Xavier Armando Barrera Cárdenas
Expediente 1506/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1506/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Xavier Armando Barrera Cárdenas
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, doce de julio de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, agréguese a los presentes autos el oficio signado por el Subdirector de Recursos Administrativos, adscrito a la Oficina de la Abogada General de la Secretaría de Salud, con sede en la Ciudad de México, en representación del Secretario de Salud, mediante el cual interpone recurso de revisión contra la sentencia dictada en este juicio el treinta de mayo del año en curso; al respecto, SE ACUERDA: Con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89, de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos una copia del escrito de expresión de agravios y distribúyanse sendas copias del mismo entre las partes que lo son la autoridad responsable, y el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado. Una vez hecho lo anterior, envíese el aludido escrito de expresión de agravios, junto con las constancias conducentes que conforman el presente expediente, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimocuarto Circuito, en turno, con sede en esta ciudad, para lo que estime procedente acordar al respecto. En mérito de lo anterior, fórmese el correspondiente cuaderno de antecedentes, con copia certificada de las constancias conducentes, además de una copia simple del escrito de agravios. Notifíquese personalmente.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta de junio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan estos autos y la certificación efectuada por la Secretaria de este Juzgado en la cuenta que antecede, en el sentido de que el término de cinco días otorgado a la promovente Leydi del Carmen Cárdenas Kantun, representante de su hijo menor de edad quejoso Xavier Armando Barrera Cárdenas, para que cumpliera con el requerimiento que se le hizo en acuerdo de veinte de junio del año en curso, notificado el veintiuno de los corrientes, por tal motivo el mencionado término de cinco días, transcurrió del veintitrés al veintinueve de junio de este año, sin que dentro del citado plazo diera cumplimiento al mencionado requerimiento, se acuerda: Haciendo efectivo el apercibimiento contenido en el citado auto de veinte de junio actual, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 114, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo. Notifíquese personalmente y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán; veinte de junio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se provee: agréguese el escrito de la quejosa Rosa Librada Díaz Huchin, por medio del cual da cumplimiento a la prevención formulada el ocho de junio de este año, y al efecto, aclara su escrito de ampliación de demanda respecto a señalar, bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado. En ese sentido, visto el escrito de ampliación de demanda y su aclaración se tiene a Rosa Librada Díaz Huchin, ampliando su demanda respecto a los actos que atribuye a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad y al actuario de su adscripción, que, según se desprende de la lectura integral de la demanda de amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 74, fracción I, como facultad exclusiva del juzgador federal, son los siguientes: ACTO RECLAMADO a) La omisión de dictar auto de radicación y fijar fecha y hora para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, respecto de la demanda promovida el siete de septiembre de dos mil veintiuno. b) La omisión de notificar a las partes el acuerdo de radicación. DESECHAMIENTO PARCIAL Precisando lo anterior, se toma en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto tiene la obligación de examinar ante todo las demandas que le sean presentadas para que, en el evento de encontrar causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual el juzgador federal se encuentra imposibilitado para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no, es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más alto tribunal. Así, este órgano jurisdiccional federal, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a pronunciarse sobre dicha figura jurídica de conformidad con lo que dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, y con apoyo en la Jurisprudencia número 814, visible en las páginas 553 y 554 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En la especie, con relación al acto reclamado al actuario adscrito a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, consistente en omisión de notificar a las partes el acuerdo de radicación, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1º, 5º fracción I, en su parte conducente, y 217, todos de la Ley de Amparo; así como la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 45, del Apéndice 1985, Parte VIII, Quinta Época, con registro 395568, que dice: "ACTOS FUTUROS Y ACTOS PROBABLES. No cabe conceder el