Willian de Jesús Santos Sáenz

Expediente 957/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
957/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
15/10/2018

Partes del expediente

  • Willian de Jesús Santos Sáenz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    MESA VI. Visto el estado que guardan los presentes autos y lo de cuenta, se acuerda habiendo transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de revisión en contra de la resolución de fecha veinte de septiembre de dos mil dieciocho con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que la expresada resolución, que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el juicio de amparo, así como que carece de documentos originales, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo General, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del Primer Párrafo del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo antes citado De conformidad con lo establecido en el punto Undécimo del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental Finalmente, en cuanto al valor jurídico, no lo tiene el presente juicio de amparo

  2. Principal

    MESA VI. Vista la constancia levantada el veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, por el actuario judicial adscrito a este juzgado, mediante la cual informa las razones por las que no le fue posible notificar al quejoso William de Jesús Santos Saénz, el contenido del acuerdo de veinte de septiembre del presente año, toda vez que el domicilio que señaló el quejoso en autos para oír y recibir notificaciones hace referencia al número de predio y cruzamientos, mas no a la calle en la que se encuentra el predio, razón por la cual no le fue posible realizar la diligencia encomendada en dicho proveído. Atento a lo anterior, dada la imposibilidad manifiesta para notificar al referido quejoso, el acuerdo de veinte de septiembre del año en curso, en el domicilio que señaló para tal efecto por las razones antes citadas; en consecuencia, ya que este órgano jurisdiccional tiene la encomienda de dar a conocer a las partes el contenido de las actuaciones realizadas en los autos del índice de este juzgado, correspondiendo también a dichas partes estar atentos a ser notificados; por ende, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena se realice la notificación aludida, así como las subsecuentes, por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, hasta en tanto proporcione el domicilio correcto.

  3. Principal

    MESA VI. Vista la cuenta que antecede, se acuerda: Agréguense a estos autos el oficio signado por el Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Umán, así como el anexo que adjunta, del que se advierte que el trece de septiembre la presente anualidad, emitió un acuerdo en el juicio de origen 120/2016 de su índice, en el cual con fundamento en el artículo 1410 del Código de Comercio tuvo a la parte demandada conforme con el avalúo exhibido por el perito nombrado por la parte actora en el referido juicio; acuerdo que fue notificado por medio del Diario Oficial del Gobierno del Estado el diecisiete de septiembre de este mismo año. Ahora bien, se trae a colación que el acto que la parte quejosa Willian de Jesús Santos Sáenz, reclamó en su demanda de amparo, consistió en la omisión por parte de la responsable de acordar lo conducente respecto de sus escritos de veintiséis de abril y seis de junio del presente año en los cuales solicitó a la responsable que tuviera a la parte demandada en el juicio de origen por conforme con el avalúo presentado por su perito. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos a saber a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente y b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reclama la omisión atribuida al Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Umán, de proveer respecto a lo peticionado por el quejoso en sus escrito de veintiséis de abril y seis de junio de la presente anualidad, en los cuales solicitó tener a la parte demanda en el juicio de origen por conforme con el avalúo presentado por su perito. Sin embargo, como se mencionó, de las constancias que el Juez responsable adjuntó a su informe con justificación, se desprende que el trece de septiembre de la presente anualidad, emitió un acuerdo en el juicio de origen 120/2016 de su índice, en el cual con fundamento en el artículo 1410 del Código de Comercio tuvo a la parte demandada conforme con el avalúo exhibido por el perito nombrado por la parte actora (hoy quejosa) en el referido juicio; acuerdo que fue notificado por medio del Diario Oficial del Gobierno del Estado el diecisiete de septiembre de este mismo año. Dichas documentales, por su naturaleza pública, gozan de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que el Juez responsable emitió el acuerdo correspondiente, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque la parte quejosa reclamó la violación al derecho de prontitud en la impartición de justicia a partir de la inactividad de la autoridad responsable que no emitió el acuerdo relativo a su demanda dentro del plazo que la ley establece, lo que en el caso se subsana con el dictado del mismo pronunciado por tal autoridad. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON ONCE MINUTOS DEL DIEZ DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Asimismo, resulta necesario destacar, que para este órgano jurisdiccional no pasa desapercibida la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITES EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO. Cuando de la demanda de garantías, se advierta que el acto impugnado proviene de un juicio o de un procedimiento seguido en forma de juicio en donde haya intervenido el quejoso y su contraparte, debe considerarse a este último como tercero perjudicado, aun cuando en el juicio de amparo se reclamen violaciones a las garantías consagradas en los artículos 8o. y 17 de la Constitución Federal, en específico, por la falta de acuerdo a una promoción o la omisión de alguna autoridad jurisdiccional de dictar la resolución que ponga fin a un juicio o a un procedimiento seguido en forma de juicio; pues la figura del tercero perjudicado no puede dejar de existir, en función de la naturaleza de los actos que se impugnen, pues el carácter de tercero perjudicado que tiene la contraparte del agraviado, deviene expresamente de lo dispuesto en el inciso a) de la fracción III del artículo 5o. de la Ley de Amparo, y su intervención como tal en el juicio de garantías constituye un derecho procesal legalmente tutelado. En base a ello, no obsta que le recaiga el carácter de tercero interesado a Aurelio Natalio Xool Cauich alias Aurelio Xool Cauich, y que no haya sido emplazado en este juicio de amparo, pues ello no impide a este juzgador pronunciarse en el sentido de decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, dado que la presente resolución en nada agravia a sus posibles derechos vinculados directamente con las peticiones que la parte quejosa solicita en el ocurso de mérito.

  4. Principal

    MESA VI. Agréguese a estos autos el alegato ministerial 582/2018, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, con sede en esta ciudad, en el que, por los motivos que expone, solicita se sobresea en el presente juicio; lo anterior, para que sea relacionado y tomado en consideración al celebrarse la audiencia constitucional respectiva, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo. Asimismo, como se solicita en el alegato de mérito, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la citada ley de la materia, entréguese copia certificada de la sentencia que se pronuncie en este juicio al ocursante de mérito, en el momento procesal oportuno.

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