Wualfred Seegler Rojas
Expediente 1581/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1581/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 01/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Wualfred Seegler Rojas
Actuaciones
- Principal
Agréguense a los presentes autos para que obren como legalmente correspondan los oficios de cuenta, remitidos por el Secretario y la Secretaria del Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por el Módulo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a los que se anexa firma criptográfica, respectivamente, que contienen transcripción de los proveído de veinticuatro y veinticinco de enero del año en curso, emitidos en el juicio de amparo 1091/2021 del registro estadístico de ese órgano jurisdiccional, de los que se advierte por una parte, se requiere a este Juzgado para que remita los autos originales del expediente 1581/2021-VI-A del índice de este órgano de control constitucional; y por otra, que tuvo por recibido dicho sumario constitucional y desechó la demanda de amparo que dio origen al mismo.
- Principal
DEVOLUCIÓN DE EXHORTO Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, remitido por el Actuario adscrito al Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por el Módulo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, mismo que contiene firma criptográfica, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 18/2022-VI-A de este Juzgado, remitido a efecto de que se notificara el auto de veintidós de diciembre de dos mil veintiuno al directo quejoso ********************. Atento a lo anterior, dese de baja la comunicación oficial en cita en el libro de gobierno correspondiente.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, remitido por la Secretaria del Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por el Módulo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, misma que contiene firma criptográfica, que contiene transcripción del proveído dictado el treinta diciembre de dos mil veintiuno, en el juicio de amparo 1091/2021 del índice de ese órgano jurisdiccional, del que se advierte que ese Juzgado aceptó la competencia planteada para conocer de la demanda promovida por ************, en favor de ********; asimismo, solicita le sea remitido el expediente en que se actúa. Por tanto, como lo solicita el órgano jurisdiccional oficiante, mediante oficio que derive del presente proveído, remítase el original del presente juicio de amparo, ello, previo cuaderno de antecedentes que se forme con las constancias conducentes para los efectos legales correspondientes. ARCHIVO Por otra parte, hágase lo anterior del conocimiento de lo anterior a la parte quejosa para los efectos legales a que haya lugar, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, SE ORDENA EL ARCHIVO del presente cuaderno como totalmente concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En consecuencia, toda vez que el presente asunto no se considera de relevancia documental, y en acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se procede a determinar su destino legal. Lo anterior, pues en su artículo 21, inciso j), se prevé que es susceptible de destrucción los expedientes que tengan más de tres años de haberse ordenado el archivo correspondiente. Hipótesis en la que se ubica el presente cuaderno toda vez que se formó con motivo de la incompetencia planteada. Por tanto, una vez que transcurran tres años de concluido, es susceptible de destrucción el presente cuaderno de antecedentes.
- Principal
FORMACIÓN DE EXPEDIENTE Vista la demanda de amparo presentada por a favor de , a través de la cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y otras autoridades. Fórmese el expediente 1581 2021 VI A, tanto impreso como electrónico, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General Conjunto 1 2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; anótese su ingreso en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). INCOMPETENCIA En relación con el acto reclamado consistente en la orden de traslado, se tiene que en aplicación de la regla competencial prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, será competente para conocer de dicho acto el juzgador con jurisdicción precisamente donde materialmente se esté ejecutando o se haya ejecutado. Ahora, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que tratándose de la orden de traslado, cuando no existan objetivos que permitan colegir que el acto reclamado tendrá ejecución en un Distrito Judicial distinto del cual se tenga noticia cierta; entonces, la competencia para conocer del asunto corresponderá al Juez de Distrito con residencia en el lugar donde el quejoso se encuentre recluido, en términos del párrafo primero del mencionado artículo 37, pues no hay duda de que ahí se iniciará a materializar ese acto de autoridad y no se sabe si tal traslado será o no a un Distrito Judicial distinto. De lo contrario, o sea, en el caso de que en la demanda se establezca en dónde tendrá ejecución, o a dónde será