amparo, cuando la demanda se funda en actos de esa naturaleza." Los preceptos legales de mérito disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna." La fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo transcrita, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, por sí misma no alberga algún motivo de improcedencia de objetiva constatación del juicio de amparo, lo cual se debe a que el legislador no podía prever en forma casuística todas las causas de inejercitabilidad de la acción constitucional. Por eso, para no pasar por alto alguna disposición legal que debiera tomarse en consideración cuando formuló los supuestos de improcedencia, hizo culminar tal enumeración con una regla como la que estatuye la fracción que se analiza, la que ciertamente es justificada, puesto que existen causas o motivos que tienen como resultado la ineficacia del ejercicio de la acción constitucional de amparo y que derivan de los mandatos contenidos en la Carta Magna o, en su caso, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de esa Norma Suprema. Conforme a las disposiciones legales y a la interpretación jurisprudencial transcrita, debe entenderse que esta última ha distinguido entre los actos futuros inminentes y los actos futuros probables o remotos, para establecer la procedencia del juicio constitucional. En el primer supuesto, es decir, tratándose de actos futuros inminentes su existencia es indudable y sólo falta que se cumplan determinadas formalidades para que se ejecute, resultando procedente el juicio constitucional, verbigracia, que se afecte la libertad de quien reclama en el juicio de amparo, la emisión de un mandato de captura. Sobre el particular, resulta aplicable la tesis sustentada por el entonces Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, en la página 202, del Tomo XI, de marzo de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, en la que se establece: "ACTOS FUTUROS INMINENTES, QUÉ DEBE ENTENDERSE POR. Por actos futuros inminentes debe entenderse, los que comprenden no sólo aquellos actos que tendrán que dictarse forzosamente como consecuencia legal futura e ineludible de los actos ya actualizados, sino todos aquéllos que puedan estimarse como consecuencia lógica del ya existente, si esos actos pudieran venir a entorpecer la restitución de las cosas al estado que antes guardaban o a causar perjuicios de difícil reparación". En cambio, tratándose de actos futuros, probables o remotos, respecto de los cuales no existe una certeza clara y fundada de su realización (actos inciertos), el amparo es improcedente ya que al no producir efecto alguno de derecho, dada su inexistencia material no produce agravios en la esfera jurídica del particular Al caso se cita la tesis número XX.308 K, del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, fuente Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV-I, Febrero de 1995, página 138, que quien esto juzga comparte y que dice: "ACTOS FUTUROS DE REALIZACIÓN INCIERTA. NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LOS. Contra actos futuros de realización incierta no procede el juicio de garantías". Así, el juicio de amparo sólo procede contra actos reales y concretos de aplicación, los cuales además de incidir en la esfera jurídica del gobernado, deben generar una afectación actual y no futura, ya que en el juicio constitucional el perjuicio debe ser actual y directo; esto es, previo a la presentación de la demanda pero no futuro incierto, ya que aún no incide en la esfera jurídica del peticionario. Lo anterior es así, en virtud de que la finalidad del juicio de amparo es evitar que las autoridades del Estado afecten derechos de los gobernados, protegiendo el propio orden constitucional, pretendiendo que ese medio de impugnación sea eficaz para que los órganos públicos apeguen sus actos a los límites previstos en la Norma Suprema, o bien, de lo contrario, sean obligados a ello. Conforme a los razonamientos esgrimidos, la promoción del juicio de amparo se justifica cuando tenga por objeto remediar ese exceso posible de parte de las autoridades en su intento por ejercer sus funciones públicas, lo que implica además que la sentencia de amparo no puede tener por efecto paralizar la actividad del Estado con base en alguna creencia poco objetiva del gobernado de que las autoridades responsables afectarán su esfera jurídica, en uno u otro sentido. Porque el medio extraordinario de defensa del que se habla, no puede otorgar inmunidad general o algún tipo de fuero con alcances universales, pues su función no es escudar a los particulares para que desarrollen en forma ilimitada las actividades reguladas por el orden jurídico, al tener en cuenta que esa pretensión permitiría la posibilidad de que a través de la decisión de un Juez Federal se aísle al particular del sistema jurídico, de tal manera que resultara inmune, aunque por cierto tiempo, a las acciones del sector de autoridades respectivo, lo cual distorsionaría el objetivo de ese medio de impugnación, afectando la actividad del Estado e incluso, el