Wilberth Javier Cervantes Chable

Expediente 564/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 6 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
564/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
06/06/2023

Partes del expediente

  • Wilberth Javier Cervantes Chable

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, seis de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos de Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, con el que informa que se admitió el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa en contra de la sentencia dictada el veintiuno de abril de dos mil veintitrés, por el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa Veracruz, con el que se formó el toca 316/2023. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintinueve de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de autos del que se advierte que obra la totalidad de las constancias de notificación relativas al recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa contra la sentencia definitiva firmada el veintiuno de abril de dos mil veintitrés por el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz; en consecuencia, para la sustanciación del referido recurso, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito: 1. El expediente físico del juicio de amparo 564/2023. 2. El original del escrito de expresión de agravios. 3. La copia de éste que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación. Por otra parte, se ordena dar acceso al expediente electrónico a fin de que el Tribunal de Alzada, se encuentre en aptitud de tener a la vista la totalidad de las constancias que integran el presente expediente. Hágase del conocimiento del Analista del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de este juzgado, la autorización del acceso al expediente electrónico ordenada en párrafos anteriores, para que realice las acciones necesarias a fin de que el Tribunal Colegiado se encuentre en aptitud de acceder y consultar el presente juicio vía el expediente electrónico. Fórmese el cuaderno de antecedentes, a fin de que se siga actuando en el mismo. Finalmente, agréguese a estos autos el oficio suscrito por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, con el que, en atención a lo solicitado por este juzgado en proveído de diecisiete de mayo cursante, informa que se otorgó acceso al expediente electrónico del juicio de amparo 2521/2022 de su índice. Por tanto, hágase lo anterior del conocimiento del Analista del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrito a este Juzgado, a fin que proceda a efectuar la vinculación pertinente al expediente electrónico en comento. CÚMPLASE.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticinco de abril de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos el oficio 84/2023 suscrito por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con sede en Xalapa, Veracruz, con el que informa que ya obra la sentencia dictada la cual es consultable de manera electrónica con el número 170/2023-I del índice del citado Juzgado Auxiliar. Por lo tanto, gírese atento oficio a las autoridades señaladas como responsables en los presentes autos, con copia de la sentencia de mérito, para los efectos legales correspondientes. De igual forma notifíquese personalmente la sentencia de mérito a las partes del presente juicio de amparo, así como el contenido del presente acuerdo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Se notifica por lista de estrados a la parte tercero interesada la sentencia de mérito: XALAPA, VERACRUZ, A VEINTIUNO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 564/2023-IV del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, promovido por ****, contra actos del Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, y de otras autoridades, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales consagrados en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y (.) SEXTO. Son infundados los conceptos de violación expuestos por el quejoso. En ellos refiere, en esencia, que se vulneraron sus derechos fundamentales, en virtud de que, al llevar a cabo el emplazamiento la actuaria responsable omitió plasmar en la diligencia si la persona con quien la entendió era hombre o mujer, además de que omitió señalar la edad aproximada para verificar si era menor o mayor de edad, y sus características físicas. Previo a darles contestación, conviene tener en cuenta los antecedentes del acto reclamado, que remitió el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. Anexo electrónico que contiene la copia certificada del juicio ejecutivo mercantil **/2021-A: 1. Mediante escrito presentado el trece de agosto de dos mil veintiuno (páginas 5 a 11), en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, * *****, por conducto de sus apoderados legales ***, **** "(sic) ****", ****, **** y ****, en la vía ejecutiva mercantil demandó de ******, el pago de la cantidad de $90,168.00 (noventa mil ciento sesenta y ocho pesos, 00/100, moneda nacional), por concepto de suerte principal, entre otras prestaciones. 