Willian Rodriguez Arceo.

Expediente 610/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 4 de septiembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
610/2017
Año
2017
Actuaciones
7
Última actuación
04/09/2017

Partes del expediente

  • Willian Rodriguez Arceo.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    MESA I. Vistos los presentes autos y atendiendo a que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo en vigor, sin que se hubiera interpuesto el recurso de revisión en contra del acuerdo de diez de agosto de dos mil diecisiete, pronunciado en este juicio de amparo; pues si bien no obran en autos los acuses de los oficios por medio de los cuáles se les remitió la citada sentencia a las autoridades responsables que tiene su sede fuera de esta ciudad, ello, no causa perjuicio alguno a las mismas, sino únicamente al directo quejoso, en virtud de que en la sentencia de referencia se sobreseyó en el presente juicio. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el expresado acuerdo que sobreseyó fuera de audiencia, el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, de conformidad con lo establecido en el punto Undécimo del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Igualmente, en cumplimiento al punto Vigésimo primero del Capítulo Quinto del citado Acuerdo General Conjunto, se determina que el presente juicio de garantías en el que se sobreseyó, se ubica dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del punto referido, y por tanto, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurrido los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto Vigésimo primero del acuerdo antes citado. En mérito de lo anterior, devuélvase a la autoridad responsable los tres anexos que adjunto, tanto a su informe con justificación como al oficio de 1333/2017. En cuanto al posible valor jurídico del presente expediente, se hace el señalamiento de que no lo tiene. Finalmente, notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. ...

  2. Principal

    MESA I. Vistos los presentes autos y nuevamente los oficios del Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado, con sede en Tizimín, Yucatán, y anexo que acompañó. Ahora, de la lectura de la demanda de amparo y del informe justificado se desprende que la parte quejosa señala como acto reclamado la resolución dictada en el recurso de revocación de siete de abril de dos mil diecisiete, por el Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado, con sede en Tizimín, Yucatán, en autos del expediente número 314/2011, en la que se confirmó el auto de diez de febrero de esa anualidad, pronunciada por el propio juez, en la sección tercera del aludido expediente, relativo al juicio de sucesiones unidas de intestado del señores Ángel Abel Rodríguez Novelo, en el que se le precisó al aquí quejoso, que únicamente el albacea de la sucesión tiene la representación para emprender algún tipo de requerimiento a la nombre de la sucesión. Ahora bien, del análisis del presente juicio de amparo este Juzgado considera que se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, dado que la resolución reclamada se trata de un acto derivado de otro consentido. En efecto, el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: - - - (.) - - - XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; - - - (.).". Sobre el particular, es necesario referir que de la fracción en comento, se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen dicho consentimiento. Al respecto, es de tenerse en cuenta el criterio de la Séptima Época, sustentada por la otrora Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado el Semanario Judicial de la Federación, volumen veintitrés, séptima parte, página 14, que dice: "ACTOS CONSENTIDOS, NATURALEZA DEL CONSENTIMIENTO EN LOS. No es cierto que el concepto de consentimiento definido por el artículo 1803 del Código Civil Federal, sea el que pueda servir para determinar cuando un acto ha sido consentido expresa o tácitamente, para fines del sobreseimiento, así se esté ante un criterio comparativo por algún autor sobre la materia. Y no debe ni puede privar ese concepto civilista, porque además de que en él campea un sentido que rige para el derecho privado, tan ajeno a la teoría del amparo, hay en la especie norma expresa al respecto en la ley reglamentaria del juicio de garantías, que hace inaplicables criterios ajenos o diversos al contenido directamente en la ley que debe regular y determinar la noción del consentimiento en cuanto a la improcedencia de la acción constitucional de amparo (artículo 73, fracciones XI y XII). La improcedencia del amparo es una cuestión que no fue acogida, en sus albores, por las leyes reglamentarias del juicio constitucional. No la consagra, para nada, la ley del 30 de noviembre de 1861, primigenia, en un orden cronológico, como tampoco contiene causales de improcedencia la Ley Orgánica Constitucional del 20 de enero de 1869 que sí menciona el sobreseimiento del amparo, aunque como causa de responsabilidad. En cambio, la Ley Orgánica de los artículos 101 y 102 de la Constitución Federal de 1857, datada el 14 de diciembre de 1882, sí trata la materia del sobreseimiento en su artículo 35, al prescribir en la fracción VI del mismo artículo 35, que se sobreseerá el amparo, cualquiera sea el estado del juicio, cuando el acto hubiere sido consentido y no versare sobre materia criminal. No define, esa ley de 1882, en qué estriba ese consentimiento y otro tanto harán los artículos 702 y 779 del Código de Procedimientos Federales del 6 de octubre de 1897 y del Código Federal de Procedimientos Civiles del 26 de diciembre de 1908 que se concretan, al través de su fracción V, a consignar que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos, siempre que éstos no importen una pena corporal o algún acto de los prohibidos por el artículo 22 de aquella Constitución de 1857. La doctrina del acto consentido es elaborada por la ley del señor presidente Carranza, la del 18 de octubre de 1919, que sí contempla la improcedencia del amparo en ese aspecto, y, por ende, define que se entiende por consentido un acto contra el que no se haya interpuesto amparo dentro de los quince días siguientes al en que se haya hecho saber al interesado, a no ser que la ley conceda expresamente término mayor para hacerlo valer (artículo 43, fracción V). La ley del señor presidente Cárdenas, esto es, la promulgada el 30 de diciembre de 1935, complementa esta doctrina cuando en las fracciones XI y XII de su artículo 73 desenvuelve, cabalmente, la teoría de la improcedencia del juicio constitucional, en punto a actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento (artículo 73, fracción XI), habiendo consentimiento tácito, si el juicio de garantías no se promueve dentro de los términos señalados por los artículos 21 y 22 de la ley en cuestión (artículo 73, fracción XII). La integración de esta doctrina del consentimiento de los actos reclamados, en el juicio de garantías, conduce a formular estas nítidas proposiciones: 1) Hay consentimiento expreso del acto reclamado, cuando directamente se exterioriza que se está de acuerdo o conforme con dicho acto; 2) Hay consentimiento expreso, también, del acto reclamado, cuando media una manifestación de voluntad que entrañe ese consentimiento; y 3) Hay consentimiento tácito del acto reclamado cuando el juicio de amparo deja de promoverse