Yadina Ramiírez Ligonio

Expediente 689/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
689/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
14/06/2022

Partes del expediente

  • Yadina Ramiírez Ligonio

Actuaciones

  1. Principal

    Juicio 689/2022 catorce de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación que precede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja previsto en el numeral 97, fracción I, inciso a, de la misma ley de la materia, en contra del auto de cuatro de mayo del presente año, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Yadina Ramírez Ligonio, contra actos del Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco y otras autoridades; sin que la parte interesada hubiese ejercido ese derecho. En consecuencia, se declara que el citado auto ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Anotaciones y archivo del expediente Ahora, toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, y que no existe acuerdo pendiente por dictar, SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO del mismo, previas anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este Juzgado. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente. Se ordena:1.- DESTRUIR el expediente en términos de lo dispuesto en el inciso d del artículo 21 del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizar el órgano jurisdiccional una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, en términos del numérico 24 de las disposiciones antes señaladas. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Juicio 689/2022 folio 7060. veintitrés de mayo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se provee; agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio signado por el Juez Segundo Civil de Primera Instancia de Jalpa de Méndez, Tabasco, mediante el cual devuelve sin diligenciar el despacho 313/2022-VII-2 orden 375/2022-VII-1, que se envió para notificar a la parte quejosa el auto de cuatro de mayo pasado; en consecuencia, anótese su llegada y dese de baja en el Libro de Gobierno correspondiente. Se ordena la notificación por lista. En virtud de lo anterior y ante lo infructuoso del domicilio señalado por la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, con apoyo en el artículo 27, fracción II de la Ley de Amparo, se ordena realizarle la notificación del presente proveído y del diverso de cuatro de mayo de dos mil veintidós, así como las subsecuentes por medio de lista, aún las de carácter personal; así también por el medio de notificación alterno, es decir, las direcciones de correos electrónicos que proporcionó en su escrito de demanda. Notifíquese en términos de ley. Juicio 689/2022 folio 6079. cuatro de mayo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se provee; téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Yadina Ramírez Ligonio, contra actos del Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco y otras autoridades; en consecuencia Aspectos Generales. Regístrese la demanda con el número de juicio de amparo 689/2022. Genérese el expediente electrónico e impreso. Desechamiento. Ahora, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano. Para lo anterior, en principio, debe tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improceder efectivamente se actualiza en el caso concreto. De tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por la promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Proceder que tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Actos reclamados. Precisado lo anterior, es menester destacar que de la demanda de amparo y anexos, se advierte que los actos que reclama los siguientes a) El oficio UAJ/XCCR/2663/2022 de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, mediante el cual aduce se le aplicó el artículo 33 de la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco. b) La constitucionalidad y/o convencionalidad del artículo 33 de la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco. Bajo ese contexto, respecto del acto reclamado precisado con el inciso a) este juzgador estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con los numerales 1, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo. Preceptos legales que establecen lo siguiente*** Esto es así, ya que el Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, no tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo; ello, atendiendo al acto que se le atribuye en el presente asunto. Bien, se considera "autoridad" a las personas que con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. Así es, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Por lo que, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, de acuerdo a lo expuesto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 341/2015, los Institutos de Seguridad Social, constituyen entes del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismos descentralizados, pues forman parte de la administración pública estatal, de conformidad con el artículo 1o, párrafo último, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.*** En esa tesitura, se estima que la contestación reclamada por esta vía constitucional no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las partes actúan en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridad investida de imperio; ya que el Estado se vincula con el gobernado mediante un contrato o convenio regulado por el derecho común, por lo que en realidad no actúa como ente público, pues se coloca en un plano de igualdad o coordinación frente al particular, por tanto ingresa en una relación 'bilateral' de correspondientes 'derechos' y 'obligaciones'; ello, tomando en consideración que opera en función de sus atribuciones como ente asegurador y en sustitución del patrón, como consecuencia del vínculo laboral entre éste y el trabajador o con base en un acto jurídico mediante el cual se obliga a otorgar determinadas prestaciones en servicios, especie o en dinero al asegurado o a sus beneficiarios, donde se conduce en un plano de igualdad, dado que involucra el cumplimiento de dicho acuerdo de voluntades. En otras palabras, cuando se reclama un acto de una persona moral oficial que se vinculó con el gobernado actuando como un particular, sus actuaciones y omisiones carecen del imperio necesario para efecto de analizar su proceder a la luz de la Constitución Federal, pues en todo caso, esa determinación está sometida al derecho común, y no a las disposiciones del derecho público.