WILLIAN ANTHONY MACÍAS MACÍAS y Otros.
Expediente 1230/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1230/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/11/2023
Partes del expediente
- WILLIAN ANTHONY MACÍAS MACÍAS y Otros.
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el contenido de la constancia actuarial de cuenta, de la que se desprende que no fue posible notificar a la parte quejosa el proveído de diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, por los motivos que expone. En consecuencia, dado que del estado de autos se advierte que no obra domicilio en el cual puede ser notificada la parte quejosa, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la ley de Amparo, se ordena notificar a la parte quejosa por lista en los estrados de este Juzgado, el proveído de diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, así como las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio para oír y recibir notificaciones. Notifíquese y por lista a la parte quejosa el proveído de diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Daniela García Marín, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/DGM/shey**
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 26, FRACCION III Y 29 DE LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRES, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ''Tijuana, Baja California, diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo de cuenta signado electrónicamente por *********************, contra actos del Subdirector de la Estación Provisional Migratoria del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Baja California con sede en esta ciudad y otras autoridades, fórmese expediente, anótese su ingreso en el control electrónico corresponda, bajo número 1230/2023-VI. Ahora, en el caso, lo procedente es desechar de plano la demanda relativa, con fundamento en el numeral 113 del propio ordenamiento legal, por las consideraciones que se exponen a continuación. Del análisis del escrito inicial de demanda se advierte que se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, toda vez que los actos reclamados consistentes en la privación de la libertad, detención, alojamiento, deportación, traslado e incomunicación en contra de los directamente agraviados William Anthony Macías Macías, Víctor Elías Macías Macías y Jennifer Noemí Aldaz Cárdenas, son materia del diverso juicio de amparo 1203/2023-I del índice de este órgano jurisdiccional, como a continuación se verá. Para avalar la anterior postura, resulta necesario precisar el contenido del artículo 61 de la Ley de Amparo que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; [.]" Del precepto legal transcrito, se desprende que el juicio de amparo será improcedente cuando se promueva contra actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución, siempre que sea promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. En efecto, el motivo de improcedencia aludido se actualiza toda vez que el acto reclamado se hace consistir en la privación de la libertad, detención, alojamiento, deportación, traslado e incomunicación en contra de los directamente agraviados William Anthony Macías Macías, Víctor Elías Macías Macías y Jennifer Noemí Aldaz Cárdenas. Ello, toda vez que de las constancias que integran el juicio de amparo 1202/2023-I, del índice de este Juzgado, las cuales se traen a la vista y se invocan por ser un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se evidencia que el acto que se pretende reclamar en el presente juicio es materia del antes mencionado, promovido por Carlos Saúl López Roa a favor de William Anthony Macías Macías, Víctor Elías Macías Macías y Jennifer Noemí Aldaz Cárdenas, contra las mismas autoridades responsables, en el cual se decretó la suspensión de plano por lo que hace a los actos prohibidos en los artículos 15 de la Ley de Amparo y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se requirió a los agraviados para que ratificaran la demanda relativa promovida a su favor. Para mayor claridad se inserta el siguiente cuadro: Juicio de amparo 1202/2023-I 1230/2023-I Agraviados William Anthony Macías Macías, Víctor Elías Macías Macías y Jennifer Noemí Aldaz Cárdenas William Anthony Macías Macías, Víctor Elías Macías Macías y Jennifer Noemí Aldaz Cárdenas Actos reclamados IV. LA PRIVACION DE LA LIBERTAD PERSONAL, NOMBRADA POR LAS AUTORIDADES DISTINTAS AL MINISTERIO PUBLICO, COMO ASEGURAMIENTO, ALOJAMIENTO Y/O DETENCION DE LA QUEJOSA POR MAS DE TREINTA Y