dentro de los términos que señalan los artículos 21 y 22 de su ley reglamentaria.". Ahora bien, el análisis relativo al consentimiento del acto reclamado no debe hacerse en forma aislada, es decir, debe vincularse con los actos emitidos por la autoridad señalada como responsable, anteriores al que se reclame y que tengan relación con el mismo, para así poder establecer si dicho acto reclamado deriva de otro que se haya consentido. En consecuencia, debe establecerse una relación de causalidad entre el acto que se estima consentido, y el acto derivado, para así poder determinar si el consentimiento ya expresado alcanza al nuevo acto combatido. En efecto, para considerar que un acto es derivado de otro consentido deben actualizarse dos supuestos: a) Ser una consecuencia natural y legal del acto antecedente. b) Que no se ataque por vicios propios, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad se haga derivar de los actos consentidos. Apoya esta consideración, la tesis sustentada por la Segunda Sala de nuestro máximo Tribunal del país, en la Quinta Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, tomo LXXXI, página 922, de rubro y texto siguientes: "ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS. Se entienden por actos derivados de otros consentidos, aquellos que se ejecutan dentro del mismo procedimiento y que son consecuencia natural y legal del acto antecedente, como el embargo lo es respecto del requerimiento de pago no acatado por el deudor, como el remate lo es respecto del embargo, etcétera, y contra los cuales no se expresan conceptos de violación específicos. Dos, son, pues, los elementos que se requieren para considerar a un acto derivado de otro consentido, a saber: 1o. Que sea una consecuencia natural y legal del acto antecedente; y 2o. Que no se ataque por vicios propios, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad se haga derivar de los actos consentidos. Ahora bien, el acuerdo que niega la nulificación de la orden de baja del quejoso, no surte el primer elemento, ya que no se dictó dentro del procedimiento en que se emitió esa orden, y, por lo mismo, no es una consecuencia natural y legal de ésta.". Pues bien, en el caso se estima que se dan los supuestos de la causal de improcedencia en comento, y para demostrar lo anterior, se estima necesario realizar una breve reseña de las constancias que obran en autos y las cuales tienen valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, siendo éstos son los siguientes: Acuerdo de veinticuatro de junio de dos mil once, por medio del cual se radicó la sucesión intestamentaria con motivo de la denuncia del fallecimiento de Ángel Abel Rodríguez Novelo; asimismo, se declaró como únicos y universales herederos a Víctor Manuel, Aurora, Abel y William, todos de apellidos Rodríguez Arceo. En audiencia de cinco de julio de dos mil once, se discernió del cargo de albacea a Víctor Manuel Rodríguez Arceo. Por auto treinta de octubre de dos mil quince, se nombró como nuevo albacea a William Rodríguez Arceo. En proveído de ocho de octubre de dos mil trece, se aprobaron las cuentas de administración exhibidas por Víctor Manuel Rodríguez Arceo, albacea de la sucesión. Mediante resolución emitida el uno de abril de dos mil dieciséis, en el toca 1404/2015, la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, revocó la determinación de treinta de octubre de dos mil quince, dictada en el juicio de origen, y se accedió no remover del cargo de albacea a Víctor Manuel Rodríguez Arceo. Mediante escrito de quince de agosto de dos mil dieciséis, William Rodríguez Arceo, solicitó ante la responsable se requiera al Albacea Víctor Manuel Rodríguez Arceo y a los coherederos a fin de que paguen a la sucesión diversas cantidades en concepto de "repasto de ganado". Seguido el juicio sucesorio, en auto de doce de septiembre de dos mil dieciséis, se declaró que no había lugar a acceder a lo solicitado por William Rodríguez Arceo, en el sentido de requerir a su coherederos el pago de diversas cantidades, en atención a que la acción respectiva debía ser ejercitada por el albacea de la sucesión Víctor Manuel Rodríguez Arceo. En contra del auto anterior, William Rodríguez Arceo, interpuso recurso de revocación, el cual fue resuelto el once de octubre de dos mil dieciséis en el que se declaró improcedente tal recurso. Mediante escrito presentado ante el juzgado responsable, William Rodríguez Arceo, solicitó de nueva cuenta requerir a sus coherederos el pago de diversas cantidades en concepto de "repasto de ganado". 10.- En proveído de diez de febrero de dos mil diecisiete, la responsable dio contestación a lo anterior, y le señaló que se esté a lo dispuesto a la parte final del proveído de doce de septiembre de dos mil dieciséis, esto es, -que la acción respectiva debía ser ejercitada por el albacea de la sucesión Víctor Manuel Rodríguez Arceo-. 11.- En contra de la determinación anterior, el justiciable interpuso recurso de revocación, el cual fue resuelto el siete de abril de dos mil diecisiete, en el sentido de declararlo improcedente, en virtud de que lo solicitado derivaba de un hecho consentido, el cual adquirió firmeza legal. Lo anterior, constituye el acto reclamado. De lo anterior, se obtiene que el acto reclamado consistente en la resolución de siete de abril de dos mil diecisiete, constituye un acto derivado de otro consentido. Ello es así, pues si el acto que se reclama se hace consistir en la resolución que determinó declarar improcedente lo solicitado por el quejoso, en el sentido de requerir a la administración de la sucesión, el pago de diversas cantidades; ello, derivó de lo que se resolvió en el proveído de doce de septiembre de dos mil dieciséis, en el que se determinó: ". Tizimín, Yucatán, a doce de septiembre de dos mil dieciséis . Finalmente y respecto a lo solicitado por el ciudadano William Rodríguez Arceo en el quinto y último memorial de cuenta, acerca de requerir a los herederos reconocidos que paguen a la sucesión diversas cantidades, declárese que no es de accederse, como en efecto no se accede, toda vez que la acción respectiva debe ser ejercitada por el albacea de la sucesión en términos de lo dispuesto en el artículo 2574 del Código Civil del Estado.. Siendo que el nombrado William Rodríguez Arceo no tiene tal carácter, ya que si bien es cierto que por auto dictado en fecha treinta de octubre del año dos mil quince . se le otorgó el cargo de albacea y por tanto ejecutor de la última voluntad del de cujus, no menos cierto es que por resolución de fecha primero de abril de dos mil dieciséis, dictada por los Magistrados que integran la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, se revocó tal determinación, prevaleciendo por ello, como albacea de la sucesión, el ciudadano Víctor Manuel Rodríguez Arceo, y por ende, es a quien corresponde inventariar los bienes que formen parte de la masa hereditaria, ejercitar las acciones conducentes para la defensa de los bienes o derechos respectivos y presentar cuentas de su administración". Proveído anterior que fue declarado improcedente mediante recurso de revocación resuelto el once de octubre de dos mil dieciséis. Por tanto, la resolución reclamada [siete de abril de dos mil diecisiete] es sólo una consecuencia necesaria, legal y directa de la determinación de doce de septiembre de dos mil dieciséis, en la que se declaró que no había lugar a acceder a lo