2. Por acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno (páginas 35 a 43) el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, admitió a trámite la demanda en la vía ejecutiva mercantil bajo el número de expediente **/2021-A, y ordenó el requerimiento de pago, embargo y emplazamiento del demandado, para que dentro del término de ochos días compareciera ante el juzgado responsable a realizar el pago de las prestaciones reclamadas, o bien, a dar contestación a la demanda promovida en su contra. 3. Previo citatorio entregado el veintitrés de febrero de dos mil veintidós (página 63), el veinticinco de febrero siguiente (páginas 73 a 75), la actuaria adscrita al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, llevó a cabo la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento al demandado ****, por conducto de quien dijo llamarse ****, quien manifestó laborar en el lugar donde se llevó a cabo dicha diligencia. Diligencias que constituyen el acto reclamado. 4. Por acuerdo de veintitrés de marzo de dos mil veintidós (página 79 y 80), se tuvo por acusada la rebeldía en que incurrió el demandado, por no dar contestación a la demanda ejercitada en su contra 5. El veintiocho de septiembre de dos mil veintidós (páginas 117 a 146), se dictó sentencia condenatoria en la que se declaró procedente la vía ejecutiva mercantil; se condenó al demandado al pago de la cantidad de $90,168.00 (noventa mil ciento sesenta y ocho ciento sesenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de suerte principal, así como al pago de intereses moratorios, que serían regulados en la fase de liquidación, sin que se condenara al pago de costas judiciales. 6. Finalmente, la sentencia causó ejecutoria el veintiséis de octubre de dos mil veintidós (páginas 157 y 158). (.) Al respecto, cabe decir que, cuando el acto reclamado consiste en la falta o el defectuoso emplazamiento del demandado al juicio de origen, constituye la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave dada su trascendencia en las demás formalidades esenciales del procedimiento, al afectar al gobernado en la oportunidad de alegar, así como de ofrecer y desahogar las pruebas que estime pertinentes e interponer recursos, lo que lógicamente implica colocarlo en un estado de indefensión. Al respecto, cabe precisar que los artículos 1393 y 1394 del Código de Comercio, De la lectura de los anteriores preceptos, se aprecia que, tratándose de juicios ejecutivos mercantiles, el Código de Comercio aplicable, en el aludido título segundo, únicamente prevé que de no encontrar al demandado en la primer búsqueda, se dejará citatorio, empero, no establece la forma en que debe de realizarse el cercioramiento previo al emplazamiento, sin embargo, dicha codificación, en el artículo 1068 Bis, contiene disposición expresa en cuanto a la forma de cómo debe llevarse a cabo el emplazamiento de la parte demandada. De manera que no es necesario aplicar supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles, pues el emplazamiento debe analizarse a la luz de los artículos 1068 Bis y 1393 del Código de Comercio, los cuales fueron aplicados por el actuario responsable en las diligencias de citatorio y emplazamiento, materia de reclamo. (.) De la reproducción de la diligencia de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, se aprecia que la actuaria responsable precisó que se constituyó en el domicilio señalado en autos ubicado en ".el predio número *** de la calle **** por ** y **, de la colonia **** de esta ciudad de Mérida.", y una vez * cerciorada de estar en el domicilio correcto, por la nomenclatura de la calle, cruzamientos, el número del local visible, así como por el dicho de ****, quien dijo laborar en dicho lugar en donde funcionaba la empresa ****, y que dicha persona trabajaba para el buscado, por lo que la referida actuaria requirió la presencia del demandado y al no encontrarse presente, le dejó citatorio para que lo esperara a las trece horas con treinta minutos del veinticinco de febrero de dos mil veintidós, esto es, dentro de las setenta y dos horas hábiles posteriores conforme al artículo 1393 del Código de Comercio y, finalmente, la actuaria responsable hizo constar que la persona que atendió la diligencia firmó de recibido. Posteriormente, en la diligencia de emplazamiento de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, la actuaria responsable asentó que se constituyó en el mismo domicilio señalado para notificar y emplazar a la parte demandada respecto del cual describió sus características físicas y anexó una impresión fotográfica del lugar. Asimismo, la actuaria responsable hizo constar que se cercioró que en ese domicilio podía ser emplazado el demandado, por la nomenclatura del lugar puesta por el ayuntamiento, en donde se apreciaba que en la esquina, decía la calle de la citada localidad, así como su cruzamiento, en donde se encontraba el citado bien inmueble, pero además porque así se lo informó ***, quien dijo laborar en dicho lugar, a quien le requirió que se identificara pero no lo hizo por no querer hacerlo, aunado a que manifestó que se trataba del domicilio del directo demandado, quien vivía en dicho lugar, pero al solicitarle que acreditara