Yadira Águila Juárez

Expediente 698/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
698/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
21/06/2022

Partes del expediente

  • Yadira Águila Juárez

Actuaciones

  1. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveído de veintiuno de junio de dos mil veintidós: Apizaco, Tlaxcala, veintiuno de junio de dos mil veintidós. Se omite publicación de datos de menores. En primer término, toda vez que en el presente asunto se ventilan intereses de menores de edad, únicamente se insertarán sus iniciales al momento de hacer referencia a ellos, conforme con lo dispuesto en el Capítulo III denominado "Reglas y Consideraciones Generales para las y los Juzgadores", punto 6 relativo a la "Privacidad", y punto 7, relativo a "Medidas para proteger la intimidad y bienestar de niñas y niños y adolescentes" primer párrafo, incisos a), c), y d), todos del Protocolo de Actuación Para Quienes Imparten Justicia en Casos que Afecten a Niñas, Niños y Adolescentes, elaborado por la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el mes de marzo de dos mil catorce, por lo que este órgano jurisdiccional ordena que se omita la publicación de sus datos personales en las determinaciones que se emitan en este expediente. Cumple prevención. Agréguese a los autos el escrito de signado por la quejosa Yadira Águila Juárez, por el que en cumplimiento a la prevención de ocho de junio de dos mil veintidós, manifiesta: El nombre del menor de edad que representa. Respecto de la resolución dictada en el Toca Civil de Queja 73/2022, le fue notificada el dieciocho de mayo de dos mil veintidós. Por lo que respecta a las omisiones reclamadas en los recursos de revocación interpuestos contra el auto de tres y diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno y veintitrés de marzo de dos mil veintidós, manifiesta el estado procesal que guardan los respectivos recursos. Separación de Juicios. De lo anterior se desprende que los actos que reclama derivan de dos expedientes diferentes, pues la quejosa manifestó reclamar: La resolución de trece de mayo de dos mil veintidós, dictada en los autos del Toca Civil de Queja 73/2022, del índice de la Sala Civil Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, y: Las omisiones incurridas dentro del expediente 385/2015, del índice del Juzgado Familiar del Distrito Judicial de Zaragoza, con sede en Zacatelco, Tlaxcala. Bajo ese contexto, resulta procedente la separación de juicios respecto de los actos reclamados, a fin de que se analicen por separado. Se afirma lo anterior, porque como se precisó, los actos reclamados se encuentran desvinculados entre sí ya que derivan de procedimientos de naturaleza distinta, y sustanciados ante diversas autoridades, de ahí que resulte procedente la separación de juicios. Cabe hacer mención, que si bien es cierto dicha figura jurídica no se encuentra prevista en la Ley de Amparo, también es verídico que se encuentra contenida en la jurisprudencia, toda vez que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que, partiendo de la base de que existe la posibilidad de acumular juicios de amparo, a fin de evitar resoluciones contradictorias, cuando los actos reclamados en éstos se encuentran vinculados entre sí, resulta evidente que también, en sentido inverso, cuando en un mismo juicio se reclamen dos actos que no tienen esa vinculación, es procedente ordenar la separación de los autos para que se estudien en juicios por separado. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia P./J. 76/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 118 del Tomo VI, Septiembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA. Si en una demanda de amparo se reclaman actos emanados de juicios diversos, desvinculados entre sí, y dicha demanda ha sido admitida por el Juez de Distrito, o bien, tal circunstancia es advertida durante la tramitación del juicio (hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional), con motivo de los informes justificados que rindan la o las autoridades responsables, podría iniciarse de oficio la separación de juicios, figura ésta, que al no estar específicamente regulada en la Ley de Amparo, debe por ello quedar contenida en la jurisprudencia, tomando como base el artículo 57 de esa ley, que establece la acumulación, deduciéndolo en sentido contrario, por lo que puede concluirse que, fuera de los casos que ahí se prevén, en cualquier otro supuesto se requiere hacer la separación". Por ello, es evidente que no se justifica el análisis de dichos actos reclamados en un sólo juicio de amparo; en tales condiciones, se concluye que en el presente caso, es procedente la separación de juicios. Luego, el presente juicio de amparo 698/2022-III se tramitará únicamente respecto del acto reclamado consistente en: La resolución de trece de mayo de dos mil veintidós, dictada en los autos del Toca Civil de Queja 73/2022, del índice de la Sala Civil Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. En consecuencia, debe darse de alta como una nueva demanda de amparo, lo concerniente al acto consistente en: Las omisiones incurridas dentro del expediente 385/2015, del índice del Juzgado Familiar del Distrito Judicial de Zaragoza, con sede en Zacatelco, Tlaxcala. Por lo anterior, gírese oficio a la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, a fin de que por su conducto sea turnada a los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, de acuerdo a su sistema de turno y conozca del acto que se separa en este proveído. Sirve de apoyo a la anterior determinación la jurisprudencia P./J. 