Xóchilt Hernández Ruiz

Expediente 1076/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 28 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1076/2022
Año
2022
Actuaciones
28
Última actuación
23/08/2023

Partes del expediente

  • Xóchilt Hernández Ruiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Principal

    PRAL. 1076/2022 MESA 2 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de agosto de dos mil veintitrés. 1. Causa ejecutoria la sentencia. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, ha transcurrido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra la sentencia dictada en audiencia celebrada el catorce de julio del año en curso, firmada y autorizada treinta y uno de julio siguiente, en la que se sobreseyó en este juicio de amparo promovido por ***, sin que se hubiese interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la sentencia de mérito; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. 2. Publicación de sus datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se instruye a la secretaria encargada de este expediente verifique que la versión pública de la sentencia ejecutoriada sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. 3. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14 y 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese este expediente como definitivamente concluido. Como se hizo constar en la certificación de cuenta, este asunto versó sobre materia agraria, de ahí que, en términos del artículo 15, fracción X, del invocado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se considera de RELEVANCIA DOCUMENTAL; por tanto, se conservará en su integridad en original. Con fundamento en el artículo 16 del mismo acuerdo general, este expediente será transferido al Archivo de Concentración una vez que cumpla tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente, para que verifique que en la carátula obre la leyenda referida en párrafos precedentes (de relevancia documental), y que en el expediente electrónico se haya incorporado cada promoción, documento, auto y resolución; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente; en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. 4. Integración de notificaciones al expediente electrónico. Se ordena al (la) actuario (a) de la adscripción verifique que las notificaciones generadas en este expediente, hayan sido integradas al expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 5. Incidente de suspensión. De la certificación de cuenta se advierte que este asunto se tramitó con incidente de suspensión (original y duplicado), en el que se reservó proveer sobre el archivo del cuaderno incidental; por tanto, en razón de la firmeza de la sentencia de amparo, provéase lo correspondiente en esa pieza incidental. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Incidental

    I. 1076/2022 MESA 2* San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de agosto de dos mil veintitrés. 1. Estado de autos. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que mediante proveído dictado en esta fecha en el expediente principal del que deriva este incidente de suspensión causó ejecutoria la sentencia ahí emitida y se ordenó su archivo, lo que se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. 2. Archivo del expediente. En consecuencia, con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14 y 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese este expediente como definitivamente concluido. 3. Cuaderno original (relevancia documental). Ahora, como se hizo constar en la certificación de cuenta, este incidente de suspensión versó sobre la materia agraria; de ahí que constituye un supuesto de relevancia documental, en términos del artículo 15, fracción X, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; por tanto, el original de este incidente de suspensión se considera de RELEVANCIA DOCUMENTAL, por lo que se conservará en su integridad. Con fundamento en el artículo 16 del mismo acuerdo general, este expediente será transferido al Archivo de Concentración una vez que cumpla tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. 4. Destino del duplicado (destruible). Por otra parte, con apoyo en el artículo 19, fracción II, inciso a), del mismo acuerdo general, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que se dicta esta determinación, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente de suspensión dentro de los treinta días siguientes. 5. Instrucción a Secretaría. Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente, para que verifique que en la carátula del original de este cuaderno incidental obre la leyenda de relevancia documental y en el duplicado obre la leyenda de destruible; asimismo, que en el expediente electrónico se haya incorporado cada promoción, documento, auto y resolución; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente; en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. 