solicitado por William Rodríguez Arceo, en el sentido de requerir a su coherederos el pago de diversas cantidades, en atención a que la acción respectiva debía ser ejercitada por el albacea de la sucesión Víctor Manuel Rodríguez Arceo, por lo cual ciertamente constituye un acto derivado de otro consentido, y ello hace improcedente el juicio de amparo en su contra, por surtirse la causal invocada. Se afirma lo anterior, pues en realidad desde la emisión del auto de doce de septiembre de dos mil dieciséis, la ahora responsable determinó que no había lugar a acceder a lo solicitado por William Rodríguez Arceo, en el sentido de requerir a su coherederos el pago de diversas cantidades, en atención a que la acción respectiva debía ser ejercitada por el albacea de la sucesión Víctor Manuel Rodríguez Arceo. En este sentido, si desde el doce de septiembre de dos mil dieciséis, la responsable determinó no acceder a la pretensión del quejoso, mismo que fue confirmado en el recurso de revocación que interpuso; resulta claro que, en todo caso, desde ese momento se causó perjuicio al peticionario de amparo y, como consecuencia, fue dicha resolución la que debió controvertir mediante el juicio biinstancial en caso de estimar que era inconstitucional. Por tanto, no podría estimarse que el quejoso está reclamando la resolución de siete de abril de dos mil diecisiete, por vicios propios, sino que en realidad pretende combatir la determinación en que la responsable determinó que no había lugar a acceder a lo solicitado por William Rodríguez Arceo, en el sentido de requerir a su coherederos el pago de diversas cantidades, en atención a que la acción respectiva debía ser ejercitada por el albacea de la sucesión Víctor Manuel Rodríguez Arceo, es decir, controvierte lo resuelto en la de doce de septiembre de dos mil dieciséis que no fue oportunamente reclamada. En este sentido, debe decirse que ante la falta de impugnación oportuna de la resolución de doce de septiembre de dos mil dieciséis, confirmada mediante recurso de revocación de once de octubre de dos mil dieciséis, lo acordado en la propia determinación de doce de septiembre de dos mil dieciséis adquirió firmeza y, por tanto, no es dable que con posterioridad se pretenda combatir tal determinación; de ahí que el presente juicio de amparo resulte improcedente. Corolario de lo anterior, es que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, en relación con la tesis de jurisprudencia 70 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, página 116, que dice: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos.". En las relatadas condiciones, y al consistir el acto aquí reclamado derivado de otro consentido, resulta evidente que en la especie se materializa la causa de improcedencia estatuida en el ordinal 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, lo cual conduce a sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la propia codificación legal. Siendo así las cosas, y aun cuando es suficiente la actualización de una sola causa de improcedencia para la inejercitabilidad del juicio constitucional, igualmente se configura la hipótesis prevista en el artículo 61 fracción fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción V, del artículo 107, aplicada en sentido contrario, del propio ordenamiento legal, en virtud de que el acto reclamado no constituye el último acto que ha de dictarse en la etapa denominada de partición, en autos del juicio de sucesión testamentaria de Julio Mejía Salazar, y tampoco afecta los derechos sustantivos de la parte quejosa. En este orden de ideas, los preceptos legales antes relacionados, establecen lo siguiente: "...ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente:. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "ARTÍCULO 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De los artículos trascritos se desprende que el amparo indirecto es procedente contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En la especie, de las constancias remitidas por el juez responsable, se desprende que el acto reclamado por el quejoso, lo constituye la resolución emitida en el juicio de origen, en el que se determinó que no había lugar a acceder a lo solicitado por William Rodríguez Arceo, en el sentido de requerir a su coherederos el pago de diversas cantidades, en atención a que la acción respectiva debía ser ejercitada por el albacea de la sucesión Víctor Manuel Rodríguez Arceo. En ese sentido, tal acto no afecta de manera cierta e inmediata derechos sustantivos, como enseguida se desarrollará. Se puntualiza que existe una ejecución de imposible reparación si las consecuencias del acto reclamado son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los derechos fundamentales del hombre que tutela la Constitución y los tratados, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, el domicilio, etc., porque esa afectación o sus efectos no se destruyen aun con el hecho de que quien la sufre obtenga una resolución definitiva favorable a sus intereses. Así las cosas, cuando la violación aducida repercute en cuestiones de trámite durante la sustanciación del juicio del orden común, no se está en el caso de un acto que tenga una ejecución de imposible reparación, que genere efectos materiales sobre los derechos sustantivos del gobernado, sino sólo tiene efectos de carácter intraprocesal. De esta suerte, independientemente de que el acto reclamado pueda afectar derechos fundamentales, lo cierto es que tal circunstancia no determina que cause un gravamen de imposible reparación al quejoso, ya que para ello, como se expuso, se requiere que exista afectación de manera directa e inmediata a derechos sustantivos consagrados en la Carta Magna y los tratados, tales como la vida, la libertad, la propiedad u otro análogo, lo que no acontece en el caso. En atención a lo anterior, en el caso es menester tener presente que el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, dentro de las disposiciones generales de los juicios de sucesión dispone que en todo juicio sucesorio, se formaran cuatro secciones (artículo 1060), mismas que identifica y regula en los artículos 1061, 1062, 1063 y 1064 de la siguiente manera: "ARTICULO 1061.- La primera sección se llamará de sucesión y contendrá en sus respectivos casos: I.- El testamento o testimonio de protocolización o la denuncia del intestado. II.- Las citaciones a los herederos y la convocación a los que se crean con derecho a la herencia. III.- Lo relativo al nombramiento y remoción de albacea e interventores, y el reconocimiento de derechos hereditarios. IV.- Los incidentes que se promuevan sobre el nombramiento o remoción de tutores. V.- Las resoluciones que se pronuncien sobre la validez del testamento, la capacidad legal para heredar y la preferencia de derechos". "ARTICULO 1062.- La sección segunda se llamará de inventarios y contendrá: I.- El inventario provisional del interventor. II.- El inventario y avalúo que forme el albacea. III.- Los incidentes que se promuevan. IV.- La resolución sobre el inventario y avalúo". "ARTICULO 1063.- La tercera sección se llamará de administración y contendrá: I.- Todo lo relativo a la administración. II.- Las cuentas, su glosa y calificación. III.- La comprobación de haberse cubierto el impuesto fiscal". "ARTICULO 1064.- La cuarta sección se llamará de partición y contendrá: I.- El proyecto de partición de los bienes. II.