Yabin Salauz Ordoñez
Expediente 732/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 8 actuaciones registradas, la última del 14 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 732/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 14/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Yabin Salauz Ordoñez
- Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de la mesa uno del Municipio de San Pablo del Monte, Estado de Tlaxcala
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, catorce de abril de dos mil veintiuno. Causa ejecutoria sentencia Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el once de enero de dos mil veintiuno, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Se ordena archivo Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Valoración del expediente Destruible. Se establece que el juicio de amparo es destruible, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, POR HABERSE DECRETADO EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO. Destruible. Ahora, mediante oficio CAP/DGAD/392/2021, de ocho de marzo de dos mil veintiuno, el Director General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, en atención a la consulta formulada por el Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, informó que únicamente será depurable el original del incidente de suspensión cuando se concedan la suspensión definitiva o ambas medidas cautelares, de ocurrir lo contrario, es decir, si se concedió la suspensión provisional, pero se negó la definitiva, lo procedente será que el órgano jurisdiccional lo destruya al carecer dicho documento de relevancia jurídica. Luego, tomando en consideración que en el incidente de suspensión fue concedida la medida provisional y fue negada la definitiva, es susceptible de destrucción. Plazo de conservación. Resguárdese el juicio principal como el cuaderno original del incidente de suspensión por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrúyase el expediente. Destrúyanse el juicio principal y el cuaderno original del incidente de suspensión dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior; debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Destruible. Se establece que el cuaderno duplicado del incidente de suspensión es destruible, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado acuerdo. Plazo de conservación. Resguárdese por el término de seis meses, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrucción de expediente. Destrúyase el duplicado del cuaderno incidental dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de los expedientes y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción; asimismo, insértese copia certificada de este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión, para constancia. Devolución de documentos Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución documentos originales en razón de no obrar éstos en autos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de la licenciada Olga Viviana López González, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
R E S O L U C I Ó N V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 732/2020-IV, promovido por Yabin Salauz Ordoñez, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O. I DEMANDA Mediante escrito presentado el siete de diciembre de dos mil veinte (fojas 2 a 6), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, Yabin Salauz Ordoñez, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de la Mesa Uno del Municipio de San Pablo del Monte, Estado de Tlaxcala y otras autoridades, que consideró violatorio de los derechos humanos reconocidos por el orden constitucional y las garantías para su protección, contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II TRÁMITE Por razón de turno conoció de la demanda este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, mismo que mediante auto de ocho de diciembre de dos mil veinte, radicó la demanda de amparo registrándola con el número de amparo 732/2020-IV, la admitió a trámite, solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados, se dio al Agente del Ministerio Público Federal adscrito la intervención que legalmente le compete, y se señaló fecha y hora para celebrar la audiencia constitucional (fojas 8 a 11). La audiencia constitucional, se celebró en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO I COMPETENCIA Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala tiene competencia constitucional para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo previsto en los artículos 94 y 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La competencia por materia de este órgano de control constitucional tiene su fundamento en el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de tratarse de un Juzgado de Distrito mixto, es decir, no tiene jurisdicción especial para conocer en específico de algunos de los asuntos a que se refieren los artículos 50 al 55 de la misma ley. La competencia por territorio tiene su fundamento en los artículos 35 y 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto en reclamo tiene ejecución en el lugar en el que este Juzgador ejerce jurisdicción. II FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta necesario fijar con claridad y precisión en qué consisten los actos reclamados, para lo cual se atiende la tesis P.VI/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, abril de 2004, página 255, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Del estudio íntegro de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, y en relación con las demás constancias que obran en el expediente, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: La orden de aprehensión y detención librada en su contra, así como su ejecución. III INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente, se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia del acto o actos reclamados y, sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que se adviertan en forma oficiosa por el juzgador, para por último, de ser procedente el juicio, entrar a analizar el fondo del asunto. Tiene aplicación al caso y en lo conducente la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal colegiado del Decimoséptimo Circuito, visible en la página 68, Tomo 76, Abril de 1994, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." Pues bien, las autoridades responsables: Inspector General Encargado del Departamento de Policía de Investigación en el Estado de Tlaxcala (foja 14). Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Atención Integral, Región Sur, en San Pablo del Monte de la Procuraduría General de Justicia del Estado (fojas 16 y 17). Al rendir sus respectivos informes justificados negaron la existencia de los actos a estas reclamados. Consecuentemente, al ser inexistentes los actos reclamados se debe sobreseer en el juicio, atento a las siguientes consideraciones. El artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y." El motivo de sobreseimiento previsto en dicho numeral prevé dos situaciones, la primera, la clara demostración de la inexistencia del acto reclamado y, la segunda, la falta de prueba de su existencia en la audiencia del juicio (cuando la responsable lo niega). Respecto de la primera, la "inexistencia" propiamente dicha, implica una prueba directa de que no existe el acto reclamado. En este sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/95, estableció que la existencia del acto reclamado debe analizarse en relación con la fecha en la cual se presentó la demanda de amparo (lo que marca el inicio del juicio de garantías), por ello, si el acto es posterior a ese evento, debe concluirse que, al incoarse la acción constitucional, el acto reclamado era inexistente, atento a la primera hipótesis. De igual manera, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 469/94 determinó que la existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. Criterio que se encuentra plasmado en la jurisprudencia 2a./J. 3/94 de rubro "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA." Tocante a la "falta de prueba de la existencia del acto", aunque es un principio generalmente reconocido en el derecho, en materia de cargas probatorias, que las negativas no son susceptibles de demostrarse; sin embargo, cuando en el juicio de amparo la autoridad responsable niega el acto reclamado, tal negativa puede ser desvirtuada por una prueba directa de la existencia de dicho acto. Luego, si no se aporta alguna prueba para demostrar que el acto reclamado existe, no cabe otra cosa que dar por concluido el juicio con el sobreseimiento por falta de materia. Aquí, debe hacerse hincapié en que la reversión de la carga de la prueba que impone la ley a la parte quejosa, parte de un supuesto, la afirmación de su inexistencia hecha por la autoridad señalada como responsable; en cambio, la falta de manifestación o informe, produce una presunción de certeza, según previene el párrafo tercero del artículo 117 de la Ley de Amparo. El artículo 75 tercer párrafo del ordenamiento referido, prevé: "El órgano jurisdiccional deberá recabar oficiosamente las pruebas rendidas ante la responsable y las actuaciones que estime necesarias para la resolución del asunto". El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 8/96, estableció que por virtud de una previsión de tal naturaleza, ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de amparo, sino también al Juez de Distrito para allegarse oficiosamente de todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que tienen con el acto reclamado, pues de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad del acto. Conviene destacar que la parte promovente del amparo puede aportar sus pruebas hasta la audiencia del juicio, por tanto, a pesar de la negativa de la autoridad o lo patente que pueda parecer la inexistencia, el juez de distrito debe reservar el sobreseimiento hasta el dictado de la resolución correspondiente, pues debe dar oportunidad a la parte quejosa de agotar su derecho de aportar pruebas. Ahora bien, se estiman inexistentes los actos reclamados consistentes en: La orden de aprehensión y detención que se haya librado en su contra, así como su ejecución. Lo anterior, toda vez que las autoridades responsables negaron la existencia de los actos reclamados, sin que la parte quejosa haya ofrecido prueba en contrario. En este contexto, es evidente que al resultar inexistentes los actos reclamados, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio, con fundamento en el artículo 63 fracción IV de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 74, 75, 124, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 732/2020-IV, promovido por Yabin Salauz Ordoñez, respecto de los actos precisados en el considerando II, reclamados a las autoridades descritas en el considerando III, por los motivos indicados en el mismo considerando de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma la Licenciada Carmen Esther Pérez Vargas, Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, Encargada del Despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Titular, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de treinta de noviembre de dos mil veinte, comunicado a este órgano jurisdiccional mediante oficio CCJ/ST/2878/2020 de la misma fecha, con las facultades derivadas de la interpretación que del citado artículo realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 14/2010, consultable en la página 716, tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro señala: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA.", quien actúa asistida del licenciado Christoper Rodríguez Escobar, secretario que da fe.
- Incidental
R E S U L T A N D O PRIMERO. Solicitud de suspensión. Yabin Salauz Ordoñez, por propio derecho, solicitó la suspensión definitiva contra actos del Agente del Ministerio Púbico de la Unidad de Investigación de la Mesa Uno del Municipio de San Pablo del Monte, Estado de Tlaxcala y otras autoridades, que hizo consistir en: La orden de aprehensión y detención, así como su ejecución. SEGUNDO. Admisión del incidente. Mediante auto de ocho de diciembre de dos mil veinte, se admitió la incidencia a trámite, se solicitó a las autoridades responsables su informe previo, se proveyó sobre la suspensión provisional, y fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia incidental. TERCERO. Audiencia incidental. La audiencia incidental se llevó a cabo conforme al acta que antecede. C O N S I D E R A N D O. PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, de conformidad con lo previsto en los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 36 y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, en función de que está conociendo el juicio de amparo indirecto del que deriva el presente incidente. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En el artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, se dispone que la resolución que decida sobre la suspensión definitiva deberá contener: "La fijación clara y precisa del acto reclamado"; por tanto, del análisis integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa reclama: orden de aprehensión y detención, así como su ejecución. TERCERO. Efectos para los cuales se pide la suspensión. La parte quejosa solicita la suspensión para el efecto de que: "(.) que no se me prive de mi libertad personal, en razón de que si éste se llegara a ejecutar, me causaría daños irreparables.." (sic) Así, en el asunto que nos ocupa, se resolverá la procedencia de la suspensión, conforme a las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que en su caso, se conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por la parte quejosa en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso. Por similitud se cita la jurisprudencia cuyo rubro anuncia: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA.". CUARTO. Inexistencia de los actos reclamados. Son inexistentes los actos reclamados atribuidos a: a) Inspector General Encargado del Departamento de Policía de Investigación en el Estado de Tlaxcala; b) Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Atención Integral, Región Sur, de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Lo anterior, en virtud de que al rendir sus respectivos informes previos negaron la existencia de los actos reclamados; negativa que no fue desvirtuada por la parte quejosa. Así pues, al no haber aportado la parte quejosa prueba alguna en contrario que desvirtuara la negativa de las autoridades citadas, con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, lo procedente es NEGAR LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA por falta de materia sobre la cual decretarla respecto de las autoridades citadas. Resulta aplicable al caso la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 356 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo X, Octubre de 1992, que dice: "INFORME PREVIO. LA NEGATIVA DE LOS ACTOS NO DESVIRTUADA. Si las autoridades responsables niegan los actos que se les atribuyen y no se desvirtúa tal negativa, deben tenerse como inexistentes los mismos." Por lo anteriormente expuesto y fundado, se; R E S U E L V E. ÚNICO. Se niega a Yabin Salauz Ordoñez, la suspensión definitiva respecto de los actos atribuidos a las autoridades precisadas en el considerando cuarto de esta interlocutoria.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala; quince de diciembre de dos mil veinte. Informes justificados Agréguense a los autos los oficios signados por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Atención Integral, Región Sur, de la Procuraduría General de Justicia del Estado, atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su informe justificado. Vista a las partes Con el contenido de los informes de cuenta, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga dentro del plazo de ocho días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia constitucional.
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