SEIS HORAS EN LA ESTACION MIGRATORIA DE LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C., con domicilio en Diamante S/N, Esmeralda, 22640 Tijuana, B.C. esto mismo sin tener relación alguna con delito cometido, violando así directamente sus DERECHOS Y GARANTIAS. La omisión de emitir en perjuicio de su libertad, así como su orden de salida de la estación provisional, a pesar de haber excedido el plazo de treinta y seis horas, contadas a partir de su presentación ante la autoridad, esto por ser una detención de carácter ADMINISTRATIVO, de conformidad a lo establecido en el I V. LA PRIVACION DE LA LIBERTAD PERSONAL, NOMBRADA POR LAS AUTORIDADES DISTINTAS AL MINISTERIO PUBLICO, COMO ASEGURAMIENTO, ALOJAMIENTO Y/O DETENCION DE LA QUEJOSA POR MAS DE TREINTA Y SEIS HORAS EN LA ESTACION MIGRATORIA DE LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C., con domicilio en Diamante S/N, Esmeralda, 22640 Tijuana, B.C. esto mismo sin tener relación alguna con delito cometido, violando así directamente sus DERECHOS Y GARANTIAS. La omisión de emitir en perjuicio de su libertad, así como su orden de salida de la estación provisional, a pesar de haber excedido el plazo de treinta y seis horas, contadas a partir de su presentación ante la autoridad, esto por ser una detención de carácter ADMINISTRATIVO, de conformidad Artículo 21 párrafo cuarto, de la CONSTITUCION, así como lo previsto en el Artículo 5.1 de la DECLARACION SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS INDIVIDUOS QUE NO SON NACIONALES DEL PAIS EN EL QUE VIVEN, omitido todo esto con la finalidad de lograr la EXPULSION DE TERRITORIO NACIONAL, sin brindarle la oportunidad de pedir asilo o reconocimiento de condición de refugiada PRETENDIENDO PROGRAMAR SU REGRESO ASISTIDO O DEPORTACION DE LA QUEJOSA, SIENDO ESTOS ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACION, ESTABLECIDOSE EN EL ARTICULO 22 DE LA CONSTITUCION. Violando rotundamente su derecho de AUDIENCIA Y DEBIDA DEFENSA, por parte de la autoridad responsable al iniciar su PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO MIGRATORIO sin permitir que la quejosa tenga acceso a asistencia o representación de un abogado, manteniéndola en un estado de TOTAL INCOMUNICACION a partir del día 13 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LOS HECHOS Y/O ABSTENCIONES QUE CONSTITUYEN. a lo establecido en el Artículo 21 párrafo cuarto, de la CONSTITUCION, así como lo previsto en el Artículo 5.1 de la DECLARACION SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS INDIVIDUOS QUE NO SON NACIONALES DEL PAIS EN EL QUE VIVEN, omitido todo esto con la finalidad de lograr la EXPULSION DE TERRITORIO NACIONAL, sin brindarle la oportunidad de pedir asilo o reconocimiento de condición de refugiada PRETENDIENDO PROGRAMAR SU REGRESO ASISTIDO O DEPORTACION DE LA QUEJOSA, SIENDO ESTOS ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACION, ESTABLECIDOSE EN EL ARTICULO 22 DE LA CONSTITUCION. Violando rotundamente su derecho de AUDIENCIA Y DEBIDA DEFENSA, por parte de la autoridad responsable al iniciar su PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO MIGRATORIO sin permitir que la quejosa tenga acceso a asistencia o representación de un abogado, manteniéndola en un estado de TOTAL INCOMUNICACION a partir del día 13 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LOS HECHOS Y/O ABSTENCIONES QUE CONSTITUYEN. Autoridades responsables 1. SUBDIRECTOR DE LA ESTACION PROVISIONAL MIGRATORIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C. 2. TITULAR DE LA OFICINA DE REPRESENTACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C. 3. JEFE DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO Y ATENCIÓN AL MIGRANTE DE LA ESTANCIA PROVISIONAL MIGRATORIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN DEL ESTADO DE LA CIUDAD DE TIJUANA. 