Wlfrano Denis Cortazar Valenzuela

Expediente 529/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 16 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
529/2017
Año
2017
Actuaciones
16
Última actuación
06/11/2017

Partes del expediente

  • Wlfrano Denis Cortazar Valenzuela

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    MESA 9.- NOTIFICACIÓN PERSONAL.

  2. Principal

    MESA 9.- [...] SE TIENE AL FISCAL DE LA FEDERACIÓN HACIENDO MANIFESTACIONES EN RELACIÓN A LAS CONSTANCIAS RELATIVAS AL CUMPLIMIENTO AL FALLO, LAS CUALES SE TOMARÁN EN CONSIDERACIÓN EN SU MOMENTO PROCESAL OPORTUNO.

  3. Principal

    MESA 9.- [...] DÉSE VISTA A LAS PARTES CON LAS CONSTANCIAS QUE REMITIÓ LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN RELACIÓN AL CUMPLIMIENTO AL FALLO, POR EL TÉRMINO DE TRES DÍAS, PARA QUE MANIFIESTEN LO QUE A SU INTERÉS LEGAL CONVENGA.

  4. Principal

    MESA 9.- Villahermosa, Tabasco, veintidós de septiembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación; se tiene que la parte quejosa no desahogó la vista ordenada en auto de veinticuatro de agosto pasado, respecto del informe de cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable en relación con la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio de garantías; en consecuencia, procede realizar el análisis y pronunciamiento correspondiente en término del segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, con base en los elementos que obran en el expediente. ANTECEDENTES Por sentencia de cinco de julio del año en curso (fojas 72 a 101), se concedió el amparo y la protección de la justicia federal a Wlfrano Denis Cortázar Valenzuela, contra el acto reclamado al Juez Segundo de lo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Centro, Tabasco, para los efectos siguientes: <<a) Deje insubsistente la orden de aprehensión de diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, dictada en la causa penal 56/2016, instruida contra Wlfrano Denis Cortázar Valenzuela y/o Wlfrano Denis Cortázar Juárez, como probable responsable del delito de secuestro, previsto y sancionado por los artículos 9 fracción I, inciso a, en relación con el 10 fracción I, incisos a, b y c, de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en agravio de Mariano Santiz Hernández. b) En su lugar, con plenitud de jurisdicción emita nueva determinación en la que subsane las omisiones y deficiencias destacadas en este fallo; esto es: b.1. Se pronuncie respecto a la probanza consistente en la comparecencia ministerial del ofendido, y de manera fundada y motivada exponga si merece valor probatorio o no. b.2. Analice si en la especie se actualiza la atenuante prevista en el numeral 12 de la de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. b.3 Se pronuncie respecto de la probable responsabilidad del quejoso William Rafael Madrigal Cabrera, estableciendo de manera precisa con cuál material probatorio llegó a dicha determinación, esto es, exponga de qué probanzas se advierte un señalamiento en contra del ¬¬¬¬sujeto activo del delito>>. El diecisiete de agosto de este año, causó ejecutoria la sentencia precitada; en consecuencia, se solicitó a la autoridad responsable diera cumplimiento a la misma en el plazo de tres días (fojas 126 y 127). Mediante oficio 2653, recibido el veintitrés de agosto del presente año (fojas 132 a 151), la autoridad responsable remitió copia certificada de la resolución de veintidós del aludido mes, dictada en la causa penal 56/20016 de su índice, en la que dejó insubsistente la orden de aprehensión de diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, librada en contra de Wlfrano Denis Cortázar Valenzuela, por el delito de Secuestro, previsto y sancionado por el numeral 9, fracción I, incisos a; en relación al diverso 10, fracción I, incisos a, b y c; fracción II, inciso a; todos de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, de la resolución precitada se desprende que giró orden de aprehensión en contra del aludido inculpado por el mismo delito, previsto y sancionado por el artículo 9 en relación al diverso 10, fracción I, incisos a, b y c; fracción II, inciso a; y 12; todos de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Documentos a los que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al ser expedidos por servidor público en ejercicio de las facultades que legalmente tiene atribuidas. