Virginia Soledad Rodríguez Tristán

Expediente 132/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
132/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
26/06/2017

Partes del expediente

  • Virginia Soledad Rodríguez Tristán

Actuaciones

  1. Principal

    Nuevo Laredo, Tamaulipas, veintiséis de junio de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, se advierte que el término de diez días que señala el numeral 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión en contra la resolución de siete de junio de dos mil diecisiete, emitida por este juzgado de distrito, transcurrió del doce al veintitrés de los actuales, sin que la quejosa hubiere realizado manifestación alguna. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se acuerda: a) Ha causado estado la resolución de siete de junio de dos mil diecisiete, que sobreseyó fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo 132/2017-2, promovido por Virginia Soledad Rodríguez Tristán, contra los actos que reclamó del Agente Primero del Ministerio Público Investigador de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, con sede en esta ciudad. b) Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como concluido. Por otra parte, se considera que el presente juicio es susceptible de destrucción en términos de lo expuesto en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, en razón de que no existen documentos originales exhibidos por las partes y no es de relevancia documental. Finalmente, conforme al acuerdo citado, en su oportunidad, remítase el presente asunto a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos conducentes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado, relativo al registro de juicios de amparo. Notifíquese. (2)

  2. Principal

    Nuevo Laredo, Tamaulipas, siete de junio de dos mil diecisiete. Vista la cuenta; agréguese a los autos el oficio signado por el agente Primero del Ministerio Público Investigador por Ministerio de Ley, con residencia en esta ciudad, por el que rinde informe justificado, y anexa copia certificada de la determinación de cinco de junio del año en curso, dictada en los autos de la averiguación previa penal 03/2017, instruida contra **********, por el delito de daño en propiedad, en agravio de la quejosa ******************. Ahora, del escrito de la demanda de derechos fundamentales promovida por ********************, se advierte que el acto reclamado esencialmente lo hace consistir en (foja 2): "ACTO RECLAMADO. La dilación en la integración del ACTA CIRCUNSTANCIADA número 1/2016 y como consecuencia de ello, la falta de pronunciamiento respecto al ejercicio o no ejercicio de la acción pena." En ese tenor, con el contenido del informe justificado y su anexo que se reciben, quien esto acuerda determina que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por haber cesado los efectos del acto reclamado. El precepto aludido establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El texto transcrito establece que el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto reclamado hubieren cesado; es decir, cuando el acto que constituye la materia del juicio quede insubsistente, y las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, extinguiendo por completo todas las consecuencias jurídicas, a virtud de un acto posterior y diverso. En el caso, la parte quejosa reclama en esta instancia, la dilación de la autoridad responsable en integrar el acta circunstanciada 1/2016 y como consecuencia, realizar el pronunciamiento respecto al ejercicio o no ejercicio de la acción penal. Por su parte, la autoridad responsable agente Primero del Ministerio Público Investigador por Ministerio de Ley, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado precisó que no es cierto el acto reclamado toda vez que con fecha cinco de junio del año en curso se determinó ejercer acción penal en contra de ****************, por el delito de daño en propiedad, cometido en perjuicio de ********************; determinación que en esa misma fecha fue recibida en oficialía de partes del Poder Judicial del Estado y turnada al Juzgado Primero Penal. Para acreditar lo anterior, allega al sumario copia certificada de la determinación de ejercicio de la acción penal de cinco de junio de dos mil diecisiete, en la que resuelve: [...] Documental a la que se le otorga valor probatorio pleno; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, conforme a lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley de Amparo, toda vez que fueron expedidas por servidor público en el ejercicio de sus funciones; esto con base en la jurisprudencia 226, del anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ciento cincuenta y tres, Primera Parte, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Quinta Época, que prevé: [...] En tales condiciones, es evidente que cesaron los efectos de la omisión reclamada, pues la responsable integró la averiguación previa 03/2017, derivada del acta circunstanciada de origen y el cinco de junio de dos mil diecisiete, determinó ejercer acción penal contra *************, por el delito de daño en propiedad, cometido en agravio de la quejosa ****************************; lo cual, al haber acontecido en fecha posterior a la presentación de la demanda de amparo (once de mayo de dos mil diecisiete), actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J.9/98, visible en la página 210, Tomo VII, Febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: [...] Al estar demostrada la causa de improcedencia en estudio, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Sin que pase inadvertido para este juzgado el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado, se refiera al acto reclamado como "dilación en la integración del Acta Circunstanciada 4001/2016", siendo que del escrito de demanda se advierte que el número de dicha actuación es 1/2016, sin embargo, lo anterior puede deberse a un error mecanográfico, toda vez que los datos que obran en la resolución de determinación del ejercicio de la acción penal, coinciden con los proporcionados por la quejosa, a saber, el nombre de la indiciada *************, el delito por el cual se querelló en su contra -daño en propiedad-; el número de parte de accidente y la fecha en que sucedió el mismo -*********** de seis de noviembre de dos mil quince-; y que inicialmente conoció el agente Tercero del Ministerio Público Investigador y con posterioridad fue remitido a la agencia Primera Investigadora; todo lo cual permite concluir que se trata de los mismos hechos. De igual manera, no obsta a lo anterior el hecho de que el informe justificado que en este auto se tiene por recibido, no se ponga a la vista de las partes por el plazo de ocho días que dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, toda vez que al advertirse una causa de improcedencia de manera notoria, manifiesta e indudable, -como en el caso acontece-, procede decretar el sobreseimiento en este juicio de garantías. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, página 386, registro 184572, del rubro y texto siguiente: [...] Los criterios que se citan son aplicables aun cuando se hayan conformado a la luz de la Ley de Amparo abrogada, porque en términos del artículo Sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, no se advierte se opongan a ésta. Consecuentemente, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional señalada para las diez horas del catorce de junio del año que transcurre (foja 9). Finalmente, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno relativo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para los efectos legales conducentes. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. (2)

