Xochitl Guadalupe Rangel Félix
Expediente 819/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 819/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 03/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Xochitl Guadalupe Rangel Félix
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el autorizado la parte promovente, y en atención a la solicitud que realiza, en el sentido de que le sea devuelto la documental que refiere, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvase la documental que acompañó al escrito inicial de demanda, previa copia certificada que se deje en su lugar, y hágase entrega previa razón de recibo se deje asentada en autos para constancia. En el entendido que el acceso a las instalaciones de este Juzgado para recibir lo solicitado, es mediante el uso del código QR, el cual se proporciona en el sistema de citas localizado en el Módulo de Servicios Jurisdiccionales del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, por lo que deberá hacer el trámite respectivo para obtener dicho acceso el día y hora que se encuentre disponible para ello.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término señalado por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente recurriera el auto de veintiuno de julio del año en curso, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que haya interpuesto recurso alguno contra el referido proveído; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. ARCHIVO En virtud de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, aplicado contrario sensu, SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESTINO LEGAL En consecuencia, toda vez que el presente asunto no se considera de relevancia documental, en acatamiento al Acuerdo General del Plenos del Consejo de la Judicatura Federal de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se procede a determinar su destino legal. Lo anterior, en el artículo 21 inciso d) prevé que son susceptibles de destrucción en un plazo de tres años, los expedientes de juicios de amparo, en los que se haya desechado respecto de todos los actos reclamados. Hipótesis en la que se ubica este expediente, toda vez que se desechó la demanda de amparo propuesta. Por tanto, una vez que transcurran tres años de concluido, es susceptible de destrucción el presente expediente, previa acta que se elabore para constancia, y hecho lo anterior, realícese la anotación correspondiente en el libro de gobierno respectivo, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta, a fin de dar cumplimiento al artículo 24 del mencionado acuerdo general.
- Principal
En virtud de no haberse presentado la promovente, o alguno de sus autorizados, a notificarse personalmente del auto de veintiuno de julio del presente año, en las instalaciones del Juzgado de adscripción, precisamente en la sección de actuaria, dentro de los dos días hábiles siguientes, previo aviso que se les dejó; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, se les notifica por medio de lista que se fija en los tableros del Juzgado, el auto que en lo conducente dice: CUMPLE PREVENCIÓN Agréguese a los autos el acta elaborada con motivo de la comparecencia de diecinueve de los corrientes, a cargo de ********, mediante la cual ratifica el contenido y firma del escrito aclaratorio de demanda presentado el nueve de los corrientes, en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, el cual, enseguida se acuerda. DESECHAMIENTO ANÁLISIS DE ACTUALIZACIÓN DE CAUSAS DE IMPROCEDENCIA El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación al juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. Del mencionado precepto normativo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de amparo sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: 1. Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional. 2. Que este motivo sea manifiesto e indudable. Con relación a lo anterior, se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, aclaratorio o de ampliación cuando los haya, y de los documentos que se anexen a tales promociones, y lo indudable de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa distinta, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al respecto se cita la jurisprudencia del entonces Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 1, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general (.)". De los anteriores numerales, relacionados con la fracción I del artículo 103 constitucional, se desprende que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la constitución federal, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En el citado precepto constitucional no se define el término de "autoridad", por lo que en este sentido se dejó al legislador ordinario la determinación del concepto contenido en el ordenamiento constitucional; sin embargo, éste último, en la Ley reglamentaria tampoco definió el vocablo mencionado, toda vez que al efecto se limitó a establecer un aspecto accidental del concepto y no su esencia. Ciertamente, el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, establece que es autoridad responsable la que dicta, promulga, pública, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado. Es decir, el legislador únicamente hizo referencia a las formas en que podrían llevarse a cabo actos objeto de tutela constitucional a través del juicio de amparo, pero no abordó las características que debe reunir quien emita tales actos para ser considerado de autoridad para efectos de la procedencia de dicho juicio. Jurisprudencialmente se ha sustentado que, para efectos del amparo, es autoridad la que tiene o se le otorga la potestad de emitir o realizar actos unilaterales, de supra-subordinación y coercitivos a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan el interés jurídico del gobernado. Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia P. XXVII/97, de rubro siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO". Asimismo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con el tema tratado emitió la tesis 2a. XXXVI/99, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES". De los criterios referidos, se puede determinar que para los efectos del juicio de amparo, como se dijo, es autoridad responsable quien emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones legales que afectan la esfera jurídica de los gobernados, sin requerir para ello acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado (característica de supra-subordinación); por tanto, autoridad es quien ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública, abandonando el criterio tradicional de disponibilidad de la fuerza pública (característica de coercitividad) como distintivo del concepto de autoridad. Luego, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sosteniendo que para determinar cuáles son actos de autoridad, debe atenderse a la clasificación de la teoría general del derecho, conforme a las relaciones jurídicas de coordinación, subordinación y supra a subordinación. Al efecto, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano; es decir, en igualdad, por lo que, para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o previstas por la ley, estando ambas en el mismo nivel; esto es, existe bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado. Entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos; en tanto que así, el parámetro constitucional en el juicio de amparo de este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución Federal establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supra ordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares; reguladas también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución Federal. Aunado a lo anterior, la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, amplió el concepto de autoridad responsable que se tenía en la anterior legislación, al establecer que los particulares pueden tener esa calidad, cuando realicen actos establecidos en una norma y con su actuar afectan derechos fundamentales de los gobernados, en cumplimiento a la función que les determine un cuerpo legal. En consecuencia, para definir si los actos reclamados en un juicio de amparo, se tratan o no de actos de autoridad (ya sea realizados por un ente estatal o por un particular), debe atenderse a la distinción de las relaciones jurídicas, al examinar si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior, en ejercicio de las facultades que le otorga la ley. Por tanto, debe resaltarse que no todos los actos emitidos por particulares son impugnables en el juicio de amparo, ya que sólo pueden ser materia de análisis en el juicio constitucional los que emitan y se equiparen a un acto de autoridad, esto es, aquellos que estén determinados por una norma general, que coloca al particular en una relación de supra a subordinación respecto del gobernado ejerciendo una fuerza pública en una aplicación de imperio que lo equipara a una entidad pública, sin actuar con libre albedrio, sino en cumplimiento a lo autorizado por el Estado. Con base en lo expuesto, se advierten como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: a) La existencia de un ente o particular, de hecho o de derecho, que establece una relación de supra a subordinación con un gobernado. b) Esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente o particular de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad (aun colaborando como un auxiliar de aquella facultad); c) Con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del gobernado; y d) Para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, de rubro siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS". De ello se desprende que las características del acto de autoridad no fueron modificadas por el artículo 5 de la ley de la materia, sino que se introdujo una concepción distinta de los sujetos que pueden fungir como autoridad responsable para los efectos del juicio, que como se explicó, son los particulares cuando actúan en ejercicio de las facultades que les ha conferido la ley y no en defensa de sus intereses. Por tanto, se tiene que bajo la misma naturaleza de los actos de autoridad, algunos equivalentes pueden ser realizados por particulares; es decir, éstos deben crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Es aplicable a lo anterior la tesis aislada número III.4o.C.10 K (10a.), de rubro: "AUTORIDAD RESPONSABLE. NO TIENE ESE CARÁCTER, PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EL PARTICULAR SEÑALADO COMO TAL, SI LOS ACTOS QUE SE LE RECLAMAN NO REÚNEN LAS CARACTERÍSTICAS DE UNILATERALIDAD, IMPERIO Y SUS FUNCIONES NO ESTÁN DETERMINADAS POR UNA NORMA GENERAL". Precisado lo anterior, si bien, las retenciones o descuentos pueden ser actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, esto es, en función de la intervención de la responsable, es decir, dependerá de cómo se realice el citado descuento, o bien, cuál sea su origen, para establecer si éste es o no acto de autoridad para efecto del presente juicio de amparo. En el caso, del escrito inicial y aclaratorio de demanda, se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados del Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con residencia en la Ciudad de México, la orden (verbal y/o escrita) para que le apliquen descuentos vía nómina a través del sistema de