William García Zumaran

Expediente 341/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 11 actuaciones registradas, la última del 5 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
341/2018
Año
2018
Actuaciones
11
Última actuación
05/11/2018

Partes del expediente

  • William García Zumaran

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Incidental

    Nuevo Laredo, Tamaulipas, cinco de noviembre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guarda el presente incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 341/2018-1, se considera que el duplicado de este expediente deberá destruirse por parte de este juzgado, una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la resolución interlocutoria, en virtud de que existe el original, no tiene documentos originales exhibidos por las partes, y no es de relevancia documental, en términos de lo expuesto en el punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito. Por cuanto al original del cuaderno incidental, toda vez que se concedió la suspensión provisional y se negó la medida cautelar definitiva respecto de los actos reclamados, conforme a la fracción III del artículo vigésimo primero del referido acuerdo, es depurable (con excepción de las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación). Conforme al acuerdo citado, en su oportunidad, remítase el original de este incidente al Centro de Documentación y Análisis, para los efectos conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de registro de juicios de amparo que se lleva en este juzgado. Por tanto, archívese este expediente, y procédase conforme el acuerdo señalado en este propio auto. Notifíquese.(1)

  2. Principal

    Nuevo Laredo, Tamaulipas, cinco de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, se advierte que no se interpuso recurso de revisión contra la sentencia de quince de octubre del año que transcurre (fojas 62 a 66), emitida por este juzgado de distrito, asimismo, que ya transcurrió el término de diez días que señala el numeral 86 de la Ley de Amparo, para hacerlo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se acuerda: Se declara que ha causado ejecutoria la sentencia de quince de octubre de dos mil dieciocho, que sobreseyó en el presente juicio de amparo 341/2018-1, promovido por William García Zumaran, contra actos del Agente del Ministerio Público, Unidad General de Investigación Uno, con residencia en esta ciudad, y de otras autoridades. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como concluido. Por otra parte, se considera que el presente juicio es susceptible de destrucción en términos de lo expuesto en el punto vigésimo primero, fracción I del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, en razón de que no existen documentos originales exhibidos por las partes y no es de relevancia documental. Finalmente, conforme al acuerdo citado, en su oportunidad, remítase el presente asunto al Centro de Documentación y Análisis, para los efectos conducentes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado, relativo al registro de juicios de amparo. Notifíquese. (1)