*** De ahí que si, en el caso concreto, el oficio UAJ/XCCR/2663/2022 por el cual se dio contestación al escrito de la ahora quejosa, en el que solicitó al instituto señalado como responsable se garantice en todo momento el pago de sus prerrogativas y derechos en materia de seguridad social, dado el origen de la relación entre el mismo y el peticionario de amparo, el punto litigioso se refiere a derechos y obligaciones recíprocos de seguridad social, esto es, en un plano de igualdad; mas no es de supra a subordinación; consecuentemente para los efectos del juicio de amparo, el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, a través del Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico, no tiene el carácter de autoridad responsable, al no encontrarse revestido el acto que en concreto se contraviene, de unilateralidad, imperatividad y coercitividad. Por tanto, el acto reclamado está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre la quejosa y el ente asegurador, como sujeto patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral y/o administrativo correspondiente, no a través del juicio de amparo indirecto.*** Por otro lado, respecto al acto reclamado señalado en el inciso b) consistente en la inconstitucionalidad del artículo 33 de la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, parte final de la Ley de Amparo, en virtud de que la porción normativa reclamada son disposiciones que a la fecha de presentación de la demanda de amparo no afectan el interés jurídico de la parte quejosa, en la medida en que para su impugnación necesariamente requieren de un acto posterior que las dote de efectividad; esto es, se trata y se impugna como una norma heteroaplicativa.*** En razón de lo anterior, al actualizarse de modo manifiesto e indudable las hipótesis de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XII, parte final y XXIII, relacionado con el diverso 1, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de la Materia, con fundamento en el numeral 113 del propio ordenamiento, lo procedente es desechar de plano la presente demanda de amparo. Domicilio de la quejosa y autorizados. Ahora, tomando en consideración que la parte quejosa señaló domicilio para oír y recibir notificaciones fuera del lugar de residencia de este juzgado con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, gírese despacho al Juez Civil de Primera Instancia de Jalpa de Méndez, Tabasco, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado y mediante el personal a su cargo que goce de fe pública, por los medios que estime conveniente y conforme a las reglas de las notificaciones en los juicios de amparo, notifique a la aquí quejosa Yadina Ramírez Ligonio, en el domicilio ubicado en la carretera a la Laguna de Pomposu, sin número, ranchería Reforma Segunda Sección, de dicha municipalidad, a quien deberá 1) Entregarle copia de la presente determinación. 2) Prevenirlo para que señale domicilio en esta capital para oír citas y notificaciones o persona que lo represente en este juicio, dentro del plazo de tres días hábiles que se contarán a partir del siguiente al en que sea notificado de este proveído. 3) Apercibirlo que en caso de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones se le harán por los estrados de este Juzgado, aun las de carácter personal. En ese contexto, con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se faculta al Juez del orden común para que habilite días y horas inhábiles al funcionario judicial, para que lleve a cabo las diligencias encomendadas, cumpliendo con ello el imperativo previsto en el artículo 17 Constitucional. Por otro lado, en atención a la certificación de cuenta, téngase por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Jorge Valenzuela Foster. Asimismo, se autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a las demás personas que se mencionan en el escrito de demanda; en razón a que así fue solicitado expresamente. Con la salvedad que a Jesús Nicolás Pacheco, se le otorga esta autorización ya que por el momento no hay constancia que lo acredite como licenciado en derecho o abogado; aunado a que no tiene registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Quedando a salvo su derecho para acreditar legalmente encontrase autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Además, ténganse como medios de notificación alternos las direcciones de correo electrónico que proporcionó en la demanda de amparo para tal efecto. Consulta de expediente electrónico. Por otra parte, toda vez que, de una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advierte que el usuario ""JVFOSTER" se encuentra registrado; instrúyase a la Analista Jurídico de SISE, para que capture dicha autorización de manera correcta. En ese sentido, infórmese a la parte interesada que se encuentra en aptitud de consultar las actuaciones judiciales por medio de la página del Consejo de la Judicatura Federal, a través del usuario autorizado. Se exhorta al trámite electrónico. Por otra parte, de conformidad con el Capítulo V del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, en virtud de que en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, la presentación de demandas de amparo, recursos y promociones, así como la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas se realizarán a través de los sistemas tecnológicos del Consejo de la Judicatura Federal conforme a las disposiciones que estipula el capítulo segundo del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal y dado que el artículo 16 dispone lo siguiente*** Se expone lo anterior, a efecto de que considere una vez realizado dicho trámite proporcione a este órgano jurisdiccional su usuario para otorgarle la autorización respectiva, en virtud de que dicho trámite es personalísimo. Además de solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales.