orden público. Lo hasta aquí expuesto resulta de exacta aplicación al caso concreto, si se toma en cuenta que la parte quejosa, del análisis concreto de la demanda de amparo, se advierte, que por una parte reclama de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, la omisión de emitir el auto de radicación de la demanda laboral que presentó así como el señalamiento de la hora y fecha la audiencia trifásica y; por otra parte, reclama del actuario adscrito, la omisión de notificar el auto de radicación de la demanda promovida el siete de septiembre de dos mil veintiuno -el cual aún no se ha emitido- Por consiguiente aún no se tiene la certeza del sentido en que se vaya a dictar esa determinación, esto es, admitiendo la demanda, desechándola o previniéndola. Por lo que es claro que no se trata de un acto inminente y real; y por tanto, debe considerarse como uno futuro de realización incierta, pues no existe una certeza clara y fundada de que pueda llegar a existir. Estimar lo contrario generaría la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional, apoyada en expectativas y no en contra de actos concretos o de realización cierta e inminente. Tiene aplicación a lo anterior, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Página 1384, Tomo XXXVI del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que es del rubro y tenor literal siguiente: "AMPARO IMPROCEDENTE. El juicio de amparo es improcedente contra actos futuros que sólo deben considerarse como probables." También se invoca, por las razones jurídicas que informa, el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo: I, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1988, página 56, que reza: "ACTOS RECLAMADOS. NATURALEZA JURIDICA DE LOS ACTOS INMINENTES, EN SU POSICION FRENTE A LOS ACTOS YA EXISTENTES Y A LOS FUTUROS. Conviene analizar la naturaleza de los actos inminentes, en su posición frente a los actos ya existentes y a los futuros, tomando como punto de partida que la procedencia del juicio de garantías exige una materia sobre la cual pueda surtir efectos el fallo constitucional, pues sólo en presencia de un acto que sirva de materia al juicio, el quejoso puede sufrir un agravio actual, directo y presente; mismo que se traduce en el perjuicio a que se refiere el artículo cuarto de la Ley de la Materia. Sin embargo, de aplicarse rigurosamente este principio, según el cual la acción de amparo sólo es procedente en contra de un acto ya existente, ocurriría que el gobernado, aunque tuviera pleno conocimiento de la realización próxima de una acto lesivo, para intentar el amparo estaría obligado a esperar pacientemente la realización de dicho acto, con todas las consecuencias perjudiciales ínsitas al mismo, so pena de ver sobreseído el juicio promovido con anticipación a dicho evento. Tales reflexiones, entre otras, condujeron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a matizar esta regla general, admitiendo la procedencia del juicio de amparo en contra de actos no existentes aún, pero de cuya realización se tiene plena certeza por así demostrarlo actos previos, o por ser una consecuencia forzosa e ineludible de hechos probados." En consecuencia, al haberse actualizado la invocada causal de improcedencia, la cual es manifiesta e indudable, se procede a desechar parcialmente la demanda de amparo, con relación al acto reclamado al actuario adscrito a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, consistente en la omisión de notificar a las partes el acuerdo de radicación, lo anterior con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo lo anterior la jurisprudencia I.1o.A. J/4 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, del Tomo VII del mes de mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rublo siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." ADMISIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE DEMANDA Por otro lado, con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 5, 35, 37, 107, 108, 111, 115, 116, 117 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se admite a trámite la ampliación de demanda únicamente respecto a la omisión de dictar auto de radicación y fijar fecha y hora para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, respecto de la demanda promovida el siete de septiembre de dos mil veintiuno. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN No se tramita el incidente de suspensión, por no solicitarlo la parte quejosa, ni la naturaleza del acto reclamado ameritar su tramitación oficiosa, conforme al artículo 127 de la Ley de Amparo. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Hágase del conocimiento de la Junta responsable que se señalaron las diez horas con treinta y cinco minutos del veinticuatro de junio de dos de dos mil veintidós para que tenga verificativo la audiencia constitucional en este juicio de amparo. INFORME JUSTIFICADO Con fundamento en los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a la autoridad responsable, que deberá rendir dentro del término de quince días siguientes a aquel en que reciba el oficio en que se le solicita, en el que expresará las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, al que acompañará, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para apoyarlo, como establece el invocado artículo 117 de la Ley de Amparo. Apercibida que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá la multa de cien veces la Unidad de Medida y Actualización que refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, en relación con lo que disponen los numerales 238 y 260, fracción II, de la ley de la materia, equivalente a $9,622.00 (nueve mil, seiscientos veintidós pesos, con cero centavos, moneda nacional). Mandamiento que deberá(n) cumplir la(s) autoridad(es) responsable(s) a través de la vía ordinaria (de manera física), entregando los informes ante la oficina de correspondencia respectiva; toda vez que la permisibilidad de hacerlo al correo institucional de este juzgado sólo fue por el periodo de suspensión contenido en los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020, que emitió el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, así como la Circular CAP/3/2020; de tal manera que de hacerlo de maneras distintas se tendrán por no rendidos. TERCERO INTERESADO Por otro lado, no obstante que la parte quejosa en el apartado de tercero interesado señaló que le revestía de dicho carácter al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán; no ha lugar a tenerla con tal carácter, toda vez que no se encuentran dentro del supuesto previsto por el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, pues precisamente el acto que reclama la parte quejosa es la abstención de notificar y/o emplazar a la las partes del juicio laboral de origen. Por lo que si el citado precepto legal dispone que será tercero interesado "La contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo."; y que, como ya se dijo, no ha iniciado la litis, este órgano jurisdiccional no puede jurídicamente llamar a juicio a quien todavía no se ha integrado a la misma. En apoyo a lo anterior, se invoca la jurisprudencia 67/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Mayo de 2009, Materia Común, página 265, con registro: 167160, que dice: "TERCERO PERJUDICADO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR EL ACTOR EN UN JUICIO CIVIL, ADMINISTRATIVO O LABORAL. NO TIENE TAL CARÁCTER EL DEMANDADO NO EMPLAZADO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 78/2003). Conforme al artículo 5o., fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, la contraparte del agraviado tiene derecho a intervenir en el juicio de garantías como tercero perjudicado cuando el acto reclamado emane de juicios del orden civil, administrativo o del trabajo. Ahora bien, esa disposición debe interpretarse en el sentido de que cuando el promovente del amparo es el actor en el juicio natural, sólo el demandado emplazado, tiene el carácter de tercero perjudicado, toda vez que con el llamamiento a juicio se ha constituido la relación procesal. Lo anterior es congruente con el artículo 167 de la Ley de Amparo, ya que el tercero perjudicado debe comparecer ante el Tribunal Colegiado de Circuito a defender sus derechos, pues quien todavía no es emplazado en el juicio de origen no ha resentido afectación alguna a su esfera jurídica y, en consecuencia, no tiene derechos que defender". INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO Dese la intervención que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a quien se hará entrega de copia autorizada del presente acuerdo y simple del escrito de ampliación de demanda y su aclaración. CONOCIMIENTO DE CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Hágase saber a las partes, que cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten, lo anterior, con fundamento en el numeral 64 de la citada Ley de Amparo. Apercibidas que en caso de incumplimiento, se les impondrá una multa de treinta unidades de Medida y Actualización, a que se refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, en relación con lo que disponen los numerales 238 y 251 de la citada ley; equivalente a $2,886.60 (dos mil ochocientos ochenta y seis pesos, con sesenta centavos, moneda nacional). DETERMINACIÓN DE ESTE JUZGADO EN CASO DE DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA DE LEY Por otra parte, se hace del conocimiento que no habrá necesidad de emitir oficios a la autoridad responsable para notificarle el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tendrá la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio. Por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional, las fecha y horas acordadas nuevamente para tal efecto, las podrá consultar en la página de internet: https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/ paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm; con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J 176/2012 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Notifíquese y cúmplase.
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