pagos electrónicos interbancarios en la cuenta bancaria 0366052174, que refiere tiene aperturada en Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable, así como la ejecución de dichos descuentos, que atribuye a la referida institución de crédito. Sin embargo, acorde a los documentos allegados por la parte quejosa a su libelo de amparo, asi como a lo manifestado bajo protesta de decir verdad por la citada quejosa, esos descuentos derivan de un convenio (contrato) en el que la propia quejosa habría otorgado su consentimiento expreso para que se efectuaran los mismos. Lo anterior evidencia que los descuentos reclamados no fueron realizados en un plano de supra a subordinación, esto es, por un ente público investido de imperio, ni por un particular actuando como autoridad estatal, pues a quien se le imputa el carácter de responsable no actuó de manera unilateral, sino con motivo de la petición expresa realizada por la quejosa. En efecto, el acto reclamado tuvo su génesis en la solicitud realizada por la propia quejosa, derivada del "CONTRATO DE CRÉDITO" (préstamo de dinero en efectivo) que celebró con la negociación mercantil denominada "Prestamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.", por la cantidad de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 moneda nacional), y cuyo monto total a pagar asciende a $100,847.88 (cien mil ochocientos cuarenta y siete pesos 88/100 moneda nacional), en un plazo de treinta y seis meses, respecto de lo cual también otorgó "AUTORIZACIÓN PARA DOMICILIACIÓN DE RECIBOS", para que las parcialidades de pago respectivas fueran descontadas por medio la cuenta de nómina que tiene en Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable, y de esa forma cumplir con el citado pacto de voluntades. De esta manera, si bien el segundo párrafo de la fracción II del artículo 5 de la Ley de Amparo prevé la procedencia del juicio de amparo, contra actos de autoridad e incluso de particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general; lo cierto es que, tales elementos a que se refiere el citado precepto no se advierten en los actos atribuidos al Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con residencia en la Ciudad de México y a la institución de crédito Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, S.A.B. DE C.V. Lo anterior, porque tienen su origen en una relación contractual, con un tercero, en el caso, la negociación mercantil denominada "Prestamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.", la que los entes denominados como autoridades responsables, actúa en un plano de igualdad y no como autoridad, de modo que esos descuentos se rigen por la voluntad de las partes, en la defensa de sus intereses dentro de esa relación de igualdad. Así, la relación de la que derivan los descuentos reclamados, es de coordinación, ya que ese acto en particular no se traduce en el ejercicio de una auténtica potestad administrativa que tenga la calidad de un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues no fue emitida de manera unilateral, coercitiva y de supra a subordinación. Inclusive, en el capítulo de "HECHOS" de su escrito de demanda, la quejosa, bajo protesta de decir verdad, sustancialmente manifestó que solicitó y celebró el citado contrato de crédito, así como que ello ha provocado que se realicen los descuentos a su pensión que le otorgó el Instituto Mexicano del Seguro Social. Con base en lo expuesto, se observa que, en la especie: a) No existe una relación de supra a subordinación con un gobernado. b) La relación existente; esto es, los descuentos reclamados no nacen derivado de una facultad potestativa que otorga la ley a las responsables. c) Si bien con motivo de esa relación se realizan descuentos, estos derivan de la propia voluntad de la parte quejosa. d) Los entes denominados como autoridades responsables, realizan esos descuentos con motivo de la solicitud expresa que le hicieron; es decir, necesitó del consenso de la voluntad de la quejosa. En otras palabras, los entes señalados como autoridades responsables, al realizar los descuentos de la quejosa: a) No lo hacen en cumplimiento de sus funciones como parte de una estructura orgánica de alguna dependencia u organismo del Estado, sino únicamente con motivo de la autorización de la propia quejosa. b) Esa facultad no encuentra su origen y fundamento en un precepto legal cuyo cumplimiento sea inexcusable; sino que, su origen, fue un acuerdo de voluntades entre la quejosa y una institución crediticia, y sobre todo la voluntad de la misma que fuera por medio de la cuenta de nómina que aperturó en la institución de crédito Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, S.A.B. DE C.V., que se realizaran los pagos respectivos mediante descuentos; c) No modifica una situación jurídica unilateralmente, pues no propicia que la pensión de la aquí quejosa, se afecte sin previo aviso, ya que, se insiste, fue a raíz de la solicitud que hizo, que se efectúan los descuentos reclamados. Aplica a lo anterior, interpretada en sentido contrario, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable con el número 149/2013, en la página 674, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación , con el número de registro 2005146 en la página web www.scjn.gob.mx, que dice: "FOVISSSTE. ACTÚA COMO AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO ORDENA A UNA DEPENDENCIA O ENTIDAD REALIZAR DESCUENTOS ATRASADOS EN EL SALARIO DE LOS TRABAJADORES, POR CONCEPTO DE CRÉDITO DE VIVIENDA. Cuando el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ordena a una dependencia o entidad realizar descuentos atrasados al salario de los trabajadores por concepto