trasladado; entonces, la delimitación de la competencia territorial quedaría a voluntad del quejoso, quien estaría en condiciones de presentar la demanda en un lugar distinto al sitio donde está recluido, bajo la sola manifestación, no corroborada de que la citada orden de traslado "podría" ejecutarse en aquella demarcación territorial, sin importar si efectivamente esto será o no así. Lo anterior, se desprende del texto que se subraya y resalta de la jurisprudencia 64 2019, consultable en la página 899, el Libro 71, Octubre de 2019, Tomo I de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA ORDEN DE TRASLADO DE UN INTERNO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO, CUANDO SÓLO SE TIENE NOTICIA CIERTA DEL LUGAR DONDE COMENZARÁ LA EJECUCIÓN DE ESE ACTO, PERO NO DEL SITIO DONDE CONTINUARÁ EJECUTÁNDOSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON RESIDENCIA EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO SE ENCUENTRE RECLUIDO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 90 2007 PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a. J. 35 2008, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.", determinó que, la orden para trasladar a un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica, es un acto de tracto sucesivo, pues sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, la cual culmina hasta que es ingresado en el otro centro penitenciario; dicho criterio tomó como referencia lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido es similar a la regla competencial prevista en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo vigente. En esa ocasión no se analizó si tal porción normativa resultaba aplicable para determinar qué Juez de Distrito es el legalmente competente por razón de territorio para conocer de una demanda de amparo indirecto promovida contra la orden de traslado de un interno de un centro penitenciario a otro, ubicado en un Distrito Judicial distinto, cuando sólo se tiene noticia cierta sobre el lugar donde comenzará la ejecución de ese acto, pero no del sitio donde continuará ejecutándose. Así, para esta Primera Sala en ese caso específico no puede aplicarse esa regla competencial, dado que su actualización parte de la existencia de datos objetivos que permitan colegir que el acto reclamado tendrá ejecución en un Distrito Judicial distinto del cual se tenga noticia cierta. De no constar esa información, la competencia para conocer del asunto corresponderá al Juez de Distrito con residencia en el lugar donde el quejoso se encuentre recluido, en términos del párrafo primero del mencionado artículo 37, pues no hay duda de que ahí se iniciará a materializar ese acto de autoridad y no se sabe si tal traslado será o no a un Distrito Judicial distinto. De lo contrario, la delimitación de la competencia territorial quedaría a voluntad del quejoso, quien estaría en condiciones de presentar la demanda en un lugar distinto al sitio donde está recluido, bajo la sola manifestación, no corroborada de que la citada orden de traslado "podría" ejecutarse en aquella demarcación territorial, sin importar si efectivamente esto será o no así. Por tanto, la regla prevista en el párrafo segundo del artículo 37 de la Ley de Amparo para decidir qué Juez de Distrito es el competente para conocer del asunto, a prevención, sólo es aplicable cuando el traslado: a) efectivamente sea a un centro de reclusión ubicado en un distinto Distrito Judicial; y b) se tenga noticia cierta del Distrito Judicial al que se trasladará". En la demanda de amparo la parte promovente reclama la orden de traslado del lugar de su reclusión a "otro centro de reclusión fuera del procedimiento.". Por lo que la competencia para conocer del asunto en cuanto a dicho acto de traslado corresponderá al Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar ya sea, donde se encuentra recluido, en términos del párrafo primero del mencionado artículo 37 de la Ley de Amparo, pues ahí se habría de iniciar a materializar ese acto; o en su defecto, al juzgador que tenga jurisdicción en cualquier lugar en que se encuentre algún centro federal de reclusión y o readaptación. Es decir, si el directo quejoso se encuentra recluido en un centro penitenciario en la Ciudad de México y dice podría ser trasladado a diverso Centros penitenciarios del país, entonces es a cualquier Juez de Distrito con jurisdicción en algún lugar en donde se encuentre localizado un Centro de Reclusión a quienes corresponde conocer del citado acto reclamado, o en el caso, al de la Ciudad de México, que es donde se ubica el Centro Penitenciario en el que se dice está el quejoso. Por lo que, si de la demanda de amparo se desprende que el directo quejoso se encuentra recluido en un centro penitenciario con residencia en la Ciudad de México es inconcuso que este Juzgado no es competente para conocer de la demanda de amparo. No pasa inadvertido que si bien el artículo 37, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, dispone que será "competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda"; lo