1. SUBDIRECTOR DE LA ESTACION PROVISIONAL MIGRATORIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN EN LA CIUDAD DE TIJUANA,B.C., 2. TITULAR DE LA OFICINA DE REPRESENTACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE TIJUANA, BC. 3. JEFE DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO Y ATENCIÓN AL MIGRANTE DE LA ESTANCIA PROVISIONAL MIGRATORIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN DEL ESTADO DE LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C. Con lo hasta aquí expuesto, es dable concluir que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, ya que, como quedó evidenciado, el acto aquí reclamado, consistente en la privación de la libertad, detención, alojamiento, deportación, traslado e incomunicación, en contra de los directamente agraviados William Anthony Macías Macías, Víctor Elías Macías Macías y Jennifer Noemí Aldaz Cárdenas, los cuales fueron detenidos en esta ciudad el día trece de septiembre de dos mil veintitrés, es materia del diverso juicio de amparo 1202/2023-I del índice de este órgano jurisdiccional, promovido por diversa persona en favor de los citados agraviados y en contra de las mismas autoridades responsables, en el cual se decretó la suspensión de plano de los actos reclamados y, se requirió a los agraviados a fin de que ratificaran la demanda promovida a su favor; por ende, es evidente que este órgano jurisdiccional está legalmente imposibilitado para pronunciarse sobre la constitucionalidad de los actos que se pretende reclamar. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.11o.C.31 K (10a.) emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página tres mil veintinueve, tomo dos, libro sesenta y tres, de febrero de dos mil diecinueve, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que señala (énfasis añadido): "LITISPENDENCIA. CASOS EN QUE SE ACTUALIZA ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO. La causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que comúnmente se conoce como litispendencia, pretende evitar que se emitan sentencias contradictorias sobre la misma controversia, pues no es posible que en varios juicios se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez, de manera que su actualización depende, necesariamente, de que exista identidad en el quejoso, las autoridades responsables y el acto reclamado pero, sobre todo, que al momento de presentar la demanda de amparo exista otro juicio constitucional que se encuentre pendiente de resolución. Esto es, el juicio de amparo será improcedente por litispendencia, cuando exista otro juicio en trámite o pendiente de resolución -en primera o segunda instancia-, y se promueva una segunda o ulterior demanda de amparo: por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto o norma general. En este caso, basta que se reúnan los anteriores requisitos para que el amparo sea improcedente aunque las violaciones que se aduzcan sean distintas. Esto es, no constituye un requisito indispensable que se trate de demandas de amparo idénticas. Entendiéndose por juicio de amparo en trámite, aquel asunto que ya ha sido promovido y que no se ha resuelto en definitiva, o si se trata de un juicio de amparo cuya sentencia admita la procedencia del recurso de revisión, se encuentre transcurriendo el plazo para su interposición, o bien, que ya se haya interpuesto dicho recurso y no haya sido resuelto a la fecha de presentación de la segunda o ulterior demanda con las características señaladas. También puede actualizarse esta causa de improcedencia aunque al señalarse autoridades ejecutoras, éstas sean distintas a las designadas en el amparo anterior; ello, siempre que los actos reclamados a dichas ejecutoras sólo se impugnen como consecuencia de los actos que se atribuyen a la autoridad ordenadora y no por vicios propios pues, en caso contrario, respecto de los actos de ejecución no operaría la hipótesis legal relativa. Un aspecto importante a destacar lo constituye el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que esta causa de improcedencia también se actualiza cuando en una segunda demanda de amparo se combaten actos que, sin ser los mismos que los reclamados en la demanda presentada en primer término, realmente sólo constituyen las consecuencias legales de los reclamados en ésta. En este contexto, sólo podrá presentarse una segunda demanda de amparo contra actos que son una consecuencia legal de los reclamados en la primera demanda, si se tuvo conocimiento de aquéllos con posterioridad de los originalmente reclamados y ya no se pudo ampliar la demanda por haberse celebrado la audiencia constitucional. Por tanto, si no se cumplen estos últimos requisitos, la demanda de amparo contra actos que no son sino la consecuencia legal de otro que se encuentra en trámite, será improcedente." Así, de acuerdo a los razonamientos expuestos con anterioridad, lo procedente es desechar de plano la presente demanda de amparo por las razones ya expuestas; lo anterior, de conformidad con el artículo 113 de la ley de la materia. Por otro lado, se tiene a la parte promovente proporcionando la cuenta de correo electrónico y número telefónico que indica, los cuales serán