con algún documento que era el predio en cuestión, sostuvo que no tenía en ese momento, por lo que al no encontrarse el buscado, la fedataria entendió con él la citada diligencia. Acto seguido, le requirió el pago de la suerte principal y demás prestaciones reclamadas, y que señalara bienes para garantizar las prestaciones, pero al negarse dicha persona, la parte actora señaló diversos bienes propiedad de la demandada para tal efecto, y la actuaria responsable trabó formal embargo sobre los bienes relacionados y confirmó el nombramiento del depositario de bienes que hizo la parte actora a favor del demandado. Posteriormente, la actuaria responsable emplazó al demandado, requiriéndolo para que dentro del término de ocho días compareciera al juzgado responsable a hacer el pago de las prestaciones reclamadas u oponerse a la ejecución, e hiciera valer las excepciones correspondientes y señalara domicilio para oír sus notificaciones, corriéndole traslado con un juego de copias simples de la demanda, del documento base de la acción y documentos exhibidos; de igual manera, la fedataria responsable hizo constar que elaboró el acta de la citada diligencia, de la cual dio lectura, e hizo entrega de la cédula de notificación con la copia de la demanda, debidamente sellada y cotejada, y asentó que la persona que atendió la diligencia no firmó por no querer hacerlo. Precisado lo anterior, se advierte que el emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil **/2021-A, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, se practicó en términos de lo dispuesto en los artículos 1068 Bis y 1393 del Código de Comercio, pues: 1. Se llevó a cabo el cercioramiento del domicilio asentando la razón correspondiente de cómo la actuaria responsable llegó a la conclusión de que se encontraba en dicho domicilio, pues realizó la descripción de las características de este, tomó impresión fotográfica, por la nomenclatura del lugar, los cruzamientos, el número del domicilio, pero además por el dicho de las personas que atendieron a su llamado. 2. Se solicitó la presencia del buscado, quien, al no estar presente en dicho domicilio, se dejó citatorio de espera en poder de la persona que entendió la diligencia. 3. Se realizó una descripción física del inmueble en el que se tenía que llevar a cabo la diligencia de emplazamiento a la parte quejosa. 3. Se asentó que fue atendido por personas que dijeron laborar en ese lugar con quien se entendieron las * diligencias en estudio. Como se ve, la actuaria responsable no sólo se basó en su fe pública al manifestar que se encontraba en el domicilio buscado, sino también indagó y corroboró tal circunstancia con datos objetivos como fueron, la descripción de las características del inmueble, la impresión fotográfica de dicho lugar, por medio de la nomenclatura del lugar, cruzamientos y el número del predio, así como por el dicho de la persona que atendió a su llamado. Lo que permite tener la certeza de que el domicilio era el mismo en el que se podía localizar y practicar la diligencia de emplazamiento. Por tanto, se advierte que, los medios de cercioramiento citados en las diligencias de citación y de emplazamiento, son suficientes para tener por acreditado que la diligenciaría se constituyó en el domicilio encomendado, a efecto de emplazar a la parte demandada y que en dicho domicilio vivía, habitaba o trabaja el buscado. Pero al no encontrarse el demandado, la actuaria responsable, previo requerimiento de pago y embargo de bienes, emplazó a la parte demandada, por conducto de quien atendió la diligencia, a quien corrió traslado con copias simples de la demanda, del documento base de la acción y documentos exhibidos, e hizo entrega de la cédula de notificación con copia de la demanda debidamente sellada y cotejada, y del acta de emplazamiento. * Además, la cédula de emplazamiento (páginas 69 y 70 del archivo digital que contiene las constancias del juicio ejecutivo mercantil de origen), contenía los requisitos legales exigidos, como es la fecha y hora de entrega a las trece horas con treinta y cinco minutos del veinticinco de febrero de dos mil veintidós; la clase de procedimiento, que en el caso es un juicio ejecutivo mercantil **/2021-A; el nombre y apellido de las partes, como son, el demandado **** y como parte actora ****, por conducto de sus apoderados legales; el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, quien mandó a practicar la diligencia; la transcripción de la determinación de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno en la que se ordenó a emplazar a juicio, y el nombre y apellidos de la persona a quien se entregó dicha cédula, es decir, Edwin Quijano Pérez**** ese sentido, son infundados los conceptos de violación en los cuales el quejoso refiere que la actuaria responsable omitió plasmar en la diligencia de llamamiento a juicio, si la persona con quien entendió dicha diligencia era hombre o mujer, además de que omitió señalar la edad aproximada para verificar si era menor o mayor de edad, y sus características físicas. Ello es así, pues aun cuando para el cercioramiento de que el domicilio en donde se constituye