Wlfrano Denis Cortázar Valenzuela
Expediente 754/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 754/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 26/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Wlfrano Denis Cortázar Valenzuela
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
MESA 4 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista, la certificación secretarial que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, el veintinueve de enero de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ el juicio de amparo, mientras que en el segundo punto, se CONCEDIÓ el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso WLFRANO DENIS CORTÁZAR VALENZUELA; por lo que, con fundamento en el artículo 2o. de la Ley invocada, en relación con los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para los efectos legales procedentes; consecuentemente, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente. Con fundamento en el artículo 192, último párrafo de la Ley de Amparo, requiérase a la SEGUNDA SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TABASCO, para que dentro del término de cinco días hábiles, al en que quede notificada del presente acuerdo, cumpla con el fallo protector concedido a la parte quejosa, consistente en: [.] a. Deje insubsistente la resolución de veinticinco de junio de dos mil dieciocho, dictada en el recurso de apelación 50/2018-II de su índice, en la que determinó revocar el auto impugnado16 y decretó orden de aprehensión contra Wlfrano Denis Cortázar Valenzuela y/o Wlfrano Denis Cortázar Juárez, como probable responsable del delito de secuestro, previsto y sancionado por el artículo 9 fracción I, inciso a, en relación a los diversos 10 fracciones I, incisos a, b y c; y II, inciso a, y 12, de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en agravio de Mariano Santiz Hernández. b) En su lugar, con plenitud de jurisdicción, emita nueva determinación en la que subsane las omisiones y deficiencias destacadas en este fallo, esto es, de manera fundada y motivada establezca: b.1 Al momento de otorgar valor probatorio a la inspección ministerial del lugar en donde fue privado de su libertad el pasivo MarianoSantiz Hernández, para acreditar los elementos del cuerpo del delito en cuestión, precise las razones por las que le otorga eficacia jurídica. b.2 Analice si, en la especie, se actualiza o no la atenuante a que se refiere el artículo 12 de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exponiendo las razones de su decisión. c) Previa reiteración, en su caso, de lo que no haya sido materia de la concesión en el presente juicio, y, una vez subsanada las deficientes precitadas, realice el estudio de la probable responsabilidad y resuelva lo que en derecho corresponda. [.] Debiendo remitir las constancias certificadas relativas por duplicado a efecto de correrle traslado con una de ellas a la parte quejosa, con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del plazo señalado, con fundamento en el artículo 258, de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $89.62 (ochenta y nueve pesos con sesenta y dos centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintiuno, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, vigente a partir del uno de febrero del dos mil veintiuno. Asimismo, con apoyo en el Acuerdo General 5/2013, de trece de mayo dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se procederá de oficio a iniciar el incidente de inejecución de sentencia, y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad, para los efectos previstos en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que puede culminar con la separación del cargo y consignación ante el Juez de Procesos Federales por el delito previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo. Devuélvase al JUZGADO SEGUNDO PENAL DE PRIMERA INSTANCIA DE CENTRO, TABASCO, el original de la causa penal 56/2016, que adjuntó a su informe justificado, constancia que se manejó por cuerda separada, constante de un tomo. Asimismo, a la SEGUNDA SALA PENAL DE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TABASCO, el original del toca penal 50/2018-II, que envió como anexo a su informe justificado, constancia que se manejó por cuerda separada, constante de un tomo. Notifíquese.
- Principal
mea 4 VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 754/2020-4, promovido por Wilfrano Denis Cortázar Valenzuela, contra actos del Juez Segundo Penal de Primera Instancia de Centro, Tabasco y otras autoridades, con residencia en esta ciudad, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 8, 9, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el veintiséis de mayo de dos mil veinte (fojas 6 a 42), en la guardia correspondiente al Juzgado Quinto de Distrito en el Estadio de Tabasco, Wilfrano Denis Cortazar Valenzuela, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS 1 La orden de aprehensión dictada en la causa penal 56/2016, así como su ejecución. 2 La falta de notificación de la precitada orden de aprehensión. AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Juez Segundo Penal de Primera Instancia de Centro, Tabasco. 2 Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco. Director General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Tabasco. 5 Director de Investigación Policía en el Estado de Tabasco. 6 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. En auto de veintiséis de mayo de dos mil veinte (fojas 48 a 51), el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco, admitió a trámite la demanda de mérito, con el expediente 569/2020-III-2; requirió a las autoridades responsables para que rindieran informe justificado; dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción; y fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. SUSPENSIÓN DE LABORES Y ATENCIÓN DE CASOS URGENTES. Con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 4/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se ordenó la suspensión de labores en los órganos jurisdiccionales del dieciocho de marzo al diecinueve de abril de dos mil veinte, por lo que durante el citado periodo no correrían plazos ni términos procesales. Posteriormente, se extendió el citado plazo hasta el cinco de mayo del presente año, con fundamento en el????????? artículo 1 del Acuerdo 6/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó y adicionó su similar 4/2020. Luego, en Acuerdo General 8/2020, que entró en vigor el seis de mayo del año en curso, se determinaron diversos supuestos para reactivar la función jurisdiccional durante el período del seis al treinta y uno de mayo de dos mil veinte. Asimismo, en Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determinó, en lo conducente, lo siguiente: "Artículo 1. Esquema de contingencia. Con el objetivo de dar continuidad a las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus, así como reanudar las actividades jurisdiccionales en mayor escala dentro del Poder Judicial de la Federación, se establece que durante el período del 16 al 30 de junio de 2020, la función jurisdiccional se regirá por los siguientes postulados: I. Trámite y resolución de casos urgentes. Sólo se dará trámite a los escritos iniciales que se presenten físicamente en aquéllos asuntos que se califiquen como "urgentes", de conformidad con lo dispuesto en Capítulo I del presente Acuerdo. Adicionalmente, cada órgano jurisdiccional dará seguimiento oficioso a los asuntos que haya radicado al calificarlos como "urgentes", para lo cual se fijarán los avisos respectivos sobre el personal de contacto, en términos de lo dispuesto en el Capítulo Cuarto, Título Segundo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de la actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. En estos casos, en su primera actuación, las y los juzgadores, incluyendo a secretarias y secretarios en funciones o encargados de despacho (en adelante "titulares"), exhortarán a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. II. Resolución de casos tramitados físicamente. Se habilita la posibilidad de resolver los casos ya radicados y que se hayan tramitado físicamente, en los que únicamente quede pendiente la emisión de sentencia o resolución final, de conformidad con lo previsto en el Capítulo II del presente Acuerdo. III. Recepción, trámite y resolución de casos tramitados mediante "juicio en línea". Se habilita la recepción de casos nuevos, la reanudación de los radicados con anterioridad al inicio del período de contingencia y, en ambos casos, su tramitación y eventual resolución, siempre que la totalidad o la mayoría de sus actuaciones se puedan realizar a través de medios electrónicos, mediante el esquema conocido como "juicio en línea", con excepción de aquéllos en los cuales se requiera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que sea necesaria la presencia física de las partes y que no puedan desahogarse mediante videoconferencias, o cuando resulte necesaria la práctica de notificaciones personales, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo III del presente Acuerdo.". En Acuerdo General 18/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 13/2020 relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, en relación con el periodo de vigencia, se instituyó lo siguiente: "ÚNICO. Se reforma el artículo 1, párrafo primero del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, para quedar como sigue: Artículo 1. Esquema de contingencia. Con el objetivo de dar continuidad a las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus, así como reanudar las actividades jurisdiccionales en mayor escala dentro del Poder Judicial de la Federación, se establece que durante el período del 16 de junio al 31 de julio de 2020, la función jurisdiccional se regirá por los siguientes postulados.". Luego, en Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, en lo que interesa, se instituyó lo siguiente:???????????? "Artículo 1. Vigencia. Con el objetivo de reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación (en adelante "PJF"), mientras se garantiza la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19, del 3 de agosto al 31 de octubre, ambos de 2020, la actividad jurisdiccional se sujetará a las reglas establecidas en el presente Acuerdo. Artículo 2. Reanudación de plazos y términos procesales. Se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del 18 de marzo al 31 de julio de 2020, con las siguientes precisiones, que atienden a la subsistencia de la situación de emergencia y a la necesidad de permitir el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal.". Por último, en Acuerdo General 26/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se reformó el artículo 1° del anterior Acuerdo General 22/2020, para quedar de la siguiente forma: "Artículo 1 Vigencia. Con la finalidad de evitar la concentración de personas y, con ello, la propagación del virus que ocasiona la enfermedad Covid-19, las labores de las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal se sujetarán a las siguientes modalidades durante el período comprendido del 1 de agosto de 2020 al 15 de enero de 2021." CUARTO. EMPLAZAMIENTO DEL TERCERO INTERESADO. Por auto de veintinueve de mayo de dos mil veinte, se ordenó emplazar al tercero interesado, por lo que el cinco de agosto de dos mil veinte (fojas 96 y 97), se emplazó a Mariano Santiz Hernández. Asimismo, en proveído de veinticinco de junio de dos mil veinte, se ordenó emplazar a la fiscal del Ministerio Público adscrita a la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabacos, lo que aconteció el veintiséis siguiente (foja 93). QUINTO. DECLINACIÓN DE COMPETENCIA. En acuerdo de veintiocho de agosto de dos mil veinte (fojas 98 a 101), el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco, declinó a favor de este órgano jurisdiccional, la competencia del juicio de amparo 569/2020-III-2 de su índice, por conocimiento previo. SEXTO. ACEPTACIÓN DE COMPETENCIA. Mediante auto de dos de septiembre de dos mil veinte (fojas 104 a 109), este juzgado federal aceptó la competencia declinada, admitió a trámite la demanda con el expediente 754/2020-4, ordenó notificar a las partes la radicación del juicio; y fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo en términos del acta que antecede CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en términos del Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece.??????????? Lo anterior, en virtud de que las autoridades responsables tienen su residencia en la circunscripción donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 26/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I1, de la Ley de Amparo; para eso, es imprescindible efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Al respecto, es de tomar en cuenta la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917- Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y 1 Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado; ... sus efectos, Novena Época, de rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD".2 Asimismo, es aplicable la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda, se desprende que la parte quejosa sustancialmente reclama: a) La orden de aprehensión dictada en la causa penal 56/2016, del índice del Juzgado Segundo Penal de Primera Instancia de Centro, Tabasco, así como su ejecución. b) La falta de notificación de la precitada orden de aprehensión. TERCERO. INEXISTENCIA. No son ciertos los actos reclamados al Juzgado Segundo Penal de Primera Instancia, con sede en Centro, Tabasco, porque, aun cuando los haya aceptado al 2 Esta tesis y las subsecuentes que se citen en el presente fallo, que se hayan formulado antes de la Ley de Amparo publicada dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se aplican con base en el artículo Sexto transitorio del Decreto de creación de ésta, mismo que prevé que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga al nuevo ordenamiento jurídico???? rendir informe justificado la encargada del despacho por ministerio de ley (foja 62), de éste y de las copias certificadas que remitió de la causa penal en cuestión,3 se desprende que fue otra autoridad la emisora de la aludida orden de captura. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63 fracción IV de la Ley de Amparo, se decreta el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio. Sobre el particular, sirve de apoyo la tesis VII.1o.C.4 K, formulada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Julio de 1997, Materia(s): Común, página 433, registrada con el número 198320, del siguiente rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE AUN CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE ADMITA LA VERACIDAD DEL MISMO AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La circunstancia de que la autoridad responsable, al rendir su informe con justificación, manifieste que es cierto el acto que se reclama, no impide decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, si de las constancias procesales se desprende lo contrario, es decir, que se desvirtúa la aseveración de la autoridad designada como responsable, respecto de la certeza del acto que se le atribuye. En consecuencia, de 3 Documentos que tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130, 197, 202 y 217, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°, ya que los primeros fueron expedidos por servidor público en ejercicio de las atribuciones que legalmente le competen, mientras que las segundas constituyen la videograbación de las actuaciones llevadas a cabo por la responsable, que tienen la certificación de la fecha y lugar en que fueron realizadas, así como de los hechos que contienen. