Xochitl Yerena May Perez
Expediente 909/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 909/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 25/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Xochitl Yerena May Perez
Actuaciones
- Principal
Vista la cuenta, ténganse por recibido el oficio signado por el Juez Segundo Civil de Primera Instancia de Cárdenas, Tabasco, mediante devuelve diligenciado el despacho 150/2020 orden 208/20 que se le remitió para notificar a la quejosa ****, el auto de veinte de octubre de dos mil veinte, en consecuencia, agréguese a los autos y realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y la estadística. Por otra parte, de la constancia de notificación realizada a la parte quejosa el nueve de noviembre de dos mil veinte, que obra en la comunicación oficial devuelta, se advierte que ya transcurrió el término de los tres días hábiles que le fue concedido para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el proveído de veinte de octubre de dos mil veinte; por tanto, con apoyo en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, la notificación correspondiente a este proveído, así como las subsecuentes que le resulten, aún las de carácter personal, hágansele por medio de lista de acuerdos que se fija en los estrados de este juzgado, hasta en tanto señalen domicilio en esta ciudad para recibir citas y notificaciones. Notifíquese.
- Principal
RECEPCIÓN DE LA DEMANDA Vista la cuenta, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ******************** en su calidad de cónyuge del sentenciado ********************, contra actos del Juzgado Militar adscrito a la III Región Militar en Mazatlán Sinaloa y otra autoridad. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Regístrese en el libro de gobierno la demanda de amparo que nos ocupa como el juicio ********************, fórmese expediente y regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ANÁLISIS DE IMPROCEDENCIA Ahora, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano; para lo cual, en principio, debe tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improceder efectivamente se actualiza en el caso concreto. De tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por la promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Ahora, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para una mejor precisión del acto reclamado se tiene que éste consiste en: La omisión de señalar fecha para la celebración del Consejo de Guerra Ordinario en la causa penal ********************. De los antecedentes del acto reclamado se advierte que el sentenciado en la causa penal es ******************** y que, por sentencia dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito de la Ciudad de México, el veintidós de agosto de dos mil diecinueve, le concedió el amparo y protección para el efecto de que el Juez Militar adscrito a la III Región Militar en Mazatlán Sinaloa, previo a la celebración de la audiencia pública de Consejo de Guerra Ordinario Permanente, llevara a cabo el desahogo de pruebas testimoniales. En ese contexto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción II en relación con el artículo 5, fracción I de la Ley de Amparo. Del contenido de dichos preceptos jurídicos se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso. Conforme a lo dispuesto en el citado precepto 5, fracción I, de la ley de la materia, tiene la calidad de quejoso aquella persona que aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la propia ley, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En relación con el interés jurídico que importa al caso a estudio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que consiste en el derecho que le asiste a los gobernados para reclamar mediante la vía constitucional, algún acto de autoridad violatorio de derechos fundamentales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por un acto de autoridad o una norma, que ocasiona un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del gobernado. Así, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado, de manera que únicamente el sujeto titular de ellos puede ocurrir a la vía constitucional. Precisamente, porque el interés jurídico se vincula estrechamente con el concepto de perjuicio, pues este último supone un derecho legítimamente tutelado ante cuya transgresión por una autoridad o por la ley, se concede a su titular la facultad de acudir al órgano jurisdiccional correspondiente demandando el cese de esa violación. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública o de cualquier otra. Así, el juicio de amparo podrá promoverse por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado (interés jurídico) o, en su caso, por aquella que tenga un interés cualificado respecto de la constitucionalidad de los actos reclamados (interés legítimo), el cual proviene de la afectación a su esfera jurídica, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de las sentencias. Por tanto, la facultad de acudir en defensa de la violación a los derechos humanos fundamentales constituye el interés jurídico; y sólo tendrá interés jurídico para acudir al amparo aquella persona a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia oponible a la autoridad. En sentido se advierte que el acto que reclama ******************** no le produce una afectación real y actual a su esfera jurídica, de manera directa, en razón de que no es ella a quien le reviste el carácter de sentenciada en la causa penal ********************, de ahí que carezca de interés jurídico para acudir ante este órgano de control constitucional a promover el juicio de amparo. Por tanto, se desecha de plano la demanda de amparo planteada, con fundamento en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA Y AUTORIZADOS. Tomando en consideración que la promovente señaló como domicilio el ubicado en ********************, con fundamento en los artículos 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se ordena girar despacho al Juez Civil de Primera Instancia de Cárdenas, Tabasco, en turno para que a través del actuario judicial de su adscripción, notifique a la quejosa ********************, en el domicilio mencionada, la presente determinación. Asimismo, la requiera para que dentro del términos de tres días hábiles siguientes a la notificación de este acuerdo señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Villahermosa, Tabasco, bajo el apercibimiento que, de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones se le harán por lista aun las de carácter personal. AUTORIZACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En otro orden de ideas, en aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a la partes, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho humano constitucionalizado. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V, de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita.Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco, Pedro José Zorrilla Ricárdez, ante el secretario de juzgado Gonzalo Montejo Arias, con quien actúa y da fe.Villahermosa, Tabasco, veinte de octubre de dos mil veinte. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA Vista la cuenta, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ******************** en su calidad de cónyuge del sentenciado ********************, contra actos del Juzgado Militar adscrito a la III Región Militar en Mazatlán Sinaloa y otra autoridad. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Regístrese en el libro de gobierno la demanda de amparo que nos ocupa como el juicio ********************, fórmese expediente y regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ANÁLISIS DE IMPROCEDENCIA Ahora, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano; para lo cual, en principio, debe tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improceder efectivamente se actualiza en el caso concreto. De tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por la promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Ahora, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para una mejor precisión del acto reclamado se tiene que éste consiste en: La omisión de señalar fecha para la celebración del Consejo de Guerra Ordinario en la causa penal ********************. De los antecedentes del acto reclamado se advierte que el sentenciado en la causa penal es ******************** y que, por sentencia dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito de la Ciudad de México, el veintidós de agosto de dos mil diecinueve, le concedió el amparo y protección para el efecto de que el Juez Militar adscrito a la III Región Militar en Mazatlán Sinaloa, previo a la celebración de la audiencia pública de Consejo de Guerra Ordinario Permanente, llevara a cabo el desahogo de pruebas testimoniales. En ese contexto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción II en relación con el artículo 5, fracción I de la Ley de Amparo. Del contenido de dichos preceptos jurídicos se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso. Conforme a lo dispuesto en el citado precepto 5, fracción I, de la ley de la materia, tiene la calidad de quejoso aquella persona que aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la propia ley, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En relación con el interés jurídico que importa al caso a estudio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que consiste en el derecho que le asiste a los gobernados para reclamar mediante la vía constitucional, algún acto de autoridad violatorio de derechos fundamentales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por un acto de autoridad o una norma, que ocasiona un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del gobernado. Así, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado, de manera que únicamente el sujeto titular de ellos puede ocurrir a la vía constitucional. Precisamente, porque el interés jurídico se vincula estrechamente con el concepto de perjuicio, pues este último supone un derecho legítimamente tutelado ante cuya transgresión por una autoridad o por la ley, se concede a su titular la facultad de acudir al órgano jurisdiccional correspondiente demandando el cese de esa violación. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública o de cualquier otra. Así, el juicio de amparo podrá promoverse por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado (interés jurídico) o, en su caso, por aquella que tenga un interés cualificado respecto de la constitucionalidad de los actos reclamados (interés legítimo), el cual proviene de la afectación a su esfera jurídica, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de las sentencias. Por tanto, la facultad de acudir en defensa de la violación a los derechos humanos fundamentales constituye el interés jurídico; y sólo tendrá interés jurídico para acudir al amparo aquella persona a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia oponible a la autoridad. En sentido se advierte que el acto que reclama ******************** no le produce una afectación real y actual a su esfera jurídica, de manera directa, en razón de que no es ella a quien le reviste el carácter de sentenciada en la causa penal ********************, de ahí que carezca de interés jurídico para acudir ante este órgano de control constitucional a promover el juicio de amparo. Por tanto, se desecha de plano la demanda de amparo planteada, con fundamento en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA Y AUTORIZADOS. Tomando en consideración que la promovente señaló como domicilio el ubicado en ********************, con fundamento en los artículos 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se ordena girar despacho al Juez Civil de Primera Instancia de Cárdenas, Tabasco, en turno para que a través del actuario judicial de su adscripción, notifique a la quejosa ********************, en el domicilio mencionada, la presente determinación. Asimismo, la requiera para que dentro del términos de tres días hábiles siguientes a la notificación de este acuerdo señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Villahermosa, Tabasco, bajo el apercibimiento que, de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones se le harán por lista aun las de carácter personal. AUTORIZACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En otro orden de ideas, en aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a la partes, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho humano constitucionalizado. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V, de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita.
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