6. Integración de notificaciones al expediente electrónico. Finalmente, se ordena al (la) actuario (a) de la adscripción verifique que las notificaciones generadas en este expediente, hayan sido integradas al expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    PRAL 1076/2022 MESA 2 Sentencia. Visto, para resolver el juicio de amparo número 1076/2022; y, R E S U L T A N D O: Primero. Demanda de amparo. 1.1. Presentación. Mediante escrito presentado el diecinueve de septiembre de dos mil veintidós en el buzón judicial ubicado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, remitido en la misma fecha, por razón de turno a este órgano jurisdiccional, ********************, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto reclamado consistente en la ejecución de la sentencia dictada en el expediente ********************, del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito Veintiuno, residente en la ciudad de Oaxaca. 1.2. Derechos fundamentales vulnerados. La parte quejosa narró los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, invocó como derechos fundamentales vulnerados, los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Segundo. Registro de la demanda de amparo y prevención. Por auto de fecha veinte de septiembre de dos mil veintidós, con la demanda de amparo se ordenó formar expediente impreso y electrónico, se registró con el número 1076/2022 y se previno a la quejosa para que precisara si también señala como actos reclamados el desalojo del bien inmueble en el que, dice, tiene su domicilio, así como la falta de emplazamiento en el juicio agrario ********************, del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito Veintiuno, con sede en la ciudad de Oaxaca. Tercero. Admisión de la demanda. Mediante escrito recibido en este Juzgado el veintitrés de septiembre del mismo año -promoción registrada con el folio 12675- la quejosa aclaró el escrito de demanda y precisó que también señala como actos reclamados, a) el desalojo del bien inmueble en el que, dice, tiene su domicilio, ubicado en calle ********************, ********************, ********************, Oaxaca, con motivo de la ejecución de la sentencia dictada en el juicio agrario ********************, del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito Veintiuno, con sede en la ciudad de Oaxaca, b) así como la falta de emplazamiento en ese expediente. Previa ratificación del contenido y firma de dicho ocurso, mediante acuerdo de cuatro de octubre siguiente se admitió a trámite la demanda de amparo, se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento, se solicitó de las autoridades señaladas como responsables su informe justificado y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Cuarto. Emplazamiento de la parte tercera interesada y apersonamiento. El uno de diciembre de dos mil veintidós se ordenó emplazar a este juicio de amparo a quienes les resulta el carácter de terceros interesados, lo que se realizó de la manera siguiente: TERCERO INTERESADO FECHA DE EMPLAZAMIENTO APERSONAMIENTO ********************, ******************** 08/12/2022 PROMOCIÓN CON FOLIO 13 ******************** 08/12/2022 NO SE APERSONÓ ******************** 27/12/2022 CONSTANCIA ANEXA A LA PROMOCIÓN 16696 PROMOCIÓN CON FOLIO 16684 Quinto. Audiencia constitucional. Previos los trámites relativos, se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49, 50 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el Acuerdo General 3/2021, que adiciona el primero (3/2013), publicado en el aludido medio de difusión oficial, el veintidós de abril de dos mil veintiuno, por tratarse de un asunto de naturaleza administrativa (agraria) y el acto se reclama de autoridades residentes en la ciudad de Oaxaca; lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76 de la Ley de Amparo se establece que los actos reclamados por la quejosa y por los cuales se realizará el análisis relativo, consisten en: La ejecución de la sentencia dictada en el juicio agrario ********************, del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito Veintiuno, residente en la ciudad de Oaxaca, que se traduce en el desalojo del bien inmueble en el que, dice, tiene su domicilio, ubicado en calle ********************, ********************, ********************, Oaxaca; y, La falta de emplazamiento a ese juicio agrario. Que se atribuye al magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito Veintiuno, residente en la ciudad de Oaxaca y actuario adscrito a dicho órgano jurisdiccional. Tercero. Inexistencia de un acto reclamado. Las autoridades responsables a) magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito Veintiuno, residente en la ciudad de Oaxaca y b) actuario adscrito a dicho órgano jurisdiccional, al rendir su respectivo informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado, consistente la