  3. Principal

    Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo número 341/2018-1, promovido por William García Zumaran, contra actos del Agente del Ministerio Público, Unidad General de Investigación Uno, con sede en esta ciudad, y de otras autoridades, por estimar como derechos fundamentales violados en su perjuicio los consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, Resultando: Primero. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito presentado el veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, y turnado a este Juzgado de Distrito, William García Zumaran, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por el acto que a continuación se transcriben (foja 2): "III.- AUTORIDADES ORDENADORAS: Señalo al C. Agente Del Ministerio Público unidad general de investigación número uno, Agente Del Ministerio Público unidad general de investigación número dos, Agente Del Ministerio Público unidad general de investigación número tres, todos ellos con domicilio conocido por sus funciones en el edificio de Seguridad Pública, Colonia La Fe, en esta ciudad. IV.- AUTORIDADES EJECUTORAS: Señalo al C. COMANDANTE DE LA POLICÍA MINISTERIAL DEL ESTADO Y AGENTES SUBORDINADOS, así mismo, al C. INSPECTOR DE LA POLICÍA INVESTIGADORA Y AGENTES SUBORDINADOS [.]. V.- ACTOS RECLAMADOS: Reclamo la supuesta orden de localización, presentación, u orden de aprehensión, girada en mi contra por algunos de los Agentes Del Ministerio Público unidad general de investigación, primero, segundo y tercero [.]" Segundo. Preceptos constitucionales que se estiman violados. El promovente del amparo manifestó que se infringe en su perjuicio los derechos fundamentales tutelados por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Trámite de la demanda de amparo. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de derechos fundamentales a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Nuevo Laredo, registrándola con el número 341/2018-1; mediante proveído de treinta de agosto de dos mil dieciocho (fojas 4 y 5), se previno a la parte quejosa para que manifestara si era de su intención señalar como autoridad responsable al Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Tercer Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad. Luego al haber transcurrido el término que se le fue concedido al quejoso a fin de que cumpliera con la aludida prevención, por auto de cinco de septiembre de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda de amparo únicamente por las autoridades y por los actos que se señalaron como destacados en su escrito inicial de demanda, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional (fojas 9 y 10), la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y, Considerando: Primero. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, es competente para resolver este asunto por razón de materia, grado y territorio, conforme a lo dispuesto por los artículos 94 y 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y al Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en los que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior, debido a que se reclamó un acto que tiene ejecución en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, lugar que se encuentra dentro de la demarcación territorial en la que ejerce jurisdicción este órgano. Segundo. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, y de la íntegra lectura de la demanda de derechos fundamentales, se precisa que el acto reclamado es la orden de localización, presentación y aprehensión decretada en contra del quejoso. Tercero. Inexistencia del acto reclamado. Las autoridades responsables Agentes del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio y Oral adscritos a las Unidades Generales de Investigación Uno, Dos y Tres, Agente encargado de la Policía Investigadora y Agente encargado de la Comandancia de la Policía Ministerial del Estado, todos con residencia en esta ciudad (fojas 19, 21 a 23 y 25), negaron la existencia de los actos que se les reclaman, sin que la parte quejosa aportara prueba alguna para desvirtuar tal negativa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia número VI.2° J/20 que sustenta el otrora Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 627, tomo IV, Segunda Parte-2, julio a diciembre de 1989, Octava Época, Semanario Judicial de la Federación, la cual dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Asimismo, se cita la tesis VI.2o.A.4 K sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 903, tomo XV, febrero de 2002, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dice: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean 'necesarias para apoyar dicho informe', en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, más no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." No es óbice para resolver de esta manera, el hecho de que el Agente del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio adscrito a la Unidad General de Investigación 3, con sede en esta ciudad (foja 25), al rendir su informe justificado, haya manifestado que ante esa agencia se encuentra registrada la carpeta de investigación 117/2016, formada contra William García Zumaran, con motivo de la denuncia presentada por Carmen Cecilia Pérez Aparicio, por la comisión del delito de violencia familiar, en la cual el veintiséis de julio de dos mil dieciséis se ordenó el inicio de las investigaciones correspondientes, y se practicaron demás actos de investigación, siendo su estado actual archivo temporal con fecha trece de julio de dos mil diecisiete, pues aunado a que el quejoso señaló de manera destacada como acto reclamado la orden de localización, presentación o aprehensión, la responsable, al rendir su respectivo informe negó su existencia; razón por la que se robustece la determinación apuntada supralíneas relativa a la inexistencia de los actos tildados de inconstitucionales. Máxime que de la constancia remitida vía informe justificado, no se advierte la emisión de orden de localización, presentación y aprehensión, ni alguno de otra naturaleza tendente a privar de la libertad a la parte quejosa: motivo por el cual, se insiste, deben tenerse como inexistentes los actos reclamados a los autoridades responsables. Cuarto. Precisión jurisprudencial Sin que obste que algunas de las tesis invocadas a lo largo del presente estudio fueron emitidas con base en el análisis de los artículos de la Ley de Amparo anterior, que fue derogada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, el cual entró en vigor al día siguiente, cuenta habida que de conformidad con lo establecido en el artículo sexto transitorio de la misma, la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la Nueva Ley. Quinto. Publicación de la sentencia En otro orden, dado que aun cuando por auto admisorio dictado en el presente juicio de amparo, se les señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros a la publicación de sus datos personales, conforme lo establece los artículos 66, 67, fracción II, y 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, no obstante de lo anterior, no hicieron manifestación expresa con relación a lo puntualizado anteriormente. Atento a lo anterior, conforme lo establecen los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 68, del ordenamiento legal antes invocado, los órganos jurisdiccionales deben proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes hagan valer el derecho de oponerse a la publicación, por lo que ante la falta de manifestación expresa de las partes de oponerse a la publicación de sus datos, lo procedente es ordenar la publicación de la presente sentencia con supresión de datos. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio identificado con el número 01/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, al resolver la Clasificación de Información 241/2010-J, de veintisiete de enero de dos mil once, bajo el rubro siguiente: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONEN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN." Así, con fundamento en los artículos 107, fracción II, párrafo inicial, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción IV, 74, 75, 76 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se Resuelve: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo número 341/2018-1, promovido por William García Zumaran, contra los actos que reclamó de las autoridades responsables señaladas en el considerando tercero de este fallo, por los motivos precisados en ese mismo considerando. Segundo. Publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último considerando. Notifíquese.(1)

  4. Incidental

    Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 142 y 146 y demás relativos a la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se niega a William García Zumaran, la suspensión definitiva solicitada por los actos que se precisan en el considerando segundo y por las autoridades señaladas en el considerando tercero de la presente resolución. Notifíquese.(1)

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