78/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 117 del Tomo VI, Septiembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. EL JUEZ DE DISTRITO, AL DECRETARLA, DEBERÁ TOMAR LAS MEDIDAS Y SEÑALAR EL TRATO QUE A CADA UNO CORRESPONDA. Al decretarse la separación el Juez proveerá automáticamente la formación de los expedientes que en derecho resultan, registrándolos y engrosándolos con las copias certificadas que sean necesarias para su integración. Integrados los diferentes expedientes, el Juez ordenará el trato que jurídicamente a cada uno le corresponda, si todos son de su competencia, los fallará por cuerda separada, si uno de ellos es competencia de otro órgano, sea de la Suprema Corte, de un Tribunal Colegiado o de otro Juez de Distrito, se dará el trámite correspondiente, todo ello en aras de una mejor administración de justicia". Acto reclamado. Ahora, respecto del acto reclamado en el presente juicio de amparo consistente en: La resolución de trece de mayo de dos mil veintidós, dictada en los autos del Toca Civil de Queja 73/2022, del índice de la Sala Civil Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, se toma en consideración lo narrado bajo protesta de decir verdad por la quejosa, tanto en el escrito inicial de la demanda como en el escrito de desahogo de la prevención realizada el ocho de junio de dos mil veintidós Se desecha demanda de amparo. Por tanto, con apoyo en lo establecido en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, y que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre su actualización, de tal suerte que el trámite del juicio no genere posibilidades probatorias de arribar a una conclusión diversa. Ahora, para mejor comprensión en el sentido de la presente resolución, se estima necesario realizar una breve reseña de los antecedentes del acto reclamado, narrados por el quejoso en su escrito de demanda: En auto de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, fue admitido el incidente de cancelación y/o reducción de pensión alimenticia promovio por Juan Antonio Rojas Pérez, contra el cual, la impetrante promovió recurso de revocación. En auto de veintiuno de ocrubre de dos mil veintiuno, previa certificación, se tuvo a Juan Antonio Rojas Pérez -incidentista-, por no contestado el recuso de revocación. En auto de tres de noviembre de dos mil veintiuno, el Juez responsable, ordenó dejar sin efecto el auto de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno y se tuvo a Juan Antonio Rojas Pérez, contestando en tiempo y forma el recurso de revocación interpuesto contra el auto de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno. En auto de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, fue dictada la interlocutoria que resolvió el recurso de revocación promovido en contra del auto de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, que admite el incidente de referencia. En contra de la resolución dictada en el recurso de revocación descrita en el punto que antecede, la quejosa interpuso recurso de queja, al cual le fue asignado el número de toca de queja civil 73/2022, que se resolvió el trece de mayo de dos mil veintidós y que constituye el acto reclamado. En el caso en estudio se considera actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Dichos preceptos legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)." Actos emitidos fuera de juicio o después de concluido. De los preceptos anteriormente señalados se derivan dos reglas para la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos judiciales, administrativos o del trabajo: I. De conformidad con la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto es procedente contra actos emitidos fuera de juicio o después de concluido, se precisa que, tratándose de actos de ejecución de sentencia o del procedimiento de remate, el amparo procederá únicamente en los siguientes supuestos: I.I. Contra la última resolución, siendo ésta, la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución, y; I.II. En los procedimientos de remate, contra la última resolución, entendida como aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento. De lo expuesto anteriormente se puede advertir que para la procedencia del amparo contra actos emitidos por autoridad judicial después de concluido un juicio, pueden existir: 1) Los actos que gozan de autonomía con relación a dicha ejecución y que afectan de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada y; 2) los actos de ejecución de sentencia. Por lo que hace a la primera clase de actos, son aquellos que cuentan con autonomía propia y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; por tanto, dichos actos pueden ser impugnados de manera inmediata siempre y cuando se afecten de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada. Respecto de la segunda clase, el amparo indirecto sólo procede contra la última resolución del procedimiento respectivo, por ser en ésta en la que se materializará el agravio respectivo. Apoya lo anterior, la tesis de rubro y texto siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Además, la interpretación de las disposiciones legales transcritas, lleva a concluir que la acción de amparo indirecto en el procedimiento de ejecución, sólo procede contra la última resolución dictada en él. Ahora, el procedimiento de ejecución constituye el conjunto de actos dirigidos a lograr la satisfacción coactiva de la sentencia de condena, ante la falta de cumplimiento voluntario de la parte vencida, y se encuentra encaminado a asegurar la eficacia práctica de ese tipo de sentencias. Así es, la razón de la