William Ricardo Garcia Garrido
Expediente 786/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 10 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 786/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 28/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida · Yucatán
Partes del expediente
- Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial Con Sede En Mérida
- William Ricardo Garcia Garrido
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiocho de junio de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos los oficios remitidos por el Juez penal del Segundo Departamento Judicial del Estado de Yucatán y por el Juez del Juzgado Primero de Control del Tercer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, ambos con sede en Tekax, mediante los cuales acusan recibo los oficios en los cuales se le notificó la sentencia dictada el uno de junio de la presente anualidad. Tómese nota de lo anterior, para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintisiete de junio de dos mil veintitrés. QUEDA FIRME SENTENCIA. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierten que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, en relación con el 81, fracción l, inciso e), de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que pudo haber causado perjuicio la resolución constitucional dictada en este juicio de amparo, la hubiera recurrido. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que la expresada resolución que en su primer punto resolutivo sobreseyó en el juicio de amparo y el segundo no amparó ni protegió a la parte quejosa, HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales correspondientes. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. CRITERIO DE VALORACIÓN. A fin de determinar el criterio de valoración aplicable al presente juicio de amparo, se atenderá lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, tal y como se expondrá a continuación: EXPEDIENTE PRINCIPAL. Es conservable, pues en su segundo punto resolutivo se negó el amparo a la parte quejosa; por tanto, una vez que transcurra el plazo de tres años a que se refiere el artículo 17, fracción III, inciso a), transfiérase el presente expediente a la Dirección General de Archivo y Documentación, para su resguardo, en términos del artículo 10 del acuerdo antes referido. INCIDENTE ORIGINAL. Es conservable conforme el artículo 17, fracción III, inciso b), toda vez que se concedió la suspensión definitiva; por lo que deberá transferirse una vez transcurridos tres años. SELLO DE VALORACIÓN. Conforme a lo anterior, en términos del artículo 34 del acuerdo antes referido, la leyenda relativa a la valoración del expediente deberá constar mediante sello en la carátula del expediente. DEVOLUCIÓN DE LEGAJO. Ya que no existe objeto alguno para que siga permaneciendo en este Juzgado el legajo que remitió la autoridad responsable Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, en apoyo a su informe de ley; en consecuencia, devuélvanse a la referida autoridad sin que sea necesario solicitar acusar el recibo correspondiente dado que de la constancia de notificación se va a desprender que se recibió dichas constancias. BILLETE DE DEPÓSITO. Ahora, vista la certificación de la que se advierte que en la caja de valores de ese Juzgado de Distrito obra el billete de depósito N-********************expedido por el Banco del Bienestar, por la cantidad de $1,000.00 (un mil pesos, moneda nacional), exhibido por la parte quejosa para que siguiera surtiendo efectos la suspensión provisional que le fue concedida en acuerdo de cinco de diciembre de dos mil veintidós, en el entonces juicio de amparo ********************/2022 del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán (ahora 786/2023 del índice de este Juzgado), el cual quedó registrado con el número ******************** del índice de este juzgado. Por tanto, prevéngase a la parte quejosa para que una vez transcurrido el término de seis meses a que alude el artículo 156 de la Ley de Amparo, comparezca a este Juzgado a recoger el citado billete de depósito N-********************Apercibida que de no cumplir con lo anterior, una vez concluido el término aquí concedido, empezará a correr el plazo de dos años, que previene el artículo 50 de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación, para la prescripción del billete en comento a favor de la Federación. AGREGA OFICIO. Finalmente, se tiene por recibido el oficio remitido vía telegráfica por el Juez del Juzgado Primero de Control del Tercer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado con sede en Tekax, Yucatán, mediante el cual acusa recibo del oficio 16679/2023 de fecha uno de junio de dos mil veintitrés, en el cual se le comunicó la sentencia dictada en el presente asunto. Tómese nota de lo anterior, para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 786/2023, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, promovido por ********************, contra actos del Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán y otras autoridades. (...) TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Al rendir su informe justificado, las siguientes autoridades responsable se pronunciaron en los términos siguientes: AUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO REGISTRO FOJA Juez del Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, ciudad. NIEGA 20 Juez Primero de Control del Segundo Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, Kanasín, Yucatán. NIEGA 21 Juez de Control adscrito al Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado. NIEGA 22 