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, del rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". acuerdo con la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio en tal hipótesis". CUARTO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Son ciertos los actos reclamados a la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia y a la Fiscalía General, ambas del Estado Tabasco, por haberlos reconocido en el informe justificado (fojas 77 y 83), lo que se corrobora con las constancias originales que la primera remitió del toca penal 50/2018-II de su índice, en donde consta que es la emisora de la orden de aprehensión. Documentos que tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130, 197, 202 y 217, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°, ya que los primeros fueron expedidos por servidor público en ejercicio de las atribuciones que legalmente le competen, mientras que las segundas constituyen la videograbación de las actuaciones llevadas a cabo por la responsable, que tienen la certificación de la fecha y lugar en que fueron realizadas, así como de los hechos que contienen. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, del rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO".??????? En consecuencia, se estiman ciertos los actos reclamados a la Dirección General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ambos del Estado de Tabasco, aun cuando los hayan negado, ya que tienen el carácter de autoridades ejecutoras y dentro de sus atribuciones legales, está la de llevar a cabo la ejecución de las determinaciones de la aludida Sala Penal. Sirve de apoyo, por analogía, la jurisprudencia VI.1º.P.J/42 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, consultable en la página 913, Tomo XVII, abril de dos mil tres, novena época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "AMPARO DIRECTO. LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO A LA EJECUTORA, DEPENDE DE QUE LA ORDENADORA LA ADMITA Y DE SU LEGAL INTERVENCIÓN EN LA EJECUCIÓN, CON INDEPENDENCIA DE LA FALTA DE INFORME JUSTIFICADO DE AQUÉLLA O DE LA NEGATIVA DE SU EXISTENCIA, PUES NO RESULTA APLICABLE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO. En la sustanciación del juicio de amparo directo, para determinar la certeza del acto reclamado a la autoridad ejecutora, es suficiente que la autoridad señalada como ordenadora admita la existencia de la sentencia, laudo o resolución que ponga fin a un juicio cuya ejecución se reclama, a pesar de que la referida autoridad ejecutora hubiera omitido rendir su informe, o rindiéndolo, hubiera negado su existencia, siempre y cuando esté entre sus facultades el cumplimiento de la misma. Lo anterior debido a que en los juicios de amparo directo sólo procede impugnar sentencias, laudos o resoluciones que pongan fin a un juicio, así como su ejecución, en vía de consecuencia lógica jurídica y no por vicios propios, tal como lo ha resuelto el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia de rubro: "AMPARO DIRECTO. ES PROCEDENTE CONTRA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA DEFINITIVA O LAUDO, CUANDO SE IMPUGNAN EN VÍA DE CONSECUENCIA Y NO POR VICIOS PROPIOS.". Esto es, ante la omisión del informe justificado de la autoridad señalada por el quejoso como ejecutora, ya sea porque no fue debidamente emplazada o porque habiéndolo sido no lo rindió, no puede presumirse cierto el acto a ella atribuido, conforme lo dispone el artículo 149 de la Ley de Amparo, debido a que éste sólo rige en la sustanciación del juicio de amparo indirecto, al no poderse hacer una aplicación extensiva del mismo precepto, toda vez que la naturaleza del juicio uniinstancial es diversa a la de aquél, puesto que mientras en la vía directa los actos reclamados cuyo estudio se efectúa siempre deben ser reales y de existencia comprobada en autos, pues su análisis sólo puede hacerse mediante el examen de lo efectiva y expresamente expuesto por la responsable; y en estas condiciones, de concederse el amparo, la ordenadora siempre deberá emitir un nuevo fallo, que desde luego trasciende a las autoridades ejecutoras; en la indirecta, los actos de ejecución impugnados no siempre son reales, sino en ocasiones producto de una ficción jurídica, y en este último caso, en el supuesto de una concesión del amparo, fundada en la presunción del acto reclamado que sea inconstitucional en sí mismo, debe cumplirse con independencia de que efectivamente el acto sea existente, en razón de que para efectos única y exclusivamente del juicio de amparo sí lo es, tal como ya se ha pronunciado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada número CXXXIV, cuyo rubro es: "SENTENCIA DE AMPARO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE REVOCAR EL ACTO DECLARADO INCONSTITUCIONAL QUE SE TUVO POR CIERTO ANTE LA FALTA DE INFORME JUSTIFICADO Y QUE EN SÍ MISMO ES VIOLATORIO DE GARANTÍAS, CON INDEPENDENCIA DE QUE EFECTIVAMENTE LO HAYA EMITIDO."; lo que en la vía directa de ninguna manera podría operar, dado que la calificación de la constitucionalidad del acto reclamado, invariablemente dependerá de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el mismo. Por otro lado, y en el caso de que la responsable ejecutora al rendir su informe justificado hubiera negado la existencia del acto a ésta, también deberá tenerse por cierto, siempre que la ordenadora lo hubiera reconocido, y entre las funciones de la ejecutora esté el cumplimiento del referido acto, debido a su naturaleza vinculativa con el de la ordenadora, en donde, lo que se resuelva respecto de uno, tiene que resolverse igualmente por lo que toca al otro, esto es, lo accesorio sigue la suerte de lo principal." Con motivo de lo anterior, es infundada la causal de sobreseimiento que hace valer el Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Tabasco. QUINTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes; y de conformidad con lo dispuesto??????? por el artículo 624 de la ley de la materia tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. SEXTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. De las constancias procesales remitidas por el Juzgado Segundo Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco5 y la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la misma entidad federativa, ambos con residencia en esta ciudad, se advierte que: 1) El dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, se inició la averiguación previa AP-FCTP-21/2016, del índice de la Fiscalía del Ministerio Público Investigador adscrito a la Fiscalía para el Combate a la Trata de Personas de Villahermosa, Tabasco, con motivo de la remisión de la diversa averiguación previa APFCS- 52/2015 y su acumulada FECON-17/2015, por el delito de secuestro y los que resultaran, cometidos en agravio de Mariano Santiz Hernández (fojas 5 y 6 del tomo I de pruebas). 2) Mediante pliego de consignación de veintinueve de julio de dos mil dieciséis, la Fiscalía para el Combate a la Trata de Personas ejerció acción penal contra Wlfrano Denis 4Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo 5 Autoridad sustituta del Juzgado Quinto Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial, con residencia en Centro, Villahermosa, Tabasco. Cortázar Valenzuela y/o Wlfrano Denis Cortázar Juárez, como probable responsable en la comisión del delito de secuestro, previsto y sancionado en los artículos 9 fracción I incisos a y d; y 10 fracción I, incisos a, b y c; y, fracción II, inciso a, de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en agravio de Mariano Santiz Hernández (fojas 465 a 522 del tomo I de pruebas). 3) De la citada indagatoria conoció el Juez Segundo Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco, que por auto de diez de agosto de dos mil dieciséis, la registró con el número de proceso 56/2016 (fojas 523 y 524 del tomo I de pruebas). 4) El diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, la precitada autoridad libró orden de aprehensión contra Wlfrano Denis Cortázar Valenzuela y/o Wlfrano Denis Cortázar Juárez, como probable responsable del delito de secuestro, previsto y sancionado por los artículos 9 fracción I, incisos a y d; y 10 fracción I, incisos a, b y c; y, fracción II, inciso a, de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en agravio de Mariano Santiz?????????? Hernández (fojas 537 a 574 del tomo I de pruebas). 5) En contra de la aludida determinación, Wlfrano Denis Cortázar Valenzuela promovió juicio de amparo indirecto, mismo que fue registrado con el expediente 1369/2016, del índice de este órgano jurisdiccional federal, y en apoyo, fue resuelto por el Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, mediante sentencia de seis de enero de dos mil diecisiete (fojas 661 a 672 del tomo I de pruebas), en la que le concedió la protección constitucional para los siguientes efectos: "a) Deje insubsistente la orden de aprehensión de diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, dictada en la causa penal 56/2016, instruida contra Wlfrano Denis Cortázar Valenzuela y/o Wlfrano Denis Cortázar Juárez, como probable responsable del delito de secuestro, previsto y sancionado por los artículos 9 fracción I, incisos a y d, en relación con el 10 fracción I, incisos a, b y c, fracción II, inciso a, de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en agravio de Mariano Santiz Hernández. b) En su lugar, con plenitud de jurisdicción emita nueva determinación en la que subsane las omisiones y deficiencias destacadas en este fallo; esto es: b.1. En atención al contenido del numeral 112 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco, se pronuncie si, en el caso, se encuentran satisfechos o no los requisitos de procedibilidad de la denuncia, para lo cual deberá cumplir con los postulados de fundamento y motivación a que se refiere el artículo 16 Constitucional. b.2. De estimar que sí se cumplieron con los requisitos de procedibilidad, deberá fundar y motivar de manera detallada cuál hipótesis normativa se actualiza en el caso o explique por qué se actualizan ambas (artículo 9, fracción I, incisos a y d de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), ello debido que, se trata de supuestos totalmente autónomos, así como con qué pruebas y porqué razones considera acreditados los elementos del tipo penal y la probable responsabilidad del inculpado en su comisión". 6) En cumplimiento de la ejecutoria precitada, el Juez Segundo Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco, en auto de tres de febrero de dos mil diecisiete, dejó sin efectos el aludido acto reclamado y, en su lugar, nuevamente libró orden de aprehensión contra Wlfrano Denis Cortázar Valenzuela y/o Wlfrano Denis Cortázar Juárez, como probable responsable del delito de secuestro, previsto y sancionado por el artículo 9 fracción I, inciso d, en relación al diverso 10 fracciones I, incisos a, b y c; y II, inciso a, de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en agravio de Mariano Santiz Hernández (fojas 679 a 739 del tomo I de pruebas). 7) En auto de nueve de marzo de dos mil diecisiete, este juzgado federal declaró no cumplida la ejecutoria de amparo y requirió su acatamiento (fojas 795 a 803 del tomo I de pruebas).?????????? 8) Mediante auto de diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, el referido juez penal libró orden de aprehensión contra Wlfrano Denis Cortázar Valenzuela y/o Wlfrano Denis Cortázar Juárez, como probable responsable del delito de secuestro, previsto y sancionado por el artículo 9 fracción I, inciso a, en relación al diverso 10 fracciones I, incisos a, b y c; y II, inciso a, de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en agravio de Mariano Santiz Hernández (fojas 807 a 850 del tomo I de pruebas). 9) En determinación de veintiocho de abril de dos mil diecisiete, este juzgado federal declaró cumplida la ejecutoria de amparo en cita (fojas 915 a 937 del tomo I de pruebas). 10) En contra de la orden de aprehensión precitada, Wlfrano Denis Cortázar Valenzuela promovió juicio de amparo indirecto, mismo que fue registrado con el expediente 529/2017, del índice de este órgano jurisdiccional federal, y en apoyo, fue resuelto por el Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, mediante sentencia de once de julio de dos mil diecisiete (fojas 953 a 985 del tomo I de pruebas), en la que le concedió la protección constitucional para los siguientes efectos: "a) Deje insubsistente la orden de aprehensión de diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, dictada en la causa penal 56/2016, instruida contra Wlfrano Denis Cortázar Valenzuela y/o Wlfrano Denis Cortázar Juárez, como probable responsable del delito de secuestro, previsto y sancionado por los artículos 9 fracción I, inciso a, en relación con el 10 fracción I, incisos a, b y c, de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en agravio de Mariano Santiz Hernández. b) En su lugar, con plenitud de jurisdicción emita nueva determinación en la que subsane las omisiones y deficiencias destacadas en este fallo; esto es: b.1. Se pronuncie respecto a la probanza consistente en la comparecencia ministerial del ofendido, y de manera fundada y motivada exponga si merece valor probatorio o no. b.2. Analice si en la especie se actualiza la atenuante prevista en el numeral 12 de la de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. b.3 Se pronuncie respecto de la probable responsabilidad del quejoso William Rafael Madrigal Cabrera, estableciendo de manera precisa con cuál material probatorio llegó a dicha determinación, esto es, exponga de qué probanzas se advierte un señalamiento en contra del sujeto activo del delito". 11) En cumplimiento de la precitada ejecutoria, el Juez Segundo Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco, en auto de veintidós de agosto de dos mil diecisiete, dejó sin efectos el aludido acto reclamado y, en su lugar, nuevamente libró orden de aprehensión contra Wlfrano Denis Cortázar Valenzuela y/o Wlfrano Denis Cortázar Juárez, como probable responsable????? del delito de secuestro, previsto y sancionado por el artículo 9 en relación a los diversos 10 fracciones I, incisos a, b y c; y II, inciso a, y 12 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en agravio de Mariano Santiz Hernández (fojas 991 a 1013, 1029 a 1036 del tomo I de pruebas). 12) En determinación de veintidós de septiembre de dos mil diecisiete, este juzgado federal declaró no cumplida la aludida ejecutoria de amparo y requirió su acatamiento (fojas 1023 a 1028 y 1037 del tomo I de pruebas). 13) Con motivo de lo anterior, el Juez Segundo Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco, en auto de veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, negó la orden de aprehensión solicitada por la representación social contra Wlfrano Denis Cortázar Valenzuela y/o Wlfrano Denis Cortázar Juárez, como probable responsable del delito de secuestro, previsto y sancionado por el artículo 9 en relación a los diversos 10 fracción I, incisos a, b y c; y II, inciso a, y 12 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en agravio de Mariano Santiz Hernández (fojas 1039 a 1069 del tomo I de pruebas). 14) En auto de seis de noviembre de dos mil diecisiete, este juzgado federal declaró cumplida la ejecutoria de amparo (fojas 1093 a 1095 del tomo I de pruebas). 15) Inconforme con la resolución del juez penal de primera instancia, el Fiscal del Ministerio Público interpuso recurso de apelación, el cual fue registrado con el toca 50/2018-II, del índice de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, que en sentencia de veinticinco de junio de dos mil dieciocho, determinó revocar el precitado auto y decretó orden de aprehensión contra Wlfrano Denis Cortázar Valenzuela y/o Wlfrano Denis Cortázar Juárez, como probable responsable del delito de secuestro, previsto y sancionado por el artículo 9 fracción I, inciso a, en relación a los diversos 10 fracción I, incisos a, b y c; y II, inciso a, y 12, de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en agravio de Mariano Santiz Hernández (fojas 59 a 142 del tomo II de pruebas).??????????? SÉPTIMO. PLANTEAMIENTO Y DECISIÓN DE ESTE JUZGADOR FEDERAL. Como quedó asentado en el considerando relativo, el impetrante de amparo reclama en esencia: a) La orden de aprehensión dictada en la causa penal 56/2016, del índice del Juzgado Segundo Penal de Primera Instancia de Centro, Tabasco, así como su ejecución. b) La falta de notificación de la precitada orden de aprehensión. Al respecto, aduce que la responsable infringe lo dispuesto en los artículos 1, 8, 9, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sobre el particular, formula los conceptos de violación correspondiente, mismos que se omite transcribir en términos de lo determinado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 50/2010; criterio que fue sintetizado en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, de mayo de 2010, página 830, cuyo rubro es "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". Ahora bien, este juzgador considera que, suplidos en su deficiencia,6 es fundado el motivo de inconformidad en el que el quejoso señala que el acto reclamado carece de la debida fundamentación y motivación. En efecto, el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone en su primer párrafo: "Articulo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento [.]". El dispositivo constitucional transcrito, contiene el derecho fundamental de legalidad, consistente en que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado. La exigencia de fundamentación se entiende como el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer. Presupuesto que tiene su origen en el principio de legalidad que, en su aspecto imperativo, consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. Por su parte, la exigencia de motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. 