regla de procedencia anterior fue impedir que el juicio de garantías fuera utilizado como instrumento para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva, por constituir ésta el resultado de un mecanismo a través del cual el Estado dirime conflictos suscitados entre particulares y, de esa forma, lograr restablecer la estabilidad quebrantada como consecuencia de éstos, de ahí que la sociedad está interesada en que su ejecución se realice con celeridad, en el menor tiempo posible, razón por la cual la procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de actos dictados en ejecución de sentencia, se circunscribe a la resolución definitiva que pone fin a ese procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones procesales cometidas durante el mismo que hubieran dejado sin defensa a la parte quejosa. Ahora bien, de acuerdo con la redacción actual del numeral 107, fracción IV, de la ley de la materia, destaca el propósito del legislador en cuanto a la celeridad que debe darse al procedimiento de ejecución, porque su efecto es consolidar el derecho emanado de la sentencia en el meno r tiempo posible, lo que acentúa la idea acerca de que una vez iniciado el trámite del juicio en su fase ejecutiva, no debe ser entorpecido, limitándose así la posibilidad de acceder al juicio de amparo indirecto contra resoluciones intermedias para las partes. Ello es así, pues en la intención del constituyente, plasmada en ese precepto legal, subyace la idea de que la sentencia ejecutoria debe cumplirse en un lapso perentorio, limitando la posibilidad de que los contendientes puedan acudir a su instauración, hasta que se dicte la última resolución en el procedimiento respectivo, lo que revela que la idea sustancial no es tanto el vedar la posibilidad de promover el juicio de amparo, sino que en realidad el procedimiento ejecutorio no se vea dilatado, independientemente de quien sea la parte que intente el juicio de garantías. Al efecto, se invoca por analogía la jurisprudencia: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL. La razón medular que tuvo el legislador al establecer la regla de procedencia contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo -relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las violaciones cometidas durante éste, que hubieren dejado sin defensa al quejoso-, fue evitar que con motivo de la promoción del juicio de garantías se entorpeciera o retardara la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público. Por tal motivo, el hecho de que la promoción del amparo contra actos dictados dentro del procedimiento referido se haya hecho por la parte vencedora en el juicio natural constituye una cuestión que debe considerarse irrelevante para efectos de determinar el alcance de la indicada regla de procedencia, en virtud de que ello en nada altera la circunstancia de que mediante dicha acción se entorpezca la ejecución de la sentencia, que es precisamente lo que el legislador pretendió evitar con la disposición mencionada". Así, como se apuntó, de conformidad con lo establecido por la fracción IV, del numeral 107 transcrito, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos de tribunales judiciales, de los administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, los cuales no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en ese juicio. No obstante, tratándose de actos de esa naturaleza, es decir, actos en ejecución de sentencia, el amparo sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la demanda relativa las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al gobernado, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución; y si se trata de remates, la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. En relación con lo anterior, el Máximo Tribunal del País ha interpretado lo que debe entenderse por "última resolución" y, estableció, que constituye la que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o, bien, que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En este orden de ideas, como quedó asentado, el acto reclamado en este juicio de amparo consiste en la resolución de trece de mayo de dos mil veintidós, dictada en los autos del Toca Civil de Queja 73/2022, del índice de la Sala Civil Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, derivada del incidente de cancelación o disminución de la pensión alimenticia decretada en los autos de juicio 385/2015, de la lista del Juzgado Familiar del Distrito Judicial de Zaragoza; la cual confirma la admisión del incidente. De lo expuesto es evidente que la peticionaria del amparo pretende reclamar un acto dictado en un procedimiento después de concluido el juicio que no afecta de manera directa derechos sustantivos. En seguimiento a lo anterior, se dice que el mencionado acto reclamado no es de imposible reparación, es decir, no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, dado que únicamente produce entre las partes efectos intraprocesales, sin afectar, como ya se dijo, alguno de los derechos fundamentales tutelados por dichos ordenamientos. De ahí que, se estima que lo que pretende la parte quejosa reclamar a través del juicio de amparo indirecto, se trata de violaciones procesales susceptibles de repararse mediante el medio de impugnación que se promueva en contra de la resolución que se llegue a dictar cuando se dicte la última resolución en esa etapa de cumplimiento en el expediente de donde deriva el acto reclamado, en donde se podrá reclamar las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa y trascendieron al resultado de la resolución. Por el contrario, sólo produce