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, registro número 394182, del rubro <<DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO>>. MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO Con los mismos, se dio vista al quejoso (foja 173), quien a través del escrito recibido el treinta de agosto de este año, expuso las razones por las que considera que el fallo protector que le fue otorgado no se encuentra cumplido, entre ellas: <<. la autoridad responsable, no realiza un pronunciamiento de manera fundada y motivada respecto a la comparecencia ministerial del ofendido de fecha catorce de marzo de dos mil quince.>>. <<. no fundo ni motivo, pues únicamente de concreta en decir que se demuestra con la diligencia ministerial de fecha catorce de marzo de dos mil quince que el aquí quejoso fue una de las personas que tuvo participación directa en los hechos, al haber privado de su libertad al ofendido (tercero interesado), pero en ningún momento, expone de manera fundada y motiva las razones por las cuales dicha probanza merece. o no valor probatorio.>>. <<. únicamente se concreta en señalar que fue lo que declaro cada uno de los testigos, sin embargo dicha determinación resulta insuficientemente motivada, pues no se determina por parte de la responsable como fue que llego a la conclusión de que el aqui quejoso fue quien privo de la libertad al ofendido, pues no se debe pasar por alto que tanto el denunciante, ofendido y testigos de cargo, únicamente hicieron una descripción del sujeto activo pero no del nombre; también se omitió establecer con que pruebas en lo particular acreditaban cual fue la función del quejoso para llevar a cabo el ilicito en comento, lo cual es obligación de la responsable de realizarlo, en base a las pruebas que relaciono y concateno. Pues no se debe pasar por alto que el simple señalamiento genérico de las pruebas y su transcripción no es adecuado ni suficiente para dar cuenta de las particularidades de cada hipótesis normativa, pues es menester que se realice un estudio de la probable responsabilidad precisando con cuales pruebas se acredita y el indicio o indicios que se desprenden de los medios de convicción que considere pertinentes para el efecto, es decir, los datos que se obtienen de dicho cuadro probatorio y porque se estima idóneo para ello, sin emitir consideraciones incongruentes; por lo que la responsable no realizo un estudio correcto de los efectos de la sentencia de amparo, pues únicamente se concretó en señalar la existencia de diversas probanzas pero de las mismas no se despende un señalamiento en contra del aquí quejoso>>. <<<. la responsable está incumpliendo el principio de congruencia, ya que señala en primer instancia que resolverá el asunto respecto a un delito y al momento de hacer el estudio de la probable responsabilidad del aquí quejoso lo realiza por un delito diverso, circunstancia que deja en estado de indefensión al quejoso, pues no sabe realmente bajo cuál de los dos supuestos es que la responsable emite su determinación, por lo que resulta evidente que la responsable está faltando al principio de congruencia.>>. ANÁLISIS SOBRE EL CUPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO En la ejecutoria de amparo se dijo: <<. 76. Respecto de la probanza consistente en la comparecencia ministerial del ofendido a quien se le puso a la vista diversas fotografías, enumeradas del número uno al seis, y, manifestó, en relación a la enumerada con el uno, que reconoce a la persona a la cual se refirió como "el comandante", que era la persona que lo tenía privado de su libertad y que a cambio exigía la cantidad de $100,000.00 (cien mil pesos) y el carro de "Verónica", fotografía que corresponde al hoy quejoso, la misma no fue valorada por la responsable, lo cual vulnera los derechos humanos del inculpado, toda vez que, con ella llegó a la determinación que fue éste quien privó de la libertad al tercero y solicitó como rescate una cantidad de dinero y/o un automóvil, por tanto, la responsable deberá exponer de manera fundada y motivada, las razones por las cuales dicha probanza merece o no valor probatorio. . 85. Con lo anterior tuvo por acreditadas las agravantes a que se refiere el artículo 10, fracción I, incisos a, b y c, fracción II, inciso a, toda vez que la privación de la libertad fue cometida en un lugar público por un grupo más de dos personas con violencia física sobre la víctima y por parte de un integrante de alguna institución de seguridad pública. 86. No obstante lo anterior, este juzgador estima que la autoridad responsable omitió analizar si en la especie se actualiza una atenuante del delito de secuestro. . 88. De tal manifestación se advierte que la víctima quedó en libertad sin realizar el pago del rescate. 89. Aunado a ello, de la declaración vertida por la víctima así como la de Martín Hernández Hernández, se desprende que el primero de los mencionados estuvo privado de su libertad, aproximadamente, de las diecinueve horas del día veinticuatro de febrero de dos mil quince a las cuatro horas del día siguientes, esto es, nueve horas. 