6 En términos de la fracción III inciso a), del artículo 79 de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado deriva de un proceso penal en donde el aquí quejoso tiene el carácter de inculpado.???????????? Para colmar los anteriores requisitos, es necesaria una correlación entre los fundamentos jurídicos y los motivos de hecho, lo que supone un razonamiento de la autoridad para demostrar la aplicabilidad de los preceptos legales invocados a los hechos de que se trate. La anterior consideración tiene sustento en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con el número 204, está publicada en el tomo VI, Materia Común, del Apéndice 2000 al Semanario Judicial de la Federación, página 166, de rubro y texto: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". Consideraciones similares contiene la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de dos mil cinco, página 162, de rubro "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE". Debe distinguirse entre falta e indebida fundamentación y motivación en los actos de autoridad. La falta de dichos presupuestos constitucionales, es la omisión total de expresar el dispositivo legal aplicable al particular, y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso se ajusta a la hipótesis normativa. En cambio, la indebida fundamentación, ocurre cuando la autoridad invoca el precepto legal, pero resulta inaplicable al caso; mientras que la indebida motivación, se actualiza cuando expresa razones para emitir su acto, sin embargo, éstas no se adecuan a la hipótesis normativa, o bien, ésta se interpreta en forma errónea.7 En ese tenor, del numeral 16 de la Carta Magna y 155 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Tabasco8, se obtiene que, para emitirse una orden de aprehensión, se deben satisfacer las exigencias siguientes: 7 Sirve de sustento la jurisprudencia I.3o.C. J/47, visible en la página 1964, del tomo XXVII, de febrero de 2008, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR". 8 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad y existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado [.]" Código de Procedimientos Penales para el Estado de tabasco. "Artículo 155. Satisfechos los requisitos previstos por el artículo 16 de la Constitución General de la República, el Juez expedirá orden de aprehensión, fundada y motivada, citando la jurisprudencia aplicable, con la clasificación de los hechos delictuosos por los que se dispone la captura. Para el cambio de clasificación de los hechos en el curso del proceso, se estará a lo previsto en este Código. Cuando se modifique dicha clasificación, el juzgador lo hará saber al inculpado y le explicará las características de la nueva clasificación establecida. Quien ejecute la orden de aprehensión debe poner al aprehendido físicamente a disposición de su Juez sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad, dejando constancia del tiempo transcurrido y de las incidencias presentadas, en caso de haberlas, entre el momento de la captura y aquél en que se pone al sujeto a disposición del Juez. Cuando la persona que se deba aprehender se encuentre recluida en lugar distinto al de residencia del Juez, se tendrá por cumplida la orden cuando se haga de su conocimiento esta circunstancia por la Policía Judicial. Hecho esto, el Juez requerirá inmediatamente auxilio del Juez que resida en el lugar donde se encuentre el detenido para que le tome su declaración preparatoria y resuelva la situación jurídica".?????????????? (1) Que se exprese por escrito. (2) Que provenga de autoridad judicial, competente. (3) Que preceda denuncia o querella. (4) Que se trate de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad. (5) Que se funde y motive la causa legal del procedimiento. (6) Que existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad. Exigencias que encuentran sustento en mérito del derecho de defensa, pues de no ser así, el inculpado carecería de la oportunidad de ejercerlo adecuadamente, equivalente a un estado de indefensión. En el caso, el acto reclamado se apoya en las siguientes consideraciones: ". VI. Así, en términos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, se procede a estudiar las constancias procesales para estar en condiciones de determinar si los requisitos previstos en tal norma constitucional se encuentran satisfechos en el presente caso. En ese sentido, el indicado precepto constitucional exige para el dictado de una orden de aprehensión lo siguiente: a) Que sea dictado por autoridad judicial competente; b) que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito; c) que ese delito esté sancionado por la ley, cuando menos con pena privativa de libertad; d) que existan datos que acrediten el cuerpo del delito y; e) que tales datos hagan probable la responsabilidad del indiciado. Por lo tanto, el primer requisito identificado con el inciso a), se encuentra acreditado, ya que la resolución fue emitida por el Juez Segundo Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco, autoridad judicial que conforme al artículo 55, párrafo primero, de la Constitución Política del Estado de Tabasco, el cual previene que el Poder Judicial se deposita, entre otros Órganos, en los Juzgados de Primera Instancia, así como el artículo 49, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado Tabasco, que precisa la competencia de los Juzgados Penales de Primera Instancia, ello en relación con los numerales 8 y 18, ambos del Código de Procedimientos Penales en Tabasco, abogado pero aplicable al caso. En ese contexto, si los hechos acontecieron en el municipio de Centro Tabasco, (calle río Grijalva número 215 colonia Casa Blanca), y el Juez Segundo Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco, tiene competencia para conocer del asunto por ejercer jurisdicción en ese lugar, acordé al arábigo 21 del código de proceder en la materia, entonces dicho juzgado resulta competente para conocer la citada causa penal, y resolver los autos consignados por el Órgano Investigador. El requisito consistente en que preceda denuncia (inciso b) a consideración de este cuerpo colegiado se actualiza pues Lucas Santiz Gómez en nombre y representación de su hijo Mariano Santiz Hernández compareció ante la autoridad ministerial a poner de su conocimiento los hechos delictuosos cometidos en agravio de su hijo, para que ésta con la facultad que la ley le confiere se avocara a la investigación, no obstante el ofendido mediante escrito de tres de marzo de dos mil quince, el cual fue ratificado ante el órgano investigador el catorce del citado mes y año le hizo del conocimiento hechos posibles de carácter delictuoso. En cuanto al requisito marcado con el inciso c) relativo a que el delito esté sancionado por la ley, cuando menos con pena privativa de libertad, en la especie se tiene por acreditado ya que la fracción I del artículo 10 establece pena privativa de libertad de 50 a 90 años, ambos de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, respecto a los incisos d) y e) relativos a que existan datos que acrediten el cuerpo del delito y hagan probable la responsabilidad de los consignados, serán materia análisis a continuación. VII. Consecuentemente, se procede al estudio del cuerpo del delito a fin de establecer si se acreditan los elementos estructurales del antijurídico en análisis -SECUESTRO- previsto y sancionado por los artículos 9 y 10 fracción I, incisos a), b) y c), fracción II inciso a) y 12 de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en términos determinado por el Juez de origen. Empero, antes de entrar al estudio de este apartado es necesario puntualizar que la lectura realizada la determinación ministerial, este Tribunal considera que también resulta acertada la solicitud que hace el Ministerio público al establecer que en el presente asunto se acredita la hipótesis contenida en el inciso a) de la fracción I del artículo 9 de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, relativo a que la privación de la libertad se efectuó con el propósito de obtener para sí o para un tercero un rescate. René Peña Morgan???????????? Lo anterior es así, ya que de la denuncia del pasivo se obtiene que cuando lo tuvieron privado de su libertad en el edificio que ocupa el centro de operaciones especiales de la Procuraduría General de la República ubicado en la calle Dr. Gustavo a. rovirosa Pérez, número 117, colonia Tamulté de las Barrancas de Villahermosa Tabasco, adujo que la persona que se identificó con él como el comandante, le realizó una llamada a su padre pidiéndole la cantidad de cien mil pesos para liberarlo, lo que se corroboró con la declaración de Lucas Santiz Gómez, quién ante el Órgano Investigador puso de conocimiento primeramente, que una persona del sexo masculino le realizó una llamada en la que le comunicó que su hijo estaba detenido porque lo habían encontrado con droga y que tenía que presentarse el domicilio antes detallado, razón por la que éste en compañía de Martín Hernández Hernández y Andrea Hernández Patishtán se presentaron al lugar indicado y ahí la persona que también se identificó con ellos como el comandante quién les dijo que le diera la cantidad de cien mil pesos para poder liberar a la víctima o en su caso que le endosaran la factura del carro tipo platina de la marca Nissan que también se encontraba en uno de los espacios que ocupan dichas oficinas, razón por la testigo Verónica Hernández Patishtán tuvo que acudir a las citadas oficinas, ya que el vehículo está a nombre del esposo de ésta y por ello se entrevistó con el comandante a quién le dijo que no podía endosarle la factura porque dicho documento lo tenía en el lugar donde ella es originaria (comunidad de Bautista Grande, Chamula Chiapas). Declaraciones a las que se le concede valor jurídico de indicio en términos del artículo 108 del código de procedimientos penales abrogado pero aplicable al caso, ya que el primero fue emitido por la persona que se vio afectada en su libertad personal y en tanto que los otros fueron testigos presenciales no sólo del lugar donde la víctima se encontraba privado de su libertad, sino también del momento en que el sujeto activo les pidió la cantidad de cien mil pesos o el endoso de la factura del vehículo para liberar al ofendido; por ende, no queda lugar a dudas que la privación de la libertad sufrida por el pasivo se efectuó con el propósito de obtener un rescate. Bajo ese panorama, este Tribunal realizará el estudio de los elementos estructurales del antijurídico en análisis - SECUESTRO- previsto y sancionado por los artículos 9 fracción I, inciso a), 10 fracción I, Incisos a), b) y c), fracción II inciso a) y 12 de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de donde se colige que para la configuración del delito de secuestro es menester que se reúnan los elementos siguientes: a) La privación de la libertad de una persona b) Que esa acción sea con el propósito de obtener un rescate para sí calificativas: ? Que la privación de la libertad se realice en un camino público. ? Que se lleve a cabo por un grupo de dos o más personas ? Que se realice con violencia ? Que el autor o autores del delito hayan sido integrantes de una institución de seguridad pública. Elementos que a consideración de quienes resolvemos se tienen por satisfechos, pues los primero dos relativos a la privación de la libertad de una persona, como el que dicha acción se haya efectuado con el propósito de obtener un rescate se acreditan primeramente con la denuncia formulada por Lucas Santiz Gómez, quien ante el órgano investigador en fecha de tres de marzo de dos mil quince expuso: .Medio de convicción al cual se le otorga valor de indicio conforme al numeral 108 del Código Adjetivo Penal abrogado pero aplicable al caso, ya que el denunciante se presentó ante la autoridad ministerial haciendo de su conocimiento del delito de secuestro cometido en agravio de su hijo, lo cual originó la intervención legal del órgano investigador, conforme a las facultades que le otorga el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior se corrobora con la declaración emitida por la propia víctima Mariano Santiz Hernández, realizada mediante escrito de tres (03) de marzo de dos mil quince (2015), quien manifestó, en lo que interesa, que: .Escrito que fue ratificado por el aludido ofendido en comparecencia de catorce de marzo de dos mil quince, a la cual se le otorga valor jurídico en términos del artículo 108 de la ley de la materia, toda vez que fue emitido por la persona directamente afectada, quién en todo momento detalló la forma y circunstancias en que fue privado de su libertad, así como la forma en que fue sometido, características del lugar y tiempo que se prolongó su cautiverio. Deposición que constituye un indicio pues la víctima narró hechos que resintió en lo personal y aprecio a través de sus sentidos, sin que se advierta que hubiese tenido comunicación con otras personas que lo indujera a declarar como lo hizo y menos aún se desprenden datos que evidencien un interés de perjudicar al activo; además, fue exhortado para conducirse con verdad; por tanto, se considera como indicio, al hacer del conocimiento del órgano investigador que los sujetos activos lo privaron de su libertad con la intención de obtener un rescate. Aunado a que se exteriorizó el hecho de que para su liberación se le exigía a su padre Lucas Santiz Gómez la cantidad de $100,000.00 pesos (cien mil pesos) o de $30,000.00 pesos o en su caso el endoso de la factura del vehículo tipo platina, marca Nissan. Como apoyo de lo anterior, se cita la tesis 226, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 129 del Tomo II, parte SCJN, Quinta Época, apéndice de 1995, con el rubro "OFENDIDO, VALOR DE LA DECLARACIÓN DEL" Lo anterior pone de manifiesto que la privación de la libertad de la víctima tenía como finalidad obtener un rescate a cambio de su libertad. Al respecto es ilustrativo el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, volumen 199- 204, segunda parte, página 45, cuyo rubro se lee: "PLAGIO O SECUESTRO, DELITO DE" Sin que obste la circunstancia de que no se haya pagado el rescate, dado que la descripción típica normativa del hecho ilícito??????? que se le atribuye sólo prevé que sea con la finalidad de obtener el pago por un rescate, más no que se obtenga ese pago, de modo que, basta con la exigencia del mismo, lo que en el caso aconteció, pues existen probanzas que así lo demuestran. Se cita como criterio orientador la tesis VI.1o.P.187 P, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Abril de 2002, Novena Época, página 1309, registro 187151, con rubro "PLAGIO O SECUESTRO, DELITO DE. PARA SU CONFIGURACIÓN NO ES NECESARIO ACREDITAR QUE SE OBTUVO UN RESCATE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Lo anterior se corrobora aún más con la declaración de los testigos de cargo Martín Hernández Hernández, Andrea Hernández Patishtán y Verónica Hernández Patishtán, quienes manifestaron el primero de ellos: La segunda alegó: .La tercera adujo: .Testimonios a los cuales se les otorga valor probatorio de indicio en términos de lo dispuesto en los arábigos 108 y 110 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Tabasco, abrogado pero aplicable al caso, al reunir los requisitos establecidos en el diverso 109, fracción IV, del mismo ordenamiento, en virtud de que los atestes son personas con el criterio necesario para conocer y apreciar los hechos, los cuales conocieron por medio de sus sentidos y no por inducciones ni referencias de terceros, sus declaraciones son claras y precisas, sin dudas ni reticencias, no consta que hayan sido obligados a declarar en los términos que lo hicieron, por medio de la fuerza o miedo, ni impulsados por error, engaño o soborno. Manifestaciones de las que se desprende la privación de la libertad del ofendido y el hecho de que para liberarlo se solicitaba una cantidad de dinero o la entrega de un bien mueble (vehículo tipo platina, marca Nissan, color gris). Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia 609, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 1917-Septiembre 2011, Tomo III, Penal Primera Parte-SCJN, Sección-Adjetivo, página 561, de rubro: "TESTIGOS. APRECIACIÓN DE SUS DECLARACIONES". Asimismo, obra en autos la inspección ministerial del lugar en donde fue privado de su libertad el pasivo Mariano Santiz Hernández, en las oficinas del COE ubicadas en la calle Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez, número 117, colonia Tamulté de las Barrancas de Villahermosa Tabasco; diligencia que tiene valor probatorio en términos de los artículos 75, 83, 85, 107, 108 y 109 del Código Procedimental, por haberse efectuado de conformidad con los requisitos legales, dado que el Ministerio Público investigador puede valerse de medios para buscar pruebas, resultando una facultad de origen de dicha autoridad, porque de no ser así, se encontraría imposibilitado para acudir a los tribunales a ejercer acción penal, consecuentemente, a dicha institución le está permitido practicar toda clase de diligencias tendentes a acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado; dentro de tal potestad se haya la prueba de inspección, la que puede recaer en personas, cosas o lugares y su práctica corresponde a los funcionarios del Ministerio Público en las diligencias previas al ejercicio de la acción penal, otorgando la ley adjetiva pleno valor probatorio a dichos actos al haber sido ejecutados por una autoridad pública en el ejercicio de las funciones que tiene encomendadas de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 Constitucional. 75 A lo anterior resulta aplicable la tesis de rubro "MINISTERIO PÚBLICO, FACULTADES CONSTITUCIONALES DEL, EN LAS DILIGENCIAS DE AVERIGUACIÓN PREVIA, INSPECCIÓN OCULAR" Por otra parte, este Tribunal considera que también se acreditan las modificativas agravantes a que se refiere el artículo 10, fracción I, incisos a. [Que se realice en camino público o en lugar desprotegido o solitario], b [en grupo de dos o más personas] y c [con violencia] y fracción II inciso a) [que él o los autores sean integrantes de alguna institución de Seguridad Pública], por las consideraciones siguientes: Respecto de la calificativa precisada en el artículo 10, fracción I, inciso a), se acredita con las declaraciones del padre de la víctima Lucas Santiz Gómez y también del agraviado Mariano Santiz Hernández, las cuales fueron relacionadas y valoradas conforme a los razonamientos esgrimidos en páginas anteriores y a los que se hace remisión expresa a fin de evitar repeticiones innecesarias; de la que se advierte el secuestro de dicho agraviado fue en un lugar público esto es sobre la banqueta de la calle Grijalva, colonia Casa Blanca de Villahermosa, Tabasco, el cual resulta ser un lugar público donde transitan un sinnúmero de personas. En relación a la calificativa establecida en el inciso B de la fracción I, del artículo 10, de igual manera se acredita con la declaración del agraviado, de la que se desprende que fue privado de su libertad por cinco personas del sexo masculino, pues al respecto en su declaración ministerial adujo que el martes veinticuatro de febrero de dos mil quince, cuando se encontraba sentado en la banqueta de la calle Grijalva, colonia Casa Blanca de Villahermosa, Tabasco, como a las siete de la noche aproximadamente, se presentaron como cinco elementos de la Procuraduría General de la República, sin que presentaran una orden de aprehensión en su contra, se bajaron de la camioneta color blanco, doble cabina, sin pedir permiso, abrieron las puertas de su unidad móvil marca platina, color plata, modelo 2008, motor número 0253072, número de serie 3n1jho1s381 20322, propiedad del señor MARIO DE LA CRUZ HERNÁNDEZ , lo revisaron de manera minuciosa, abrieron la cajuela de la parte trasera y también abrieron el cofre del motor y al no encontrar nada, uno de estos elementos lo esposó de las manos y sin mediar palabras, lo levantaron como animal, lo ingresaron atrás de los asientos del conductor, además puntualizó que uno de los elementos aprehensores le colocó una bolsa de plástico color blanco en su cabeza, y lo llevaron al lugar donde lo tuvieron privado de su libertad [cerca de la colonia "Tamulté" en Villahermosa, Tabasco]. En relación con la calificativa relativa a que la privación de la libertad se haya cometido con violencia, queda corroborada también con la declaración de la víctima, en la que manifestó, medularmente, que desde el momento en que lo privaron de su libertad lo esposaron de las manos, lo subieron a la fuerza a la parte trasera de la camioneta, le cubrieron el rostro con una bolsa de nylon color blanca, que lo asfixiaron, además lo golpearon en el rostro.????? Adminiculándose lo anterior con lo depuesto por el padre de la víctima quien al momento de acudir ante el Ministerio Público lo hizo en nombre y representación de su hijo Mariano Santiz Hernández, entregando una denuncia por escrito firmada por éste, ya que no podía presentarse personalmente porque se encontraba en recuperación por los múltiples golpes que había recibido por parte de sus captores, denuncia que la víctima ratificó en fecha posterior; por lo tanto dichas declaraciones son suficientes para acreditar la violencia ejercida por parte de los sujetos activos en la humanidad del pasivo al momento en que fue privado de su libertad. Lo anteriormente valorado se eslabona a la diligencia de inspección y fe ministerial del lugar donde estuvo privado de su libertad el pasivo MARIANO SANTIZ HERNÁNDEZ, realizado por el fiscal investigador, quien al constituirse en compañía del denunciante LUCAS SANTIZ GÓMEZ y los testigos MARTÍN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, ANDREA HERNÁNDEZ PATISHTÁN Y VERÓNICA HERNÁNDEZ PATISHTÁN, a las oficinas de la COE, ubicadas en la calle Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez #117 de la colonia Tamulté de las Barrancas de esta ciudad de Villahermosa, Tabasco, se entrevistaron con el doctor Raúl Díaz Blasco, quién manifestó ser el Titular del Centro de Operaciones Estratégicas, adscrita a esta Delegación Estatal y quien les indicó que el edificio cuenta con tres niveles y que en ese lugar se encuentra también personal de la Fiscalía General del Estado, procediendo a dar fe de todas y cada una de las características del inmueble y en la cual el padre de la víctima y los testigos coincidieron en manifestar que dicho lugar fue donde se entrevistaron con las cuatro personas que describieron en cada una de sus declaraciones ministeriales y donde se encontraba el joven MARIANO SANTIZ HERNÁNDEZ, el cual se encontraba esposado. Asimismo, la calificativa a que se refiere el artículo 10, fracción II, inciso a, [que el autor haya sido integrante de alguna institución de seguridad pública], se acredita objetivamente con el informe de fecha 6 de Junio de 2016, y número de oficio FGE/DGA/1720/2016, signado por el licenciado Jaime Lorenzo Bibiloni Ramón, Director General Administrativo de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, mediante el cual remite copia debidamente certificadas del formato D.R.H. así como fotografía a color tamaño carta del inculpado WILFRANO DENIS CORTÁZAR VALENZUELA, con categoría de Policía Ministerial y clave CCO0805/0188, adscrito a la Dirección General de la Policía Ministerial. De igual manera con el informe de fecha 11 de marzo de 2015, con número de oficio FGE/DGPI/UAJ/479/2015, mediante el cual el Cor. Cab. Ret. y Lic. Juan Edgardo Cedillo González, Director General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado, en el que informa el nombre completo del personal comisionado del 1 de enero del 2015, en el Centro de Operaciones Estratégicas (COE) de la Procuraduría General de la República, informando que el C. Wilfrano DENIS Cortázar Juárez, Policía de Investigación es encargado del Grupo Operativo. Documentos que se les otorga valor de indicio conforme a los numerales 107 y 108 del Código de Procedimientos Penales abrogado pero aplicable al caso, ya que fueron rendidos por funcionarios en el ejercicio del cargo que desempeñan dentro de la Fiscalía General del Estado y que se relaciona con los hechos, tal como lo prevén los artículos 102 del Código Procesal Penal abrogado pero aplicable al caso, 263 y 264 del Código de Procedimientos Civiles aplicable en forma supletoria. Lo que se robusteció con la Inspección Ministerial realizada, que se reseñó con antelación, ya que al momento de efectuarse la misma el encargado de dicho centro de operaciones especiales le expuso al Ministerio Público que el inmueble inspeccionado se encontraba personal de la Fiscalía General del Estado, lo cual corrobora lo expuesto por el licenciado Juan Edgardo Cedillo González, Director General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado, en el informe detallado en párrafos que anteceden, donde detalló los nombres completos del personal comisionado del 1 de enero del 2015, en el Centro de Operaciones Estratégicas (COE) de la Procuraduría General de la República, entre los que se encuentran Wilfrano Denis Cortázar Juárez, como Policía de Investigación Encargado del Grupo Operativo. En ese contexto, es incuestionable que en el caso concreto, con las pruebas citadas, quedaron demostrados los elementos del cuerpo del delito de antijurídico en análisis -SECUESTRO- previsto y sancionado por los artículos 9 y 10 fracción I, incisos a), b) y c), fracción II inciso a) y 12 de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, contrario a lo considerado por el Juez de origen, este Tribunal de Alzada determina que sí existen indicios suficientes y razonables que acreditan que WILFRANO DENIS CORTÁZAR VALENZUELA y/o WILFRANO DENIS CORTÁZAR JUÁREZ participo en forma probable en la comisión del delito de secuestro, pues para el efecto existe la ya justipreciada denuncia de Lucas Santiz Gómez, de donde se obtiene que el denunciante al tener conocimiento a través de una llamada telefónica que recibió, que su hijo Mariano Santiz Hernández se encontraba privado de su libertad, se trasladó a las instalaciones del edificio que se ubica en la calle Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez número 117 de la colonia Tamulté de las Barrancas de esta ciudad de Villahermosa, Tabasco, en donde se entrevistó personalmente con quien se identificó ante éste como "el comandante" y quién le exigió la cantidad de cien mil pesos en efectivo y el vehículo línea platina, color plata, modelo 2008 a cambio de liberar a su hijo, para posteriormente acudir con la facultad que le confiere el artículo 16 Constitucional ante el Fiscal del Ministerio Público Investigador a interponer su denuncia, la cual a juicio de quienes hoy resolvemos adquiere valor indiciario en términos del numeral 108 del Código Procesal Penal abrogado pero aplicable al caso, aunado a que dicha autoridad ministerial constató la autenticidad de su identificación (I.F.E), lo cual constituye una instrumental de actuaciones realizadas por la referida autoridad, a través de las cuales hizo constar que tuvo a la vista el original de la credencial descrita y por ello se permitió hacer el cotejo correspondiente, sin que se advierta de dicha actuación que la citada documental no sea auténtica, pues no se ha demostrado lo contrario no hasta esta etapa, debido a que ni siquiera fue objetada por la parte contraria. Denuncia que se eslabona a la narrativa derechos del ofendido Mariano Santiz Hernández, realizada mediante escrito del tres de marzo de dos mil quince y ratificada por la propia víctima en comparecencia de fecha catorce de marzo de dos mil quince, toda vez que fue emitida por la persona directamente afectada en su libertad personal y de las cuales se advierte, en René Peña Morgan???????????? cuanto al primero que le consta que la privación de la libertad de su hijo fue con la finalidad de obtener una cantidad en efectivo como pago de rescate, pues refirió que el inculpado fue la persona que directamente le exigía la cantidad de cien mil pesos o el vehículo línea platina, color plata, modelo 2008, a cambio de liberar a su hijo; y, en el caso de la víctima, si bien no aportó características específicas de las personas que lo tenían secuestrado e incluso de la persona que hablo con su padre vía telefónica y personalmente, cierto es que sí refirió que su papá platicó con el supuesto comandante de la Policía Judicial de la PGR quién le dijo que lo detuvieron porque lo encontraron con una pequeña bolsita de droga, además no pasa por alto el hecho que el ofendido adujo que fue torturado por sus captores lo cual se corroboro con lo depuesto por su padre, quien refirió que su hijo no podía ir debido al estado de salud que se encontraba por los golpes que había recibido por las personas que lo detuvieron. Por ende, su testimonio tiene valor probatorio en términos del artículo 108 de la Ley Adjetiva en materia penal abrogada pero aplicable al caso, ya que es un indicio que demuestra que la persona que se comunicó con el padre del pasivo para exigir la cantidad de cien mil pesos para que liberaran, era precisamente quien se identificó ante ellos como "el comandante". Sirve de apoyo a lo anterior al criterio jurisprudencial II.2°. J/8, Sustentado por el primer Tribunal colegiado del segundo circuito, visible en Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Enero de 1991, página 333, la cual refiere "OFENDIDO, VALOR DE LA DECLARACIÓN DEL" Versiones que al enlazarse con lo dispuesto por los testigos MARTÍN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, ANDREA HERNÁNDEZ PATISHTÁN, VERÓNICA HERNÁNDEZ PATISHTÁN, en fecha tres de marzo de dos mil quince, ponen de manifiesto que quien le exigió al padre de la víctima cien mil pesos para la liberación de su hijo fue la persona que se identificó con ellos como "el comandante" porque incluso los tres testigos fueron coincidentes ante el Ministerio Público en especificar características físicas de esa persona, tales como "complexión gordo, cómo 1.60 metros de altura, de tez moreno, cabello negro, peinado hacia atrás" pues así lo detalló el primer testigo; en tanto la segunda expuso que una de las personas que se encontraban en el lugar donde tenían secuestrado a la víctima "es de complexión gorda"; y la tercera precisó que "me entrevisté con una persona del sexo masculino, que cuyas características físicas es complexión robusta, de color de piel moreno, de estatura mediana, de color del cabello negro y que dicha persona a la que describo este preciso momento de mi comparecencia y que si a la vista físicamente lo puedo reconocer y como traductora era mi hija Josefina de la Cruz Hernández y cuando le dije a mi hija que le preguntará el nombre de la persona solo le dijo que era el comandante de la policía sin mayores argumentos porque ya no quiso contestar la persona que solo dijo quería el documento de la factura original de mi vehículo, y que dicha persona fue la que me pidió la factura original de mi unidad móvil, marca platina de color plata a nombre de mi concubino de nombre Mario de la Cruz Hernández, ya que esa persona que me pedía la factura me decía que la querían para poder liberar a la persona detenida que responde al nombre de Mariano Santiz Hernández" Por lo tanto, dichas declaraciones además de poseer valor jurídico de indicio conforme a los artículos 108 y 110 del Código de Proceder a la materia abrogado pero aplicable al caso, por haberse desahogado conforme lo establecen