efectos formales o intraprocesales, que podrán desaparecer en caso de que éste obtenga una resolución favorable; y en caso de que tal resolución llegare a pronunciar le resultara adverso, podrá combatir esa violación procesal mediante el juicio de amparo que promueva, o en su caso, el medio de defensa que corresponda. Apoya lo anterior en lo conducente la jurisprudencia siguiente: "ACTOS INTERMEDIOS DICTADOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO SUSTANCIADO DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO, DIVERSO AL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA Y AL DE REMATE. DEBEN IMPUGNARSE EN EL AMPARO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE PONGA FIN A AQUÉL. La regla genérica contenida en la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, no indica si los actos intermedios dictados durante un procedimiento sustanciado en esa etapa -después de concluido el juicio pueden atacarse de manera inmediata mediante la acción de amparo biinstancial, o si ello debe hacerse junto con la obstante, de conformidad con el principio de definitividad, aun los actos dictados después de concluido el juicio que no formen parte de un procedimiento deben ser definitivos, es decir, deben reclamarse a través del medio ordinario de defensa que la ley establezca, previo a su impugnación en amparo; luego, el referido principio es aplicable y debe respetarse también en tratándose de aquella clase de actos. Por otro lado, al tenor de los párrafos segundo y tercero del dispositivo legal mencionado, el juicio de garantías indirecto procede contra actos de ejecución de sentencia, pero sólo respecto de la última resolución dictada en ese procedimiento, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda tanto las violaciones atribuidas a dicha determinación final como las imputadas a los actos intermedios del procedimiento de ejecución respectivo, y en relación con los actos pertenecientes a un remate sólo es reclamable, en forma destacada, la resolución definitiva en que aquél se apruebe o desapruebe, bajo la misma mecánica impugnativa que en el supuesto anterior, es decir, hasta ese momento pueden reclamarse las violaciones cometidas durante el procedimiento de remate. Aunado a lo anterior, y de conformidad con los criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicados en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, a excepción del último, de rubros: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS.", Tomo VII, febrero de 1998, página 230, tesis 2a. VIII/98; "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.", Tomo XIII, abril de 2001, página 31, tesis P./J. 32/2001; "AMPARO CONTRA LEYES. EL JUICIO PROMOVIDO CONTRA UNA LEY APLICADA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, O EN EL DE REMATE, SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA RESPECTIVA.", Tomo V, abril de 1997, página 15, tesis P. LVI/97; "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL.", Tomo XX, julio de 2004, página 75, tesis 1a./J. 36/2004; y "VIOLACIONES DE PROCEDIMIENTO EN REMATE SÓLO PUEDEN RECLAMARSE EN AMPARO CUANDO AQUÉL SE APRUEBA.", Informe de 1934, Tercera Sala, página 74; en los que el Máximo Tribunal del País estableció que el amparo indirecto no procede contra actos dictados en ejecución de sentencia, incluso si son de imposible reparación, si quien lo promueve es el vencedor en el juicio natural (ejecutante) o si se impugna la constitucionalidad de la ley aplicada, sino sólo contra la última resolución dictada en ese procedimiento; de todo lo que se concluye que los actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, que no se traten de ejecución de sentencia o remate, y que sean emitidos de manera intermedia dentro de un procedimiento, sólo contra la resolución definitiva, pudiendo invocarse como violaciones a ese procedimiento en la demanda que se proponga. Lo anterior, anterior guarda congruencia con la naturaleza del juicio de amparo, pues no debe perderse de vista que el amparo no debe constituir un recurso que pudiera utilizarse arbitrariamente y para retardar el procedimiento, por lo que la procedencia del amparo debe limitarse a aquellos casos en los que el acto tenga una ejecución material sobre las personas o las cosas y, posteriormente, a aquellos casos en los que la eventual violación no pudiera ser destruida sin dejar rastro en la esfera jurídica del gobernado, aun en el caso de obtener sentencia definitiva favorable. En tales circunstancias, al resultar actualizada la causal de improcedencia en estudio, de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es, con fundamento en el artículo 113 de la Codificación en consulta, DESECHAR POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda en cuestión. Asimismo, cabe señalar que el análisis emprendido por este órgano de control constitucional a fin de determinar la procedencia del juicio constitucional, partiendo de la base de determinar si el acto controvertido afecta materialmente derechos sustantivos contenidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, no implica que se vulnere el contenido del artículo primero, párrafo segundo, de la Constitución Federal que, esencialmente, exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de tal suerte que se favorezca la protección más amplia a las personas. Sirven de apoyo a lo anterior las tesis aisladas CCLXXVI/2012 (10a) y CCLXXV/2012 (10ª), ambas de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es el siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo." "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano."