ejecución de la sentencia dictada en el juicio agrario ********************, pues, al respecto, manifestaron que aún no se emite esa resolución en dicho expediente. Luego, al no haberse desvirtuado la negativa de las autoridades y sí, por el contrario, corroborarse su negativa con el contenido de las constancias que envió la ordenadora como justificación de su informe; procede, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, sobreseer en el juicio por lo que hace al referido acto reclamado. Sobreseimiento que abarca la alegada desposesión del inmueble que reclama la quejosa en vía de consecuencia. No pasa inadvertido que en la parte conducente del informe justificado, las autoridades responsables hicieran referencia al expediente ********************, y no a aquél del que se advierte derivan los actos reclamados, a saber, ********************, toda vez que de las constancias anexas se sigue que el número correcto del expediente de origen es este último. Lo anterior, dado que ese juicio ******************** fue instado por los integrantes del ********************, ******* contra ********************, ******************** y ********************, en el que se reclamó el mejor derecho a poseer el bien inmueble ubicado en calle ********************, ********************, ********************, *******; de manera que no es trascedente el error mecanográfico en que incurrieron las responsables en la parte relativa de sus informes, para determinar la inexistencia no desvirtuada de los citados actos reclamados. Cuarto. Certeza de un diverso acto reclamado. Por otra parte, las autoridades responsables no se pronunciaron en forma expresa respecto de la existencia o inexistencia del diverso acto que se combate, consistente en la falta de emplazamiento de la quejosa ********************, al juicio agrario ******************** (número correcto del expediente natural). Sin embargo, de las manifestaciones y constancias procesales de dicho juicio que se adjuntaron, se advierte la certeza de la alegada falta de emplazamiento en dicho juicio a la quejosa ********************. Lo anterior, en virtud que, como se dijo, ese procedimiento fue instado por el ********************, ****** contra ********************, ******************** y ********************, en el que se reclamó el mejor derecho a poseer el bien inmueble ubicado en la calle ********************, ********************, ********************, ************; luego, es claro que a la agraviada no se le ha emplazado en dicho procedimiento, al no tener el carácter de demandada; lo que evidencia la certeza del acto reclamado. Quinto. Causas de improcedencia. Por lo que hace a la falta de emplazamiento de la quejosa ******************** al juicio agrario ********************, del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Veintiuno, con sede en la ciudad de Oaxaca, se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo a que se refiere el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Ello es así, toda vez que el aludido procedimiento fue instado por el ********************, ********* contra ********************, ******************** y ********************, en el que se reclamó el mejor derecho a poseer el bien inmueble ubicado en calle ********************, ********************, ********************, **********. De ahí que la agraviada, al no ser parte procesal en ese juicio agrario, no cuenta con interés jurídico para reclamar su falta de llamamiento como demandada; en la medida en que la impugnación de violaciones procesales en el juicio de amparo indirecto (como lo constituye la falta de emplazamiento al juicio de origen) requiere que la quejosa haya sido parte en el proceso del cual deriva el acto reclamado, pues sólo así contaría con el derecho público subjetivo para que deba desplegarse correctamente la función jurisdiccional de la autoridad que conoce de su reclamo o donde deduce su defensa, y es uno de los presupuestos a verificar para establecer la procedencia del juicio. Por tanto, la falta de prueba que corrobore el dicho de la quejosa de ser parte en el procedimiento del cual deriva el acto reclamado lleva a determinar la falta de interés jurídico y, en consecuencia, la improcedencia del juicio de amparo. Al caso es aplicable la jurisprudencia P./J. 23/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 206, libro 5, abril de 2014, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro digital: 2006144, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN VIOLACIONES PROCESALES Y EL QUEJOSO NO ACREDITA HABER SIDO PARTE EN EL JUICIO DE ORIGEN, SE DEBE DETERMINAR LA FALTA DE AQUÉL Y, POR ENDE, LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA RENDIDO SU INFORME JUSTIFICADO. La impugnación de violaciones procesales en el juicio de amparo indirecto requiere que el quejoso haya sido parte en el juicio ordinario del cual deriva el acto reclamado, pues sólo por ello es