cierto es, que ese enunciado normativo no debe entenderse de forma aislada en el sentido de que la demanda puede presentarse ante cualquiera de los jueces de distrito del país, incluso ante aquellos cuyas demarcaciones no hayan sido ni puedan ser el lugar de ejecución del acto reclamado, como en el caso. Idea anterior, que aparece contenida en lo conducente, en la ejecutoria emitida por el Tribunal Colegiado en materia Penal del Decimosegundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, el veinticinco de junio de dos mil veinte, en el conflicto competencial 5 2020, que resulta hecho notorio al ser consultable en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Lo que conduce a establecer que este Juzgado Cuarto de Distrito en esta entidad federativa, con sede en Culiacán, carece de competencia legal por razón de territorio para conocer de la presente demanda de amparo atento que la misma se surte en favor del Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en turno en la Ciudad de México. En consecuencia, con fundamento en el artículo 39 del Acuerdo General 21 2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid 19, remítase vía electrónica, el escrito de demanda al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México en turno, para que determine lo que en derecho corresponda, respecto a la incompetencia planteada a su favor y lo comunique a este órgano jurisdiccional. Sin que sea el caso de formar el cuaderno de antecedentes respectivo, atento que, como se dijo, el presente asunto se remitirá vía electrónica. NEGATIVA DE LA SUSPENSIÓN DE PLANO EN CUANTO AL ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN LA ORDEN DE TRASLADO Este Juzgado Federal estima que en el caso, no ha lugar a otorgar la suspensión de plano solicitada respecto al traslado porque no se actualizan los supuestos que prevé el artículo 126 de la Ley de Amparo, para decretar la suspensión de plano. Ahora el artículo 126 de la ley de la materia el cual debe interpretarse en el sentido de que la autoridad de amparo debe decretar la suspensión de oficio y de plano cuando en la demanda constitucional se surtan los siguientes supuestos: a) Se reclamen actos que afectan la libertad personal del quejoso tanto de manera directa como indirecta , y; b) Cuando éstos se dicten fuera de procedimiento. Si no se surten ambos requisitos, la suspensión de plano será improcedente, sin perjuicio de que la medida cautelar se dicte vía incidental si es que se solicita expresamente, en términos del artículo 128 de la Ley de Amparo. En el caso, el primero de los requisitos sí se actualiza, toda vez que quien se ostenta como representante de los quejosos reclamó la orden de traslado de la Penitenciaría de Ciudad de México a un diverso Centro Penitenciario (federal o local) en el territorio mexicano, así como su ejecución; actos que afectan su libertad personal de manera indirecta, ya que, de existir dicho acto, modifica las condiciones en que la privación de la libertad debe llevarse a cabo o ejecutarse. Sin embargo, el segundo de los citados requisitos no se actualiza, dado que actualmente, el traslado de persona privada de la libertad no son dictado o ejecutado fuera de procedimiento aun cuando se ejecuten por autoridades administrativas, ya que éstas tienen la obligación de acudir ante el órgano jurisdiccional para su validación, en acatamiento a los procedimientos previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Para justificar lo anterior, de inicio es importante destacar que en la demanda de amparo no se menciona fecha alguna de la emisión de la orden de traslado, pero del contenido de la demanda de amparo se aprecia que, a la data de la presentación de la demanda, el traslado no se había ejecutado, ya que quien se ostenta como representante legal del quejoso manifestó que esta interno en la Penitenciaría de Ciudad de México. De ese modo, válidamente es dable afirmar que el referido traslado, en su caso, de existir, se ejecutaría durante la vigencia de la Ley Nacional de Ejecución Penal, por ende, es esta legislación a la que se debe atender para determinar si constituye un acto emitido dentro o fuera de procedimiento. En materia de traslado de personas privadas de su libertad, la Ley Nacional de Ejecución Penal, en sus artículos 50, 51 y 52, que iniciaron su vigencia a nivel nacional a p7artir del diecisiete de junio de dos mil dieciséis, se establecen las reglas en los términos siguientes: "Artículo 50. Traslados voluntarios. Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad dentro del territorio nacional operarán cuando exista un acuerdo entre la entidad de origen y la entidad de destino o, en su caso, entre la entidad correspondiente y la Federación, de acuerdo con el párrafo tercero del artículo 18 de la Constitución. En estos casos no podrá negarse el traslado cuando se acrediten los supuestos establecidos en el párrafo octavo del artículo 18 de la Constitución. Cuando exista el interés de una persona sentenciada para ser trasladada a otro Centro Penitenciario, el Juez de Ejecución requerirá su consentimiento expreso en presencia de la persona que sea su defensora. No procederá el traslado a petición de parte tratándose de personas sentenciadas por delitos de delincuencia organizada. Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad a otro país operarán cuando exista un tratado internacional en términos de lo dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 18 de la Constitución". "Artículo 51. Traslados involuntarios. El traslado involuntario de las personas privadas de la libertad procesadas o sentenciadas deberá ser autorizado previamente en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, en su caso. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación. En audiencia ante el Juez de Ejecución se podrá solicitar el traslado. La Autoridad Penitenciaria podrá solicitar el traslado involuntario en casos de emergencia por cualquier medio. En el caso de las personas sujetas a prisión preventiva, el traslado podrá realizarse a petición del Ministerio Público ante el Juez de Control, en términos de lo establecido en el Código". "Artículo 52. Excepción al Traslado voluntario La Autoridad Penitenciaria, como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, en los siguientes supuestos: I. En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; II. En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y III. En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta Ley. En caso que dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa". De la transcripción de los referidos artículos, se aprecia que, por regla general, para que una persona privada de su libertad pueda ser trasladada a un diverso centro penitenciario, sin que lo solicite, se requiere la autorización previa del Juez de Control (tratándose de procesados sujetos a prisión preventiva) o de Ejecución (tratándose de personas sentenciadas), que deberá ser emitida después de otorgar el derecho de audiencia a la persona que se pretende reubicar, esto es, permitiéndole defenderse de los motivos por los que la autoridad penitenciaria o el Ministerio Público solicitaron su cambio de centro de internamiento. Este tipo de traslados, por su naturaleza, son considerados como traslados dictados dentro de procedimiento, pues previamente, se otorga el derecho de audiencia a la persona privada de la libertad. Sin embargo, la citada ley contempla un procedimiento excepcional para trasladar personas privadas de su libertad sin autorización judicial previa, esto es, que la autoridad penitenciaria puede autorizar y ejecutar la reubicación, con la obligación de informárselo a la autoridad jurisdiccional dentro de las veinticuatro horas siguientes, quien a su vez tendrá un plazo de otras cuarenta y ocho horas para calificar si esa determinación se ajustó a los únicos supuestos excepcionales previstos en la referida legislación, que son los siguientes: 1. Se puede hacer un traslado sin autorización judicial previa cuando se trate de delincuencia organizada o la persona requiera medidas especiales de seguridad. 2. Sin intervención judicial previa en casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad. 3. En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario también puede ordenarse y ejecutarse el traslado sin control judicial previo. En relación con este tipo de procedimiento excepcional, se estima que ese mecanismo debe entenderse como un solo acto compuesto de dos fases: a) Administrativa: que comprende la autorización y ejecución del traslado por parte de las autoridades penitenciarias; y, b) Jurisdiccional: la cual se integra con la determinación que emita el Juez de Control o de Ejecución convalidando o revocando el traslado. Es ilustrativa la tesis aislada I.2o.P.64 P (10a.), por compartirse el criterio, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de rubro y texto: "TRASLADO DE INTERNOS DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN AUTORIZACIÓN JUDICIAL PREVIA. EL PROCEDIMIENTO EXCEPCIONAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL CONSTITUYE UN SOLO ACTO INTEGRADO POR UNA FASE ADMINISTRATIVA Y OTRA JUDICIAL, POR LO QUE NO SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DE CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO EL JUEZ DE CONTROL LO CONVALIDA. En los artículos 51 y 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal se establece que, por regla general, se requiere autorización judicial para que una persona privada de su libertad sea trasladada a un diverso centro penitenciario. Sin embargo, la legislación referida regula la posibilidad de realizar el traslado sin autorización judicial previa (i) tratándose de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; (ii) cuando exista riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad y, (iii) en caso de riesgo para la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, permitiéndose a la autoridad administrativa penitenciaria ejecutar su reubicación con el deber de informárselo al Juez dentro de las 24 