los numerales 90, 92, 93 y 109 fracción IV del mismo ordenamiento legal, resulta de gran trascendencia en el apartado que se estudia ya que fueron coincidentes no sólo en especificar características físicas de quien se identificó con ellos como "el comandante", sino también que era el negociador del secuestro de la víctima. Además porque sus exposiciones la emitieron de manera libre y espontánea y no se advierte que lo hayan hecho por error, engaño o soborno de terceras personas, antes bien, porque de manera directa vivieron el hecho que hoy nos ocupa, tal como lo asentaron; además generales dadas lo investigador se advierte que tienen la edad y capacidad necesaria para narrar los hechos que pusieron de manera clara, precisa, sin dejar lugar a dudas ni reticencias sobre las circunstancias de comisión de los hechos; y el hecho de que sean parientes y amigos del ofendido no le resta valor a sus deposiciones. Al respecto, tiene aplicación la tesis sustentada por la otra Primera Sala de la Suprema Corte de la Nación, visible en la página 59, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Instancia: Primera Sala, Tomo: 54 segunda parte, que señala: "TESTIGOS PARIENTES, AMIGOS O DEPENDIENTES DEL OFENDIDO" Lo anterior se enlaza aún más con las ampliaciones de declaración del denunciante Lucas Santiz Gómez, el ofendido Mariano Santiz Hernández y las testigos Verónica Hernández Patishtán y Andrea Hernández Patishtán y la declaración de la menor Josefina de la Cruz Hernández, quien compareció acompañada de su madre Verónica Hernández Patishtán, ya que en catorce de marzo de dos mil quince, cuando el Ministerio Público Investigador les puso a la vista seis impresiones fotográficas numeradas del 1 al 6, que corresponden al personal de la Fiscalía General del Estado comisionado al Centro de Operaciones Estratégicas (COE) de la Procuraduría General de la República en la fecha que el ofendido estuvo privado de su libertad se advierte que todos ellos fueron coincidentes al externar el momento en que se les puso a la vista la fotografía número 1 (uno) como la persona que el día de los hechos se identificó con ellos como el comandante en las oficinas de la COE, el cual se acompañaba de otros sujetos y que es el mismo que exigió al padre de la víctima la cantidad de cien mil pesos o en su caso que la testigo Verónica Hernández Patishtán le endosara la factura de su carro línea platina, marca Nissan para liberar al ofendido. Deposiciones que se sustentan con el informe rendido por el Director General de la Policía de Investigaciones Juan Eduardo Cedillo González, quien en contestación a un diverso informe solicitado por el Ministerio Público Investigador mediante oficio FGS-52/2015, remitió el nombre completo y las fotografías del personal que estuvo comisionado del primero de enero al once de marzo de dos mil quince, entre los que detalló a WILFRANO DENIS CORTÁZAR JUÁREZ como policía de investigación encargado del grupo operativo. Por tanto resultan contundentes las imputaciones firmes y categóricas que externaron el denunciante, ofendido y testigos ya citados, en el sentido de que la persona a la que ellos reconocieron como el comandante es la misma que corresponde a la fotografía marcada con el número 1 que el Ministerio público investigador les puso a la vista, ya que desde sus primigenias declaraciones??????????? refirieron que se entrevistaron con la persona que le pedía al padre de la víctima la cantidad de cien mil pesos y además que si volvía a ver a esa persona la reconocerían sin temor a equivocarse y cuando el Ministerio Público Federal les puso a la vista una serie de fotografías de las personas que se encontraban en funciones en la fecha en que el ofendido fue privado de su libertad en las oficinas del centro de operaciones especiales perteneciente a la Procuraduría General de Justicia, fueron contestes en declarar que no conocían a ninguno; y al efecto, el artículo 99 del Código de Procedimientos Penales abrogado pero aplicable al caso establece que si es necesario reconocer a una persona que no esté en la diligencia y no resulte posible presentarla, podrá realizarse reconocimiento a través de fotografías. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la nación en el criterio aislado XXI.2°P.A.4 P de la Décima Época, con número de Registro 2012574, consultable en el Semanario Judicial de la Federación sosteniendo que tratándose del reconocimiento fotográfico de personas sospechosas de haber cometido un delito, el cual consiste en la exhibición del denunciante, víctima u ofendido o un testigo, de un álbum o serie de fotografías de personas sobre las cuales existen indicios de su participación en los hechos delictivos, esto es, sospechosos de haber cometido el delito, no se conculcan los derechos fundamentales del inculpado, si las fotografías que se pongan a la vista de quienes efectúen el reconocimiento referido, corresponden a personas respecto de las cuales se sospecha sobre su participación en el delito, siempre que la diligencia respectiva se desahogue por funcionario facultado, no se manipulen las fotografías, ni se marque no sean diversas de las que se pusieron a la vista. En ese contexto, no es obligatorio que la persona o personas que realizan el reconocimiento proporcionen el nombre, pues lo que sí establece es "la posibilidad" ya sea del nombre, filiación, apellido, lugar de residencia, ocupación y demás circunstancias que puedan servir para identificarla y no como lo determinó el juez al aseverar que el denunciante, el ofendido y los testigos de cargo no detallaron que la persona que identificaron en la fotografía número 1 se llamara WILFRANO DENIS CORTÁZAR VALENZUELA o WILFRANO DENIS CORTÁZAR JUÁREZ, pues es lógico que no detallaran el nombre del inculpado, dado que desde sus primigenias declaraciones expusieron que no lo conocían y que incluso la persona solo se identificó con ellos como el comandante a pesar de que le preguntaron su nombre, además que por obvias razones y después de haberlo reconocido en las fotografías, fue donde ellos se enteraron que el nombre de la persona a la que identificaban como el comandante como quien les exigía la cantidad de cien mil pesos para liberar al ofendido se llamaba WILFRANO DENIS CORTÁZAR VALENZUELA o WILFRANO DENIS CORTÁZAR JUÁREZ, pues así lo informó el Director de la Policía de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado. Tampoco hay que perder de vista que las generales dadas por el denunciante, ofendido y testigos de cargo se advierte que son de una comunidad indígena pues refirieron ser originarios de Bautista Grande Chamula, Chiapas; por tanto conforme a lo establecido en el Protocolo de Actuación para quienes imparten Justicia en casos que involucren Derechos de Personas Comunidades y Pueblos Indígenas las y los juzgadores deben estar atentos ante la aplicación de criterios altamente ambiguos o discrecionales por agentes del Estado (por ejemplo, el detener a una persona bajo el criterio de poseer una "actitud sospechosa"), los cuales se prestan a aplicaciones discriminatorias en perjuicio de los miembros más marginados de la sociedad. Y en caso de conocer de asuntos en los que se hayan aplicado tales criterios a una persona indígena, el acto realizado (la detención en este caso) debe ser objeto de un estricto escrutinio, ya que presumiblemente se trata de un actuar arbitrario (y discriminatorio); ya que estas prácticas se dan a raíz de la desigualdad estructural que padecen los pueblos indígenas, esos factores que sin posibilidad de opción colocan a las personas dentro de grupos históricamente sometidos y marginados y por ello se deben tomar medidas concretas que ayuden a reducir los obstáculos que impiden la defensa eficaz de los intereses de las personas y pueblos indígenas. No se soslaya la inspección y fe ministerial del lugar donde estuvo privado de su libertad el pasivo MARIANO SANTIZ HERNÁNDEZ realizado por el fiscal investigador, quién al constituirse en compañía del denunciante LUCAS SANTIZ GÓMEZ y los testigos MARTÍN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ ANDREA HERNÁNDEZ PATISHTÁN Y VERÓNICA HERNÁNDEZ PATISHTÁN, en las oficinas de la COE, ubicadas en la calle Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez número 117 de la colonia Tamulté de las Barrancas de esta ciudad de Villahermosa, Tabasco, se entrevistaron con el Doctor Raúl Díaz Blasco, quien manifestó ser Titular del Centro de Operaciones Estratégicas, adscritas a esta Delegación Estatal y le indicó que el edificio cuenta con tres niveles y además que en ese lugar se encuentra también personal de la Fiscalía General del Estado donde dio fe de las características del inmueble y al darles uso de la voz al denunciante LUCAS SANTIZ GÓMEZ y a los testigos MARTÍN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ ANDREA HERNÁNDEZ PATISHTÁN Y VERÓNICA HERNÁNDEZ PATISHTÁN, coincidieron en manifestar que dicho lugar donde se entrevistaron con las cuatro personas que escribieron en cada una de sus declaraciones ministeriales y donde se encontraba el joven Mariano Santiz Hernández, el cual se encontraba esposado y que fue el lugar donde el comandante les exigió la cantidad de cien mil pesos a cambio de la libertad de la víctima, además de que en dicho lugar también se encontraba el vehículo marca Nissan de la línea platina propiedad del esposo de Verónica Hernández Patishtán; por lo tanto tal actuación ministerial merece valor probatorio de conformidad con los artículos 75, 83, 85, 107, 108 y 109 del Código de Procedimientos Penales en nuestro estado abrogado pero aplicable al caso, ya que fue practicada por una autoridad investigadora, tal y como lo es el Ministerio público, que se encuentra facultado constitucionalmente para realizar todo tipo de diligencias tendentes a la investigación y persecución de los delitos siendo ésta una de sus obligaciones la de fedatar el lugar del evento delictivo, fijándose fotografía donde se puede apreciar físicamente lugar antes señalado. Sirve de apoyo a lo siguiente: No. Registro: 202, 114 Tesis aislada Materia (s): Penal Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Junio de 1996 Tesis: VI.3º.20 P Página 855, de rubro ".INSPECCIÓN OCULAR PRACTICADA POR EL MINISTERIO PÚBLICO. POR SER INSTITUCIÓN DE BUENA FE QUE ADEMÁS GOZA DE FE PÚBLICA, SE PRESUME CIERTO LO ASENTADO EN ELLA. Con lo anterior queda establecida la probable responsabilidad de WILFRANO DENIS CORTÁZAR VALENZUELA???????????? o WILFRANO DENIS CORTÁZAR JUÁREZ, como la persona que se entrevistó con Lucas Santiz Gómez en las oficinas de la COE, ubicadas en la calle Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez número 117 de la colonia Tamulté de las Barrancas de esta ciudad de Villahermosa, Tabasco, cuando Mariano Santiz Hernández se encontraba privado de su libertad el martes veinticuatro de febrero del año dos mil dieciséis, aproximadamente a las diecinueve horas; para exigirle la cantidad de cien mil pesos o el endoso del vehículo línea platina, color plata, modelo 2008 a cambio de la liberación del ofendido. Sin que con ello se esté vulnerando el principio de presunción de inocencia que opera a favor del procesado, ya que si bien, es al Órgano Investigador a quien corresponde demostrar su probable participación en los hechos que se le atribuyen, ya que hasta esta etapa existen indicios suficientes para considerar que probablemente participó en el hecho delictivo, y el que no haya emitido declaración alguna en nada vulnera sus derechos dado que no es una obligación que el inculpado declare ante el agente del Ministerio público. En apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia localizada en la Novena Época, Registro: 177945 de los Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Julio de 2005, Materia Penal, Tesis: V.4o. J/3, Página: 1105, bajo el rubro y texto: "INCULPADO. LE CORRESPONDE LA CARGA DE LA PRUEBA CUANDO LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA QUE EN PRINCIPIO OPERA EN SU FAVOR, APARECE DESVIRTUADA EN LA CAUSA PENAL" Por lo anterior, se aprecia que la conducta desplegada por WILFRANO DENIS CORTÁZAR VALENZUELA o WILFRANO DENIS CORTÁZAR JUÁREZ, es antijurídica, porque no se encuentra amparada por ninguna excluyente de incriminación penal de las contempladas en el artículo 14 del Código Punitivo vigente en el Estado de Tabasco, que opere en su favor, así como tampoco causa alguna que extinga la potestad punitiva de las señaladas en el artículo 83 del citado ordenamiento legal, resultando en consecuencia también dolosa, de conformidad con lo preceptuado en el segundo párrafo, del artículo 10 del cuerpo de leyes en comento; ya que las pruebas que integran el sumario no revelan que haya actuado por error o en contra de su voluntad, sino de lo antes narrado, queda de manifiesto que libre y conscientemente ejecutó acciones tendentes a realizar su conducta antisocial, aún y cuando sabía que su actuar era contrario a lo establecido por la norma; sin embargo, quiso y aceptó su realización. Es de decirse que sobre el inculpado cae el juicio de reproche porque dentro del derecho penal resulta ser persona mayor de edad, y por tanto sujeto imputable de acuerdo a lo establecido por el artículo 5 del Código Penal vigente del Estado de Tabasco, a más que del sumario se evidencia que al momento de desplegar la conducta antijurídica atribuida, no padecía trastorno mental alguno que le impidiese comprender y entender lo ilícito de su proceder, por tanto, bien pudo ajustar su comportamiento a la observancia de la ley y no lo hizo. En ese contexto, como quedó precisado, los medios de prueba valorados son suficientes para tener por demostrada la probable responsabilidad del indiciado WILFRANO DENIS CORTÁZAR VALENZUELA o WILFRANO DENIS CORTÁZAR JUÁREZ en su comisión como autor material y directo en su ejecución y para no violentar la disposición del artículo 17 de la Constitución Política mexicana y evitar de esta forma el retraso injustificado de los autos, cumpliendo con el principio de seguridad jurídica y con fundamento en el artículo 194 de la ley procesal penal en vigor, este Ad quem, tiene a bien REVOCAR el auto del 28 de septiembre de 2017 en el que se negó la orden de aprehensión, dictado por el Juez Segundo Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco.". De dicha determinación se puede obtener que se encuentran satisfechos los requisitos atinentes a que se encuentra expresada por escrito, proviene de autoridad judicial competente (Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco), precede denuncia de la parte agraviada y se trate de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad. Sin embargo, como se dijo, carece de la debida fundamentación y motivación. En efecto, la responsable identificó como elementos del cuerpo del delito de secuestro:9 a) La privación de la libertad de una persona; y, b) Que esa acción sea con el propósito de obtener un rescate para sí; Como calificativas señaló: c) Que la privación de la libertad se realice en un camino público; d) Que se lleve a cabo por un grupo de dos o más personas; 9 Previsto y sancionado por los artículos 9 fracción I, inciso a), 10 fracción I, Incisos a), b) y c), fracción II inciso a) y 12 de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.????????????? e) Que se realice con violencia; y, f) Que el autor o autores del delito hayan sido integrantes de una institución de seguridad pública. Al realizar el examen de la acreditación de los elementos atinentes a la privación de la libertad de una persona y que el propósito de ésta fuera obtener un rescate, la Sala tomó en consideración la denuncia realizada por Lucas Santiz Gómez ante la autoridad ministerial, quien manifestó medularmente: ". que en nombre y representación de mi hijo MARIANO SANTIZ HERNANDEZ, quien no puede presentarse ante esta autoridad por el momento, toda vez que, se encuentra en recuperación, ya que recibió múltiples golpes en la anatomía, por parte de unas personas supuestamente 'empleados de la Procuraduría General de la República', en este acto exhibo escrito original de fecha tres de Marzo de dos mil quince, el cual se encuentra firmado por mi hijo MARIANO SANTIZ HERNANDEZ, en el que narra los hechos ocurridos y perpetrados en su persona aproximadamente a las siete de la