que cuenta con el derecho público subjetivo para que deba desplegarse correctamente la función jurisdiccional de la autoridad que conoce de su reclamo o donde deduce su defensa, y es uno de los presupuestos a verificar para establecer la procedencia del juicio, ya que el interés jurídico es un presupuesto para su procedencia, con fundamento en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, debiendo ser este estudio, previo al análisis de fondo de la cuestión planteada. Por tanto, como la presunción de que es cierto el acto reclamado por haber sido omisa la autoridad responsable al no rendir informe justificado se refiere únicamente a la certeza de aquél, pero no a la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo, se concluye que la falta de prueba que corrobore el dicho del quejoso de ser parte en el procedimiento del cual deriva el acto reclamado, lleva a determinar la falta de interés jurídico y, en consecuencia, la improcedencia del juicio de amparo". No es óbice para dictar esta resolución la prueba testimonial que se desahogó en la audiencia constitucional a cargo de ********************, porque si bien la ateste señaló, entre otras personas, que la aquí quejosa ******************** es quien habita en el predio ubicado en la calle ********************, ********************, ********************, ************, el cual posee en calidad de propietaria desde hace más de veintiséis años; se precisa que, en principio, se trata de un testigo singular, por ello, tiene calidad de indicio, pero no está corroborado con diversos medios de prueba. Ilustra lo anterior la tesis 1a. CLXXXIX/2009, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 414, Tomo XXX, Noviembre de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital: 165929, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "PRUEBA TESTIMONIAL. REQUISITOS PARA SU VALIDEZ Y POSTERIOR VALORACIÓN. La prueba testimonial, en un primer plano de análisis, sólo es válida si cumple con ciertos requisitos (taxativamente delimitados en las normas procesales respectivas), de manera que si uno de ellos no se satisface, lo declarado por el testigo no puede tener valor probatorio en tanto que en un segundo nivel de estudio, superadas tales exigencias normativas, el juez tiene la facultad de ponderar, a su arbitrio, el alcance de lo relatado por el testigo, conforme al caso concreto. De lo anterior se advierte que la calificación no es respecto a la persona que lo emite, sino en cuanto al relato de hechos que proporciona, por lo que el alcance probatorio de su dicho puede dividirse, ya que una persona puede haber advertido por medio de sus sentidos un hecho particular y, a la vez, haber conocido otro hecho, vinculado con el primero, por medio de otra persona. Así, lo que un testigo ha conocido directamente tiene valor probatorio de indicio y debe ponderarse por la autoridad investigadora o judicial conforme al caso concreto, según su vinculación con otras fuentes de convicción; mientras que lo que no haya conocido directamente, sino a través del relato de terceros, no debe tener valor probatorio alguno. Por tanto, las referidas condiciones normativas están establecidas como garantía mínima para que un testimonio pueda adquirir el carácter indiciario sujeto a la calificación del juzgador". Asimismo, la manifestación de la ateste no es suficiente (al no estar corroborada con diversos medios probatorios) para acreditar que la agraviada sea la poseedora a título de propietaria del bien de que se trata y que dicho bien sea, precisamente, el que es materia de este juicio de origen, ya que no se desahogó la prueba apta para ese efecto, como podría ser la pericial. Tampoco fue posible desahogar la prueba de inspección ocular que se ofreció, al no haber comparecido los testigos de identidad; ni se aportó documento alguno del que se advierta indicio de que la quejosa sea, como lo afirma, la poseedora en calidad de propietaria del predio de que se trata. Ante tal panorama, las pruebas desahogadas en el juicio no son aptas para demostrar el interés jurídico de la quejosa para reclamar la falta de emplazamiento al juicio de origen, en el que, se insiste, no es parte procesal. Al actualizarse la referida hipótesis de improcedencia, con apoyo, además, en el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en este juicio respecto del acto referido en este considerando. El sobreseimiento por la causal de improcedencia decretada impide el estudio de los conceptos de violación planteados por la parte quejosa; atento a la jurisprudencia II.3o.J/58 publicada en la foja 57 del tomo 70, octubre de 1993, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Sexto. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta resolución estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se instruye a la secretaria encargada de este expediente verifique que la versión pública de la resolución ejecutoriada sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Séptimo. Precisión sobre engrose de sentencia. No es obstáculo para que el titular de este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca dicte y firme esta sentencia, el hecho de que la audiencia constitucional la celebrara la secretaria del Juzgado encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la anterior Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que el juez reanudó sus funciones a partir del treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, de ahí que cesó en sus funciones la sustitución de la secretaria; entonces, si con anterioridad a ese día no se había firmado la sentencia que debió dictarse en la audiencia constitucional, no es factible prolongar más allá del lapso vacacional las funciones de la encargada del despacho, por lo cual, corresponde al titular el dictado y firma de la misma. Se invoca en apoyo la jurisprudencia P./J. 36/99, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 30, Tomo IX, Abril de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con el rubro siguiente: "SECRETARIO AUTORIZADO COMO JUEZ PARA RESOLVER EN JUICIOS DE AMPARO. PUEDE VÁLIDAMENTE PRONUNCIAR SENTENCIAS SI PRESIDIÓ CON ESE CARÁCTER LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y AÚN NO CONCLUYE EL PERIODO DE LA AUTORIZACIÓN". Por lo expuesto y fundado legalmente, con apoyo, además, en los artículos 1°, fracción I, 73, 74 y 75, de la Ley de Amparo; se: R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ******************** contra los actos reclamados, consistentes en: La ejecución de la sentencia dictada en el juicio agrario ********************, del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito Veintiuno, residente en la ciudad de Oaxaca, que se traduce en el desalojo del bien inmueble en el que, dice, tiene su domicilio, ubicado en calle ********************, ********************, ********************, Oaxaca; y La falta de emplazamiento a ese juicio. Que atribuyó al a) magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito Veintiuno, residente en la ciudad de Oaxaca y b) actuario adscrito a dicho órgano jurisdiccional, en términos de los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Segundo. En su oportunidad dése cumplimiento al considerando sexto de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió el juez Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, hasta el día de hoy, treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores de este Juzgado. Conste.

  4. Principal

    NOTIAFICACION POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERA INTERESADA C.R.G. PRAL 1076/2022 MESA 2 Sentencia. Visto, para resolver el juicio de amparo número 1076/2022; y, R E S U L T A N D O: Primero. Demanda de amparo. 1.1. Presentación. Mediante escrito presentado el diecinueve de septiembre de dos mil veintidós en el buzón judicial ubicado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, remitido en la misma fecha, por razón de turno a este órgano jurisdiccional, ********************, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto reclamado consistente en la ejecución de la sentencia dictada en el expediente ********************, del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito Veintiuno, residente en la ciudad de Oaxaca. 1.2. Derechos fundamentales vulnerados. La parte quejosa narró los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, invocó como derechos fundamentales vulnerados, los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Segundo. Registro de la demanda de amparo y prevención. Por auto de fecha veinte de septiembre de dos mil veintidós, con la demanda de amparo se ordenó formar expediente impreso y electrónico, se registró con el número 1076/2022 y se previno a la quejosa para que precisara si también señala como actos reclamados el desalojo del bien inmueble en el que, dice, tiene su domicilio, así como la falta de emplazamiento en el juicio agrario ********************, del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito Veintiuno, con sede en la ciudad de Oaxaca. Tercero. Admisión de la demanda. Mediante escrito recibido en este Juzgado el veintitrés de septiembre del mismo año -promoción registrada con el folio 12675- la quejosa aclaró el escrito de demanda y precisó que también señala como actos reclamados, a) el desalojo del bien inmueble en el que, dice, tiene su domicilio, ubicado en calle ********************, ********************, ********************, Oaxaca, con motivo de la ejecución de la sentencia dictada en el juicio agrario ********************, del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito Veintiuno, con sede en la ciudad de Oaxaca, b) así como la falta de emplazamiento en ese expediente. Previa ratificación del contenido y firma de dicho ocurso, mediante acuerdo de cuatro de octubre siguiente se admitió a trámite la demanda de