Xóchitl Karina Piche Ruiz
Expediente 655/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 655/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 21/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Xóchitl Karina Piche Ruiz
Actuaciones
- Principal
P 655/2023, mesa 6 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de julio de dos mil veintitrés.********************1. Estado de autos. Vistos los autos y tomando en consideración la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra la determinación de seis de julio del año en curso, en la cual se desechó la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, sin que se hubiere interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo.********************1.1. Causa estado. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado la referida determinación.********************2. Devolución de documento. Por otro lado, como se advierte de la certificación de cuenta, en este expediente obra un documento original exhibido por la parte quejosa, consistente en el original del acuse del escrito con firma de recepción de treinta y uno de enero de este año.********************Por tanto, con fundamento en el artículo 20, párrafo segundo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a la parte quejosa que acuda a este órgano jurisdiccional a recoger esa documental; para ello, se le concede el plazo de noventa días (en horas hábiles), contado a partir de aquél en que surta efectos la notificación de este proveído; apercibida que de no comparecer en dicho plazo, será destruida en su momento junto con el expediente.********************3. Publicación de los datos personales.********************Como la parte quejosa en este juicio de amparo no se opuso a la publicación de sus datos personales; por tanto, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la resolución dictada en este juicio estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la resolución relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley.********************En relación con lo anterior, se instruye a la secretaria encargada de este expediente, verifique que la versión pública de la resolución respectiva sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación.********************4. Se ordena archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 20 y 23, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese este expediente como definitivamente concluido.********************4.1. Destino y archivo. En términos del artículo 20, fracción IV del referido acuerdo general, y Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, este expediente es DESTRUIBLE, por lo cual, se comunica a las partes que será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes, será destruido, remitiendo el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación.********************5. Instrucción a Secretaría. Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente, para que verifique que en la carátula obre la leyenda referida en párrafos precedentes (destruible) y que en el expediente electrónico se haya incorporado cada promoción, documento, auto y resolución; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente; en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo.********************Notifíquese.********************Así lo proveyó Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, encargada del despacho durante las vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, con las facultades derivadas de la interpretación del numeral 161 de la anterior Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, como lo acordó la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veintiséis de junio de dos mil veintitrés, comunicado por la secretaria técnica de Comisión Permanente mediante oficio CCJ/ST/3773/2023, de la misma fecha; y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, PREVIO AVISO. - PRAL 653/2023 MESA 6 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de julio de dos mil veintitrés. 1. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo recibida el cuatro de julio del año en curso en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, y turnada a este Juzgado el cinco de julio siguiente, promovida por ********************, por propio derecho, contra un acto del agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa IV de la Fiscalía del Estado de Oaxaca; fórmese expediente electrónico e impreso con el registro ********************. 2. Precisión sobre la integración del expediente. Se precisa que lo relativo a la integración y consulta de los expedientes electrónicos se regirá por las bases establecidas en el numeral 3 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, con las reformas previstas en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, que entró en vigor el siete de noviembre de dos mil veintidós. 3. Integración del expediente (instrucción al (a la) secretario (a). Se instruye al(la) secretario(a) de Juzgado adscrito(a), que lleva el trámite de este expediente que, de acuerdo al nuevo esquema de trabajo en los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal, a) haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y verifique que en el expediente electrónico, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, de la Ley de Amparo y el diverso numeral 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Asimismo, b) supervise el registro diario de movimientos de los expedientes a su cargo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de manera que se asegure la permanente actualización y veracidad de la información, en términos del artículo 185 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; con las reformas del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós. Al efecto, se puntualiza que la oficial judicial "A" adscrita a este órgano jurisdiccional deberá registrar los datos e información del seguimiento procesal de cada asunto, de manera inmediata, como lo establece el numeral 181 de la normatividad invocada. 4. Exhortación para continuar la tramitación del juicio mediante el uso de su Firel o e.firma (antes Fiel). Con fundamento en el artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a la parte quejosa, para que continúe con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL) u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal; lo que podrán llevar a cabo en cualquier momento. 5. Desechamiento de la demanda de amparo. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar, previo a la admisión de la demanda, si se actualiza una causa de improcedencia, en virtud de que tal figura es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, debe desecharse la demanda de amparo cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es decir, que se advierta en forma patente, notoria y clara; y se tenga la certeza y convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. En el caso, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: Del agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa IV de la Fiscalía del Estado de Oaxaca: La falta de respuesta al escrito presentado ante dicha autoridad el treinta y uno de enero de este año, en la carpeta de investigación ********************, por el cual solicitó la judicialización de dicha carpeta. Ahora, previo a determinar la procedencia o no del juicio, cabe puntualizar que si bien es cierto que, de conformidad con el artículo 8º Constitucional, a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, lo cual tiene la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario; más cierto es cuando la solicitud se presenta dentro de un procedimiento sujeto al cumplimiento de formalidades adjetivas o sustantivas legalmente previstas, no es aplicable la tutela de dicha garantía, pues su naturaleza se rige por los principios de justicia completa, pronta e imparcial a que alude el artículo 17 de la Constitución Federal, que establece los lineamientos de la actividad de los tribunales obligados a administrar justicia en los plazos y términos que fijan las leyes; cuestión que la diferencia de la petición formulada fuera de juicio. Por tanto, la autoridad debe circunscribir su actuación a los términos y plazos que establecen las leyes que lo regulan y no al breve término a que alude el invocado artículo 8º constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 8/2015 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, página 478, con registro 2008883, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA). De acuerdo con lo establecido en el artículo 114, fracciones II, III y IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, se desprende que en contra de actos dictados dentro de procedimientos jurisdiccionales, como dentro de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, será procedente el amparo indirecto de forma excepcional cuando los actos tengan el carácter de "imposible reparación"; o cuando el quejoso hubiese quedado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda. En esas condiciones, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación al derecho de petición, cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, el actuar de la autoridad se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria. En razón de ello, por regla general, el amparo indirecto sería improcedente, pues si se trata exclusivamente de un reclamo dentro de un procedimiento respecto al derecho de petición, el cual no deja sin defensa al quejoso ni puede verse de forma autónoma, debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada". Así también, la jurisprudencia 1a./J. 7/2015 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, página 480, con registro 2008884, de rubro y texto siguientes: "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. El artículo 8o. constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante ello, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1o. constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento". 5.1. Caso concreto. Se reitera que la parte quejosa reclama: Del agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa IV de la Fiscalía del Estado de Oaxaca: La falta de respuesta al escrito presentado ante dicha autoridad el treinta y uno de enero de este año, en la carpeta de investigación ********************, por el cual solicitó la judicialización de dicha carpeta. Por otro lado, en el capítulo de antecedentes, en lo sustancial, se aprecia lo siguiente: El veintiuno de abril de dos mil veinte compareció en calidad de víctima a denunciar los daños ocasionados a su vehículo ante la agente del Ministerio Público adscrita al Centro de Orientación, Denuncia y Determinación Inmediata de la Vicefiscalía General Zona Centro de la Fiscalía General del Estado; misma que quedó radicada con el número ********************, control ********************; sin embargo, han transcurrido más de tres años, sin que la autoridad haya judicializado la carpeta de investigación. El treinta y uno de enero de este año presentó un escrito dirigido a la autoridad responsable, mediante el cual solicitó la judicialización de la carpeta de investigación en cita; sin embargo la autoridad ha sido omisa en acordar dicho escrito. Como se ve, la parte quejosa se duele de la denegación de justicia, no de conculcación al derecho de petición, pues aduce que presentó el escrito de treinta y uno de enero de este año, en el cual solicitó la judicialización de la carpeta de investigación ********************; el cual no ha sido acordado dentro de los términos que dispone la ley; por tanto, lo que se duele, básicamente, es la omisión de judicializar la citada carpeta. De lo anterior mencionado, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.). XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)". En efecto, el principio de definitividad que impera en el juicio de amparo y que se encuentra contemplado en la fracción transcrita, dispone que, antes de acudir al juicio de amparo, la parte quejosa debe agotar todos los recursos o medios de defensa ordinarios establecidos en la ley que rige el acto, que tengan por objeto modificar, revocar o nulificar la resolución recurrida, ante la autoridad competente. Ese principio encuentra justificación en la naturaleza del juicio constitucional, el cual se erige como un medio extraordinario de defensa procedente contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le origina afectación, previamente a solicitar la protección de la Justicia Federal, salvo los casos de excepción previstos en la ley, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. En el caso, como ya se precisó, la parte quejosa reclama en esta instancia constitucional la omisión de judicializar la carpeta de investigación ********************, solicitada mediante escrito de treinta y uno de enero de este año. Al respecto, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimiento Penales señala lo siguiente: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." (Transcripción) De la transcripción del citado numeral se advierte que contra las determinaciones sobre la abstención del Ministerio Público de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, existe un medio de impugnación ante el juez de Control, dentro de los diez días posteriores a la notificación respectiva; en cuyo caso, este último citará a las partes a una audiencia en la que escuchará y resolverá en definitiva. Es por ello que, en