noche del día veinticuatro de febrero de dos mil quince, en la colonia Casa Blanca, Primera calle Rio Grijalva número 215, lugar donde lo detuvieron, agregando que, el día antes referido, siendo aproximadamente las once horas con treinta minutos de la noche, recibí una llamada a mi celular de una persona del sexo masculino, quien no me dio nombre ni dato alguno, solo me dijo 'aquí está tu hijo conmigo', mencionando el nombre de mi hijo MARIANO 'vente aquí, para que platiquemos y sepas la verdad de lo que me ha cometido tu hijo', 'te vienes aquí hay una oficina que se encuentra cerca del hospital de las mujeres y como referencia está el Banco Banamex', y mi respuesta fue, que me esperaran treinta minutos para llegar a ese lugar, fue así que acudí en compañía de MARTÍN HERNANDEZ HERNANDEZ, VERONICA HERNANDEZ PATlSHTAN y ANDREA HERNANDEZ PATISHTAN, y las dos hijas de la señora VERONICA, de la cuales solo me acuerdo que una de ellas se llama LILI, con mucha preocupación sobre lo que había pasado con mi hijo así transcurrieron aproximadamente treinta minutos para que llegara en el citada oficina efectivamente me constituí como a las doce de la noche en el lugar que me habían indicado, que apenas iba acercándome a dicho lugar cuando desde ventana una persona del sexo masculino me hizo una seña, es decir me decía que fuera hacia él, desde el segundo piso, y al llegar me di cuenta que en la entrada había un portón de fierro, y la persona que me había hecho señas ya estaba ahí abajo esperándome, que dicha personas era como de 1.65 de alto aproximadamente, flaco, de tez medio moreno, cabello de color negro sin fijarme de que forma era su cabello, pero es el caso, que se encontraba sentado dentro del lugar, y me dirigí a él directamente y le pregunte 'donde está mi hijo' contestándome 'esta allá arriba' y comenzó a caminar por lo que lo seguimos, subiendo cuatro personas aparte de mí, es decir los que mencione anteriormente y nos llevó por unas escaleras, hasta la segunda planta, y ahí me percaté que se encontraba mi hijo MARIANO SANTIZ HERNANDEZ y cuatro personas más del sexo masculino, que dijeron que eran de la PGR, y uno de ellos sin decirme su nombre se dirigió a mí, diciéndome que, 'tu hijo vende drogas' y 'necesito cien mil pesos, para que se libere' a lo que les conteste 'a donde voy a conseguir esta cantidad que me estas pidiendo, 'no tenemos dinero, soy pobre', 'no hay dinero y no puedo pagar', diciéndome esa persona 'pues vayan a prestar esa cantidad y para mañana miércoles les espero aquí a las seis de la tarde', 'de no ser así el carro no los puedo entregar ya que; si no traen el dinero el carro se queda en esta oficina y me traen la factura original', 'y me lo traen a la fuerza', a lo que les dijo la señora VERONICA HERNANDEZ PATlSHTAN, 'no tengo la factura, lo tengo en mi casa en una comunidad en Bautista Grande Chamula Chiapas y es por eso que no te podemos entregar', pero esta persona volvió a dirigirse a mi insistiendo 'Que consiguiéramos el dinero', por lo que yo seguí suplicándole que me entregaran a mi hijo y que a lo mejor podíamos ir a Chiapas a pedir prestado y fue así que, lo dejaron libre pero con el compromiso de regresar al siguiente día, y me dijo 'al no ser así sería más fuerte el problema que vas a tener por no traer el dinero ya que te vamos a llenar más droga al interior del coche y así te vamos a condenar muchos años en la cárcel, unos veinticinco o treinta años', por no pagar los cien mil pesos y fue así que aproximadamente como a las cuatro de la mañana nos retiramos del lugar donde nos encontrábamos presentes junto con mi hijo MARIANO SANTIZ HERNANDEZ, y los demás acompañantes que hice alusión en este documento". Medio de convicción al que adecuadamente le concedió valor probatorio de indicio en términos del artículo 108 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Tabasco, pues el denunciante se presentó ante la autoridad ministerial haciendo de su conocimiento la comisión del delito de secuestro cometido en agravio de su hijo, lo cual originó la intervención legal del órgano investigador. La responsable adminiculó lo anterior con la declaración emitida por la víctima Mariano Santiz Hernández, realizada mediante escrito de tres de marzo de dos mil quince, quien manifestó, en lo que interesa, que:??????????? ". El día martes veinticuatro (24) de febrero del presente año en curso, me encontraba sentado en la banqueta del domicilio que cito en este documento, aproximadamente a las siete de la noche se presentaron como cinco elementos de la Procuraduría General de la república, sin que presentaran una orden de aprehensión en mi contra, se bajaron de la camioneta color blanco, doble cabina, sin pedir permiso, abrieron las puertas de mi unidad móvil marca platina, color plata, modelo 2008, motor número 0253072, número de serie 3n1jho1s381 20322, propiedad del señor Mario de la Cruz Hernández, cuya unidad me ha entregado para trasladarme de Villahermosa tabasco a Chiapas, los agentes policíacos revisaron de manera minuciosa, abrieron la cajuela de la parte trasera y también abrieron el cofre del motor, al no encontrar nada, unos de estos elementos me esposo de las manos y sin mediar palabras, me levantaron como animal, me ingresaron atrás de los asientos del conductor, uno de los elementos aprehensores me colocaron una bolsa de plástico color blanco en mi cabeza, cubriéndome el rostro con este material, y durante el trayecto del camino me soltaron cachetadas en mi cara, puñetazos en la parte occipital de mi cabeza y así como en la parte anatómica de mi cuerpo, con los golpes que recibí en mi cabeza no sentí como llegué en la oficina de los agentes aprehensores, el lugar donde me llevaron se encuentra cerca de la colonia 'tamulte' en Villahermosa, tabasco, al llegar en esta oficina me subieron en la tercera planta del edificio donde se encontraba otras dos personas vestidos con diferentes colores de pantalones y camisas, no portaban uniformes de la P.G.R. pero las persona que me detuvieron, portaban sus respectivas pistolas metidos en su cintura lado derecho, este me di cuenta cuando me encontraba en la tercera planta. segundo: una vez estando en la tercera planta, me ingresaron en una pequeña sala, empezaron a revisar y a quitarme mis pertenencias que llevaba en la bolsa derechas de uno de mis pantalones, quitándome la cantidad de: 1,3000.00 (sic) un mil trescientos pesos, producto de mi trabajo que realizo toda la semana, después de que me quitaron mis pertenencias, me empezaron a interrogar con algunas preguntas, preguntándome: cómo se llama tu patrón, díganos, hijo de tu puta madre, dónde vive tu jefe, quién te entrega la droga, a quién le entregas la mercancía, si tu me dices quien es el mero jefe te soltamos de inmediato, y si no me lo dices mi comandante te va a coger al rato, nosotros no le perdonamos a la gente que se mete con pendejadas, también me preguntaron si era yo casado, le dije que si tengo esposa, pero que ella esta viviendo en mi comunidad en el estado de Chiapas, contestándome de esta forma, que lástima que no se encuentre aquí en Villahermosa para pasármela un rato con ella, ya que tu no quieres decir nada, y al no contestar sus pretensiones me soltaban fuertes cachetadas en mi rostro y en mi cabeza, y uno de los policías me dijo que me trasladaría en el reclusorio si no aceptaba las imputaciones que habían ellos. tercero: estando en la sala donde me encontraba, en ese instante salió una persona del sexo femenino de aproximadamente de 25 años de edad, tez blanca, y estando junto a mi esta muchacha, me empezó a decir que yo le dijera antes los policías que yo le entrego drogas a la muchacha, pero lo contesté que esto no es cierto, ya que me dedico a trabajar en el parque la choca que se localiza en el paseo tabasco, para esto les puedo proporcionar varios testigos que me han visto trabajar en este lugar, por eso no puedo decir nada al respecto que me acusan indebidamente, soy una persona que me gusta trabajar y estoy aquí en Villahermosa tabasco con mi señor padre que se llama: Lucas Sántiz Gómez que vive también en el lugar donde he mencionado con toda anterioridad, y les manifesté que pueden localizar a mi papá y verán que no estoy mintiendo ustedes me están presionando para aceptar algo que nunca he cometido y ni mucho menos han encontrado algo para que me castiguen de esta manera. Cuarto: también revisaron mis contactos que tengo gravado en mi celular de color azul, marca motorola, y luego buscaron en ese contacto el nombre de mi papá que se llama Lucas Sántiz, efectivamente cuando le marcaron en su celular a mi papa contestó la llamada, uno de los policías tomó su teléfono y realizó la llamada, diciéndole: señor lucas aqui está tu hijo conmigo en un lugar que se encuentra cerca del hospital de las mujeres y aun lado del banco banamex que se localiza al lado izquierdo del banco banamex, tu hijo lo agarramos vendiendo droga, la respuesta de mi señor padre fue que le suplicó al que estaba realizando la llamada que no me llevaran al reclusorio y que lo esperan en ese lugar indicado, pero que si no se presentaba en 30 minutos, mi papá que me trasladarían directamente al penal de tabasco, es así que mi papá llego como a los 30 minutos y fue recibido por uno de los policías que me habían agarrado, mi papa subió hasta la tercera planta y platico con el supuesto comandante de la policía judicial de la P.G.R. el policía dijo que me detuvieron porque me encontraron con una pequeña bolsita de droga, según la versión de mi señor padre es que le exhibieron una bolsita que al parecer era unas hojas de plantitas de color amarillo, ya que mi papa desconocer qué tipo de planta era la que le exhibieron para inculparme y exigirme pagar una multa por la cantidad de $100.000.00 m/n cien mil pesos moneda nacional. Quinto: escuchando la voz de mi papa y suplicando a que me liberaran, ya que nosotros somos personas de trabajo y nunca nos hemos metido en vender cosas malas, únicamente nos dedicamos a vender elotes en el lugar parque la choca que se localiza en paseo tabasco, de tanta suplica que pidió mi papá ante los policías, entonces dijeron que juntáramos la cantidad de cien mil pesos ya que este dinero se tiene que repartir con los jefes y así liberar el coche que tienen en su poder, pero en ese instante otro policía dijo así mira don Lucas, si me traes la cantidad de $30,000.00 m/n (treinta mil pesos, en estos momentos, te soltamos inmediatamente a tu hijo y también te llevas de una vez el coche platina, pero si no entregas nada. no hay trato, entonces nuevamente le dije a uno de los policías que desconozco su nombre y apellido, mira señor policía, no tengo nada de dinero pero permítame salir a buscar y te lo vamos a entregar para el día miércoles veinticinco (25) de febrero a la seis de la tarde en esta misma oficina, fue así que aceptaron mi propuesta y logre mi libertad bajo las condiciones a pagar esta suma solicitada de no pagar esta cantidad que me saldrían a buscar nuevamente en el lugar donde actualmente vivo con mi papá, y es más que si me negaba a pagar lo más rápido posible que lo llenarían de droga el coche que tiene retenida en sus instalaciones y que servirá como prueba que efectivamente estoy traficando droga de esta ciudad de Villahermosa, tabasco. sexto: bajo estas amenazas recibidas de parte de los policías, tengo el fundado temor de no acudir ante las instalaciones de estos agentes policiacos, ya que ellos no tienen piedad de nada, de mi detención me golpearon en todas partes de mi cuerpo, me bofetearon en mi rostro, recibí puñetazos atrás de mi cabeza hasta a punto de perder el sentido y la noción de tiempo, por eso acudo ante usted para hacer de su???????? cabal conocimiento de lo que me ha ocurrido en mi persona, ya que jamás ha realizado una conducta que me pueda hacer acreedor de una sanción económica y estos policías nunca obtuvieron prueba alguna para que me multen con esta cantidad que no puedo pagar", Escrito que fue ratificado por el aludido ofendido en comparecencia de catorce de marzo de dos mil quince, a la cual correctamente otorgó valor jurídico en términos del artículo 108 de la ley de la materia, toda vez que fue emitido por la persona directamente afectada, quien en todo momento detalló la forma y la circunstancias en que fue privado de su libertad, así como la forma en que fue sometido, características de lugar y tiempo que se prolongó su cautiverio. Deposición que, como bien sostuvo la responsable, constituye un indicio en términos del numeral 108 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco, pues la víctima narró hechos que resintió en lo personal y apreció a través de sus sentidos, sin que se advierta que hubiese tenido comunicación con otras personas que lo indujera a declarar como lo hizo y menos aún se despenden datos que evidencien un interés de perjudicar al activo; además, fue exhortado para conducirse con verdad; por tanto, se considera como indicio, al hacer del conocimiento del órgano investigador que los sujetos activos lo privaron de su libertad con la intención de obtener un rescate.10 10 Como apoyo de lo anterior, se cita la tesis 226, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 129 del Tomo II, Parte SCJN, Quinta Época, Apéndice de 1995, que literalmente establece: "OFENDIDO, VALOR DE LA DECLARACION DEL. Es inatendible el argumento que niega valor probatorio a la declaración del paciente del delito, pues tanto equivaldría a sostener que era innecesario en la investigación judicial, el examen de la víctima de la infracción. En estas condiciones, la prueba de responsabilidad de determinados delitos que, por su naturaleza, se verifican casi siempre en ausencia de testigos, se dificultaría sobremanera, pues de nada serviría que la víctima mencionara el atropello, si no se le concediera crédito alguno a sus palabras. La declaración de un ofendido tiene determinado Aunado a que se exteriorizó el hecho de que para su liberación se le exigía a su padre Lucas Santiz Hernández la cantidad de $100,000.00 (cien mil pesos) o de $30,000.00 (treinta mil pesos). Lo anterior, como bien sostuvo la responsable, pone de manifiesto que la privación de la libertad de la víctima tenía como finalidad obtener un rescate a cambio de su libertad.11 No obsta para considerar lo anterior, la circunstancia de que no se haya pagado el rescate, dado que la descripción típica normativa del hecho ilícito que se le atribuye solo prevé que sea con la finalidad de obtener el pago por un rescate, mas no que se obtenga ese pago, de modo que, basta con la exigencia del mismo, lo que en el caso aconteció, pues existen probanzas que así lo demuestran.12 valor, en proporción al apoyo que le presten otras pruebas recabadas durante el sumario; por sí sola podrá tener valor secundario, quedando reducido al simple indicio, pero cuando se encuentra robustecida con otros datos de convicción, adquiere validez preponderante". 11 Al respecto, es ilustrativo el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 199-204, Segunda Parte, página 45, cuyo rubro y texto son: "PLAGIO O SECUESTRO, DELITO DE. El plagio o secuestro es una figura delictiva cuya tipicidad depende, no sólo del elemento material (externo) de la conducta, sino también de la concurrencia de la tendencia interna trascendente o sea de un elemento subjetivo del injusto, según la terminología empleada por la ciencia penal tudesca, que define esta clase de figuras como aquellas "violaciones dirigidas hacia un resultado que está más allá de los hechos externos de ejecución del delito", por lo cual es suficiente para la consumación del delito que el sujeto activo haya tenido en mente, al privar de la libertad al ofendido, la finalidad de obtener el rescate, sin que interese que este objetivo se concrete". 