amparo, se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento, se solicitó de las autoridades señaladas como responsables su informe justificado y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Cuarto. Emplazamiento de la parte tercera interesada y apersonamiento. El uno de diciembre de dos mil veintidós se ordenó emplazar a este juicio de amparo a quienes les resulta el carácter de terceros interesados, lo que se realizó de la manera siguiente: TERCERO INTERESADO FECHA DE EMPLAZAMIENTO APERSONAMIENTO ********************, ******************** 08/12/2022 PROMOCIÓN CON FOLIO 13 ******************** 08/12/2022 NO SE APERSONÓ ******************** 27/12/2022 CONSTANCIA ANEXA A LA PROMOCIÓN 16696 PROMOCIÓN CON FOLIO 16684 Quinto. Audiencia constitucional. Previos los trámites relativos, se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49, 50 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el Acuerdo General 3/2021, que adiciona el primero (3/2013), publicado en el aludido medio de difusión oficial, el veintidós de abril de dos mil veintiuno, por tratarse de un asunto de naturaleza administrativa (agraria) y el acto se reclama de autoridades residentes en la ciudad de Oaxaca; lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76 de la Ley de Amparo se establece que los actos reclamados por la quejosa y por los cuales se realizará el análisis relativo, consisten en: La ejecución de la sentencia dictada en el juicio agrario ********************, del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito Veintiuno, residente en la ciudad de Oaxaca, que se traduce en el desalojo del bien inmueble en el que, dice, tiene su domicilio, ubicado en calle ********************, ********************, ********************, Oaxaca; y, La falta de emplazamiento a ese juicio agrario. Que se atribuye al magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito Veintiuno, residente en la ciudad de Oaxaca y actuario adscrito a dicho órgano jurisdiccional. Tercero. Inexistencia de un acto reclamado. Las autoridades responsables a) magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito Veintiuno, residente en la ciudad de Oaxaca y b) actuario adscrito a dicho órgano jurisdiccional, al rendir su respectivo informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado, consistente la ejecución de la sentencia dictada en el juicio agrario ********************, pues, al respecto, manifestaron que aún no se emite esa resolución en dicho expediente. Luego, al no haberse desvirtuado la negativa de las autoridades y sí, por el contrario, corroborarse su negativa con el contenido de las constancias que envió la ordenadora como justificación de su informe; procede, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, sobreseer en el juicio por lo que hace al referido acto reclamado. Sobreseimiento que abarca la alegada desposesión del inmueble que reclama la quejosa en vía de consecuencia. No pasa inadvertido que en la parte conducente del informe justificado, las autoridades responsables hicieran referencia al expediente ********************, y no a aquél del que se advierte derivan los actos reclamados, a saber, ********************, toda vez que de las constancias anexas se sigue que el número correcto del expediente de origen es este último. Lo anterior, dado que ese juicio ******************** fue instado por los integrantes del ********************, ******* contra ********************, ******************** y ********************, en el que se reclamó el mejor derecho a poseer el bien inmueble ubicado en calle ********************, ********************, ********************, *******; de manera que no es trascedente el error mecanográfico en que incurrieron las responsables en la parte relativa de sus informes, para determinar la inexistencia no desvirtuada de los citados actos reclamados. Cuarto. Certeza de un diverso acto reclamado. Por otra parte, las autoridades responsables no se pronunciaron en forma expresa respecto de la existencia o inexistencia del diverso acto que se combate, consistente en la falta de emplazamiento de la quejosa ********************, al juicio agrario ******************** (número correcto del expediente natural). Sin embargo, de las manifestaciones y constancias procesales de dicho juicio que se adjuntaron, se advierte la certeza de la alegada falta de emplazamiento en dicho juicio a la quejosa ********************. Lo anterior, en virtud que, como se dijo, ese procedimiento fue instado por el ********************, ****** contra ********************, ******************** y ********************, en el que se reclamó el mejor derecho a poseer el bien inmueble ubicado en la calle ********************, ********************, ********************, ************; luego, es claro que a la agraviada no se le ha emplazado en dicho procedimiento, al no tener el carácter de demandada; lo que evidencia la certeza