el caso, se surte la causa de improcedencia invocada, ya que previamente al ejercicio de la acción constitucional la parte quejosa debe acudir ante el juez de control y agotar el procedimiento jurisdiccional de referencia, pues a través de la expresión de los argumentos correspondientes en la audiencia, es como se tiene la posibilidad de atacar las actuaciones u omisiones de la autoridad. Por tanto, si el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece cuáles son las determinaciones del Ministerio Público susceptibles de impugnación y que debe resolver el juez de Control, con citación de las partes en una sola audiencia, no obstante que no alude expresamente a los actos reclamados en este juicio de amparo, lo cierto es que éstos ocurren dentro de la carpeta de investigación. De modo que acorde, con la interpretación realizada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las tesis de jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.) y 1a./J. 28/2018 (10a.), sobre el contenido del artículo 258 citado quedó dilucidado que no solamente los actos descritos en esa norma podían ser sujetos de control judicial, sino también las determinaciones que, en general, realice el Ministerio Público en la fase de investigación; con lo que se concluye que las omisiones reclamadas, previo a su reclamo en amparo, deben ser impugnadas ante el juez de Control, con la finalidad de que éste resuelva lo conducente. Lo anterior, pues es a través de ese medio de impugnación (previsto en el numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales) que se permitirá establecer si el acto objeto de reclamo es atentatorio de derechos de la quejosa, lo que será dilucidado en forma expedita y en breve término (en una sola audiencia y con citación de las partes), pues corresponde al juez de Control determinar su legalidad, antes de acudir al juicio de amparo indirecto. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.) de la Décima Época emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 945 del libro 57, agosto de 2018, tomo I de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2017641, del texto siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos". En el caso, la parte quejosa tiene el carácter de víctima en la carpeta de investigación en la que emana la denegación de justicia reclamada (omisión de judicializar la carpeta de investigación ********************, solicitada mediante escrito de treinta y uno de enero de este año); por tanto, como parte, tiene a su alance el recurso ordinario que hacer valer. Por las consideraciones expuestas, se actualiza la hipótesis del artículo 61, fracción XX, de la ley de Amparo, dado que la parte quejosa no observó el principio de definitividad que rige a este juicio de amparo, al no haber agotado de manera previa a la promoción de este asunto, el medio de defensa innominado establecido por el precepto 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales contra las actuaciones reclamadas. Sirve de apoyo a lo anterior, por la razones que las sustentan, el criterio que sostuvo el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, al resolver la queja penal ******************** (que se originó con motivo de la impugnación de una determinación en el juicio de amparo indirecto ******************** de la estadística del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca), en la que declaró infundado el recurso de queja contra la omisión de dar respuesta al escrito de siete de abril de dos mil veintiuno, en el que la parte quejosa reclamaba que cesará la omisión de la responsable de judicializar la carpeta de investigación. 6. Desechamiento. En consecuencia, al actualizarse, de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por ********************. 7. Domicilio y autorizados. Con apoyo en el numeral 27 de la Ley de Amparo se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado en el escrito de demanda; asimismo, con fundamento en el numeral 24, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene como autorizados de la parte quejosa, únicamente para oír y recibir notificaciones, a las personas que refiere, por así haberlo solicitado dicha parte. 8. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, atento a su numeral 2º, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo. 9. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal, 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; y que puede manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no el acceso a la información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley avocada; sin embargo, para el caso de que se trate de la versión pública de las resoluciones que se lleguen a dictar en este juicio de amparo, se elaborará la versión publica a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni las obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. En relación con lo anterior, se instruye a la secretaria encargada de este expediente, verifique que la versión pública de la sentencia o resolución que, en su caso, llegue a dictarse en este juicio de amparo, sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. 10. Autorización para firmar comunicaciones oficiales. Se faculta al(la) secretario(a) de guardia o al(la) actuario(a) adscrito(a) a este Juzgado para que firme los oficios y copias autorizadas necesarias para la debida notificación de las determinaciones que se emitan en este expediente; en el entendido que, conforme a los lineamientos establecidos en el multicitado Acuerdo General vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, en caso de que una actuación deba imprimirse para efectos de practicar una notificación, la evidencia criptográfica de la firma respectiva será suficiente, sin necesidad de certificación alguna; tomando en consideración que la firma electrónica da certeza y validez jurídica a la integridad del expediente electrónico. 11. Instrucción al(a) actuario(a). Con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena al(la) actuario(a) de la adscripción que las notificaciones que se generen en este expediente, inmediatamente a su realización, las integre al expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y con el uso de la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · 6,688 expedientes
- Wualfred Seegler Rojas958/2021
- Xanela Aquino Vásquez y Otros.653/2020
- Xóchil Chávez Ramírez468/2020
- Xóchil Esperanza Sebastián Coronel y Otros.365/2022
- Xóchilt Hernández Ruiz1076/2022
- Xochitl Elizabeth Méndez Sánchez401/2017
- Xóchitl Martínez Sánchez537/2021
- Xunaxi Martínez Márquez1122/2018
- Yadhira Madahy Ortíz Merino651/2020
- Yadira Hernández Hernández548/2018
- Yadira Melo García1150/2022
- Yahir Cortez Sabas843/2021