12 Se cita como criterio orientador la tesis VI.1o.P.187 P, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Abril de 2002, Novena Época, página 1309, registro 187151, que a la letra dice: "PLAGIO O SECUESTRO, DELITO DE. PARA SU CONFIGURACIÓN NO ES NECESARIO ACREDITAR QUE SE OBTUVO UN RESCATE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). El delito de secuestro previsto en la fracción I del artículo 302 del Código de Defensa Social del Estado, no exige para su configuración que el sujeto activo obtenga el rescate por el plagiado, al tratarse de un tipo de resultado cortado o anticipado, en el que se colman las exigencias del cuerpo del delito, sin que verdaderamente se obtenga la finalidad propuesta, en razón de que el legislador estableció la consumación de este delito con la sola privación de la libertad de una persona en forma ilícita y la punibilidad que le corresponda a cada conducta dependerá de la o las diversas acciones que realicen los activos después de tener privado de la libertad al pasivo, incluyendo, desde luego, la idea criminal; así tenemos que la disposición penal, en lo que interesa, señala: '... cuando la detención arbitraria tenga el carácter de plagio o secuestro, en alguna de las formas siguientes: I. Cuando se trate de obtener rescate ...'; por lo que para actualizarse este supuesto es suficiente que se demuestre que el fin ideado?????? De igual manera se tomó en consideración la declaración de los testigos de cargo Martín Hernández Hernández, Andrea Patishtan y Verónica Hernández Patishtan quienes manifestaron, el primero de ellos: ". que el veinticuatro de febrero de dos mil quince, aproximadamente a las veinte horas con treinta minutos, me encontraba descansando en mi domicilio cuando sonó mi teléfono celular y al contestar una voz masculina me dijo: 'habla el comandante', 'tú eres el tlacuache' y yo le dije que sí, ya que así me llaman mis conocidos allá en mi comunidad y seguidamente me dijo 'conoces a MARIANO SANTIZ HERNANDEZ' a lo que le conteste que sí que es mi amigo y me dijo dice 'MARIANO QUE SI LE PUEDES PRESTAR DINERO' 'es que está detenido el MARIANO con su platina' y yo le dije 'no tengo dinero además le voy avisar a su papá ya que aquí trabaja vende esquites en la calle y le avise a LUCAS, que es el papá de MARIANO, y dije 'háblale a tu hijo que está detenido' y entonces me di cuenta que LUCAS le marco al teléfono de su hijo, y me dijo hazme un favor lIévame en tu carro te voy a pagar la gasolina para ir a buscar a mi hijo, y nos fuimos es decir fue mi esposa de nombre ANDREA HERNANDEZ PATISHTAN y como Lucas me dijo que era por el hospital de la mujer ahí nos estacionamos cerca del hospital pero comenzamos a caminar para ubicar el lugar que le había dicho LUCAS y cuando íbamos por una calle que esta por el Banco Banamex, alcanzamos a ver a una persona que se encontraba detrás de una ventana de cristal que nos hacía señas indicándonos que nos veía abajo, por lo que hicimos caso y ahí nos ubicamos, para estos ya eran aproximadamente las once de la noche y al llegar a dicho lugar la persona que momentos antes nos había indicado donde entraríamos, estaba esperándonos en la planta baja y fue que nos abrió un portón de fierro, que se encuentra en la parte de adelante, que dicha persona, era de complexión flaco de tez moreno, de aproximadamente 1.60 metros, de cabello corto, color negro, el cual estaba vestido con una camisa de color anaranjado sin fijarme de más detalles y nos dijo síganme y subimos unas escaleras sin recordar a que piso nos llevó, y al llegar que era un cuarto que estaba vacío y ahí se encontraban otras tres personas del sexo masculino, que uno de ellos era de complexión gordo, como 1.60 metros de altura, de tez moreno, cabello negro, peinado hacia atrás, sin darme cuenta como estaba vestido, de los otros dos no me acuerdo bien, solo recuerdo sus siluetas, que al llegar al lugar dije buenas noches y me contestaron 'buenas noches', entonces les dije, qué caso tiene con el MARIANO, y uno de ellos el de complexión gordo, me dijo 'vende coca', y yo le dije si lo encontraste lo pruebas, y la misma persona me dijo 'si es tu amigo el MARIANO, ayúdalo dale veinte o treinta mil pesos para que lo soltemos' y yo le dije no lo puedo apoyar porque no tengo ni un peso, y comenzamos a platicar con el papa de MARIANO es decir con por el sujeto activo haya sido el de obtener un rescate y que haya procurado alcanzarlo, siendo irrelevante que lo hubiera obtenido". LUCAS, y yo ya me quede callado, ya no dije más, pero escuche que le decían al papá 'que consiguiera cien mil pesos' y como no lo tienen ellos le pedían a fuerza que le entregaran la factura del platina es decir del carro que traía el MARIANO el caso es que tardamos ahí un buen rato pues salimos hasta las cuatro de la mañana, pero si le entregaron al MARIANO a su papa es decir a LUCAS SANTIZ, y a esa hora nos fuimos a la colonia las Gaviotas Norte a ver a la dueña del carro platina que se llama VERONICA HERNANDEZ PATISHTAN y le explicamos que hubo problemas con el MARIANO, y ya ahí solo subieron LUCAS y VERONICA ...' la segunda alegó: '... que el día veinticuatro de febrero de dos mil quince me encontraba en mi domicilio antes referido en compañía de mi esposo MARTIN HERNANDEZ HERNÁNDEZ, y siendo las veinte horas con treinta minutos, me dice mi esposo, 'acompañe a avisarle LUCAS que su hijo está detenido', por lo que nos fuimos avisarle y de ahí nos dirigimos a un lugar que supuestamente eran las oficinas de la Procuraduría General de la Republica, por el hospital de la mujer, que cerca de ese hospital dejo estacionado mi esposo su vehículo, y de ahí caminamos y cuando íbamos en la calle en que se encuentra un banco que me dijeron que se llamaba Banamex, nos hizo señas unas persona del sexo masculino que se encontraba en una ventana de cristal transparente y nos dirigimos a ese lugar y ya ahí nos esperaba la persona que momentos antes nos había hecho unas señas, y nos hizo subir unas escaleras y estando en el lugar llegamos a un cuarto en donde se encontraban cuatro personas que una de esas personas u era la que nos había dirigido hasta ese lugar es de complexión flaco de tez moreno, de aproximadamente 1.60 de cabello corto color negro, el cual estaba vestido con una camisa de color anaranjada, que otros de ellos es de complexión gorda sin fijarme en las demás personas, que el flaco me dijo a mi 'dile al comandante que se rebaje un poco del dinero', a lo que le dije pero nosotros no tenemos dinero y le dije además para que quieren dinero y me dijo 'es que si no traen el dinero no van a soltar a MARIANO ni a su coche' y yo le dije que el carro que cargaba MARIANO o es de él si no de mi hermana, y me volvió a decir 'yo te aconsejo' y le dije pero de que, 'dile al comandante que se quede el carro y que el MARIANO se vaya a buscar dinero', y yo le dije pues ahí está el papa de MARIANO, y ya nosotros no nos metimos en más platica con esas personas, sin embargo me quede ahí esperando a que soltaran a MARIANO, pero ya solo dejaron subir a VERONICA y a LUCAS y fue todo lo que me consta; la tercera refirió: '.que siendo aproximadamente las veintitrés horas con treinta minutos, cuando llegamos a las oficinas de la COE perteneciente a la Procuraduría General de la Republica en Estado de Tabasco, al momento de subir a la planta alta de dicha oficina me entreviste con una persona del sexo masculino, que cuya características físicas es complexión robusta, de color piel moreno, de la estatura mediana, de color del cabello negro y que dicha persona a la que describo este preciso momento de mi comparecencia y que si a la vista físicamente lo puedo reconocer y asimismo quiero manifestar que en ese momento la que me servía como traductora era mi hija Josefina de la Cruz Hernández y cuando le dije a mi hija que le preguntara el nombre de la persona solo le dijo que era el comandante de la policía sin mayores argumento porque ya no quiso contestar la persona que solo dijo quería el documento de la factura original de mi vehículo, y que dicha persona fue la que pidió la factura original de mi unidad móvil marca platina de color plata a nombre de mi concubino de nombre Mario de la Cruz Hernández, ya que esa persona la que me pedía la factura me decía que la querían para poder liberar a la persona detenida que responde al nombre de Mariano Santiz René Peña Morgan?????? Hernández, acusado Policia de la PGR por el delito de tráfico de droga, mismo que para obtener su liberación necesitan a la fuerza que le entregue el original de dicho documento, que yo le dije que no lo tenía en ese momento porque lo tenía en mi domicilio particular que es Bautista Grande, Chamula Chiapas y que por ese motivo no se lo podría entregar y es más porque me tiene que pedir la factura Original". Testimonios a los cuales la Sala otorgó valor probatorio de indicio en términos de lo dispuesto en los arábigos 108 y 110 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Tabasco, al reunir los requisitos establecidos en el diverso 109, fracción IV, del mismo ordenamiento, en virtud de que los atestes son personas con el criterio necesario para conocer y apreciar los hechos, los cuales conoció por medio de sus sentidos y no por inducciones ni referencias de terceros, sus declaraciones son claras y precisas, sin dudas ni reticencias, no consta que haya sido obligada a declarar en los términos que lo hizo, por medio de la fuerza o miedo, ni impulsada por error, engaño o soborno. Manifestaciones de las que, efectivamente, se desprende la privación de la libertad del ofendido y el hecho de que para liberarlo se solicitaba una cantidad de dinero o la entrega de un bien mueble.13 Asimismo, la responsable se apoyó en la inspección ministerial del lugar en donde fue privado de su libertad el pasivo Mariano Santiz Hernández, en el caso las "oficinas del COE", ubicadas en la Calle Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez, número 117, colonia Tamulte de las Barrancas de Villahermosa, Tabasco; diligencia a la que le otorgó valor 13 Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia 609, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 1917-Septiembre 2011, Tomo III, Penal Primera Parte-SCJN, Sección-Adjetivo, página 561, de rubro: "TESTIGOS. APRECIACIÓN DE SUS DECLARACIONES". probatorio en términos de los artículos 75, 83, 85, 107, 108 y 109 del código procedimental. Empero, si bien le da valor probatorio a dicha probanza para acreditar los elementos atinentes a la privación de la libertad de una persona y que el propósito de ésta fuera obtener un rescate, la Sala es omisa en establecer qué información obtuvo de la misma y cómo corrobora lo expuesto en las demás pruebas con las que pretende acreditar los referidos elementos del cuerpo del delito. Así es, en relación a la referida diligencia de inspección ministerial, la responsable se concreta a exponer que tiene valor probatorio en términos de los artículos 75, 83, 85, 107, 108 y 109 del Código Procedimental, por haberse efectuado de conformidad con los requisitos legales. En apoyo de ello, refiere que el Ministerio Público investigador puede valerse de medios para buscar pruebas, resultando una facultad de origen de dicha autoridad, porque de no ser así, se encontraría imposibilitado para acudir a los tribunales a ejercer acción penal, y que a dicha institución le está permitido practicar toda clase de diligencias tendentes a acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado. De igual forma, sostiene que dentro de tal potestad se haya la prueba de inspección, la que puede recaer en personas, cosas o lugares y su práctica corresponde a los??????????? funcionarios del Ministerio Público en las diligencias previas al ejercicio de la acción penal, otorgando la ley adjetiva pleno valor probatorio a dichos actos, al haber sido ejecutados por una autoridad pública en el ejercicio de las funciones que tiene encomendadas de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 Constitucional. No obstante, lo anterior sería suficiente y legamente válido, si lo que se pretende es justificar la realización de dicha diligencia; en cambio, de lo que se trata en el caso, es que la responsable establezca, además de los fundamentos jurídicos por los que le otorga valor probatorio a la referida actuación, es que exponga las razones por las que la misma le sirve para acreditar los elementos del cuerpo del delito, atinentes a la privación de la libertad de una persona y que el propósito de ésta fue obtener un rescate. Ello porque, el artículo 108 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Tabasco, además de prever que el juzgador apreciará y valorará las pruebas con libertad, también establece que éste debe determinar su eficacia, exponiendo en las resoluciones los elementos en que se funde para asignarles o negarles valor, así como cuál es el que les otorga con respecto a los hechos sujetos a prueba. Lo anterior, no está satisfecho en la valoración que la responsable hizo respecto de la inspección en comento. Por otra parte, este juzgador considera que lo resuelto por la Sala al tener por acreditadas las modificativas agravantes a que se refiere el artículo 10, fracción I, incisos a -que se realice en camino público o en lugar desprotegido o solitario-, b -en grupo de dos o más personas- y c -con violencia-, es objetivamente correcto. Respecto de la precisada en el inciso a), se demuestran con las declaraciones del padre de la víctima Mariano Santiz Hernández y de éste, las cuales fueron relacionadas y valoradas conforme a los razonamientos esgrimidos anteriormente; de las que se advierte que el secuestro de dicho agraviado fue en un lugar público, esto es, sobre la banqueta de la calle Grijalva, colonia Casa Blanca de Villahermosa, Tabasco, el cual resulta ser un lugar público ya que transita un sinnúmero de personas. En relación con el inciso b), de igual manera se acredita con las declaraciones del padre de la víctima Mariano Santiz Hernández y de éste, de las que se desprende que fue privado de su libertad por cinco personas del sexo masculino. Por último, en relación con el inciso c), con la declaración de la víctima, en la que manifestó, medularmente, que desde el momento en que lo privaron de su libertad, lo esposaron de las manos, lo subieron a la fuerza a la parte trasera de la camioneta, le cubrieron el rostro con una bolsa de nylon, color blanco, que lo asfixiaron, además lo golpearon en el rostro. Mismas que la autoridad adminiculó con la diligencia de??????????? inspección ministerial del lugar donde estuvo privado de su libertad, realizada por el fiscal investigador, Lucas Santiz Gómez y los testigos Martín Hernández Hernández, Andrea Hernández Patishtan y Verónica Hernández Patishtan, en las oficinas de la COE ubicadas en la calle DR Gustavo Rovirosa Pérez, número 117 de la colonia Tamulte de las Barrancas Villahermosa, Tabasco, en donde se entrevistaron con el Titular del Centro de Operaciones Estratégicas adscritas a esa delegación estatal, quien refirió que el edificio cuenta con tres niveles que en ese lugar se encuentra también personal de la Fiscalía del Estado, por lo que el ministerio público procedió a dar fe de lo que tiene a la vista de una construcción de material de concreto se encuentra la esquina de calle Doctor Gustavo a Rovirosa, número 117, de la colonia mencionada, que en la primera planta se encuentra un patio de treinta metros cuadrados, dio fe de tener a la vista un vehículo marca platina con número de serie 1NJH0S38L203222 número de placas WNA-6702, manifestando Verónica Hernández Patishtan que es de su propiedad y que él mismo lo fue asegurado el veinticuatro de febrero de dos mil quince, a Mariano Santis Hernández; de igual forma se manifestaron las personas de nombres Lucas Santiz Gómez y los testigos Martín Hernández Hernández, Andrea Hernández Patishtan y Verónica Hernández Patishtan, que dicho lugar fue donde se entrevistaron con las cuatro personas que describieron en sus declaraciones ministeriales y era donde se encontraba el joven Mariano Santis Hernández el cual se encontraba esposado en donde le solicitaron diera la cantidad de $100,000.00 (cien mil pesos) a cambio de la libertad de Mariano y de la liberación del vehículo antes mencionado. Asimismo, en lo tocante a la calificativa a que se refiere el artículo 10, fracción II, inciso a -que el autor haya sido integrante de alguna institución de seguridad pública-, fue correcta la estimación de la responsable acerca de su acreditación, dado que en términos del informe FGE/DGA/1720/2016 del Director General Administrativo de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, se remitieron copias certificadas del formato D.R.H. así como diversas fotografías del personal que estuvo en funciones en el día y lugar de los hechos, entre ellas la del ahora quejoso, quien tiene la categoría de policía ministerial, con clave CCO0805/0188 adscrito a la Dirección General de la Policía Ministerial. De igual forma, es correcta la acreditación de la misma con el informe de once de marzo de dos mil quince, con el número FGE/DGPI/UAJ/479/2015 mediante el cual el Director de la Policía de Investigación de la Fiscalía del Estado, informa el nombre completo del personal comisionado en el Centro de Operaciones Estratégicas, y que el aquí quejoso es policía de investigación encargado del Grupo Operativo. Lo que adecuadamente robusteció con la inspección ministerial realizada, que se reseñó con antelación. Con lo anterior tuvo por acreditadas las agravantes a que se refiere el artículo 10, fracción I, incisos a, b y c, fracción II, inciso a, toda vez que la privación de la libertad fue cometida en un lugar público, por un grupo de más de????????????? dos personas, con violencia física sobre la víctima y por parte de un integrante de alguna institución de seguridad pública. No obstante, este juzgador estima que, aun cuando la autoridad responsable citó en la resolución reclamada el artículo 1214 de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, omitió analizar si en la especie se actualiza la atenuante a que se refiere dicho numeral. Ello, tomando en consideración que la víctima en su declaración manifestó: ". escuchando la voz de mi papá y suplicando a que me liberarán ya que nosotros somos personas de trabajo y nunca hemos metido en vender cosas malas, únicamente nos dedicamos a vender elotes en el lugar porque la choca ,que se localiza en Paseo Tabasco, de tanta súplica que me pidió mi Papa ante los policías entonces dijeron que 1. 