del acto reclamado. Quinto. Causas de improcedencia. Por lo que hace a la falta de emplazamiento de la quejosa ******************** al juicio agrario ********************, del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Veintiuno, con sede en la ciudad de Oaxaca, se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo a que se refiere el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Ello es así, toda vez que el aludido procedimiento fue instado por el ********************, ********* contra ********************, ******************** y ********************, en el que se reclamó el mejor derecho a poseer el bien inmueble ubicado en calle ********************, ********************, ********************, **********. De ahí que la agraviada, al no ser parte procesal en ese juicio agrario, no cuenta con interés jurídico para reclamar su falta de llamamiento como demandada; en la medida en que la impugnación de violaciones procesales en el juicio de amparo indirecto (como lo constituye la falta de emplazamiento al juicio de origen) requiere que la quejosa haya sido parte en el proceso del cual deriva el acto reclamado, pues sólo así contaría con el derecho público subjetivo para que deba desplegarse correctamente la función jurisdiccional de la autoridad que conoce de su reclamo o donde deduce su defensa, y es uno de los presupuestos a verificar para establecer la procedencia del juicio. Por tanto, la falta de prueba que corrobore el dicho de la quejosa de ser parte en el procedimiento del cual deriva el acto reclamado lleva a determinar la falta de interés jurídico y, en consecuencia, la improcedencia del juicio de amparo. Al caso es aplicable la jurisprudencia P./J. 23/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 206, libro 5, abril de 2014, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro digital: 2006144, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN VIOLACIONES PROCESALES Y EL QUEJOSO NO ACREDITA HABER SIDO PARTE EN EL JUICIO DE ORIGEN, SE DEBE DETERMINAR LA FALTA DE AQUÉL Y, POR ENDE, LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA RENDIDO SU INFORME JUSTIFICADO. La impugnación de violaciones procesales en el juicio de amparo indirecto requiere que el quejoso haya sido parte en el juicio ordinario del cual deriva el acto reclamado, pues sólo por ello es que cuenta con el derecho público subjetivo para que deba desplegarse correctamente la función jurisdiccional de la autoridad que conoce de su reclamo o donde deduce su defensa, y es uno de los presupuestos a verificar para establecer la procedencia del juicio, ya que el interés jurídico es un presupuesto para su procedencia, con fundamento en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, debiendo ser este estudio, previo al análisis de fondo de la cuestión planteada. Por tanto, como la presunción de que es cierto el acto reclamado por haber sido omisa la autoridad responsable al no rendir informe justificado se refiere únicamente a la certeza de aquél, pero no a la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo, se concluye que la falta de prueba que corrobore el dicho del quejoso de ser parte en el procedimiento del cual deriva el acto reclamado, lleva a determinar la falta de interés jurídico y, en consecuencia, la improcedencia del juicio de amparo". No es óbice para dictar esta resolución la prueba testimonial que se desahogó en la audiencia constitucional a cargo de ********************, porque si bien la ateste señaló, entre otras personas, que la aquí quejosa ******************** es quien habita en el predio ubicado en la calle ********************, ********************, ********************, ************, el cual posee en calidad de propietaria desde hace más de veintiséis años; se precisa que, en principio, se trata de un testigo singular, por ello, tiene calidad de indicio, pero no está corroborado con diversos medios de prueba. Ilustra lo anterior la tesis 1a. CLXXXIX/2009, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 414, Tomo XXX, Noviembre de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital: 165929, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "PRUEBA TESTIMONIAL. REQUISITOS PARA SU VALIDEZ Y POSTERIOR VALORACIÓN. La prueba testimonial, en un primer plano de análisis, sólo es válida si cumple con ciertos requisitos (taxativamente delimitados en las normas procesales respectivas), de manera que si uno de ellos no se satisface, lo declarado por el testigo no puede tener valor probatorio en tanto que en un segundo nivel de estudio, superadas tales exigencias normativas, el juez tiene la facultad de ponderar, a su arbitrio, el alcance de lo relatado por el testigo, conforme al caso concreto. De lo anterior se advierte que la calificación no es respecto a la persona que lo emite, sino en cuanto al relato de hechos que proporciona, por lo que el alcance probatorio de su dicho puede dividirse, ya