- Los incidentes que se promuevan en relación con ese proyecto. III.- Los arreglos relativos. IV.- Las resoluciones sobre el proyecto de partición. V.- Lo relativo a la aplicación de los bienes." Por su parte, la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia marcada con el número 288, visible en la foja 819, del Apéndice 1917-1985, del Semanario Judicial de la Federación, Cuarta Parte, Tercera Sala, en relación con las secciones del juicio sucesorio, señaló: "SUCESIONES. RESOLUCIONES DICTADAS EN SUS DIVERSAS SECCIONES. Cada una de las secciones del juicio sucesorio, tiene un objeto especial y se resuelve por separado, no habiendo, por consiguiente, una sentencia definitiva que abarque todo el procedimiento; así, es indudable que no se pueden reparar las omisiones cometidas en ese procedimiento, pudiéndose causar, por lo mismo al quejoso, un perjuicio de imposible reparación; por lo que, de acuerdo con lo establecido en la fracción IX del artículo 107 Constitucional, contra esas omisiones es procedente el amparo." Precisando posteriormente la extinta Sala, en relación con ese tema, que la sentencia que se pronuncie en la etapa de adjudicación sí tiene el carácter de definitiva para los efectos del amparo directo, según criterio sostenido en la jurisprudencia número 377, localizable en la página 253, Tomo IV, Materia Civil, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del rubro y texto: "SUCESIONES. SOLO LA SENTENCIA DE ADJUDICACIÓN TIENE EL CARÁCTER DE DEFINITIVA PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. La Suprema Corte de Justicia ha sostenido el criterio de que las sentencias que se pronuncien en las diversas etapas de un juicio sucesorio, con excepción de la que se refiere a la adjudicación de los bienes, no son definitivas para los efectos del amparo, porque no resuelven el juicio sucesorio en lo principal." En ese tenor, la resolución del Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado, con sede en Tizimín, Yucatán, en el expediente 314/2011, en la que se confirmó el auto de diez de febrero de dos mil diecisiete, y se determinó al justiciable que se esté a lo dispuesto en el auto de doce septiembre de dos mil dieciséis, esto es, que no se accedía a lo solicitado de requerir al albacea de la sucesión diversas cantidades, dentro de la tercera sección en el juicio de sucesión intestada de Ángel Abel Rodríguez Novelo, no puso fin a alguna de las secciones de sucesión, inventario, administración o partición del juicio sucesorio testamentario que nos ocupa. De lo expuesto, es dable concluir que la posible afectación que pudiera ocasionar al quejoso el acto reclamado, el cual fue dictado en la aún no finalizada tercera sección del juicio en comento, que en términos del numeral 1063, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, se denomina administración, (que juntamente con lo que se establece en los numerales 1061, 1062 y 1064, conforman las etapas o secciones en que se divide el juicio de sucesión), y que guarda relación con las tres anteriores, en tanto que la adjudicación se realiza a favor del declarado heredero y se transmite formalmente la propiedad de los bienes inventariados y valuados, atendiendo, en su caso, a las cuentas de la administración aprobadas durante la sección respectiva, de ningún modo tiene el carácter de irreparable requerido para la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues en este supuesto, existe la posibilidad de que los efectos de la aducida afectación, desaparezcan; y al ocurrir esto, es claro que tales efectos se extinguirían sin originar afectación alguna que sea predominante o superior a los derechos fundamentales del quejoso, esto es, la resolución en la que se dictaminó que no había lugar a acceder a lo solicitado por William Rodríguez Arceo, en el sentido de requerir a su coherederos el pago de diversas cantidades, en atención a que la acción respectiva debía ser ejercitada por el albacea de la sucesión Víctor Manuel Rodríguez Arceo, constituye un acto intraprocesal cuya ejecución no es de imposible reparación; de ahí, que el amparo que se promovió sea improcedente, debido a que ese acto, no afecta de manera directa e inmediata algún derecho sustantivo de la parte impetrante; sino acaso solamente afecta aquellos de índole procesal, y por ello, sólo pueden reclamarlo, en caso de no desaparecer tal afectación, mediante la instauración del juicio de amparo que promueva, una vez dictada la resolución que ponga fin a la sección relativa. Esto es, como cada sección tiene un objeto específico, y se resuelven por separado, las violaciones cometidas en cada sección deben impugnarse al reclamar la resolución que dé por terminada cada sección, pues dado el trámite en los juicios sucesorios no existe una sentencia definitiva que abarque todo el procedimiento, y por otro lado, no pueden estimarse consentidas las violaciones que el quejoso reclame; por tanto, hasta concluir cada sección del juicio generador de los actos reclamados, es el momento procesal oportuno de reclamar tal resolución, así como las violaciones que según la apreciación de la parte quejosa se cometieron durante el trámite anterior a la pronunciación de la misma. Cobran aplicación al caso, las tesis de rubro y texto siguientes: "SUCESIONES, VIOLACIONES PROCESALES. Como en los juicios sucesorios no existe una sentencia definitiva que comprenda todo el procedimiento ya que cada una de las secciones que lo componen se decide por separado, mediante la resolución especial correspondiente, las infracciones de tipo procesal cometidas durante el trámite de la sección de reconocimiento o de declaración de herederos, que no impidan la continuación del procedimiento respectivo, son impugnables por la vía constitucional cuando se reclame la resolución que ponga fin a dicha sección, toda vez que de atacarse de manera inmediata, sin esperar al dictado de aquélla, el amparo indirecto resultaría improcedente, atento a lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la ley de la materia, a contrario sensu." "JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. ES DE CARÁCTER UNIVERSAL Y PROCEDE AMPARO INDIRECTO CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE DECIDEN EL FONDO DE LAS TRES PRIMERAS ETAPAS DE DECLARACIÓN DE HEREDEROS, INVENTARIOS Y AVALÚOS Y DE ADMINISTRACIÓN, O QUE SEAN UN OBSTÁCULO PARA SU CONCLUSIÓN. La sucesión constituye un juicio de carácter universal y de naturaleza peculiar, puesto que en el proyecto de partición, el objeto principal es liquidar un patrimonio y adjudicarlo a una persona determinada, componiéndose de cuatro etapas: la de sucesión (que en su caso comprende declaración de validez del testamento, reconocimiento de derechos hereditarios o declaratoria de herederos y, nombramiento y remoción de albacea e interventores, así como de tutores); la de inventarios y avalúos; la de administración; y el juicio finaliza con una sentencia que se pronuncia en la cuarta y última sección, denominada de partición y adjudicación, que guarda relación con las tres anteriores, en tanto que la adjudicación se realiza a favor del declarado heredero y se transmite formalmente la propiedad de los bienes inventariados y valuados, atendiendo, en su caso, a las cuentas de la administración aprobadas durante la sección respectiva; sin embargo, conforme al principio de preclusión inherente a todo proceso judicial, al aprobarse la partición