la fedataria, debe corresponder al de la persona buscada, para lo cual debe indicar los medios de que se valga para ello, pudiendo pedir la exhibición de documentos que lo acrediten y describir los signos exteriores del inmueble que puedan servir de comprobación de que acudió al domicilio señalado como del demandado, no significa que la actuaria responsable deba describir también las características físicas de la persona con quien entendió la diligencia, si se aprecia que se allegó de diversos medios objetivos para constatar lo anterior. Ciertamente, la diligencia de citatorio de veintitrés de febrero de dos mil veintidós se entendió con *****, quien manifestó ser empleada del lugar, mientras que la diligencia de emplazamiento de veinticinco de los citados mes y año, fue entendida con *****, quien también adujo ser empleado de dicho lugar, manifestaciones que se consideran suficientes para acreditar el cercioramiento del domicilio del demandado, pues no se negaron a proporcionar su nombre y expresaron ser trabajadores del lugar en donde se realizó el emplazamiento, aunado a que la actuaria responsable hizo la descripción de las características del domicilio y adjuntó evidencia fotográfica del lugar (página 67 ídem), por lo que con tales elementos se advierte que se colmó el aspecto relativo a describir los signos exteriores del inmueble. Ciertamente, el sexo de las personas que atendieron la diligencia de emplazamiento reclamada no es un factor que determine la invalidez de la diligencia de emplazamiento, por el contrario, robustece el hecho de que la actuaria responsable acudió a practicar las diligencias en ambas fechas (citatorio y emplazamiento), mientras que la edad de dichas personas y su descripción física únicamente se considerarían necesarias en caso de que dichas personas se hayan negado a proporcionar su nombre o no expresaran el vínculo con el demandado, o bien, que no hubieran mayores elementos objetivos para describir los signos exteriores del bien inmueble, lo que en el caso no acontece. Además, las personas con quien se entendió el emplazamiento reclamado, corroboraron el hecho de que el lugar donde se llevó a cabo la diligencia de emplazamiento es el domicilio buscado en donde habitaba el demandado, pero que no se encontraba en ese momento y, es por dicha razón que dichas diligencias de citatorio y emplazamiento se llevaron a cabo con tales personas. Apoya lo anterior, por las razones que la informan, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable con los datos de identificación, rubro y texto, siguientes: "Registro digital: 2017895. Instancia: Primera Sala. Décima Época. Materias(s): Civil. Tesis: 1a./J. 36/2018 (10a.). Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo I, página 778. Tipo: Jurisprudencia. EMPLAZAMIENTO A JUICIO ORAL MERCANTIL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "SIGNOS EXTERIORES DEL INMUEBLE" CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 1390 BIS 15 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. La disposición normativa apuntada establece, entre otras cuestiones, que en la diligencia del emplazamiento al juicio oral mercantil, el notificador se identificará ante la persona que atienda su llamado y asentará en el acta respectiva los medios por los que se cerciore de ser el domicilio del buscado, así como los "signos exteriores del inmueble" que puedan servir de comprobación de haber acudido al domicilio señalado como el del buscado. Este requisito obedece a la necesidad de cuidar la efectiva realización del emplazamiento que si bien ya de suyo constituye el acto procesal de mayor entidad en todo proceso judicial, tratándose del juicio oral adquiere una mayor importancia, que justifica la exigencia al actuario judicial de cumplir con una serie de requisitos adicionales a los que tradicionalmente se establecían para su práctica, pues ante la supresión de las notificaciones personales durante el juicio, debe existir mayor certidumbre de que el demandado ha adquirido pleno conocimiento de la instauración de un proceso judicial en su contra, el lugar donde se le ha demandado, el Juez que conoce de la causa y el contenido de la demanda, para que quede en aptitud de acudir a las audiencias en las que tendrá oportunidad de ser notificado de las decisiones que ahí se adopten y producir su defensa. En ese sentido, la obligación del actuario judicial de asentar los "signos exteriores del inmueble" exige una descripción objetiva de las características físicas del lugar en el que dicho funcionario judicial se ha constituido para la práctica de la diligencia, que haya apreciado mediante sus sentidos y que sean suficientes para identificarlo y ubicarlo, sin perjuicio de que pueda allegarse de otros medios para integrar su actuación, como puede ser el uso de nuevas tecnologías que le permitan tomar imágenes del lugar o bien describir la media filiación de la persona con la que entendió la diligencia, pedir información a alguno de los vecinos cercanos, etcétera. En ese sentido, el requisito de registrar los signos exteriores del inmueble no se colma con el hecho de que el actuario asiente que tuvo a la vista el nombre de la calle y el número del inmueble, pues además de que esos datos no corresponden a una descripción del lugar, su vaguedad impide tener por satisfecha la formalidad apuntada, lo que genera la nulidad de la diligencia, siempre que dicha actuación no haya sido convalidada." Finalmente, las actuaciones de la diligenciaria responsable, en su carácter de funcionaria investida de fe pública, tienen pleno valor probatorio, salvo que se demuestre lo contrario, lo que en el caso no aconteció, tal y como se evidenció en párrafos precedentes. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, con datos de identificación, rubro y texto, siguientes: "Registro digital: 1013724. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Novena Época. Materias(s): Común. Tesis: 1125. Fuente: Apéndice de 2011. Tomo V. Civil Segunda Parte - TCC Primera Sección - Civil Subsección 2 - Adjetivo, página 1260. Tipo: Jurisprudencia. NOTIFICACIONES. LEGALIDAD DE LAS. EL ACTUARIO TIENE FE PÚBLICA POR ACTUAR COMO AUTORIDAD EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. Este funcionario al llevar a cabo las diligencias de notificación, tiene, por disposición de la ley, la calidad de una autoridad en ejercicio de sus funciones, razón por la que está investido de fe pública; de manera que si asienta que entendió una diligencia de notificación con la persona a quien va dirigida, debe estimarse cierto ese hecho, si no hay prueba que acredite lo contrario." De ahí que, ante la existencia de datos suficientes para considerar que, oportunamente se hizo del conocimiento del demandado, ahora quejoso, sobre la existencia del juicio entablado en su contra y, con ello, estuvo en posibilidad de contestar la demanda y hacer valer los medios de defensa que considerara pertinentes, es patente que no se vulneró el derecho de audiencia del justiciable, previsto en el artículo 14 de la Constitución y, por ende, el juicio ejecutivo mercantil de origen cumplió con las formalidades esenciales del procedimiento. En consecuencia, al resultar infundados los conceptos de violación, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Negativa que se hace extensiva respecto del acto de ejecución reclamado a la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial del Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, al no haber sido reclamado por vicios propios. Finalmente, cabe precisar, que los criterios citados a lo largo de esta sentencia son aplicables al caso concreto, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, que establece que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley. SÉPTIMO. Queda la presente sentencia a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, y se procede a su publicación en la versión pública, ordenándose de oficio la protección de los nombres y datos personales de las partes. Sin que resulte aplicable el principio de reserva de los expedientes judiciales hasta en tanto no hayan causado estado, señalada en términos de los artículos 113, fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 110, fracción Xl, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación a la publicidad de la resolución que nos ocupa, toda vez que ésta culminó con el juicio respectivo, y dicho principio únicamente resulta de aplicación cuando la divulgación pueda * ocasionar inconvenientes para la solución del caso concreto. Esta consideración encuentra sustento en los criterios números 11/2009, 15/2009 y 1/2011, emitidos por la Comisión de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, en las respectivas sesiones de veinticinco de junio y uno de octubre de dos mil nueve, así como de veintisiete de enero de dos mil once, que resultan orientadores aun cuando se hubieren emitido dentro de un marco jurídico abrogado, por estar acordes con el contenido de las actuales Leyes General y Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; criterios que a continuación se reproducen: "SENTENCIAS Y RESOLUCIONES. PARA SU DIFUSIÓN NO ES NECESARIO QUE HAYAN ADQUIRIDO FIRMEZA O CAUSADO ESTADO, YA QUE SON PÚBLICAS DESDE SU EMISIÓN. (.) Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 74 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a *****, en el juicio de amparo indirecto 564/2023-IV, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, contra los actos y las autoridades precisadas en el considerando segundo de esta sentencia, por las razones y por los motivos expuestos en el diverso considerando sexto de dicha resolución. SEGUNDO. Queda la presente sentencia a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, y se procede a su publicación en la versión pública, ordenándose de oficio la protección de los nombres y datos personales de las partes, en términos del considerando relativo de esta resolución. TERCERO. Envíese la presente sentencia de manera electrónica al órgano auxiliado, mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que sea integrada al expediente electrónico de origen, que se encuentra vinculado con el diverso expediente electrónico número 170/2023-I de este juzgado. CÚMPLASE.

  4. Principal

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