tomandos en consideración para establecer comunicación no procesal con la parte quejosa. En el entendido de que por el momento no resulta procedente acordar favorablemente la solicitud del promovente de acceso electrónico y autorización de notificaciones electrónicas, toda vez que en términos del artículo 40 del Acuerdo General 12/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dicha solicitud solo puede ser formulada por las partes, sus representantes legales y las personas que cuenten con autorización expresa para ello, sin que en el caso - hasta este momento- se actualice alguno de esos supuestos. Apoya lo expuesto la tesis XXVII.3o.118 K (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, localizable en la página dos mil veintisiete, tomo III, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de mayo de dos mil diecisiete, Décima Época, registro 2014379, de rubro: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS EN EL JUICIO DE AMPARO. EL AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS CONFORME AL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE LA MATERIA CARECE DE FACULTADES PARA SOLICITAR QUE AQUÉLLAS SE REALICEN POR ESA VÍA, AL CORRESPONDER DICHA DECISIÓN DIRECTAMENTE A LAS PARTES O SUS REPRESENTANTES." A fin de evitar dilaciones procesales, se habilitan días y horas inhábiles para que se lleven a cabo las notificaciones inherentes a este juicio de amparo, lo anterior con fundamento en el artículo 21 de la Ley de la materia. En el entendido de que para llevar a cabo tales diligencias, podrá hacer uso de medios electrónicos, debiéndose recabar las constancias necesarias que permitan verificar la entrega a su destinatario. En el entendido de que para llevar a cabo tales diligencias, podrá hacer uso de medios electrónicos, debiéndose recabar las constancias necesarias que permitan verificar la entrega a su destinatario. Se EXHORTA a la totalidad de las partes para que, de ser posible y tomando en cuenta las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", a través del uso de la firma electrónica y solicitando la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas. Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 6º, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 3 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal y al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase saber a las partes que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información, así como el derecho que tienen a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales; en el entendido de que con independencia de que manifieste o no su oposición a la publicación de sus datos personales, dicha información deberá protegerse, salvo autorización expresa para hacerlos públicos. Finalmente, para configurar el expediente electrónico, procédase a realizar la digitalización de las constancias que integran este juicio de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Daniela García Marín, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Tijuana, Baja California, diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que la audiencia constitucional está programada para el día de hoy; sin embargo, no obran los acuses de recibo de los oficios 32359/2023 y 32360/2023 dirigidos a las autoridades Congreso y Gobernador, ambas del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, mediante los cuales, se les notifica el auto de treinta y uno de julio del año en curso, a través del cual se les dio vista por el plazo de tres días, a fin de que se imponga del contenido del dictamen en materia de ingeniería hidráulica, rendido por Adrián Montero Bañuelos, perito designado por este Juzgado. En consecuencia, requiérase a las referidas autoridades responsables, para que dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, informen la fecha en que recibieron los oficios 32359/2023 y 32360/2023 de treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, respectivamente, o informen el impedimento que tengan para ello; apercibidas que de no hacerlo así sin causa justificada, se les impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 258 ambos de la Ley de Amparo. A fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las once horas con cuarenta minutos del dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo. Notifíquese.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Estefanía Brito Ortiz, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/EBO/Akms
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