y declararse la adjudicación ya no es posible volver a analizar la totalidad de las actuaciones efectuadas dentro del juicio, sino que cada una de las secciones que lo componen se decide por separado mediante la resolución especial correspondiente, que adquiere firmeza para quienes son llamados al juicio sucesorio y tuvieron intervención como herederos; por tanto, las violaciones procesales habidas durante cada sección no son impugnables en el juicio de amparo indirecto, porque éste solamente procede contra la que decide el fondo de esa sección o representa un obstáculo para su conclusión, y excepcionalmente procederá la acción de amparo contra resoluciones que guarden autonomía o independencia de la resolución que ponga fin a la sección correspondiente". Máxime si se tiene presente que estimar lo contrario, esto es, permitir combatir en amparo indirecto actos como el que aquí se menciona, ocasionaría que las partes en cualquier procedimiento (civil, administrativo o laboral), puedan agotar el juicio de amparo tantas veces como violaciones se cometieran en el procedimiento, ocasionando así una demora injustificada en la resolución del conflicto, lo cual pugnaría con el principio de economía procesal. Sin que en el caso se trate de una determinación que constituya un obstáculo para la culminación de la etapa en cuestión, cuenta habida que con la misma sencillamente se pretende justificar la necesidad de la medida solicitada, lo que en modo alguno impide la subsecuente continuación de la precitada etapa. En consecuencia, debe concluirse que en la especie se actualizan los extremos de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción V, del 107, aplicada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo en vigor. Por ende, al actualizarse las causales de improcedencia previstas en los artículos 61, fracción XIII, y en la diversa fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción V, del 107, aplicada en sentido contrario, se impone sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia con apoyo en lo dispuesto por el numeral 63, fracción V, del citado ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con veintiún minutos del diez de agosto de dos mil diecisiete. ...

  3. Principal

    MESA I. Vistos los presentes autos y nuevamente los oficios del Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado, con sede en Tizimín, Yucatán, y anexo que acompañó. Ahora, de la lectura de la demanda de amparo y del informe justificado se desprende que la parte quejosa señala como acto reclamado la resolución dictada en el recurso de revocación de siete de abril de dos mil diecisiete, por el Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado, con sede en Tizimín, Yucatán, en autos del expediente número 314/2011, en la que se confirmó el auto de diez de febrero de esa anualidad, pronunciada por el propio juez, en la sección tercera del aludido expediente, relativo al juicio de sucesiones unidas de intestado del señores Ángel Abel Rodríguez Novelo, en el que se le precisó al aquí quejoso, que únicamente el albacea de la sucesión tiene la representación para emprender algún tipo de requerimiento a la nombre de la sucesión. Ahora bien, del análisis del presente juicio de amparo este Juzgado considera que se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, dado que la resolución reclamada se trata de un acto derivado de otro consentido. En efecto, el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: - - - (.) - - - XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; - - - (.).". Sobre el particular, es necesario referir que de la fracción en comento, se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen dicho consentimiento. Al respecto, es de tenerse en cuenta el criterio de la Séptima Época, sustentada por la otrora Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado el Semanario Judicial de la Federación, volumen veintitrés, séptima parte, página 14, que dice: ... Ahora bien, el análisis relativo al consentimiento del acto reclamado no debe hacerse en forma aislada, es decir, debe vincularse con los actos emitidos por la autoridad señalada como responsable, anteriores al que se reclame y que tengan relación con el mismo, para así poder establecer si dicho acto reclamado deriva de otro que se haya consentido. En consecuencia, debe establecerse una relación de causalidad entre el acto que se estima consentido, y el acto derivado, para así poder determinar si el consentimiento ya expresado alcanza al nuevo acto combatido. En efecto, para considerar que un acto es derivado de otro consentido deben actualizarse dos supuestos: a) Ser una consecuencia natural y legal del acto antecedente. b) Que no se ataque por vicios propios, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad se haga derivar de los actos consentidos. Apoya esta consideración, la tesis sustentada por la Segunda Sala de nuestro máximo Tribunal del país, en la Quinta Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, tomo LXXXI, página 922, de rubro y texto siguientes: "ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS. Se entienden por actos derivados de otros consentidos, aquellos que se ejecutan dentro del mismo procedimiento y que son consecuencia natural y legal del acto antecedente, como el embargo lo es respecto del requerimiento de pago no acatado por el deudor, como el remate lo es respecto del embargo, etcétera, y contra los cuales no se expresan conceptos de violación específicos. Dos, son, pues, los elementos que se requieren para considerar a un acto derivado de otro consentido, a saber: 1o. Que sea una consecuencia natural y legal del acto antecedente; y 2o. Que no se ataque por vicios propios, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad se haga derivar de los actos consentidos. Ahora bien, el acuerdo que niega la nulificación de la orden de baja del quejoso, no surte el primer elemento, ya que no se dictó dentro del procedimiento en que se emitió esa orden, y, por lo mismo, no es una consecuencia natural y legal de ésta.". Pues bien, en el caso se estima que se dan los supuestos de la causal de improcedencia en comento, y para demostrar lo anterior, se estima necesario realizar una breve reseña de las constancias que obran en autos y las cuales tienen valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, siendo éstos son los siguientes: Acuerdo de veinticuatro de junio de dos mil once, por medio del cual se radicó la sucesión intestamentaria con motivo de la denuncia del fallecimiento de Ángel Abel Rodríguez Novelo; asimismo, se declaró como únicos y universales herederos a Víctor Manuel, Aurora, Abel y William, todos de apellidos Rodríguez Arceo. En audiencia de cinco de julio de dos mil once, se discernió del cargo de albacea a Víctor Manuel Rodríguez Arceo. Por auto treinta de octubre de dos mil quince, se nombró como nuevo albacea a William Rodríguez Arceo. En proveído de ocho de octubre de dos mil trece, se aprobaron las cuentas de administración exhibidas por Víctor Manuel Rodríguez Arceo, albacea de la sucesión. Mediante resolución emitida el uno de abril de dos mil dieciséis, en el toca 1404/2015, la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, revocó la determinación de treinta de octubre de dos mil quince, dictada en el juicio de origen, y se accedió no remover del cargo de albacea a Víctor Manuel Rodríguez Arceo. Mediante escrito de quince de agosto de dos mil dieciséis, William Rodríguez Arceo, solicitó ante la responsable se requiera al Albacea Víctor Manuel Rodríguez Arceo y a los coherederos a fin de que paguen a la sucesión diversas cantidades en concepto de "repasto de ganado". Seguido el juicio sucesorio, en auto de doce de septiembre de dos mil dieciséis, se declaró que no había lugar a acceder a lo solicitado por William Rodríguez Arceo, en el sentido de requerir a su coherederos el pago de diversas cantidades, en atención a que la acción respectiva debía ser ejercitada por el albacea de la sucesión Víctor Manuel Rodríguez Arceo. En contra del auto anterior, William Rodríguez Arceo, interpuso recurso de revocación, el cual fue resuelto el once de octubre de dos mil dieciséis en el que se declaró improcedente tal recurso. Mediante escrito presentado ante el juzgado responsable, William Rodríguez Arceo, solicitó de nueva cuenta requerir a sus coherederos el pago de diversas cantidades en concepto de "repasto de ganado". 