horas siguientes, quien tendrá un plazo de otras 48 horas para calificar si esa actuación se ajustó a los supuestos que prevé el artículo 52 citado. Este procedimiento excepcional constituye un solo acto compuesto por dos fases: la administrativa, en la que interviene la autoridad penitenciaria y comprende la autorización y ejecución del traslado por cuestiones de seguridad; y otra judicial, en la que el Juez convalida o revoca el traslado; de ahí que si el traslado de un centro penitenciario a otro por cuestiones de seguridad, constituye una unidad de actos en cuya facultad intervienen dos autoridades (administrativa y judicial), y no se trata de una sucesión de actos independientes entre sí, la determinación judicial que convalida el traslado no conlleva la cesación de los efectos producidos en la fase administrativa; por el contrario, concreta formalmente el traslado como acto de autoridad propiamente dicho, permitiendo al interno impugnarlo en su integridad, pues la legalidad de esa actuación debe analizarse como un todo. De lo contrario, se corre el riesgo de que las violaciones cometidas en la primera fase queden excluidas del control ordinario o extraordinario, en el entendido de que son éstas las que, por regla general, contienen las razones que sustentaron la determinación de traslado del interno". Aunado a ello, en términos del artículo 132, fracción VII de la Ley Nacional de Ejecución Penal, la persona privada de su libertad tiene la opción de impugnar esa decisión mediante el recurso de apelación o, inclusive, si no existe la convalidación judicial posterior, iniciar la controversia referida en el diverso 117, fracción III, de la aludida ley. Además, la denominada controversia judicial es considerada como un medio de defensa legal, puesto que el artículo 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé la posibilidad de que la autoridad judicial ordene cuando así proceda la suspensión inmediata del acto que motivó la petición (en el caso, orden de traslado) así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. De esa manera, válidamente se puede afirmar que ese mecanismo excepcional previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, constituye un verdadero procedimiento administrativo jurisdiccional, en el cual, la autoridad penitenciaria ejecuta previamente el traslado con el fin de mitigar una cuestión urgente, con la consecuente obligación de informarlo al Juez de Ejecución o de Control según corresponda, quien se pronunciará sobre su convalidación, modificación y revocación; lo cual, puede ser materia de impugnación por la persona privada de su libertad, a través de los medios de defensa establecidos para tal efecto. Por lo que, contundentemente el traslado, aun cuando fuera emitido por autoridades administrativas, constituye un acto emitido dentro del procedimiento. En virtud de lo anterior, se concluye que si una orden de traslado voluntaria, involuntaria o excepcional se emite y ejecuta durante la vigencia de la Ley Nacional de Ejecución Penal, no es un acto emitido fuera de procedimiento, porque el legislador secundario emitió los procedimientos previstos en los numerales 50, 51 y 52 de esa legislación, en los que reglamentó la manera en la que operará la facultad exclusiva del Poder Judicial de decidir sobre la modificación de las penas en materia de traslado de reos, en términos de los artículos 18 y 21 constitucionales, por lo que contrariamente a lo pretendido por la parte quejosa aquí recurrente, en su contra, no procede conceder la suspensión de plano, prevista en el artículo 126 de la Ley de Amparo. No se desconoce la existencia y contenido de las jurisprudencias 1a. J. 17 2013, 1a J 83 2015 y 1a J 58 2016, así como la tesis aislada 1a. CLXVI 2014, emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enseguida se invocan: Jurisprudencia 1a. J. 17 2013, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 2003323, de rubro y texto: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. AL AFECTAR INDIRECTAMENTE LA LIBERTAD PERSONAL DEL PROCESADO O SENTENCIADO, LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA CONTRA AQUÉLLA PUEDE PRESENTARSE EN CUALQUIER TIEMPO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 22, DEACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la libertad personal de los individuos no sólo se afecta a través de actos de autoridad que tengan como consecuencia material privarlos de la que disfrutan en ese momento, sino también mediante actos que determinen la permanencia del gobernado en dicha situación o que modifiquen las condiciones en que tal privación deba ejecutarse. Bajo este contexto, aun cuando la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, por sí sola, no afecta la libertad personal del procesado o del sentenciado, sí lo hace indirectamente, toda vez que modifica las condiciones en que tal privación debe llevarse a cabo o bien ejecutarse, además de lesionar directamente otros derechos, como el de una defensa adecuada previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que