William Rafael Avilés Pech

Expediente 248/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
248/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
16/04/2021

Partes del expediente

  • William Rafael Avilés Pech

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciséis de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada en este juicio, firmada el veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer el recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado acuerdo. Notifíquese.

  2. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 248/2021-II-B, promovido por ********************, por conducto de su apoderada legal, en contra del acto que reclama del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios en Yucatán, con sede en esta ciudad. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el doce de febrero de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, y turnado al día siguiente hábil a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció ********************, por conducto de su apoderada legal, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto que reclamó del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios en Yucatán, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de demanda. Mediante acuerdo de dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo, la cual quedó registrada con el número 248/2021-II-A; se solicitó informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención legal a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se ordenó el emplazamiento a juicio de la parte tercera interesada y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se verificó al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, de la Constitución General de la República; 35, 37, de la Ley de Amparo; 48 y 55, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como conforme a los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. SEGUNDO. Precisión el acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que el acto reclamado lo hizo consistir la quejosa fundamentalmente, en: La omisión de dictar el laudo en el expediente ********************, del índice de la autoridad responsable. TERCERO. Inexistencia de actos. No es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios en Yucatán, con sede en esta ciudad, pues aun y cuando el Magistrado Presidente de la misma manifestó al rendir su informe que sí eran ciertos, inmediatamente señaló que mediante proveído de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, había dado vista a las partes para que emitieran sus alegatos; con lo que se desvirtúa la certeza informada. Se afirma lo anterior, puesto que de las constancias remitidas por la responsable, se advierte que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo (doce de febrero de dos mil veintiuno), no se había otorgado a las partes un término para que formularan sus alegatos dentro del juicio laboral ********************, motivo por el cual la autoridad responsable se encuentra jurídicamente impedida para dictar el laudo respectivo, de conformidad con lo establecido en el artículo 150 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, en relación con el numeral 735 de la Ley Federal del Trabajo, que a la letra dice: "Artículo 150. Perfeccionada la última prueba en la audiencia respectiva, las partes presentarán sus alegatos en forma verbal o escrita y el Tribunal podrá dictar su resolución sobre el conflicto en la propia audiencia o si lo considerase necesario, fijará fecha y hora para la resolución en un término que no excederá de un mes." "Artículo 735. Cuando la realización o práctica de algún acto procesal o el ejercicio de un derecho, no tengan fijado un término, éste será el de tres días hábiles." De los citados numerales se desprende que una vez perfeccionada la última prueba en la audiencia respectiva, las partes podrán presentar alegatos de manera verbal o por escrito, así como, el Tribunal burocrático está facultado para emitir la resolución sobre el conflicto en dicha audiencia, o si lo considera necesario fijará fecha y hora para ello, en un plazo que no excederá de un mes. Asimismo indican que para la práctica de algún acto procesal que no tenga fijado un término, éste será de tres días. Es decir, dichos numerales imponen a la autoridad que conozca del juicio laboral de que se trate, que después de haber concluido el término para formular los alegatos podrá emitir su resolución dentro del plazo de un mes. En efecto, para poder considerar que a la fecha de la presentación del libelo constitucional el citado expediente laboral se encontraba en estado de resolución y, en consecuencia, que existía el acto reclamado, el Tribunal responsable tendría que estar en la posibilidad de emitir el laudo respectivo, lo que no es así. Pues por acuerdo de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, el Tribunal responsable concedió a las partes el término de tres días hábiles para que formularan sus alegatos. De lo narrado, se advierte que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, esto es, el doce de febrero del año en curso, las partes no habían formulado sus alegatos correspondientes en autos del juicio laboral de origen. De ahí que no pueda establecerse que a esa fecha había la omisión imputada a la autoridad laboral, al no encontrarse ésta en posibilidad de dictar el laudo respectivo, puesto que procesalmente, primero las partes tienen que presentar sus respectivos alegatos, para estar en aptitud de resolver en definitiva la controversia laboral planteada. Bajo ese tenor, se tiene que a la fecha en que la parte quejosa promovió el juicio en el que se actúa, la autoridad laboral se encontraba imposibilitada para fallar en definitiva el juicio laboral ********************, pues al no haberse formulado aún los alegatos de las partes dentro de tal expediente, menos puede hablarse de que se encuentre en posibilidades de dictar la sentencia obrera correspondiente. En este punto, debe precisarse, que la existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, ya que de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. Cobra aplicación en el presente caso, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 3/94, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 79, Julio de 1994, página: 15, en materia común, bajo el rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Atendiendo a lo anterior, ante la inexistencia del acto reclamado, lo que procede en el caso es sobreseer en el juicio al actualizarse la causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 926, Libro 59, Octubre de 2018, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." CUARTO. Publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. QUINTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SEXTO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, en vigor, es de resolverse y se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, por conducto de su apoderada legal, contra el acto que reclamó del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios en Yucatán, con sede en esta ciudad, por los motivos señalados en el considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando cuarto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando quinto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, cuatro de marzo de dos mil veintiuno. Visto: agréguese a los autos el alegato ministerial 85/2021, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, mismo que podrá ser tomado en consideración al celebrarse la audiencia constitucional en este asunto. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, expídase en su oportunidad la copia solicitada, previo recibo que se otorgue en estos autos. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, de donde se advierte que hasta la presente fecha aún no ha sido devuelto el exhorto 69/2020-VI-A con número de orden 195/2020-VI-A de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, librado al Juez de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en San Francisco de Campeche, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado se sirviera notificar a la autoridad responsable Oficialía de la Dirección del Registro del Estado Civil en Candelaria, Campeche, con sede en Candelaria, el auto de la propia fecha en el que se requirió a la citada autoridad a fin de que remitiera sus informe justificado, por lo que no se tiene la certeza de que dicha diligencia se hubiere efectuado. En relación con lo anterior, toda vez que aún no se tiene conocimiento del estado que guarda la comunicación oficial, y que, según la información obtenida del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), por razón de turno le correspondió conocer, al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en San Francisco de Campeche (comunicación oficial 210/2020 de su índice). En consecuencia, mediante oficio que se le gire vía electrónica, solicítese a la citada autoridad, para que, dentro del término de tres días legalmente computados, tenga a bien informar a este Juzgado, el estado que guarda la comunicación oficial de mérito; lo cual se estima necesario para que este órgano jurisdiccional continúe con la tramitación del presente asunto. En consecuencia, lo procedente es diferir la audiencia constitucional que debería tener verificativo este propio día y se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y SEIS MINUTOS DEL VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su celebración. Notifíquese y cúmplase.

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