Vicefiscal de Investigación y Control de Procesos de la fiscalía General del Estado de Yucatán. NIEGA 27 a 28 Vicefiscal de Investigación y Control de Procesos por suplencia del Fiscal General del Estado de Yucatán. NIEGA 29 a 30 Directora Jurídica de la Fiscalía General del Estado de Yucatán. NIEGA 31 a 32 Juez Especializada en Justicia Penal para Adolescentes del Sistema Acusatorio y Oral del Estado, en funciones de Juez Tercero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado. NIEGA 33 Jefe de Departamento de Amparos en ausencia temporal de la Jefa de Departamento de Colaboraciones y Órdenes de Aprehensión ambos de la Fiscalía General del Estado de Yucatán. NIEGA 34 a 35 Juez Primero de Control del Tercer Distrito Judicial, en funciones de Juez Primero de Control del Quinto Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, residente en Valladolid, Yucatán. NIEGA 40 y 50 Juez Penal del Tercer Departamento judicial del Estado, por vacaciones de la Titular, con sede en Valladolid, Yucatán. NIEGA 41 y 52 Juez del Juzgado Penal del Segundo Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en Tekax de Álvaro Obregón, Yucatán. NIEGA 42 y 45 Juez de Control del Juzgado Primero de Control del Tercer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en Tekax de Álvaro Obregón, Yucatán. NIEGA 43 y 46 Juez Especializada en Justicia Penal para Adolescentes del Sistema Acusatorio y Oral, en funciones de Juez primero de Control del Cuarto Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, con sede en Umán, Yucatán. NIEGA 49 En ese sentido, ante la negativa de las autoridades responsables, correspondía a la parte quejosa ofrecer alguna prueba para desvirtuarla, lo cual no aconteció. En consecuencia, al no existir los actos reclamados a las aludidas responsables, con fundamento en la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo en que se actúa. Apoya lo anterior la jurisprudencia bajo el rubro y texto siguientes: [.](...) SÉPTIMO. Causas de improcedencia. En términos del artículo 62, de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca de un juicio de amparo estudiará de oficio las causas de improcedencia, por ser de orden público, cualquiera que sea la instancia del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes. Precisado lo anterior, este órgano federal no advierte alguna causa de improcedencia que impida continuar con el análisis del acto reclamado, sin que sea necesario estudiar cada una de las hipótesis ahí descritas. En ese sentido, se procede al estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción. Apoya la anterior consideración la jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." OCTAVO. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. La parte quejosa refiere que para la emisión de la orden de captura reclamada no se reunieron las formalidades del procedimiento y que ésta carecer de la debida fundamentación y motivación que deben contener los actos de autoridad. Son infundados los argumentos reseñados por la quejosa. En efecto, el suscrito considera que fue correcta la determinación de la autoridad responsable, primeramente, pues de las constancias que integran el procedimiento penal de origen, se advierte que el quejoso tiene el carácter de indiciado, que se encuentra sujeto a proceso con motivo de un auto de formal prisión emitido por el delito de incumplimiento de sus obligaciones de asistencia familiares, y que al momento de rendir su correspondiente declaración preparatoria se le informo de sus derechos y obligaciones adquiridos con ello. De igual forma, se obtiene que previo a la orden de reaprehensión reclamada, la autoridad responsable formuló un requerimiento a efecto de que el indiciado, aquí quejoso, manifestará si era su deseo atenerse al beneficio de libertad provisional bajo caución, requerimiento que le fue notificado de conformidad a las reglas del procedimiento, sin embargo, no dio cumplimiento al mismo, circunstancia que conllevo a la emisión de la orden de captura que nos ocupa, por tanto, si se consideran reunidas las formalidades del procedimiento; de ahí lo infundado del primer concepto de violación realizados por la parte quejosa. Ahora bien, en relación al segundo de los conceptos de violación, referente a la falta de motivación y fundamentación, del estudio de la orden de reaprehensión reclamada se deprende que la autoridad responsable basó su determinación en los siguientes argumentos: - Tomó en consideración que el indiciado, aquí quejoso, no cumplió con la prevención que se le realizó a efecto de que manifestará si era su deseo atenerse al beneficio de libertad provisional, o bien, recluirse en el Centro de Reinserción Social del Estado, para la continuación del procedimiento. - Que el acuerdo de requerimiento de veintidós de febrero de dos mil diecinueve, le había sido debidamente notificado. - Que ya había transcurrido ventajosamente el término otorgado para tales efectos, sin que manifestación o justificación alguna por parte del interesado. - Motivos por los cuales, hizo efectivo el apercibimiento impuesto y ordenó la orden de reaprehensión reclamada. Razones que se consideran suficientes para su emisión, pues atendiendo a los antecedentes del acto reclamado, se advierte que la misma obedeció a un requerimiento previo realizado por la responsable en el cual se encontraba apercibido que en caso de incumplimiento traería dichas consecuencias legales; máxime que era conocedor de sus obligaciones, así como de las consecuencia de su incumplimiento. Por tanto, se estima que no es dable considerar que la orden de reaprehensión