el procesado se encontraría físicamente en un lugar diverso de aquel en que se sigue la causa penal, o el derecho del sentenciado a purgar la condena en un centro penitenciario cercano a su domicilio, establecido en el numeral 18 de la propia Constitución. Por lo anterior y conforme a la nueva visión constitucional que tutela los derechos de la persona, cuando el juicio de amparo se promueve contra actos que afectan indirectamente la libertad de las personas no puede limitarse el ejercicio del derecho de acción y reducirlo al plazo de quince días, pues ello implicaría que las autoridades faltaran al deber de procurar y favorecer en todo momento ampliamente a la persona; de ahí que la demanda de amparo indirecto promovida contra la referida orden de traslado, se ubique dentro del supuesto de excepción a que se refiere el artículo 22, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, por lo que puede presentarse en cualquier tiempo". Jurisprudencia 1a. J 83 2015, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 2010596, de rubro y texto: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI SE EJECUTA SIN INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL, NO PUEDE CONSIDERARSE COMO UN ACTO DENTRO DE PROCEDIMIENTO Y, POR ENDE, SE ACTUALIZA EL PLAZO EXCEPCIONAL PARA INTERPONER LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17, FRACIÓN IV DE LA LEY DE LA MATERIA. La reforma en materia penal a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, entrañó cambios sustanciales en el sistema penitenciario y en los derechos fundamentales de los procesados y sentenciados. Así, en ese sistema se introdujo el modelo de reinserción social y judicialización del régimen de modificación y duración de las penas, el cual impuso que todo acto conexo a su ejecución, incluyendo los de traslado de un centro penitenciario a otro, se considerara de competencia exclusiva del Poder Judicial y que las personas sujetas a proceso, privadas de su libertad, tienen derecho a que en el procedimiento se sigan cumpliendo las formalidades esenciales, entre ellas, la relativa a la prisión preventiva. De esta forma, la pretensión de una autoridad administrativa de trasladar al sentenciado o procesado de un centro penitenciario a otro, afecta indirectamente su libertad, por lo que debe solicitarlo al órgano judicial correspondiente, el cual procederá a resolver lo conducente. En consecuencia, la resolución emitida en el procedimiento relativo podrá impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, bajo la regla general del plazo de quince días prevista en el artículo 17, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Sin embargo, si una orden de traslado se ejecuta sin intervención alguna de la autoridad judicial rectora, aun cuando se emita en la fase de instrucción o de ejecución de la pena, no puede considerarse hecha en razón del procedimiento, por lo que la demanda relativa podrá interponerse en cualquier tiempo, al actualizarse la excepción prevista en la fracción IV del artículo 17 citado". Jurisprudencia 1a. J 58 2016, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 2013066, de rubro y texto: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE EMITE SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL RECTORA, AUN CUANDO SÓLO SE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DE MANERA INDIRECTA. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis de jurisprudencia 1a. J. 17 2013 (10a.) y 1a. J. 83 2015 (10a.), (1) ha establecido, respectivamente, que la orden de traslado de un recluso de un centro penitenciario a otro produce una afectación a la libertad personal de manera indirecta; y, que cuando dicha orden se ejecuta sin la intervención de la autoridad jurisdiccional rectora del proceso o de la fase de ejecución de sentencia, no puede estimarse que se trate de un acto emitido en razón del procedimiento. Luego, si la literalidad del artículo 126 de la Ley de Amparo precisa que la suspensión de plano y de oficio se concederá cuando se trate de actos que importen ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, las condiciones para actualizar el supuesto son precisamente las que de manera clara y concreta se establecen en el propio precepto y consisten solamente en: a) que se trate de un acto que conlleve privación de la libertad personal; y, b) que tal acto sea dictado fuera de procedimiento, sin que sea dable añadir como requisito que la afectación a la libertad se deba verificar de manera directa o indirecta, pues adicionar un nuevo requisito para la procedencia de la suspensión de plano a través de una interpretación sería en detrimento del derecho fundamental de tutela judicial efectiva. En ese sentido, si el precepto de que se habla únicamente refiere que se debe tratar de un acto que ataque a la libertad personal y que dicho acto se emita fuera de procedimiento, lo que tiene lugar, precisamente, en el caso de la orden de traslado de un centro penitenciario a otro cuando es emitida por autoridades de carácter administrativo, es inconcuso que respecto de la mencionada orden debe concederse la suspensión de oficio y de plano, aun cuando ésta únicamente afecte la libertad personal del recluso de manera indirecta". Tesis aislada 1a.CLXVI 2014, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 2006256, de rubro y texto: "TRASLADO DE PROCESADOS LA ORDEN RELATIVA, DEBE AUTORIZARLA EL JUEZ QUE INSTRUYA LA CAUSA PENAL. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuanto a la competencia de la autoridad a la que corresponde ordenar el traslado de sentenciados en la etapa de ejecución de una sentencia penal, estableció que la reforma a los artículos 18 y 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen de modificación y duración de penas. Así, con la entrada en vigor de la reforma citada se generó un cambio sustancial, en el sentido de que actualmente no corresponde a las autoridades administrativas supervisar los medios utilizados para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y los eventos acontecidos durante el cumplimiento de las sentencias, como el traslado de internos, que corresponde a las autoridades judiciales. Ahora bien, esta Primera Sala del alto tribunal considera que la interpretación realizada por el Tribunal en Pleno respecto a que la autoridad judicial es la competente para autorizar el traslado de un sentenciado de un centro de reclusión a otro, debe extenderse a la orden de traslado que se emita en la fase o etapa de proceso, pues el tiempo de la prisión preventiva es parte de la pena de prisión que se impone, toda vez que aquél se resta a los años, meses y días de la pena que en definitiva se impone al sentenciado para compurgar. En ese sentido, si el periodo de duración de la prisión preventiva se resta de la pena impuesta en sentencia definitiva, entonces todo lo relacionado con las condiciones en que se lleve a cabo la prisión preventiva, como el lugar en donde estará preventivamente privado de su libertad, debe ser autorizado por el juez del proceso o de la causa penal. De ahí que la orden de traslado emitida por el director de un centro de reclusión, cuando el interno se encuentre en prisión preventiva durante la etapa procesal del juicio, debe ser autorizada por el juzgador que instruya el proceso". Sin embargo, dichos criterios no son exactamente aplicables al caso en concreto, pues del contenido de las ejecutorias que les dieron vida, se advierte que no tomaron en cuenta lo dispuesto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, ya que resolvieron problemas jurídicos que nacieron cuando esta legislación no era vigente; por lo que su aplicación se da cuando los traslados se ejecutaron por autoridad administrativa, antes de la entrada en vigor de la citada legislación. Además, en las contradicciones de tesis 154 2016 y 137 2015, que dieron origen a las ya mencionadas jurisprudencias 1a J 83 2015 y 1a J 58 2016, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que las órdenes de traslado dictadas por autoridad administrativa debían considerarse como actos dictados fuera de procedimiento, si no existía intervención de alguna autoridad jurisdiccional; lo que no sucede en los procedimientos previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal, en los que sí se contempla una intervención judicial forzosa, ya sea de manera previa o posterior. De ahí que no se conceda la suspensión de plano, por no actualizarse el segundo supuesto del artículo 126 de la Ley de Amparo, porque la orden de traslado y su ejecución, no son actos fuera de procedimiento, en consecuencia, no procede decretar la suspensión de plano respecto del acto reclamado que nos ocupa. Estas consideraciones (negativa de la suspensión de plano solicitada contra una orden de traslado) se emiten en observancia a la ejecutoria del recurso de queja 36 2021, dictada el veintiuno de abril de dos mil veintiuno por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosegundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, relativo al juicio de amparo 439 2021 III, del índice de este órgano constitucional. Circunstancia que se invoca como hecho notorio, con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2°, sustancialmente en la tesis P. IX2004, visible en la página 259, del tomo XIX, correspondiente al mes de abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 181729, de rubro: "HECHOS NOTORIOS. LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR COMO TALES, LOS EXPEDIENTES Y LAS EJECUTORIAS TANTO DEL PLENO COMO DE LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN". No se inadvierte ni es óbice a lo anterior que la parte promovente aduce violaciones al artículo 22 Constitucional, sin embargo no es el caso dar el trámite especial y urgente que prevé el artículo 15 de la Ley de Amparo; ello, al no advertirse que aquélla, al momento de presentar su demanda, sea objeto de alguno de los actos prohibidos por el precitado artículo 22, ni de los plasmados en el también referido artículo 15 de la Ley de la materia. Al respecto se cita, en la