  3. Principal

    Por este medio se notifica a la tercero interesada y se le emplaza a juicio: Nuevo Laredo, Tamaulipas, quince de mayo de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por Virginia Soledad Rodríguez Tristán, contra actos del Agente Primero del Ministerio Público Investigador de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, con sede en esta ciudad, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1º, 3°, 107, 108, 115 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite en sus términos la demanda de amparo; fórmese expediente y regístrese con el número 132/2017-2, que es el que cronológicamente le corresponde. Incidente de suspensión Sin que haya lugar a tramitar incidente de suspensión por no haber sido solicitado. Audiencia constitucional Cítese a las partes a la audiencia constitucional que tendrá verificativo en este juzgado a las diez horas del catorce de junio de dos mil diecisiete. Agente del Ministerio Público Dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete. Informe justificado Pídase informe justificado a la autoridad responsable, la que en términos del precepto 117 de la Ley de Amparo, deberá rendir dentro del plazo de quince días, siguientes a aquel en que reciba el oficio en el que se le solicita, en el cual deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de los actos reclamados, y de ser el caso, remita copia certificada y legible de las constancias necesarias para apoyarlo, en la inteligencia que de no hacerlo así, se presumirán ciertos los actos que se reclaman, salvo prueba en contrario; asimismo, se le impondrá una multa de cien a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio; lo anterior, en términos del artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, y de conformidad con los artículos primero, segundo y quinto transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Causas de sobreseimiento Con fundamento en los artículos 64 y 251 de la ley de la materia, prevéngase a las partes que para el caso de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional, debiendo, de ser posible, acompañar las constancias que así lo acrediten; de no hacerlo, a la omisa se le impondrá una multa de treinta a trescientos días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme a las disposiciones establecidas en la parte final del párrafo que antecede. Conocimiento previo Requiérase a la autoridad responsable para que al rendir su informe con justificación, comunique a este órgano de control constitucional si tiene conocimiento de algún juicio de amparo que se relacione con los actos que se reclaman, o sea, que haya sido promovido por la misma parte quejosa o que derive del mismo procedimiento del que emanan los actos que aquí se reclaman; lo anterior, a efecto de aprovechar, en su caso, el conocimiento previo del asunto y evitar el dictado de resoluciones contradictorias. Tercero interesada Con fundamento en el ordinal 5º, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, téngase como tercero interesada a quien indica la promovente en su escrito de demanda, y como domicilio para ser emplazada, el señalado en el ocurso de cuenta; por tanto, se comisiona a la actuaria adscrita a este juzgado para que se constituya en el domicilio indicado a efecto de practicar el emplazamiento de ley, corriéndoles traslado con copia simple de la demanda de amparo. Este órgano jurisdiccional se reserva tener con el carácter de tercero interesado a alguien más, hasta en tanto la autoridad rinda su informe justificado, en el que se advierta que le asiste tal carácter, por afectarle de manera directa. Capítulo de pruebas Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase como prueba en este asunto, la que se acompaña al escrito de demanda, sin perjuicio de que se haga relación de ella en la audiencia constitucional y se tenga por recibidas en ese acto. Domicilio y autorizados Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones, el mencionado en el escrito de demanda, autorizada en términos del artículo12 de la Ley de Amparo a Violeta Elizabeth Villalobos Álvarez, y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Héctor Alan Corbala Medina, ya que no cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales en Derecho, ni acreditó encontrarse legalmente autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho. Atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia como lo dispone el artículo 17 Constitucional, y conforme a lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Expediente electrónico Por último, en atención al Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, y artículo 3 de la Ley de Amparo, que prevé que los órganos están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincida íntegramente para la consulta de las partes; por consiguiente, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Transparencia Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de dos de junio dos mil nueve, así como en el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar la información que considere en relación con el expediente en el que se actúa, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte en este asunto, atendiendo las formalidades previstas en la legislación federal aplicable.

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