que una persona puede haber advertido por medio de sus sentidos un hecho particular y, a la vez, haber conocido otro hecho, vinculado con el primero, por medio de otra persona. Así, lo que un testigo ha conocido directamente tiene valor probatorio de indicio y debe ponderarse por la autoridad investigadora o judicial conforme al caso concreto, según su vinculación con otras fuentes de convicción; mientras que lo que no haya conocido directamente, sino a través del relato de terceros, no debe tener valor probatorio alguno. Por tanto, las referidas condiciones normativas están establecidas como garantía mínima para que un testimonio pueda adquirir el carácter indiciario sujeto a la calificación del juzgador". Asimismo, la manifestación de la ateste no es suficiente (al no estar corroborada con diversos medios probatorios) para acreditar que la agraviada sea la poseedora a título de propietaria del bien de que se trata y que dicho bien sea, precisamente, el que es materia de este juicio de origen, ya que no se desahogó la prueba apta para ese efecto, como podría ser la pericial. Tampoco fue posible desahogar la prueba de inspección ocular que se ofreció, al no haber comparecido los testigos de identidad; ni se aportó documento alguno del que se advierta indicio de que la quejosa sea, como lo afirma, la poseedora en calidad de propietaria del predio de que se trata. Ante tal panorama, las pruebas desahogadas en el juicio no son aptas para demostrar el interés jurídico de la quejosa para reclamar la falta de emplazamiento al juicio de origen, en el que, se insiste, no es parte procesal. Al actualizarse la referida hipótesis de improcedencia, con apoyo, además, en el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en este juicio respecto del acto referido en este considerando. El sobreseimiento por la causal de improcedencia decretada impide el estudio de los conceptos de violación planteados por la parte quejosa; atento a la jurisprudencia II.3o.J/58 publicada en la foja 57 del tomo 70, octubre de 1993, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Sexto. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta resolución estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se instruye a la secretaria encargada de este expediente verifique que la versión pública de la resolución ejecutoriada sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Séptimo. Precisión sobre engrose de sentencia. No es obstáculo para que el titular de este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca dicte y firme esta sentencia, el hecho de que la audiencia constitucional la celebrara la secretaria del Juzgado encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la anterior Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que el juez reanudó sus funciones a partir del treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, de ahí que cesó en sus funciones la sustitución de la secretaria; entonces, si con anterioridad a ese día no se había firmado la sentencia que debió dictarse en la audiencia constitucional, no es factible prolongar más allá del lapso vacacional las funciones de la encargada del despacho, por lo cual, corresponde al titular el dictado y firma de la misma. Se invoca en apoyo la jurisprudencia P./J. 36/99, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 30, Tomo IX, Abril de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con el rubro siguiente: "SECRETARIO AUTORIZADO COMO JUEZ PARA RESOLVER EN JUICIOS DE AMPARO. PUEDE VÁLIDAMENTE PRONUNCIAR SENTENCIAS SI PRESIDIÓ CON ESE CARÁCTER LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y AÚN NO CONCLUYE EL PERIODO DE LA AUTORIZACIÓN". Por lo expuesto y fundado legalmente, con apoyo, además, en los artículos 1°, fracción I, 73, 74 y 75, de la Ley de Amparo; se: R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ******************** contra los actos reclamados, consistentes en: La ejecución de la sentencia dictada en el juicio agrario ********************, del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito Veintiuno, residente en la ciudad de Oaxaca, que se traduce en el desalojo del bien inmueble en el que, dice, tiene su domicilio, ubicado en calle ********************, ********************, ********************, Oaxaca; y La falta de emplazamiento a ese juicio. Que atribuyó al a) magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito Veintiuno, residente en la ciudad de Oaxaca y b) actuario adscrito a dicho órgano jurisdiccional, en términos de los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Segundo. En su oportunidad dése cumplimiento al considerando sexto de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió el juez Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, hasta el día de hoy, treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores de este Juzgado. Conste.

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