Yadhir Balderas Mendez
Expediente 1702/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 11 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1702/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 11/01/2023
Partes del expediente
- Yadhir Balderas Mendez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, once de enero de dos mil veintitrés. Causa ejecutoria sentencia. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, de los que se advierte que la sentencia terminada de engrosar el veintidós de diciembre de dos mil veintidós, mediante la cual se sobreseyó el juicio de amparo, no fue recurrida; en ese sentido, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente: Destrucción. Destrúyase el presente expediente una vez transcurridos tres años de su archivo, toda vez que se sobreseyó en el juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados...". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo dieciocho, párrafo primero del Acuerdo General en cita, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaria para que verifique la digitalización de la demanda, la sentencia y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.
- Principal
SENTENCIA DEFINITIVA ... Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 63, 73, 74, 75, 76, 124 y 217 de la Ley de Amparo; se VI. RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ***, respecto del acto de la autoridad precisado en el punto III de esta sentencia, por los motivos expuestos en el punto IV de esta sentencia. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, nueve de noviembre de dos mil veintidós. Tribunal Colegiado resuelve recurso de revisión. Agréguese el oficio y anexos de la secretaria del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, por el que remite el expediente original del juicio de amparo 76/2021-V del índice de este Juzgado y copia de la resolución emitida en sesión de veinte de octubre de dos mil veintidós, en el recurso de revisión 610/2021 de su índice, cuyos puntos resolutivos establecen: "PRIMERO. Se CONFIRMA la sentencia dictada el veintiséis de julio de dos mil veintiuno, en el juicio de amparo 76/2021 del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por *** contra el acto reclamado atribuido a la Presidenta Municipal del Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, Puebla. TERCERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ***, contra el acto reclamado atribuido al Secretario de Seguridad Pública y Tránsito y Director Administrativo ambos del Municipio de San Martín Texmelucan, Puebla, consistentes en la baja injustificada del cargo de policía municipal que desempeñaba, así como su ejecución, conforme a las consideraciones expuestas en la sentencia recurrida.". En tal virtud, acúsese el recibo correspondiente del juicio de amparo 76/2021-V del índice de este Juzgado, un tomo de pruebas y de la ejecutoria de mérito. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), glósense al expediente principal devuelto únicamente las constancias originales que obran en autos del cuaderno de antecedentes que se integró con motivo del envío de aquel al tribunal colegiado, destruyéndose el resto. Se requiere cumplimiento. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, den cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en la cual se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para los efectos siguientes: "IX. DECISIÓN. (.) Al tenor de las consideraciones expuestas se concluye que para determinar la separación, baja o cese del cargo público que desempeñaba el quejoso como policía adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de San Martín Texmelucan, Estado de Puebla, no se tramitó y resolvió previamente un procedimiento administrativo, por lo que lo procedente es calificar de injustificada la separación y conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al impetrante, para el efecto de reparar de manera integral el derecho violado. En atención a lo anterior, la autoridad responsable precisada en el considerando VI de esta sentencia, deberá proceder en los términos que enseguida se indican: Que realice las gestiones necesarias para que se pague la indemnización correspondiente a la parte quejosa consistente en tres meses de salario y veinte días por cada año de servicio, quien al momento de los hechos tenía el cargo de policía A, la cual deberá de calcularse conforme a la ley aplicable. En este sentido, cabe señalar que no debe excluirse la posibilidad de que dentro de algún ordenamiento legal o administrativo a nivel federal, estatal o municipal, existan normas que prevean expresamente un monto por indemnización para este tipo de casos, que como mínimo sea el anteriormente señalado, pues en tales casos la autoridad deberá aplicar directamente lo dispuesto en esos ordenamientos. De igual forma, deberá procederse a la realización del pago correspondiente de las demás prestaciones a que tiene derecho, las cuales son las de remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía como funcionaria por la prestación de sus servicios, desde que se concretó su separación y hasta que se realicen los pagos correspondientes. La institución que, por ley o convenio, otorgaba el servicio de salud al quejoso deberá continuar o, en su caso, reanudarle los servicios de salud que le correspondían, así como a sus coasegurados, hasta en tanto no transcurra el plazo que por ley debe transcurrir. En consecuencia, las autoridades responsables, por conducto del área administrativa competente deberán demostrar que se le han pagado las cuotas y aportaciones que correspondan a la institución que otorga el aludido servicio de salud en beneficio de la parte quejosa, hasta el día de su liquidación total. Por su parte, dicha institución de salud deberá requerir a la autoridad responsable ordenadora o al ente gubernamental que corresponda el pago de las cuotas y aportaciones que debieron entregarse a favor de la quejosa como si hubiese estado laborando, con el objeto de que exista una base sólida para el otorgamiento de los servicios en materia de salud, aunado a que se realicen las afectaciones que correspondan a las subcuentas respectivas. Finalmente, se deberá ordenar la anotación en el expediente personal del quejoso, así como en el Registro Nacional de Seguridad Pública, en el sentido de que fue separado o destituido de manera injustificada, pero que derivado de la restricción constitucional establecida en la fracción XIII, apartado B, del artículo 123 de la Constitución Federal, no fue posible reinstalarlo en su cargo.". Apercibimiento. Se apercibe a las autoridades responsables, que de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la Presidenta Municipal de San Martín Texmelucan, Puebla, como superior jerárquico de las autoridades responsables, para que las requiera a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo y remita las constancias que acrediten el requerimiento realizado a su subordinado, es decir, a las autoridades señaladas como responsables, respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En la inteligencia de que deberán remitir copia certificada de las constancias para acreditar dicho cumplimiento. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. PARA CONSIDERAR COLMADAS SUS OBLIGACIONES, ES INSUFICIENTE QUE LA PERSONA SUPERIOR JERÁRQUICA DE LAS AUTORIDADES OBLIGADAS AL CUMPLIMIENTO SE CONCRETE A INFORMAR QUE ENVIÓ UN OFICIO PARA INSISTIRLES EN EL ACATAMIENTO. Hechos: En un juicio de amparo una autoridad de la Ciudad de México fue requerida en reiteradas ocasiones como superior jerárquica, tanto de la responsable como de la vinculada al cumplimiento; la cual se concretó a informar reiteradamente al Juzgado de Distrito que les envió un oficio a sus subalternos para insistirles en que cumplieran con la ejecutoria de amparo. Criterio jurídico: No basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, pues debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer a fin de constreñir al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo. De lo contrario, la persona juzgadora de amparo debe considerar insuficiente la intervención de la superior jerárquica y, por tanto, que es acreedora a las mismas sanciones que corresponden a las obligadas a cumplir que se tilden como renuentes. Justificación: Del régimen de obligaciones y sanciones que se regulan en la Ley de Amparo, destaca lo previsto en el segundo párrafo del artículo 194 de la indicada ley, relativo a que la persona que se desempeña como superior jerárquica de las autoridades a quienes corresponda el cumplimiento de la ejecutoria, es igualmente responsable en obtener el cumplimiento que las que supervisa. En consecuencia, su actuar debe implicar el despliegue de todas las atribuciones que tenga a su alcance para gestionar y obtener el cumplimiento de la sentencia y no solamente como una autoridad recordatoria e insistente, ya que su intervención debe ir más allá, precisamente porque se encuentra sujeta a las mismas obligaciones y sanciones en caso de no demostrarse que realizó todo lo posible para vencer la renuencia de sus subalternos.". Notifíquese.
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