idea jurídica y sustancialmente conducente, la tesis VI.1o.A. 19 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página 1458, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Diciembre de 2004, Materia Común, Novena Época, registro 179731, del rubro siguiente: "SUSPENSIÓN DE PLANO. DERIVA DIRECTAMENTE DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO, NO DE LAS RAZONES QUE AL EFECTO ADUZCA EL QUEJOSO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley de Amparo, la suspensión de oficio de los actos reclamados en el juicio de garantías procede cuando se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o cuando se trata de actos que, si llegaren a consumarse, harían físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, de lo que se sigue que esta clase de suspensión deriva directamente de la naturaleza del acto reclamado, esto es, que para concederla es necesario atender al origen mismo del acto tildado de inconstitucional, ello en atención a que acorde con lo establecido en el precepto legal en comento, cuando se trate de un acto que importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 citado, que invariablemente sería de restitución físicamente imposible, o de un acto diverso que de consumarse igualmente haría físicamente imposible la restitución de la garantía violada en perjuicio del quejoso, la suspensión debe concederse de plano, es decir, sin que tengan que tomarse en consideración los requisitos previstos en el artículo 124 de la ley de la materia, en particular que la solicite el quejoso, motivo por el cual lo que éste manifieste al respecto no determina la procedencia o no de la suspensión de oficio, sino que ello es una atribución exclusiva del Juez de Distrito, quien atendiendo a la naturaleza del acto y no a enfoques subjetivos de las partes, es el único facultado para decidir si se está o no en presencia de un acto que lo obligue a decretar la suspensión de oficio." EXHORTO Por otra parte, se tiene como domicilio para el efecto de oír y recibir notificaciones en el lugar en el que se dice se encuentran recluidos los directos agraviados, que lo es en la Penitenciaria en la Ciudad de México; en consecuencia, con sustento en los artículos 298, 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en materia de amparo, gírese atento exhorto vía electrónica, al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en turno en la Ciudad de México, para que, en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional notifique personalmente el presente auto a la parte promovente en el citado centro de reclusión. Se faculta al Juez exhortado para efecto de no incurrir en dilación procesal alguna y atendiendo al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, habilite a quien corresponda el uso de días y horas inhábiles para la práctica de la notificación a que se refiere el párrafo anterior. A efecto de solventar cualquier duda o aclaración sobre la diligenciación del exhorto que se ordena librar en líneas anteriores, queda a disposición de la citada autoridad el teléfono 01 (667) 846 5766 y el correo electrónico oficial 4jdo12cto@correo.cjf.gob.mx. TÉRMINOS DE DEVOLUCIÓN DEL EXHORTO Asimismo, se solicita al Juez exhortado, que de no tener inconveniente alguno, solamente remita o devuelva las constancias correspondientes a las actuaciones realizadas con motivo de la diligencia encomendada. ESTO ES, SÓLO DEVOLVER: 1) El auto de radicación del exhorto; 2) En su caso, del proveído o proveídos, diversos al de su radicación, donde se emitan determinaciones para su diligenciación; y, 3) Las constancias de las diligencias que se practiquen con motivo de dicha comunicación oficial. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Por otro lado, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo disponen los artículos 17 Constitucional y 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que resulten necesarias en este expediente. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN De conformidad con lo señalado por los artículos 68, 110 y 113, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, resérvese la publicación de información de carácter clasificada y confidencial. DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTE En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1 2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al Secretario actuante para efectos de que se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con el presente asunto, asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica, se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. OFICIOS Asimismo, se autoriza al Secretario actuante, para que firme los oficios que deriven de este asunto. EXHORTOS PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN CON LAS PARTES De conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21 2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid 19, se invita a las partes: I. De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente.
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