10.- En proveído de diez de febrero de dos mil diecisiete, la responsable dio contestación a lo anterior, y le señaló que se esté a lo dispuesto a la parte final del proveído de doce de septiembre de dos mil dieciséis, esto es, -que la acción respectiva debía ser ejercitada por el albacea de la sucesión Víctor Manuel Rodríguez Arceo-. 11.- En contra de la determinación anterior, el justiciable interpuso recurso de revocación, el cual fue resuelto el siete de abril de dos mil diecisiete, en el sentido de declararlo improcedente, en virtud de que lo solicitado derivaba de un hecho consentido, el cual adquirió firmeza legal. Lo anterior, constituye el acto reclamado. De lo anterior, se obtiene que el acto reclamado consistente en la resolución de siete de abril de dos mil diecisiete, constituye un acto derivado de otro consentido. Ello es así, pues si el acto que se reclama se hace consistir en la resolución que determinó declarar improcedente lo solicitado por el quejoso, en el sentido de requerir a la administración de la sucesión, el pago de diversas cantidades; ello, derivó de lo que se resolvió en el proveído de doce de septiembre de dos mil dieciséis, en el que se determinó: ". Tizimín, Yucatán, a doce de septiembre de dos mil dieciséis . Finalmente y respecto a lo solicitado por el ciudadano William Rodríguez Arceo en el quinto y último memorial de cuenta, acerca de requerir a los herederos reconocidos que paguen a la sucesión diversas cantidades, declárese que no es de accederse, como en efecto no se accede, toda vez que la acción respectiva debe ser ejercitada por el albacea de la sucesión en términos de lo dispuesto en el artículo 2574 del Código Civil del Estado.. Siendo que el nombrado William Rodríguez Arceo no tiene tal carácter, ya que si bien es cierto que por auto dictado en fecha treinta de octubre del año dos mil quince . se le otorgó el cargo de albacea y por tanto ejecutor de la última voluntad del de cujus, no menos cierto es que por resolución de fecha primero de abril de dos mil dieciséis, dictada por los Magistrados que integran la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, se revocó tal determinación, prevaleciendo por ello, como albacea de la sucesión, el ciudadano Víctor Manuel Rodríguez Arceo, y por ende, es a quien corresponde inventariar los bienes que formen parte de la masa hereditaria, ejercitar las acciones conducentes para la defensa de los bienes o derechos respectivos y presentar cuentas de su administración". Proveído anterior que fue declarado improcedente mediante recurso de revocación resuelto el once de octubre de dos mil dieciséis. Por tanto, la resolución reclamada [siete de abril de dos mil diecisiete] es sólo una consecuencia necesaria, legal y directa de la determinación de doce de septiembre de dos mil dieciséis, en la que se declaró que no había lugar a acceder a lo solicitado por William Rodríguez Arceo, en el sentido de requerir a su coherederos el pago de diversas cantidades, en atención a que la acción respectiva debía ser ejercitada por el albacea de la sucesión Víctor Manuel Rodríguez Arceo, por lo cual ciertamente constituye un acto derivado de otro consentido, y ello hace improcedente el juicio de amparo en su contra, por surtirse la causal invocada. Se afirma lo anterior, pues en realidad desde la emisión del auto de doce de septiembre de dos mil dieciséis, la ahora responsable determinó que no había lugar a acceder a lo solicitado por William Rodríguez Arceo, en el sentido de requerir a su coherederos el pago de diversas cantidades, en atención a que la acción respectiva debía ser ejercitada por el albacea de la sucesión Víctor Manuel Rodríguez Arceo. En este sentido, si desde el doce de septiembre de dos mil dieciséis, la responsable determinó no acceder a la pretensión del quejoso, mismo que fue confirmado en el recurso de revocación que interpuso; resulta claro que, en todo caso, desde ese momento se causó perjuicio al peticionario de amparo y, como consecuencia, fue dicha resolución la que debió controvertir mediante el juicio biinstancial en caso de estimar que era inconstitucional. Por tanto, no podría estimarse que el quejoso está reclamando la resolución de siete de abril de dos mil diecisiete, por vicios propios, sino que en realidad pretende combatir la determinación en que la responsable determinó que no había lugar a acceder a lo solicitado por William Rodríguez Arceo, en el sentido de requerir a su coherederos el pago de diversas cantidades, en atención a que la acción respectiva debía ser ejercitada por el albacea de la sucesión Víctor Manuel Rodríguez Arceo, es decir, controvierte lo resuelto en la de doce de septiembre de dos mil dieciséis que no fue oportunamente reclamada. En este sentido, debe decirse que ante la falta de impugnación oportuna de la resolución de doce de septiembre de dos mil dieciséis, confirmada mediante recurso de revocación de once de octubre de dos mil dieciséis, lo acordado en la propia determinación de doce de septiembre de dos mil dieciséis adquirió firmeza y, por tanto, no es dable que con posterioridad se pretenda combatir tal determinación; de ahí que el presente juicio de amparo resulte improcedente. Corolario de lo anterior, es que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, en relación con la tesis de jurisprudencia 70 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, página 116, que dice: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos.". En las relatadas condiciones, y al consistir el acto aquí reclamado derivado de otro consentido, resulta evidente que en la especie se materializa la causa de improcedencia estatuida en el ordinal 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, lo cual conduce a sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la propia codificación legal. Siendo así las cosas, y aun cuando es suficiente la actualización de una sola causa de improcedencia para la inejercitabilidad del juicio constitucional, igualmente se configura la hipótesis prevista en el artículo 61 fracción fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción V, del artículo 107, aplicada en sentido contrario, del propio ordenamiento legal, en virtud de que el acto reclamado no constituye el último acto que ha de dictarse en la etapa denominada de partición, en autos del juicio de sucesión testamentaria de Julio Mejía Salazar, y tampoco afecta los derechos sustantivos de la parte quejosa. En este orden de ideas, los preceptos legales antes relacionados, establecen lo siguiente: "...ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente:. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "ARTÍCULO 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De los artículos trascritos se desprende que el amparo indirecto es procedente contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En la especie, de las constancias remitidas por el juez responsable, se desprende que el acto reclamado por el quejoso, lo constituye la resolución emitida en el juicio de origen, en el que se determinó que no había lugar a acceder a lo solicitado por William Rodríguez Arceo, en el sentido de requerir a su coherederos el pago de diversas cantidades, en atención a que la acción respectiva debía ser ejercitada por el albacea de la sucesión Víctor Manuel Rodríguez Arceo. En ese sentido, tal acto no afecta de manera cierta e inmediata derechos sustantivos, como enseguida se desarrollará. Se puntualiza que existe una ejecución de imposible reparación si las consecuencias del acto reclamado son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los derechos fundamentales del hombre que tutela la Constitución y los tratados, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, el domicilio, etc., porque esa afectación o sus efectos no se destruyen aun con el hecho de que quien la sufre obtenga una resolución definitiva favorable a sus intereses. Así las cosas, cuando la violación aducida repercute en cuestiones de trámite durante la sustanciación del juicio del orden común, no se está en el caso de un acto que tenga una ejecución de imposible reparación, que genere efectos materiales sobre los derechos sustantivos del gobernado, sino sólo tiene efectos de carácter intraprocesal. De esta suerte, independientemente de que el acto reclamado pueda afectar derechos fundamentales, lo cierto es que tal circunstancia no determina que cause un gravamen de imposible reparación al quejoso, ya que para ello, como se expuso, se requiere que exista afectación de manera directa e inmediata a derechos sustantivos consagrados en la Carta Magna y los tratados, tales como la vida, la libertad, la propiedad u otro análogo, lo que no acontece en el caso. En atención a lo anterior, en el caso es menester tener presente que el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, dentro de las disposiciones generales de los juicios de sucesión dispone que en todo juicio sucesorio, se formaran cuatro secciones (artículo 1060), mismas que identifica y regula en los artículos 1061, 1062, 1063 y 1064 de la siguiente manera: "ARTICULO 1061.- La primera sección se llamará de sucesión y contendrá en sus respectivos casos: I.- El testamento o testimonio de protocolización o la denuncia del intestado. II.- Las citaciones a los herederos y la convocación a los que se crean con derecho a la herencia. III.- Lo relativo al nombramiento y remoción de albacea e interventores, y el reconocimiento de derechos hereditarios. IV.- Los incidentes que se promuevan sobre el nombramiento o remoción de tutores. V.- Las resoluciones que se pronuncien sobre la validez del testamento, la capacidad legal para heredar y la preferencia de derechos". "ARTICULO 1062.- La sección segunda se llamará de inventarios y contendrá: I.- El inventario provisional del interventor. II.- El inventario y avalúo que forme el albacea. III.- Los incidentes que se promuevan. IV.- La resolución sobre el inventario y avalúo". "ARTICULO 1063.- La tercera sección se llamará de administración y contendrá: I.- Todo lo relativo a la administración. II.- Las cuentas, su glosa y calificación. III.- La comprobación de haberse cubierto el impuesto fiscal". "ARTICULO 1064.- La cuarta sección se llamará de partición y contendrá: I.- El proyecto de partición de los bienes. II.- Los incidentes que se promuevan en relación con ese proyecto. III.- Los arreglos relativos. IV.- Las resoluciones sobre el proyecto de partición. V.- Lo relativo a la aplicación de los bienes." Por su parte, la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia marcada con el número 288, visible en la foja 819, del Apéndice 1917-1985, del Semanario Judicial de la Federación, Cuarta Parte, Tercera Sala, en relación con las secciones del juicio sucesorio, señaló: "SUCESIONES. RESOLUCIONES DICTADAS EN SUS DIVERSAS SECCIONES. Cada una de las secciones del juicio sucesorio, tiene un objeto especial y se resuelve por separado, no habiendo, por consiguiente, una sentencia definitiva que abarque todo el procedimiento; así, es indudable que no se pueden reparar las omisiones cometidas en ese procedimiento, pudiéndose causar, por lo mismo al quejoso, un perjuicio de imposible reparación; por lo que, de acuerdo con lo establecido en la fracción IX del artículo 107 Constitucional, contra esas omisiones es procedente el amparo." Precisando posteriormente la extinta Sala, en relación con ese tema, que la sentencia que se pronuncie en la etapa de adjudicación sí tiene el carácter de definitiva para los efectos del amparo directo, según criterio sostenido en la jurisprudencia número 377, localizable en la página 253, Tomo IV, Materia Civil, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del rubro y texto: "SUCESIONES. SOLO LA SENTENCIA DE ADJUDICACIÓN TIENE EL CARÁCTER DE DEFINITIVA PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. La Suprema Corte de Justicia ha sostenido el criterio de que las sentencias que se pronuncien en las diversas etapas de un juicio sucesorio, con excepción de la que se refiere a la adjudicación de los bienes, no son definitivas para los efectos del amparo, porque no resuelven el juicio sucesorio en lo principal." En ese tenor, la resolución del Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado, con sede en Tizimín, Yucatán, en el expediente 314/2011, en la que se confirmó el auto de diez de febrero de dos mil diecisiete, y se determinó al justiciable que se esté a lo dispuesto en el auto de doce septiembre de dos mil dieciséis, esto es, que no se accedía a lo solicitado de requerir al albacea de la sucesión diversas cantidades, dentro de la tercera sección en el juicio de sucesión intestada de Ángel Abel Rodríguez Novelo, no puso fin a alguna de las secciones de sucesión, inventario, administración o partición del juicio sucesorio testamentario que nos ocupa. De lo expuesto, es dable concluir que la posible afectación que pudiera ocasionar al quejoso el acto reclamado, el cual fue dictado en la aún no finalizada tercera sección del juicio en comento, que en términos del numeral 1063, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, se denomina administración, (que juntamente con lo que se establece en los numerales 1061, 1062 y 1064, conforman las etapas o secciones en que se divide el juicio de sucesión), y que guarda relación con las tres anteriores, en tanto que la adjudicación se realiza a favor del declarado heredero y se transmite formalmente la propiedad de los bienes inventariados y valuados, atendiendo, en su caso, a las cuentas de la administración aprobadas durante la sección respectiva, de ningún modo tiene el carácter de irreparable requerido para la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues en este supuesto, existe la posibilidad de que los efectos de la aducida afectación, desaparezcan; y al ocurrir