  3. Principal

    Juicio 689/2022 folio 6079. cuatro de mayo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se provee; téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Yadina Ramírez Ligonio, contra actos del Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco y otras autoridades; en consecuencia Aspectos Generales. Regístrese la demanda con el número de juicio de amparo 689/2022. Genérese el expediente electrónico e impreso. Desechamiento. Ahora, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano. Para lo anterior, en principio, debe tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improceder efectivamente se actualiza en el caso concreto. De tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por la promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Proceder que tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Actos reclamados. Precisado lo anterior, es menester destacar que de la demanda de amparo y anexos, se advierte que los actos que reclama los siguientes a) El oficio UAJ/XCCR/2663/2022 de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, mediante el cual aduce se le aplicó el artículo 33 de la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco. b) La constitucionalidad y/o convencionalidad del artículo 33 de la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco. Bajo ese contexto, respecto del acto reclamado precisado con el inciso a) este juzgador estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con los numerales 1, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo. Preceptos legales que establecen lo siguiente*** Esto es así, ya que el Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, no tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo; ello, atendiendo al acto que se le atribuye en el presente asunto. Bien, se considera "autoridad" a las personas que con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. Así es, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Por lo que, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, de acuerdo a lo expuesto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 341/2015, los Institutos de Seguridad Social, constituyen entes del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismos descentralizados, pues forman parte de la administración pública estatal, de conformidad con el artículo 1o, párrafo último, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.*** En esa tesitura, se estima que la contestación reclamada por esta vía constitucional no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las partes actúan en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridad investida de imperio; ya que el Estado se vincula con el gobernado mediante un contrato o convenio regulado por el derecho común, por lo que en realidad no actúa como ente público, pues se coloca en un plano de igualdad o coordinación frente al particular, por tanto ingresa en una relación 'bilateral' de correspondientes 'derechos' y 'obligaciones'; ello, tomando en consideración que opera en función de sus atribuciones como ente asegurador y en sustitución del patrón, como consecuencia del vínculo laboral entre éste y el trabajador o con base en un acto jurídico mediante el cual se obliga a otorgar determinadas prestaciones en servicios, especie o en dinero al asegurado o a sus beneficiarios, donde se conduce en un plano de igualdad, dado que involucra el cumplimiento de dicho acuerdo de voluntades. En otras palabras, cuando se reclama un acto de una persona moral oficial que se vinculó con el gobernado actuando como un particular, sus actuaciones y omisiones carecen del imperio necesario para efecto de analizar su proceder a la luz de la Constitución Federal, pues en todo caso, esa determinación está sometida al derecho común, y no a las disposiciones del derecho público.*** De ahí que si, en el caso concreto, el oficio UAJ/XCCR/2663/2022 por el cual se dio contestación al escrito de la ahora quejosa, en el que solicitó al instituto señalado como responsable se garantice en todo momento el pago de sus prerrogativas y derechos en materia de seguridad social, dado el origen de la relación entre el mismo y el peticionario de amparo, el punto litigioso se refiere a derechos y obligaciones recíprocos de seguridad social, esto es, en un plano de igualdad; mas no es de supra a subordinación; consecuentemente para los efectos del juicio de amparo, el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, a través del Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico, no tiene el carácter de autoridad responsable, al no encontrarse revestido el acto que en concreto se contraviene, de unilateralidad, imperatividad y coercitividad. Por tanto, el acto reclamado está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre la quejosa y el ente asegurador, como sujeto patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral y/o administrativo correspondiente, no a través del juicio de amparo indirecto.