de crédito de vivienda, actúa como autoridad para efectos del juicio de amparo, porque: a) forma parte de la estructura orgánico jurídica de ese organismo descentralizado; b) esa facultad encuentra origen y fundamento en el artículo 20 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, cuyo cumplimiento es inexcusable; y, c) modifica una situación jurídica unilateralmente, pues propicia que el salario del trabajador acreditado se afecte sin previo aviso; lo anterior, con independencia de que aquél se haya obligado a pagar, mediante descuentos, el crédito de vivienda y haya autorizado que se aplicaran a su salario, porque el perjuicio se actualiza en la medida en que el Fondo de la Vivienda, sin tener la obligación de acudir a las instancias jurisdiccionales, puede ordenar unilateralmente que se apliquen descuentos atrasados, ya que la norma citada le otorga plenas facultades para ello; lo que hace necesario un análisis inmediato de ese acto en la vía constitucional, por representar una aparente violación al derecho de los trabajadores a recibir su salario íntegro, como sustento de las necesidades básicas de cualquier persona." En ese contexto, (se insiste) es factible determinar que en atención a la naturaleza jurídica del acto que se reclama, no fue emitido y/o ejecutado por una autoridad para los efectos del juicio de amparo, pues aunque existen supuestos en los que un particular actúa como autoridad y que en ocasiones sí emite actos de autoridad, ello no acontece en la especie, porque, como se ha relatado, el origen de los descuentos reclamados, no deriva del ejercicio de un poder público, sino que surge únicamente de un pacto de voluntades y por solicitud expresa de la parte quejosa para que se realizaran tales descuentos. En consecuencia, no es procedente el juicio biistancial, ya que en el mismo sólo se puede decidir sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto que se reclama, y nunca sobre cuestiones cuya decisión compete a los tribunales del fuero común (analizar la validez de un contrato y/o convenio). Por otra parte, ha de decirse que aun y cuando se considerare que el auto inicial de trámite de la demanda de amparo indirecto, por regla general, no sería la actuación procesal oportuna para determinar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional, lo cierto es, que en el caso, sí se advierte de forma patente y absolutamente clara, la actualización de la citada causal de improcedencia, de modo que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo que nos ocupa y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Al respecto se cita, sólo en la idea jurídica y sustancialmente conducente, la Jurisprudencia III.5o.A. J/6 (10a.), emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible a página 2505, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 35, octubre de 2016, Tomo IV, con registro 2012952, que dice: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA DETERMINAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO CONSTITUCIONAL, POR LO QUE EL JUEZ DE DISTRITO NO DEBE DESECHARLA, ARGUMENTANDO QUE SE ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, SALVO QUE ÉSTA SE ADVIERTA EN FORMA PATENTE Y ABSOLUTAMENTE CLARA, Y SE TENGA LA CERTEZA Y PLENA CONVICCIÓN DE QUE ES OPERANTE. El auto indicado no es la actuación procesal oportuna para determinar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando para demostrar la actualización de esa causal de improcedencia se requiere de un análisis exhaustivo, pues, por regla general, en esa etapa del procedimiento el Juez de Distrito no está en posibilidad jurídica ni material de efectuar esa precisión, ya que, únicamente en el expediente constan los argumentos planteados en el escrito inicial de demanda y las pruebas que se acompañen a ésta. Por tanto, no debe desechar la demanda de amparo indirecto bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, porque no es evidente, claro ni fehaciente, de manera que se requerirá hacer un estudio profundo para establecer su improcedencia, propio de la sentencia definitiva, razón por la cual debe admitirse la demanda, sin perjuicio de que en el transcurso del procedimiento realice el análisis exhaustivo de esos supuestos, salvo que se advierta en forma patente y absolutamente clara, y se tenga la certeza y plena convicción de que la causal de improcedencia es operante, de modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes." Por tanto, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII en relación con los numerales 1° y 5°, fracción II, estos últimos aplicados en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO PROPUESTA, respecto de los citados actos reclamados por su manifiesta e indudable improcedencia.
- Principal
En atención a lo que solicita el autorizado de la parte quejosa, dígase que en proveído de trece de los corrientes se ordenó que la citada quejosa debía presentarse a este órgano jurisdiccional a ratificar su escrito aclaratorio de demanda, por lo que, una vez que se presente en la fecha indicada para tal efecto, se proveerá lo conducente en cuanto al mencionado escrito aclaratorio de demanda.
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa · 7,540 expedientes
- Wilfredo Sánchez Zazueta304/2022
- Wistano Escalante Guerrero692/2020
- Wualfred Seegler Rojas1581/2021
- Wualfred Seegler Rojas439/2021
- Xaman de Jesús Flores Valdés338/2017
- Xarhini Erandi Rojo Galindo1209/2022
- Xóchitl Maribel Canizales Lobo383/2018
- Xóchitl Maribel Canizales Lobo327/2018
- Yadira Guadalupe Tan Lizárraga720/2018
- Yadira Lizeth Valenzuela Reynaga728/2019
- Yadira Moreno Zazueta849/2018
- Yadira Nayeli Castañeda Gallegos157/2015