reclamada transgreda sus derechos fundamentales. Al respecto se destaca que para la emisión de una orden de reaprehensión, no es necesario el cabal cumplimiento de los requisitos establecidos en el numeral 16, Constitucional (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008), sino basta con regirse por las normas del procedimiento penal, lo cual aconteció en el caso en concreto, pues dicha orden de captura consta por escrito, fue emitida por autoridad competente y está debidamente fundada y motivada, lo cual se considera suficiente para su emisión. Se dice lo anterior, porque si bien el artículo 16, de la Constitución Federal regula el tema relativo a la emisión de la orden de aprehensión, lo cierto es que ésta constituye una situación jurídica distinta a una orden de reaprehensión, ya que para la primera, el constituyente exige una serie de requisitos relativos a la existencia de una orden emanada de un Juez, que se cuente con una denuncia o querella, así como la existencia de elementos de prueba que acrediten el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado. En tanto que para la emisión de una orden de reaprehensión, no le son exigibles los anteriores extremos, pues a diferencia de aquélla, que tiene su fundamento en el citado artículo constitucional y que obedece al ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público, la reaprehensión es de naturaleza distinta por lo que está sujeta a formalidades de orden legal secundario. Es decir, constituye una determinación judicial emitida para que la persona que ya se encuentra sujeta a un proceso penal, cumpla con una obligación procesal que dejó de hacer, o bien, con la sanción impuesta, en su caso. Lo anterior, tiene sustento conforme a la tesis 1a. CC/2012 (10a.), de la Primera Sala del Tribunal Supremo, consultable en la página 1206, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, octubre de 2012, Tomo 2, con número de registro 2001985, de rubro y texto siguiente: [.] En ese sentido, se estima que la orden de reaprehensión de quince de febrero de dos mil veintidós, se encuentra ajustada a derecho, ya que cumple con las exigencias establecidas en el artículo 16, Constitucional para su emisión. Esto, pues del estudio de la determinación reclamada se evidencia que la autoridad responsable realizó los argumentos necesarios de los que se advierten las razones por las cuales la emitió, justificando con ello su decisión pues en el caso se encuentran inmersas obligaciones procesales que atañen al seguimiento procesal de la causa penal de origen. Sin que pase inadvertido que la autoridad responsable omitiera hacer la precisión de la fundamentación legal aplicable a la emisión de la orden de captura reclamada, pues uno de los requisitos que establece el artículo 17, Constitucional, es que los juzgadores puedan privilegiar la solución del fondo de la controversia, al margen de la existencia de violaciones procesales o de forma, y en el caso que nos ocupa, se estima que dicha omisión no tiene el alcance de transgredir los derechos sustantivos de la parte quejosa, pues existen razones suficientes que justifiquen la emisión de la orden de reaprehensión reclamada. Todo lo cual da lugar a considerar que la orden de captura si se encuentra ajustada a derecho de conformidad a lo que al efecto establece el artículo 16, Constitucional. Sustenta lo anterior, por su contenido al caso en concreto la jurisprudencia 1a./J. 29/2021 (11a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 2023791, de la Undécima Época, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 7, Noviembre de 2021, Tomo II, a página 1374, que al rubro señala lo siguiente: "PRINCIPIO DE PRIVILEGIO DEL FONDO SOBRE LA FORMA. LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO EN LA VÍA INCORRECTA NO ES UN MERO FORMALISMO QUE PUEDA OBVIARSE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 17, PÁRRAFO TERCERO, CONSTITUCIONAL). Es por ello, que ante lo infundado del concepto de violación y, sin que se observe elemento para suplir la deficiencia de la queja en términos del el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, es que procede negar la protección constitucional. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo se, R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por ********************, contra actos de las autoridades precisadas en el considerando tercero, por los motivos ahí expuestos. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, contra actos de las autoridades precisadas en el cuarto considerando, por los motivos expuestos en el último de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mérida, Yucatán, dos de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por los terceros interesados ***, mediante el cual comparecen al presente juicio de amparo. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se les tiene por apersonados al presente juicio. Domicilio y autorizados. Téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones el que señalan en el escrito de cuenta. NOTIFÍQUESE.
Quedan 6 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida · 2,237 expedientes
- Wilberth Javier Cervantes Chable564/2023
- William Cruz Rios2263/2023
- William de Jesus Matos Canto151/2023
- William Enrique Ortiz Villanueva515/2023
- William Gabriel Cabrera Borges2352/2023
- WILLIAM ISMAEL JIMENEZ CHIM y Otros.1321/2023
- Willian Javier Cordova Yam1876/2023
- Willian Reynaldo Uitzil Ortega131/2022
- Wilmer Humberto Ek Balam1444/2023
- Xarbey Anefar Euan Lopez553/2023
- XAVIER ARTURO RODRIGUEZ BERZUNZA y Otros.776/2023
- Xicontencatl May Trejo1063/2023