William Humberto Burgos Chi
Expediente 286/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 6 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 286/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 06/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- William Humberto Burgos Chi
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
ELECT Mérida, Yucatán, seis de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que la última notificación realizada a las partes de la sentencia dictada en este juicio el diecisiete de marzo de dos mil veintidós, se realizó el día veintidós siguiente y por tanto, a la fecha ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia, que sobreseyó en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, y previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, del Acuerdo General sin número, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a), del citado precepto, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 286/2022-III-A, promovido por WILLIAM HUMBERTO BURGOS CHI, en contra del acto que reclama a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; R E S U L T A N D O PRIMERO. Recepción de la demanda. Mediante escrito presentado el dos de febrero de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, y turnado al día siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció WILLIAM HUMBERTO BURGOS CHI, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto que reclama de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de cuatro de febrero de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo, la que se registró con el número 2868/2022-III-A; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; y, se ordenó emplazar a la parte tercera interesada; asimismo, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. TERCERO. Plazo de ocho días por vista del artículo 117 de la Ley de Amparo. Sin que sea obstáculo para resolver el presente asunto, la circunstancia de que no medió el término de ocho días a que hace alusión el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, respecto del informe justificado rendido por la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. En razón de que, de una interpretación en sentido estricto de dicha porción normativa, se concluye que ello no causa perjuicio alguno al derecho de defensa de la parte quejosa; máxime que no existió solicitud de la parte impetrante en el sentido de diferir la audiencia de ley, ni resulta procedente el diferimiento de oficio, por parte de este Juzgador al no haber razón jurídica para que primordialmente la parte quejosa quisiera ofrecer prueba para desvirtuar lo informado por la responsable. C O N S I D E R A C I O N E S PRIMERA. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 49 y 61 fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDA. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, como de las constancias remitidas por la Junta responsable, se tiene que la parte quejosa reclama: La omisión de ordenar el cierre de instrucción en el juicio laboral 350/2017. TERCERA. No es cierto el acto reclamado a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, toda vez que aunque al rendir su informe justificado por conducto de su Presidenta, lo admitió, a continuación, hizo manifestaciones con las que se desvirtúa la certeza informada. Se afirma lo anterior, puesto que, de las constancias remitidas con el informe justificado, a las que se les otorga pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del diverso 2º de la propia ley. Se advierte que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo (dos de febrero de dos mil veintidós), aún no se había otorgado a las partes el término para presentar sus alegatos, si no que el procedimiento laboral se encuentra en la etapa probatoria, pues mediante acuerdo de dieciséis de febrero del año en curso, se pronunció respecto a las pruebas ofrecidas por las partes pendientes de desahogar; por lo cual la autoridad responsable se encontraba jurídicamente impedida para ordenar el cierre de instrucción, de conformidad con el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo. En efecto, dicho ordenamiento legal impone a la autoridad que conozca del juicio laboral de que se trate que al concluir el desahogo de pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del Secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, el auxiliar de oficio, declarará cerrada la instrucción; y dentro de los diez días siguientes formulará por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo. De ahí que no pueda establecerse que, a la fecha de presentación de la demanda, había la omisión imputada a la autoridad laboral, al no encontrarse ésta en posibilidad de dictar el cierre de instrucción y continuar con las demás etapas procesales, puesto que procesalmente, antes de ello, primero se otorga a las partes término para formular sus alegatos, para después certificar el Secretario de que no quedan pendientes por desahogar. En este punto, debe precisarse, que la existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, ya que de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. Cobra aplicación en el presente caso, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 3/94, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 79, Julio de 1994, página: 15, en materia común, bajo el rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Atendiendo a lo anterior, ante la inexistencia del acto reclamado, lo que procede en el caso es sobreseer en el juicio al actualizarse la causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 926, Libro 59, Octubre de 2018, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." CUARTA. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que la parte quejosa manifestó su anuencia para que aparezcan sus datos personales al publicarse la sentencia ejecutoriada del presente asunto; y las demás las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que, a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos y, por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. QUINTA. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SEXTA. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y considerado, con apoyo también en los artículos del 73, 74, 75, 124 y demás relativos de la citada Ley de Amparo, se: R E S U E L V E PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por WILLIAM HUMBERTO BURGOS CHI, en contra del acto que reclama a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en la tercera de las consideraciones de la misma. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la consideración cuarta de esta resolución definitiva, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en la consideración quinta de este fallo, captúrese el día de la publicación de la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en la última consideración, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
SE NOTIFICA A LA APRTE QUEJOSA DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO.Mérida, Yucatán, cuatro de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede se aprecia que feneció el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa, en auto de dieciocho de febrero del año en curso, con el fin de que informara bajo protesta de decir verdad, si a la presente fecha ya le fue aplicada a la menor MÍA REGINA RICALDE ORTEGA, la vacuna correspondiente a su edad; sin que lo haya realizado, no obstante de encontrarse debidamente notificada para ello. Por tanto, previamente a hacer efectivo el apercibimiento decretado en el auto en comento, se requiere de nueva cuenta y por última ocasión a MARIO JOSÉ RICALDE ARCEO, representante de su hija menor de edad quejosa MÍA REGINA RICALDE ORTEGA, para que dentro del término de tres días, computado a partir de su notificación, señale bajo protesta de decir verdad, si a la presente fecha ya le fue aplicada a la menor MÍA REGINA RICALDE ORTEGA, la vacuna correspondiente a su edad, y, en caso afirmativo, especifique si ya le fueron aplicadas las dosis o si ha sido citado para ello. En el entendido que, de ser posible, deberá exhibir el documento que acredite fehacientemente dicha circunstancia. De igual manera, prevéngase a la parte quejosa que, para el supuesto de que no le hayan sido aplicadas a la menor quejosa las dos dosis de la vacuna correspondiente, tan pronto le sean aplicadas, lo comunique a este juzgado bajo protesta de decir verdad. Por otra parte, toda vez que de los autos se advierte que a la fecha, las autoridades responsables foráneas: 1. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. 2. Titular de la Secretaría de Salud de los Estados Unidos Mexicanos. 3. Titular de la Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud. 4. Titular de la Dirección General de Epidemiologia de la Secretaría de Salud. 5. Presidente Consejero del Consejo de Salubridad General. 6. Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA). 7. Director General de Epidemiología (DGE) Francisco P. Miranda. 8. Director del Sistema de Vigilancia Epidemiológica. 9. Secretario de la Secretaria del Bienestar Federal. Residentes en la Ciudad de México. No han rendido su respectivo informe previo, ni obran en autos la totalidad de las tarjetas de acuse de recibo correspondientes a los oficios por los que se les solicitó. Por tal motivo, se difiere la celebración de la audiencia incidental que debería tener verificativo en esta propia fecha y se señalan las DIEZ HORAS CON SEIS MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, como nueva fecha y hora para su celebración. Lo anterior, con apoyo en el artículo 17 constitucional, tomando en consideración que el domicilio de dichas autoridades se ubica fuera de la residencia de este juzgado; y a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos de diferimiento innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y cúmplase.
- Principal
NOT. ELECT Mérida, Yucatán, cuatro de marzo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta que antecede, se acuerda: agréguese a los presentes autos para los efectos legales conducentes, el informe justificado signado por la Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, residente en esta capital, al que acompaña un anexo. Al efecto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y relaciónese en la audiencia constitucional. Notifíquese y cúmplase.
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