90. Ahora, el numeral 12 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé una circunstancia atenuante, el cual a la letra dice: . 92. De ahí que si en la determinación reclamada, la responsable fue omisa en tomar en consideración si en la especie, del cúmulo probatorio se advierte una atenuante del ílicito en estudio, lo cual vulnera los derechos humanos del quejoso. . 101. A criterio de este juzgador, la resolución reclamada resulta insuficientemente motivada, dado que la responsable al analizar la probable responsabilidad del ahora quejoso en la comisión del referido ilícito, no determina como llegó a la conclusión de que fue Wlfrano Denis Cortazar Valenzuela y/o Wlfrano Denis Cortazar Juárez, quien presuntamente privó de la libertad al ofendido, tal como lo arguyó en el segundo y tercer conceptos de violación, ya que de las pruebas antes aludidas se inadvierte que solo hicieron la descripción del sujeto activo pero no de su nombre. 102. Esto es, el juez responsable omitió establecer qué pruebas en lo particular acreditaban cuál fue la función del quejoso, para llevar a cabo el secuestro en comento, lo cual estaba constreñida a realizar con base en el material probatorio que relacionó y concatenó. 104. En conclusión, si la juez de origen omitió establecer las razones para justificar por qué los medios de prueba que invocó para acreditar la probable responsabilidad del disconforme en la comisión del delito atribuido son suficientes para ello, es claro que viola en perjuicio del quejoso la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 Constitucional, al no dar a conocer con certeza cuáles fueron los motivos y probanzas que influyeron en el ánimo de la juzgadora para resolver en la forma en que lo hizo, limitando el derecho de defensa del inculpado. 105. Esto, porque el simple señalamiento genérico de las pruebas y su transcripción no es adecuado ni suficiente para dar cuenta de las particularidades de cada hipótesis normativa; estimar lo contrario implicaría dejar al gobernado en situación de tener que suponer o inferir las razones que sustentan el acto reclamado. . 107. Conforme con lo hasta aquí expuesto, este juzgador considera que la resolutora natural no motivó adecuadamente su resolución, pues para que ese extremo se cumpla, es menester que realice el estudio de la probable responsabilidad precisando con cuáles pruebas se acredita y el indicio o indicios que se desprenden de los medios de convicción que considere pertinentes al efecto, es decir, los datos que se obtienen de dicho cuadro probatorio y por qué se estima idóneo para ello, sin emitir consideraciones incongruentes; por tanto, si en la especie no se satisfizo ese requisito, es claro que se deja en estado de indefensión al accionante del amparo, pues no conoce con precisión las razones que sustentan la determinación del juzgadora de origen ante tal cúmulo probatorio, para concluir en la forma en que lo hizo, impidiéndosele de esta manera, controvertir tales probanzas; de ahí que, se insiste, la resolución que constituye el acto reclamado, carece de la debida motivación que debe contener todo acto de autoridad y, por ello, es violatoria del principio de legalidad establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 108. Sin sea obstáculo a lo anterior que la responsable al analizar el cuerpo del delito, haya determinado que la prueba consistente en la comparecencia ministerial con el ofendido haya manifestado, en relación con la enumerada con el uno, que reconocía a la persona a la cual se refirió como "el comandante", que era la persona que lo tenía privado de su libertad y que a cambio exigía la cantidad de $100,000.00 (cien mil pesos) y el carro de "Verónica", fotografía que corresponde al hoy quejoso, ella fue tomada en consideración para analizar el cuerpo del delito, no así la probable responsabilidad del mismo. 109. Ello es así en virtud de que tal probanza solo fue menoscabada por la autoridad responsable (sin valorarse) en el apartado del cuerpo del delito, pero no así en el de la probable responsabilidad; por tanto, no puede ser considerada para los efectos de un señalamiento, dado que en ambos apartados (cuerpo del delito y probable responsabilidad) se estudian cuestiones diversas. 