*** Por otro lado, respecto al acto reclamado señalado en el inciso b) consistente en la inconstitucionalidad del artículo 33 de la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, parte final de la Ley de Amparo, en virtud de que la porción normativa reclamada son disposiciones que a la fecha de presentación de la demanda de amparo no afectan el interés jurídico de la parte quejosa, en la medida en que para su impugnación necesariamente requieren de un acto posterior que las dote de efectividad; esto es, se trata y se impugna como una norma heteroaplicativa.*** En razón de lo anterior, al actualizarse de modo manifiesto e indudable las hipótesis de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XII, parte final y XXIII, relacionado con el diverso 1, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de la Materia, con fundamento en el numeral 113 del propio ordenamiento, lo procedente es desechar de plano la presente demanda de amparo. Domicilio de la quejosa y autorizados. Ahora, tomando en consideración que la parte quejosa señaló domicilio para oír y recibir notificaciones fuera del lugar de residencia de este juzgado con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, gírese despacho al Juez Civil de Primera Instancia de Jalpa de Méndez, Tabasco, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado y mediante el personal a su cargo que goce de fe pública, por los medios que estime conveniente y conforme a las reglas de las notificaciones en los juicios de amparo, notifique a la aquí quejosa Yadina Ramírez Ligonio, en el domicilio ubicado en la carretera a la Laguna de Pomposu, sin número, ranchería Reforma Segunda Sección, de dicha municipalidad, a quien deberá 1) Entregarle copia de la presente determinación. 2) Prevenirlo para que señale domicilio en esta capital para oír citas y notificaciones o persona que lo represente en este juicio, dentro del plazo de tres días hábiles que se contarán a partir del siguiente al en que sea notificado de este proveído. 3) Apercibirlo que en caso de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones se le harán por los estrados de este Juzgado, aun las de carácter personal. En ese contexto, con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se faculta al Juez del orden común para que habilite días y horas inhábiles al funcionario judicial, para que lleve a cabo las diligencias encomendadas, cumpliendo con ello el imperativo previsto en el artículo 17 Constitucional. Por otro lado, en atención a la certificación de cuenta, téngase por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Jorge Valenzuela Foster. Asimismo, se autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a las demás personas que se mencionan en el escrito de demanda; en razón a que así fue solicitado expresamente. Con la salvedad que a Jesús Nicolás Pacheco, se le otorga esta autorización ya que por el momento no hay constancia que lo acredite como licenciado en derecho o abogado; aunado a que no tiene registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Quedando a salvo su derecho para acreditar legalmente encontrase autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Además, ténganse como medios de notificación alternos las direcciones de correo electrónico que proporcionó en la demanda de amparo para tal efecto. Consulta de expediente electrónico. Por otra parte, toda vez que, de una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advierte que el usuario ""JVFOSTER" se encuentra registrado; instrúyase a la Analista Jurídico de SISE, para que capture dicha autorización de manera correcta. En ese sentido, infórmese a la parte interesada que se encuentra en aptitud de consultar las actuaciones judiciales por medio de la página del Consejo de la Judicatura Federal, a través del usuario autorizado. Se exhorta al trámite electrónico. Por otra parte, de conformidad con el Capítulo V del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, en virtud de que en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, la presentación de demandas de amparo, recursos y promociones, así como la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas se realizarán a través de los sistemas tecnológicos del Consejo de la Judicatura Federal conforme a las disposiciones que estipula el capítulo segundo del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal y dado que el artículo 16 dispone lo siguiente*** Se expone lo anterior, a efecto de que considere una vez realizado dicho trámite proporcione a este órgano jurisdiccional su usuario para otorgarle la autorización respectiva, en virtud de que dicho trámite es personalísimo. Además de solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales.

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