esto, es claro que tales efectos se extinguirían sin originar afectación alguna que sea predominante o superior a los derechos fundamentales del quejoso, esto es, la resolución en la que se dictaminó que no había lugar a acceder a lo solicitado por William Rodríguez Arceo, en el sentido de requerir a su coherederos el pago de diversas cantidades, en atención a que la acción respectiva debía ser ejercitada por el albacea de la sucesión Víctor Manuel Rodríguez Arceo, constituye un acto intraprocesal cuya ejecución no es de imposible reparación; de ahí, que el amparo que se promovió sea improcedente, debido a que ese acto, no afecta de manera directa e inmediata algún derecho sustantivo de la parte impetrante; sino acaso solamente afecta aquellos de índole procesal, y por ello, sólo pueden reclamarlo, en caso de no desaparecer tal afectación, mediante la instauración del juicio de amparo que promueva, una vez dictada la resolución que ponga fin a la sección relativa. Esto es, como cada sección tiene un objeto específico, y se resuelven por separado, las violaciones cometidas en cada sección deben impugnarse al reclamar la resolución que dé por terminada cada sección, pues dado el trámite en los juicios sucesorios no existe una sentencia definitiva que abarque todo el procedimiento, y por otro lado, no pueden estimarse consentidas las violaciones que el quejoso reclame; por tanto, hasta concluir cada sección del juicio generador de los actos reclamados, es el momento procesal oportuno de reclamar tal resolución, así como las violaciones que según la apreciación de la parte quejosa se cometieron durante el trámite anterior a la pronunciación de la misma. Cobran aplicación al caso, las tesis de rubro y texto siguientes: "SUCESIONES, VIOLACIONES PROCESALES. Como en los juicios sucesorios no existe una sentencia definitiva que comprenda todo el procedimiento ya que cada una de las secciones que lo componen se decide por separado, mediante la resolución especial correspondiente, las infracciones de tipo procesal cometidas durante el trámite de la sección de reconocimiento o de declaración de herederos, que no impidan la continuación del procedimiento respectivo, son impugnables por la vía constitucional cuando se reclame la resolución que ponga fin a dicha sección, toda vez que de atacarse de manera inmediata, sin esperar al dictado de aquélla, el amparo indirecto resultaría improcedente, atento a lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la ley de la materia, a contrario sensu." "JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. ES DE CARÁCTER UNIVERSAL Y PROCEDE AMPARO INDIRECTO CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE DECIDEN EL FONDO DE LAS TRES PRIMERAS ETAPAS DE DECLARACIÓN DE HEREDEROS, INVENTARIOS Y AVALÚOS Y DE ADMINISTRACIÓN, O QUE SEAN UN OBSTÁCULO PARA SU CONCLUSIÓN. La sucesión constituye un juicio de carácter universal y de naturaleza peculiar, puesto que en el proyecto de partición, el objeto principal es liquidar un patrimonio y adjudicarlo a una persona determinada, componiéndose de cuatro etapas: la de sucesión (que en su caso comprende declaración de validez del testamento, reconocimiento de derechos hereditarios o declaratoria de herederos y, nombramiento y remoción de albacea e interventores, así como de tutores); la de inventarios y avalúos; la de administración; y el juicio finaliza con una sentencia que se pronuncia en la cuarta y última sección, denominada de partición y adjudicación, que guarda relación con las tres anteriores, en tanto que la adjudicación se realiza a favor del declarado heredero y se transmite formalmente la propiedad de los bienes inventariados y valuados, atendiendo, en su caso, a las cuentas de la administración aprobadas durante la sección respectiva; sin embargo, conforme al principio de preclusión inherente a todo proceso judicial, al aprobarse la partición y declararse la adjudicación ya no es posible volver a analizar la totalidad de las actuaciones efectuadas dentro del juicio, sino que cada una de las secciones que lo componen se decide por separado mediante la resolución especial correspondiente, que adquiere firmeza para quienes son llamados al juicio sucesorio y tuvieron intervención como herederos; por tanto, las violaciones procesales habidas durante cada sección no son impugnables en el juicio de amparo indirecto, porque éste solamente procede contra la que decide el fondo de esa sección o representa un obstáculo para su conclusión, y excepcionalmente procederá la acción de amparo contra resoluciones que guarden autonomía o independencia de la resolución que ponga fin a la sección correspondiente". Máxime si se tiene presente que estimar lo contrario, esto es, permitir combatir en amparo indirecto actos como el que aquí se menciona, ocasionaría que las partes en cualquier procedimiento (civil, administrativo o laboral), puedan agotar el juicio de amparo tantas veces como violaciones se cometieran en el procedimiento, ocasionando así una demora injustificada en la resolución del conflicto, lo cual pugnaría con el principio de economía procesal. Sin que en el caso se trate de una determinación que constituya un obstáculo para la culminación de la etapa en cuestión, cuenta habida que con la misma sencillamente se pretende justificar la necesidad de la medida solicitada, lo que en modo alguno impide la subsecuente continuación de la precitada etapa. En consecuencia, debe concluirse que en la especie se actualizan los extremos de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción V, del 107, aplicada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo en vigor. Por ende, al actualizarse las causales de improcedencia previstas en los artículos 61, fracción XIII, y en la diversa fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción V, del 107, aplicada en sentido contrario, se impone sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia con apoyo en lo dispuesto por el numeral 63, fracción V, del citado ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con veintiún minutos del diez de agosto de dos mil diecisiete. ...

  4. Principal

    mesa I. Agréguense a estos autos el oficio de la Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado, con residencia en Tizimín, Yucatán; por tanto, con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dese vista a las partes en este asunto por el término de tres días y háganse relación de las constancias al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Por otra parte, atendiendo a la voluminosidad de las constancias que la autoridad de mérito acompañó al oficio de cuenta, consistentes en la copia certificada, en dos tomos, del juicio sucesorios intestado 314/2011, de su índice; por tanto, fórmense dos anexos con las mismas, los cuales estarán a disposición de las partes para su consulta, en la Secretaría de este Juzgado, en el entendido de que se seguirá actuando en el presente expediente. Notifíquese. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del Despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización otorgada en sesión de veinte de junio de dos mil diecisiete, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, y comunicado en oficio número CCJ/ST/2870/2017, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, asistido de Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

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