110. Así las cosas el numeral 137 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Tabasco, dispone que para comprobar el cuerpo del delito, se establecerá la adecuación de los hechos acreditados con los elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad del hecho que la ley señale como delito. En los casos en que se incorpore en la descripción de la conducta prevista como delito, un elemento subjetivo o normativo como constitutivo esencial, será necesario acreditarlo. La probable responsabilidad del procesado, se tendrá por demostrada cuando de los medios probatorios existentes, se deduzca su obrar doloso o culposo en el delito que se le imputa y no exista acreditada en su favor alguna causa de exclusión del delito o que extinga la pretensión punitiva. 111. De lo anterior se obtiene que el apartado relativo a la probable responsabilidad penal, es el momento en el cual la autoridad jurisdiccional, después de analizar las pruebas existentes, debe revelar la identidad del autor o partícipe del delito que tuvo por acreditado a título de probable (cuerpo del delito), con base en las pruebas que aporten datos o indicios que permitan identificar al probable responsable. 112. De modo que, si del análisis del auto de formal prisión reclamado se advierte que la autoridad responsable al analizar la probable responsabilidad del aquí quejoso en la comisión del delito de que se trata, fue omisa en justificar cómo llegó a la determinación de que fue el aquí quejoso quien intervino en la comisión del ilícito; esa violación formal provoca la inconstitucionalidad del acto reclamado. 113. Además, al analizar sostuvo que con las declaraciones de Martín Hernández Hernández, Andrea Hernández Patishtan y Verónica Hernández Patishtan, obtuvo que el activo fue Wlfrano Denis Cortazar Valenzuela y/o Wlfrano Denis Cortazar Juárez, fue quien dialogó con el denunciante Lucas Santiz Gómez, sin embargo, del análisis realizado por este juzgador a dichas declaraciones no se advierte que los atestes hayan realizado tal aserto.>> Por las consideraciones transcritas, se concedió el amparo al quejoso, para el efecto precisado en líneas anteriores. CONCLUSIÓN En el presente asunto, no se encuentra cumplida la ejecutoria de amparo en cuestión, porque la nueva resolución dictada por la responsable en la causa penal de mérito, adolece de las siguientes deficiencias. En efecto, aun cuando el juez penal otorga valor probatorio a la comparecencia ministerial del ofendido, omite exponer de manera fundada y motivada, las razones por las cuales lo considera así, pues de manera abstracta refiere para ello que la declaración fue emitida directamente por la afectada, quien, en su criterio, en todo momento detalló la forma y las circunstancias en que fue privada de su libertad, la forma en que fue sometido, así como las características (sic) del lugar y tiempo de su cautiverio. Tampoco atendió a lo indicado en la sentencia de amparo, respecto a analizar si en la especie se actualiza una atenuante del delito de secuestro. De igual forma, subsiste la deficiencia consistente en la omisión de determinar cómo llegó a la conclusión de que fue Wlfrano Denis Cortazar Valenzuela y/o Wlfrano Denis Cortazar Juárez, quien presuntamente privó de la libertad al ofendido, pues se concreta a transcribir las declaraciones de éste, del denunciante y los testigos de cargo, sin evidenciar cuál fue la función del aquí quejoso en la comisión del delito que se le imputa. Asimismo, omite establecer las razones para justificar por qué los medios de prueba que invocó para acreditar la probable responsabilidad del disconforme en la comisión del delito que se le atribuye, son suficientes para ello; tampoco refiere el indicio o indicios que se desprenden de aquéllos para ese efecto. Además, como lo adujo el quejoso, la nueva resolución es incongruente, porque en una parte la responsable estableció que no nace a la vida jurídica lo dispuesto en el inciso a), de la fracción I, del artículo 9 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (foja 138). Sin embargo, al realizar el análisis de la probable responsabilidad del aquí quejoso (foja 144), refiere que el delito de secuestro que se le imputa está previsto y sancionado en el numeral 9 fracción I, inciso a), del ordenamiento jurídico precitado, lo que denota la incongruencia en que incurre la responsable. En las relatadas circunstancias, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara que la ejecutoria dictada en este juicio NO HA QUEDADO CUMPLIDA. Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto en el diverso 192, segundo párrafo, del ordenamiento jurídico precitado, requiérase a la autoridad responsable en cuestión, para que dentro del plazo de tres días cumpla con el fallo protector en los términos señalados en el mismo, debiendo dentro del propio lapso remitir a este Juzgado las constancias con las que acredite lo anterior.

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