigon de Leon

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Requerimiento. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que a la fecha en que se actúa, la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, no ha dado cumplimiento a la sentencia, no obstante de encontrarse debidamente notificada, tal como se advierte del acuse de recibo respectivo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la Junta responsable para que en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir de la notificación del presente proveído, realice lo siguiente: Informe sobre el trámite que se lleva a cabo en el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, para que se tomen las medidas que estimen pertinentes a fin de obtener la reinstalación que se ordenó en la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; y, Remita copia certificada de las constancias que lo acrediten. En el juicio laboral 912/2014. Apercibimiento. Se apercibe a la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, cuyo cargo ejerce Alejandro Conde Hernández, que de ser omiso al presente requerimiento, con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, es decir, la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional), multiplicado por cien, lo cual equivale a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional). De igual forma, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Se determina lo anterior, en atención a la actitud de indiferencia adoptada por la referida autoridad sobre los requerimientos efectuados por este órgano jurisdiccional, a fin de lograr el cumplimiento a la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo, como queda evidenciado con el hecho de que, no obstante los múltiples requerimientos, no han realizado las gestiones necesarias para lograr el cumplimiento de la sentencia emitida en el presente juicio desde el treinta de junio de dos mil veintidós. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece lo siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Notifíquese.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintinueve de agosto de dos mil veintidós. Autoridad remite constancias. Agréguese a los autos el oficio del Juez Sexto Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Puebla, mediante el cual informa que el quince de agosto de dos mil veintidós, se tuvo a *** exhibiendo el exhorto 1239/2022 remitido por la Secretaria Conciliadora del Juzgado Segundo de lo Familiar de la Ciudad de México diligenciado, esto es, que fue entregado el oficio dirigido al Registro Público de la Propiedad y del Comercio; se toma conocimiento. No obstante, mediante proveído del veintidós de agosto pasado, se requirió al citado juez responsable, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, informara si el Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México ya dio cumplimiento a lo solicitado por oficio 921, emitido en el juicio sucesorio intestamentario 1780/2019 de su índice, por lo que se está en espera de que cumpla dicho requerimiento. En el entendido que subsiste el apercibimiento decretado en el auto de veintidós de agosto de dos mil veintidós. Notifíquese.

  3. Incidental

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, diez de agosto de dos mil veintidós. Parte quejosa se desiste. La parte quejosa manifiesta su voluntad de desistirse del presente juicio de amparo indirecto, por los motivos que expone. En ese sentido, toda vez que en proveído de veintiséis de enero de dos mil veintidós, dictado en el recurso de revisión 15/2022, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, admitió a trámite el medio de impugnación hecho valer por la parte tercera interesada en contra de la sentencia de amparo; en consecuencia, remítase el original del escrito de cuenta [previa copia certificada que se deje en autos para que obre como constancia] a efecto de que el Tribunal de Alzada, provea lo que en derecho corresponda. Es aplicable al caso, la tesis aislada XVII.2o.P.A.12 K (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, Libro 70, Septiembre de 2019, Tomo III, página 1908, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2020551, que dice: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. SI OCURRE ANTE EL JUZGADO DE DISTRITO UNA VEZ DICTADA LA SENTENCIA E INTERPUESTO EL RECURSO DE REVISIÓN EN SU CONTRA, CORRESPONDE AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO PROVEER AL RESPECTO.La segunda instancia tiene por objeto revisar la sentencia o autos emitidos por el Juez de primer grado, de manera que, al estar pendiente de resolver el recurso de revisión, la jurisdicción reside en el tribunal de alzada. Por tanto, si el quejoso desiste de la demanda de amparo ante el Juzgado de Distrito con posterioridad a que se dictó la sentencia y ésta fue impugnada en revisión, corresponde al Tribunal Colegiado de Circuito atender el desistimiento de la acción constitucional, conforme al artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo y no al Juez, quien debe limitarse a remitir las constancias al órgano revisor para que provea lo conducente." Notifíquese.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, tres de agosto de dos mil veintidós. Causa estado auto que declara cumplida. Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa promoviera recurso de inconformidad en contra del auto de cuatro de julio de dos mil veintidós, que declaró cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, se declara que ha causado estado el mencionado proveído para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente: Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Depúrese el expediente principal, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una sentencia en la que se determinó conceder el amparo en el presente juicio, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en la fracción I, inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: (.) I. b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional. (.)." Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo dieciocho, párrafo primero del Acuerdo General en cita, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente. Digitalización. Previo a su depuración, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaria para que verifique la digitalización de la demanda, la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. No existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa que se ubiquen en el párrafo segundo, del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; por tanto, no ha lugar a realizar mayor proveído al respecto. Notifíquese.

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