14 Este prevé una circunstancia atenuante, el cual a la letra dice: "Artículo 12. Si espontáneamente se libera a la víctima del secuestro dentro de los tres días siguientes al de la privación de la libertad, sin lograr alguno de los propósitos a que se refiere el artículo 9 de esta Ley y sin que se haya presentado alguna de las circunstancias agravantes del delito, la pena será de cuatro a doce años de prisión y de cien a trescientos días multa. La misma pena se aplicará a aquél que habiendo participado en la planeación de alguna de las conductas a que hace referencia el presente Capítulo, dé noticia de ese hecho a la autoridad y la víctima sea rescatada con vida. La pena señalada en el párrafo primero de este artículo se aplicará a aquél que habiendo participado en la comisión de alguna de las conductas a que hace referencia el presente Capítulo, dé noticia de ese hecho a la autoridad para evitar que se cometa el delito y proporcione datos fehacientes o suficientes elementos de convicción contra los demás participantes del hecho o, ya cometido, antes de que se libere a la víctima, proporcione, los datos o elementos referidos, además dé información eficaz para liberar o localizar a la víctima. No obstante lo anterior, si a la víctima se le hubiere causado alguna lesión de las previstas en los artículos 291 a 293 del Código Penal Federal, la pena será de dieciocho a treinta y dos años de prisión y de seiscientos a mil días multa, así como la colocación de los dispositivos de localización y vigilancia por la autoridad policial hasta por los cinco años posteriores a su liberación. En caso de que espontáneamente se libere al secuestrado dentro de los primeros diez días, sin lograr alguno de los propósitos a que se refiere el artículo 9 de la presente Ley, y sin que se haya presentado alguna de las circunstancias agravantes del delito, la pena de prisión aplicable será de dieciséis a treinta años y de quinientos hasta mil días multa". juntáramos la cantidad de $100,000.00 (cien mil pesos), ya que se dinero se tiene que repartir con los jefes y así liberar el coche que tienen en su poder, pero en ese instante otro policía dijo así mira don Lucas si me traes la cantidad de $30,000.00 (treinta mil pesos) en estos momentos, te soltamos inmediatamente a tu hijo y también te llevas de una vez el coche platina, pero si no entregas nada no hay trato, entonces nuevamente le dije a uno de los policías que desconozco su nombre y apellido mira señor policía no tengo nada de dinero pero permítame salir a buscar y te lo vamos a entregar para el día miércoles 25 (veinticinco) de febrero a las 6:00 de la tarde en esta misma oficina, fue así que aceptaron mi propuesta y logré mi libertad bajo las condiciones a pagar esta suma solicitada, de no pagar esa cantidad, que me saldrían a buscar nuevamente en el lugar donde actualmente vivo con mi papá, y es más que se negaba a pagar lo más rápido posible lo llenaría de droga el coche que tiene retenida en sus instalaciones y que servirá como prueba que efectivamente estoy traficando droga de esta ciudad de Villahermosa, Tabasco". De tal manifestación se advierte que la víctima quedó en libertad sin realizar el pago del rescate. Aunado a ello, de la declaración vertida por la víctima, así como la de Martín Hernández Hernández, se desprende que el primero de los mencionados estuvo privado de su libertad, aproximadamente, de las diecinueve horas del día veinticuatro de febrero de dos mil quince a las cuatro horas del día siguiente, esto es, nueve horas. Sobre el particular, la Primera Sala de la suprema Corte de justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 18/9815 sostuvo el criterio que el segundo párrafo del artículo 16 de la Constitución General de la República, estatuye que no podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia, acusación o querella de un hecho determinado que la ley señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad y existan datos que acrediten los 15 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Abril de 1998, Novena Época, página 155, registro 196556, de rubro "ORDEN DE APREHENSIÓN. DEBEN PRECISARSE LAS CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES O ATENUANTES DEL DELITO, DE ACUERDO CON LA REFORMA AL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE FECHA TRES DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES".??????????? elementos que integran el tipo penal y la probable responsabilidad del indiciado, que dentro de este contexto normativo, es obligación constitucional y legal de todo juzgador, al emitir una orden de aprehensión, determinar cuáles son, según el delito de que se trate, los datos que acreditan los elementos del tipo penal, a fin de que quede precisada no sólo la figura delictiva básica, sino que además, de ser el caso, se configure o perfile su específica referencia a un tipo complementado, subordinado o cualificado, pues no debe perderse de vista que el dictado de la orden de captura, como consecuencia del ejercicio de la acción penal realizada por el Ministerio Público, surte el efecto procesal de poner a disposición del Juez al indiciado en relación con determinado delito. Por tanto, el Máximo Tribunal consideró que deben quedar determinados con precisión sus elementos constitutivos, incluyendo las modificativas, agravantes o atenuantes que, en su caso, surjan de los hechos materia de la consignación. En el caso, si bien la Sala cita en la resolución reclamada el artículo 12 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, omitió exponer las razones por las que considera se actualiza o no la atenuante a que se refiere dicho numeral. De ahí que se considere que la resolución reclamada es violatoria del derecho fundamental de legalidad, previsto en el artículo 16 constitucional, al estar insuficientemente fundada y motivada. En ese tenor, este juzgador se encuentra técnicamente impedido para adentrarse en el estudio de fondo de los conceptos de violación ya que de hacerlo se sustituiría en la jurisdicción de la responsable, pues precisamente deberá atender a lo que le fue planteado, ya que en el juicio de amparo debe analizarse el acto reclamado tal y como fue emitido; en consecuencia, tampoco es viable adentrarse en el estudio de la probable responsabilidad. Tiene aplicación al respecto la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con el número 207, aparece publicada en el Apéndice 2000 al Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia SJCN, página 169, de rubro y texto siguientes: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO, GARANTÍA DE. NO PROCEDE EXAMINAR LAS VIOLACIONES DE FONDO QUE SE PROPONGAN. Cuando se alegan en la demanda de garantías violaciones formales, como lo son el que no se respetó la garantía de previa audiencia o la abstención de las autoridades de expresar el fundamento y motivo de su acto, caso en que no deben estudiarse las demás cuestiones de fondo que se propongan, no procede la protección constitucional por violaciones de fondo, porque precisamente esas violaciones serán objeto, ya sea de la audiencia que se deberá otorgar al quejoso o, en su caso, del nuevo acto que emita la autoridad, porque no se puede impedir que dicte un nuevo acto en que purgue los vicios formales del anterior, aunque tampoco puede constreñírsele a reiterarlo". En las relatadas consideraciones, procede conceder al quejoso el amparo y protección de la justicia federal.??????????? OCTAVO. EFECTOS CONCESORIOS DEL AMPARO. De conformidad con lo instituido en los artículos 74 fracción V y 77 fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la protección constitucional se concede para que la autoridad responsable, Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco: a) Deje insubsistente la resolución de veinticinco de junio de dos mil dieciocho, dictada en el recurso de apelación 50/2018-II de su índice, en la que determinó revocar el auto impugnado16 y decretó orden de aprehensión contra Wlfrano Denis Cortázar Valenzuela y/o Wlfrano Denis Cortázar Juárez, como probable responsable del delito de secuestro, previsto y sancionado por el artículo 9 fracción I, inciso a, en relación a los diversos 10 fracciones I, incisos a, b y c; y II, inciso a, y 12, de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en agravio de Mariano Santiz Hernández. b) En su lugar, con plenitud de jurisdicción, emita nueva determinación en la que subsane las omisiones y deficiencias destacadas en este fallo, esto es, de manera fundada y motivada establezca: 16 De veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, emitido por el Juez Segundo Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco, en la causa penal 56/2016. b.1 Al momento de otorgar valor probatorio a la inspección ministerial del lugar en donde fue privado de su libertad el pasivo Mariano Santiz Hernández, para acreditar los elementos del cuerpo del delito en cuestión, precise las razones por las que le otorga eficacia jurídica. b.2 Analice si, en la especie, se actualiza o no la atenuante a que se refiere el artículo 12 de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exponiendo las razones de su decisión. c) Previa reiteración, en su caso, de lo que no haya sido materia de la concesión en el presente juicio, y, una vez subsanada las deficientes precitadas, realice el estudio de la probable responsabilidad y resuelva lo que en derecho corresponda. Concesión de amparo que se hace extensiva al acto de ejecución que se reclama, puesto que el cumplimiento de actos inconstitucionales también importa violación de derechos fundamentales en perjuicio del accionante del amparo.17 17 Es aplicable lo que dispone la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con el número 89, es consultable en la página 71, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice 2000 al Semanario Judicial de la Federación, con el rubro: "AUTORIDADES EJECUTORAS. ACTOS INCONSTITUCIONALES DE LAS".???????????? NOVENO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En auto de dos de septiembre de dos mil veinte, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Wilfrano Denis Cortazar Valenzuela, por las razones expuestas en el considerando TERCERO de la presente resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Wilfrano Denis Cortazar Valenzuela, por las razones y para los efectos establecidos en los considerandos SÉPTIMO y OCTAVO de esta sentencia. TERCERO. En atención a lo expuesto en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública del mismo con supresión de datos personales. Notifíquese personalmente.
- Principal
MESA 4 VILLAHERMOSA, TABASCO, CATORCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. Vista la certificación de cuenta se advierte que en proveído de ocho de los actuales, dictado en el cuadernillo de sigilo, derivado del presente juicio, se ordenó notificar al tercero interesado Mariano Santiz Hernández, el auto de dos de septiembre pasado, respecto de la radicación del expediente de amparo en este juzgado, mismo que se encuentra en vías de cumplimiento. En tal virtud, a efecto de no violar las formalidades esenciales del procedimiento, toda vez que deviene indispensable que el tercero interesado tenga conocimiento de lo anterior y de la fecha de la audiencia constitucional, se ordena diferir la programada para hoy, y se fija como nueva fecha y hora para su celebración las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Al respecto, por analogía en las consideraciones que la sustentan, es aplicable la Tesis aislada II.1o.C.T.47 K, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 722, Tomo V, Junio de 1997, Novena Época, del rubro y texto: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. SU DIFERIMIENTO REQUIERE DE NOTIFICACIÓN PERSONAL, SI NO HUBO PREVIO CONOCIMIENTO DE LAS PARTES. Aun cuando, por regla general, el procedimiento de amparo no hace señalamiento expreso de las notificaciones personales, que puedan surgir durante el mismo, salvo en lo concerniente a los requerimientos y prevenciones, la verdad es que mediante jurisprudencia, la anterior Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia por contradicción de tesis publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Materia Común, Tomo VI, visible a fojas 58, denominada: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. POTESTAD DEL JUEZ PARA DIFERIRLA O SUSPENDERLA.", faculta al a quo federal, a que atento a su prudente arbitrio, la difiera o la suspenda, cuando exista solicitud de cualesquiera de las partes e incluso sin esa petición, siempre y cuando las circunstancias así lo ameriten, porque la intención del legislador, al establecer la figura jurídica de notificaciones in genere, fue obligar a quien dirige el procedimiento, a comunicar a las partes los acuerdos o resoluciones dictadas en ese transcurso, porque el fin óptimo de la vía, es el de que ésta no puede llevarse en lo íntimo, ni existe justificación para efectuar acuerdos de los cuales no se enteren las partes, lo que en estos términos, en una sana política judicial, será el que el Juez, con su prudente arbitrio, procure que los litigantes conozcan sus determinaciones y en especial, cuando éstas revisten singular trascendencia, como ocurre con el señalamiento de la audiencia constitucional, la cual consta dentro del juicio sumario de amparo, de las etapas de ofrecimiento y desahogo de pruebas, alegatos y sentencia; en cuyas condiciones, si existe diferimiento de la audiencia y el órgano de control advierte que no tuvo conocimiento cualesquiera de las partes, debe comunicarle la nueva fecha, pues es de gran trascendencia la participación de los interesados en la misma. Por otra parte, agréguese a los autos el escrito signado por Vicente Mota de la O, autorizado en términos amplios de la parte quejosa, mediante el cual se le tiene ofreciendo como prueba la instrumental de actuaciones, consistente en todo lo actuado en el presente juicio, así como la presuncional en su doble aspecto; por lo que, de conformidad con el artículo 119 de la Ley de la Materia, se admiten y se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer nueva relación de ellas en la audiencia constitucional. Asimismo, formula alegatos, los cuales serán tomados en consideración al momento de celebrar la audiencia constitucional relativa, como lo dispone el artículo 124 de la ley de la materia. Notifíquese.
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Notifíquese personalmente al tercero interesado.
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