Willian Anthony Macías Macías

Expediente 1202/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 5 actuaciones registradas, la última del 2 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1202/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
02/10/2023

Partes del expediente

  • Willian Anthony Macías Macías
  • WILLIAN ANTHONY MACÍAS MACÍAS y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, dos de octubre de dos mil veintitrés. Visto el contenido de la constancia actuarial de cuenta, se desprende la imposibilidad del Actuario de notificar a los quejosos 1) Willian Anthony Macías Macías, Víctor Elías Macías Macías y 3) Jennifer Noemí Aldaz Cárdenas el auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, por los motivos ahí expuestos. En razón de lo anterior, se ordena notificarles por lista en los estrados de este Juzgado el proveído de veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, así como las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, hasta en tanto señalen domicilio para tal efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Jesús Daniel Meza Arrayales, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/JDMA/mecs

  2. Principal

    tres de octubre de dos mil veintitrés, quien suscribe licenciado Rufino Salgado Ramírez, actuario adscrito al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, hago constar; que como esta ordenado en autos, notifiqué por medio de lista que se fijó en los estrados de este Tribunal Federal, el contenido del acuerdo dictado(s) en veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, a la parte agraviada 1) Willian Anthony Macías Macías, 2) Víctor Elías Macías Macías y 3) Jennifer Noemí Aldaz Cárdenas, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley de Amparo, y se tiene por legalmente hecha la notificación del referido acuerdo, mismo que en lo conducente dice: Tijuana, Baja California, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos, con vista a las partes, para que obren como corresponda el informe1 y anexos de cuenta rendido por la autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California, con sede en esta ciudad, por sí y en representación de las autoridades de su respectivo Instituto, por conducto del encargado de despacho del departamento de asuntos jurídicos, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento de dieciséis de septiembre del año en curso y, al efecto, informa el acatamiento a la suspensión de plano concedida a los quejosos 1) Willian Anthony Macías Macías, 2) Víctor Elías Macías Macías y 3) Jennifer Noemí Aldaz Cárdenas, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 126, segundo párrafo de la Ley de Amparo. Asimismo, se le tiene designando como delegados de su parte, en términos del artículo 9º del ordenamiento legal en cita, a quienes menciona, así como señalando domicilio para oír y recibir notificaciones. Ahora, toda vez que del estado de autos se obtiene que Carlos Saúl López Roa promovió juicio de amparo en favor de 1) Willian Anthony Macías Macías, 2) Víctor Elías Macías Macías y 3) Jennifer Noemí Aldaz Cárdenas, contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California, con sede en esta ciudad y de otras autoridades, del que se desprende que se reclama -esencialmente- privación de la libertad, detención, alojamiento, deportación, traslado e incomunicación por lo que hace a los directamente agraviados 1) Willian Anthony Macías Macías, 2) Víctor Elías Macías Macías y 3) Jennifer Noemí Aldaz Cárdenas. Luego, de las constancias que en esta fecha se reciben con el oficio de mérito, consistente en copia certificada de los oficios EM/BC/TIJ/10341/2023, EM/BC/TIJ/10337/2023 y EM/BC/TIJ/10331/2023 otorgados a los quejosos 1) Willian Anthony Macías, 2) Víctor Elías Macías Macías y 3) Jennifer Noemí Aldaz Cárdenas, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el diecisiete de septiembre de dos mil veintitrés, esto es, posterior a la presentación de la demanda (dieciséis de septiembre de dos mil veintitrés), se otorgó a los aquí quejosos el documento provisional de Visitante para realizar actividades remuneradas, concluyendo en esa fecha su alojamiento en la estancia migratoria, por lo que a la fecha la parte quejosa en mención se encuentra en libertad. Por lo expuesto, se estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, al haber cesado sus efectos, por las consideraciones siguientes. En principio, es pertinente destacar que -como lo reconoció el Máximo Tribunal del País al analizar la Ley de Amparo abrogada- de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 772 de la ley de la materia, se arriba a la 2 "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad con motivo de delitos que la ley no considere como graves o respecto de los cuales no proceda la prisión preventiva oficiosa conforme la legislación procedimental aplicable, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto por el que se resuelva la situación jurídica del quejoso en el sentido de sujetarlo a proceso penal, en términos de la legislación procesal aplicable, y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley." convicción de que para que la causa de improcedencia invocada se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Esto es así, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y ocho, tomo IX, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, registro 193758, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Ahora bien, en el caso concreto, como se anticipó, la parte quejosa reclama privación de la libertad, detención, alojamiento, deportación, traslado e incomunicación. No obstante, de las constancias que obran en autos y que fueron previamente valoradas, se desprende que el diecisiete de septiembre de dos mil veintitrés, la autoridad responsable emitió documento provisional, instruido a los quejosos 1) Willian Anthony Macías Macías, 2) Víctor Elías Macías Macías y 3) Jennifer Noemí Aldaz Cárdenas, a través del cual fueron puestos en libertad concluyendo en esa fecha el alojamiento en la instancia migratoria, por lo que como se dijo han cesado en sus efectos los actos reclamados. Por tanto, si -como se anticipó- el reclamo del promovente consiste en privación de la libertad, detención, alojamiento, deportación, traslado e incomunicación y, a la fecha, se determinó su salida de la estación migratoria, en atención su solicitud dentro del procedimiento migratorio, del cual emanaban los actos reclamados y, como consecuencia se permitió a los quejoso abandonar las instalaciones de la autoridad responsable, debe concluirse que han cesado los efectos de los actos reclamados y sus consecuencias pues se han destruido todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo se sobresee fuera de audiencia en el presente asunto, por lo que queda sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional; comuníquese lo anterior a las partes y hágase la anotación de rigor en el control electrónico que corresponda. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la constancia actuarial de cuenta de la que se advierte la imposibilidad del Actuario de la adscripción a fin de emplazar a la parte tercero interesada Hortensia Guadalupe Cavazos Peña, por los motivos ahí expuestos. En ese sentido, túrnense nuevamente los autos al Actuario de este Juzgado para que se traslade al domicilio pendiente de agotar en esta ciudad, ordenado mediante proveído de treinta de agosto del año en curso, a fin de que proceda a realizar el emplazamiento encomendado. Notifíquese y cúmplase.Así lo acordó y firma José Manuel Basio Aguilar, Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, Encargado del Despacho por licencia del Titular, en términos del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Carrera Judicial y autorizada mediante oficio CCJ/ST/5265/2023, de cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial, ante Jesús Daniel Meza Arrayales, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la constancia actuarial de cuenta de la que se advierte que los quejosos 1) Willian Anthony Macías Macías, Víctor Elías Macías Macías y Jennifer Noemí Aldaz Cárdenas ratificaron el contenido del de demanda presentada a su favor por conducto de Carlos Saúl López Roa. En ese sentido, con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII y XV de la Constitución Federal; 1o, fracción I, 37, 107, 108, 112, 116, 117, 260 y relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda en sus términos, sin que en el caso corresponda tramitar por cuerda separada el incidente de suspensión, toda vez que los actos reclamados ya fueron materia de pronunciamiento en auto de dieciséis de septiembre pasado, en el que se decretó la suspensión de plano. Se señalan las doce horas con diez minutos del diecinueve de octubre de dos mil veintitrés, para llevar a cabo la audiencia constitucional. Pídase informe justificado a las autoridades responsables quienes deberán rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio en el que se les solicita, manifestando categóricamente si son o no ciertos los actos reclamados y adjuntando las constancias que estimen pertinentes, las que deberán estar debidamente selladas, foliadas y legibles, haciéndole saber que el informe deberá estar agregado a los autos ocho días anteriores a la celebración de la audiencia constitucional; apercibidas que de no hacerlo, de rendirlo fuera del término o de no acompañar, en su caso, copias certificadas de las constancias correspondientes, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo se les impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables que el informe que se les solicita y, en general, los oficios que remitan a este Juzgado Federal, podrán ser enviados -desde una cuenta de correo electrónico oficial- a la cuenta de correo electrónico de este Juzgado Federal 10jdo15cto@cjf.gob.mx, o bien, a través del uso de la firma electrónica. Por otra parte, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que conforme lo dispone el artículo 28 de la Ley de la materia, están obligadas a recibir los oficios que se les dirijan, aun cuando su denominación no sea la actual pero lleven a cabo la función de la autoridad que señala la parte quejosa. La notificación surtirá todos sus efectos legales, desde que se entregue el oficio respectivo, ya sea a la propia autoridad responsable o al encargado de recibir la correspondencia en su oficina; y si se negaren a recibir dichos oficios, se tendrán por hechas las notificaciones, serán responsables de la falta de cumplimiento de la resolución que contenga y podrán hacerse acreedoras a una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, que establece el artículo 245 de la Ley de la materia. En ese sentido, se requiere a las autoridades responsables para que al momento de rendir sus informes justificados indiquen cuál es su denominación correcta, o bien, las razones por las que la autoridad a quien se encuentra dirigida la comunicación es inexistente; asimismo, en el supuesto de que dicho informe se rinda en representación de la autoridad señalada como responsable, deberán hacer constar tal circunstancia en el oficio correspondiente. Por tanto, se hace del conocimiento de la parte quejosa que si la autoridad responsable no existe con la denominación que indica en su demanda, se le tendrán por inexistentes y se suspenderá toda comunicación con ellas, ya que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, es una obligación a su cargo señalar con precisión a la autoridad responsable; en la inteligencia de que de existir prueba en contrario o en la hipótesis de que se corrija el señalamiento de la denominación de la autoridad, se tomará en consideración en su oportunidad. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en la residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, misma que podrá ser consultada directamente por dichas autoridades o por los delegados o autorizados. Dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que le corresponde, con fundamento en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 5º de la Ley de Amparo. Notifíquese.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Jesús Daniel Meza Arrayales, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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