Xarbey Anefar Auan Lopez
Expediente 2412/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2412/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 21/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Xarbey Anefar Auan Lopez
Actuaciones
- Principal
NOT ELECT TERCERO INT Mérida, Yucatán, veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Toda vez que obran en autos la totalidad de las constancias de notificación relativas al recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, en contra de la sentencia firmada en estos autos el veintidós de septiembre del año en curso. En consecuencia, como se ordenó en proveído de catorce de octubre último, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa en turno del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, el cuaderno original, así como el original del escrito de expresión de agravios, para lo que dicho Tribunal estime procedente acordar al respecto; solicitando el acuse de recibo correspondiente. Cúmplase
- Principal
Mérida, Yucatán, once de octubre de dos mil veintidós. Toda vez que ha transcurrido el plazo de tres días hábiles concedido a la parte quejosa en acuerdo de veintinueve de septiembre último, a fin de que proporcionara el domicilio actual y correcto donde pueda ser emplazada a juicio la tercera interesada MARÍA EUGENIA MACARI CASARES; por tal motivo, se acuerda: Como medida tendiente a la investigación del domicilio de la referida tercera interesada, con apoyo en el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, gírense oficios al: - Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado, - Comisión Federal de Electricidad, División Peninsular, - Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de Yucatán "1", con sede en esta ciudad, - Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial de Yucatán, y - Secretario de Seguridad Pública del Estado. Lo anterior, para que dentro del plazo de tres días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación que se les haga de este acuerdo, informen a este Juzgado si en los registros que tienen en las dependencias a su cargo, obra el domicilio de MARÍA EUGENIA MACARI CASARES. De ser positiva su respuesta, deberán proporcionar la dirección con que cuenten sobre el domicilio. Apercíbase a las mencionadas autoridades que de no cumplir con el requerimiento de que se trata dentro del plazo indicado en líneas precedentes, se les impondrá a cada una multa por el equivalente a cien veces la Unidad de Medida y Actualización, que refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, en relación con lo que disponen los numerales 238 y 260, fracción II, de la ley de la materia; equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, con cero centavos, moneda nacional). Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, diez de octubre de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio RAN/YUC/SR/DJ/4047/2022, signado por la Jefa del Departamento de Registro y Asuntos Jurídicos de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, en ausencia de la encargada del despacho, con un anexo, mediante el cual informa las gestiones realizadas en acatamiento al fallo protector dictado en el presente asunto, del que se advierte que el mismo se encuentra en vías de cumplimiento. Lo anterior, toda vez que hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional que mediante oficio de tres de octubre del año en curso, dicha delegación solicitó nuevamente a la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del estado de Yucatán, a fin de que le informara el estado que guarda el trámite de inscripción del título de propiedad 1005712. Ello, en razón de que hasta la presente fecha, el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del estado de Yucatán, no ha concluido el trámite de inscripción solicitado por la autoridad oficiante el veinte de septiembre del año que transcurre, por lo que no le ha devuelto el título original remitido, ni ha entregado la constancia de inscripción correspondiente. Por tal motivo, dado que la referida Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, no fue llamada a este juicio como responsable, es dable vincularla al cumplimiento de la sentencia dictada en este juicio. En consecuencia, requiérasele para que cumpla con la ejecutoria de mérito, como lo dispone el artículo 77 de la Ley de Amparo, lo que deberá informar a este Juzgado dentro del plazo de tres días. Apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, dentro del plazo concedido, se le impondrá una multa de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, con cero centavos, moneda nacional), equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley de Amparo y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Para efectos de lo anterior, remítase a la referida autoridad copia autorizada de la sentencia y la ejecutoria pronunciadas en el presente juicio de amparo. En apoyo de lo anterior, por analogía cabe citar la tesis de jurisprudencia 178, visible en la página 145, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, registrada con el número 917,712 del IUS Intranet, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. A ELLA ESTÁN OBLIGADAS TODAS LAS AUTORIDADES, AUN CUANDO NO HAYAN INTERVENIDO EN EL AMPARO. Las ejecutorias de amparo deben ser inmediatamente cumplidas por toda autoridad que tenga conocimiento de ellas y que, por razón de sus funciones, deba intervenir en su ejecución, pues atenta la parte final del primer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, no solamente la autoridad que haya figurado con el carácter de responsable en el juicio de garantías está obligada a cumplir la sentencia de amparo, sino cualquiera otra autoridad que, por sus funciones, tenga que intervenir en la ejecución de este fallo." También es aplicable la tesis relacionada en quinto lugar con la jurisprudencia 735, visible en la página 1208, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que señala: "EJECUTORIA DE AMPARO, AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES, TIENEN OBLIGACIÓN DE REALIZAR LOS ACTOS QUE REQUIERA SU EFICACIA. Todas las autoridades, aunque no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, si tienen o deben tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de la sentencia protectora, y para que el fallo constitucional logre vigencia real y eficacia práctica." Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, siete de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en fecha treinta de septiembre del año en curso, se puso a la vista el informe justificado rendido por la Directora Jurídica del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, residente en esta ciudad, por lo que se encuentra transcurriendo el término de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que se impongan las partes del citado informe. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este propio día y se fijan como nueva fecha y hora las DIEZ HORAS CON VEINTIÚN MINUTOS DEL OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 54/2000, Novena Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, del Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 191,995, en el IUS Intranet, que establece: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." Notifíquese y cúmplase.Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con el licenciado Raúl Ramos Berzunza, Secretario con quien actúa. Doy fe.
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