  2. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveído de ocho de junio de dos mil veintidós: Apizaco, Tlaxcala, ocho de junio de dos mil veintidós. Radicación de demanda. Vista la demanda de amparo que promueve Yadira Águila Juárez, por propio derecho y en representación de su menor hijo (de quien omite mencionar su nombre), contra actos de la Sala Civil Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 698/2022-III. Prevención. A efecto de acordar el escrito de demanda de derechos, debe tomarse en consideración que el artículo 108 de la Ley de Amparo prevé los requisitos que debe contener, entre los que se encuentran los previstos en la fracción V, que a la letra dicen: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; (.)". Ahora, del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa manifiesta venir en representación de su menor hijo, sin embargo es omisa en proporcionar el nombre del menor con las que pueda ser identificado. Asimismo, se advierte que reclama de la Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala: La resolución de trece de mayo de dos mil veintidós en el Toca Civil de Queja 73/2022. Y, del Juzgado Familiar del Distrito Judicial de Zaragoza: "a) La inminente ejecución material de la sentencia dictada inconstitucionalmente por la Sala Civil Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala; B) omisión de resolver el recurso de revocación interpuesto contra el auto de tres de noviembre de dos mil veintiuno, diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno y veintitrés de marzo de dos mil veintidós; C) el dictado de los acuerdos 1) de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno; y 2), otro de tres de noviembre de dos mil veintiuno, derivados de los mismos escritos; y en los que, el segundo aun no causa estado por estar impugnado y pendiente de resolver; y D) el inminente y legal dictado de la Sentencia Interlocutoria que pondrá fin al incidente de disminución de pensión Alimenticia, dejando en estado de indefensión a la suscrita para acudir a la Alzada o a una autoridad jurisdiccional federal". Sic. En consecuencia, a fin de proveer lo que en derecho corresponda respecto a la demanda de derechos, con fundamento en los artículos 108, fracciones IV y V, así como 114, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, requiérase a la promovente para que dentro del plazo de cinco días, contados a partir del siguiente al en que surta la notificación de este proveído, realice lo siguiente: Proporcione el nombre o bien las iniciales del menor de edad. Manifieste, "bajo protesta de decir verdad", cuándo tuvo conocimiento o le fue notificado la resolución del Toca Civil de Queja 73/2022. Informe, respecto a los actos reclamados como omisión de dictar resolución en los recursos de revocación interpuestos contra el auto de tres y diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno y veintitrés de marzo de dos mil veintidós: El estado actual de los autos de dichos incidentes. En caso de que ya se haya llevado a cabo la audiencia incidental, señale la fecha en que se pusieron los autos a la vista para su resolución. Copias de escrito aclaratorio Además, con fundamento en el artículo 110 de la ley de la materia, se le requiere para que al momento de desahogar la prevención anteriormente indicada exhiba las copias necesarias de su escrito aclaratorio, para estar en aptitud de correr traslado a cada una de las partes. Apoya a lo anterior, por su idea jurídica, la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 79, Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo". Asimismo resulta aplicable, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "COPIAS DE TRASLADO. LA CONSECUENCIA JURÍDICA DE TENER POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO O LOS RECURSOS DE REVISIÓN O DE QUEJA, POR NO DESAHOGARSE EN SUS TÉRMINOS EL REQUERIMIENTO PREVIO PARA SU ENTREGA, NO VULNERA EL DERECHO DE ACCESO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. El requisito de las copias de traslado no constituye un formalismo sin sentido o un obstáculo para el acceso a la justicia, toda vez que la existencia de formas concretas para acceder a ésta responde a la intención del Constituyente de facultar al legislador ordinario para establecer mecanismos que proporcionen a las partes todos los elementos para intervenir en el procedimiento, a fin de garantizar el respeto a los derechos de seguridad jurídica, legalidad e igualdad procesal. En ese sentido, la consecuencia jurídica prevista en los artículos 146 de la Ley de Amparo abrogada, así como 88 y 100 de la vigente, relativa a tener por no presentada la demanda de amparo o los recursos de revisión o de queja, por no desahogarse en sus términos el requerimiento de las copias de traslado correspondientes, no vulnera el derecho de acceso a la tutela judicial efectiva, porque dicha consecuencia no se actualiza automáticamente cuando el justiciable promueve el juicio constitucional o interpone los recursos mencionados sin las copias de traslado correspondientes, pues ante tal escenario el juzgador debe requerirlo para que en el plazo de 3 días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación respectiva, entregue las copias faltantes, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentado su medio de defensa, lo que permite al interesado corregir su omisión; al tribunal contar con los elementos suficientes para ejercer su función jurisdiccional; y a las partes preparar la defensa de sus intereses. De ahí que no haya lugar a que el tribunal de amparo requiera nuevamente al justiciable para que desahogue en sus términos el requerimiento respectivo, o que expida por su cuenta las copias faltantes, salvo que se trate de los supuestos previstos en ese sentido en los artículos 88, párrafo cuarto, 100, párrafo tercero y 110, párrafo segundo, de la Ley de Amparo vigente". Apercibimiento. Por tanto, se le apercibe que en caso de no dar cumplimiento a los requerimiento precisados, dentro del plazo de cinco días contados a partir de que surta sus efectos la notificación de este proveído, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, por propio derecho, de conformidad con el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Autorizados. Por otra parte, se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Héctor Virgilio Palma Nava y Alfredo Vázquez Juárez, toda vez que sí cuentan con registro único en el sistema computarizado de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales, y sólo para oír y recibir notificaciones a Sócrates Carro Gutiérrez, por no contar con dicho registro. Domicilio. Por otra parte, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el ubicado en Calle Xicohténcatl, número mil quinientos tres (1503), Colonia Fátima, Apizaco, Tlaxcala, con el apercibimiento que de resultar inexacto, la notificación del presente proveído y subsecuentes, incluso las personales, le surtirán efectos mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado. Habilitación de días y horas inhábiles. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Autorización para firmar oficios. Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este Juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Integración de expediente electrónico. Ahora bien, de conformidad con el artículo 3°, párrafos, sexto y octavo, de la Ley de Amparo, se instruye a los secretarios a fin de que supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos que se tramitan ante este órgano jurisdiccional y que tienen a su cargo. Exhortación a las partes para el uso del portal de servicios en línea. Por otra parte, tomando en consideración que la pandemia originada por el virus COVID-19 subsiste, se exhorta a las partes, para que, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 ya invocado, con el fin de reguardar la salud e integridad de todos, de ser posible, hagan uso del Portal de Servicios en Línea, en su caso, propongan formas especiales y expeditas de contacto, tales como correo electrónico y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido en su caso, deberá registrarse y de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. En el entendido que, tal como lo señala el artículo 3 del Acuerdo invocado, a partir de la presente data, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" dentro del cual las partes encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal; aunado a ello, debe resaltarse que el acceso a las instalaciones del propio juzgado, estará condicionado a una cita previa y con la asistencia no mayor de dos personas; máxime que las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme lo contempla el artículo 29 de la Ley de Amparo y en la ley adjetiva correspondiente. Atender protocolos y lineamientos de salud. Ahora bien, con el fin de llevar a cabo las diligencias encomendadas en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, a fin de resguardar su integridad física así como de las partes, se instruye a los fedatarios judiciales para que, al momento de practicar las notificaciones que tienen encomendadas observen lo dispuesto en el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 precitado. Publicación de datos. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21. Notifíquese personalmente a la parte promovente. Así lo acordó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.*

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